Una comitiva fiscal-policial realizó un allanamiento en una escribanía en la ciudad de Pedro Juan Caballero (Amambay), en el marco de las investigaciones vinculadas a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes.
El procedimiento es encabezado por el fiscal Andrés Arriola y se busca obtener evidencias sobre presuntas operaciones ilícitas ante sospechas de que dicho local podría contar con documentos importantes.
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Agentes de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible, Antinarcóticos y Hechos Conexos se sumaron a la intervención. Los intervinientes sospechan que la escribanía podría contar con evidencias sobre las presuntas operaciones ilícitas.
Se procedió a la revisión de archivos, registros y algunos documentos con el fin de incautar cualquier prueba que pueda ser añadida a la carpeta fiscal. Así también las documentaciones servirán para determinar la trazabilidad de los bienes del investigado y su posible conexión con organizaciones delictivas.
Según los antecedentes, Eulalio Gomes, abatido durante un allanamiento policial y judicial realizado el 22 de agosto del 2024 en su domicilio en Pedro Juan Caballero (PJC), tenía denuncias por supuestos vínculos con el crimen organizado.
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Urgen a la Fiscalía avances en denuncia contra titular del PLRA
Desde la disidencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), urgen al Ministerio Público avanzar en la denuncia penal impulsada contra el titular de la agrupación opositora Hugo Fleitas. El exgobernador de Cordillera fue acusado por sus correligionarios de ocasionar un perjuicio patrimonial de G. 3.380.000.000.
“Nosotros hemos hecho una auditoría seria y eso ya se encuentra en el Ministerio Público. El resultado de ese informe es completamente intrascendente. Lo que presentó es solo una chicanería, su gestión es patética, tendría que levantar los cargos en su contra con documentos", dijo la exsenadora Blanca Lila Mignarro, en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
Las afirmaciones de Mignarro surgieron tras el informe presentado por Fleitas días atrás, que alega que en su gestión no se constataron elementos que configuren un perjuicio patrimonial, dolo o manejo indebido de los fondos del PLRA.
“Él solo tiene la opinión de sus amigos. Nuestra denuncia es seria y expone un faltante de G. 3.380.000.000, que debe ser devuelto al partido, le guste o no, esto no se trata de una cuestión política, es una cuestión financiera”, refirió.
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El cuestionamiento de la exlegisladora se da teniendo en cuenta que el informe presentado por Fleitas en busca de su blanqueamiento, solo fue elaborado por la Fiscalía y la Contraloría interna del PLRA.
“El presidente del partido no tiene argumentos válidos, ni comprobantes para demostrar lo contrario. Esa es una auditoría suya, esas instituciones son suyas, no es el Ministerio Público y ya debemos ver que dice esta institución”, puntualizó.
Asimismo, Mignarro acotó: “Ese dinero debe volver a las arcas del partido teniendo en cuenta que ya se acercan las elecciones municipales o con qué recursos se ayudará a todos los candidatos del PLRA”.
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Allanan un inquilinato y rescatan a 40 menores
Representantes del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, con el respaldo de una comitiva fiscal, llegaron hasta la zona de la Estación de Buses de Asunción para un operativo de rescate de menores que permanecían en un inquilinato. En total, fueron rescatados del sitio 40 menores de edad, entre los que están niños y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas.
La principal sospecha es que los mismos eran explotados sexual y laboralmente por terceros. Este inquilinato ubicado sobre la avenida Fernando de la Mora ya habría sido intervenido en ocasiones anteriores por hechos similares. Los menores que se encontraban en el sitio estaban expuestos a condiciones de suma vulnerabilidad.
“Habíamos hecho varias denuncias ya por este lugar que está clausurado formalmente por la Municipalidad de Asunción; sin embargo, está operando. Muchos de los niños que están viendo de manera permanente por las calles estaban en este lugar hace tiempo; también hay denuncias de vecinos de que podrían existir casos de explotación sexual y otros”, indicó el ministro Walter Gutierrez en conversación con Telefuturo.
Los menores rescatados dormían en el lugar sobre colchones tendidos en el piso, sin mantas y completamente hacinados; muchos de los pequeños incluso estaban descalzos y con ropas poco abrigadas
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Detienen a presunto autor del crimen del veterinario en Yuty, Caazapá
La Policía Nacional logró la detención del supuesto autor del homicidio del médico veterinario Bartolomé Vega, ocurrido en el distrito de Yuty, departamento de Caazapá. La persona aprehendida fue identificada como Delcio Rojas Cáceres, de 26 años de edad, y fue detenido en San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa.
El hoy detenido era buscado por las autoridades policiales, luego de ser presunto autor del crimen de Bartolomé Vega, un médico veterinario asesinado a tiros el pasado 1 de agosto en la ciudad de Yuty.
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El fiscal Derlys Fanego mencionó al canal C9N que esta captura fue resultado de una investigación exhaustiva llevada cabo en conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Nacional. “Es la hipótesis que manejamos (que sería el autor del crimen)”, añadió, evitando mencionar si el ahora detenido conocía personalmente o no a la víctima o el posible trasfondo del atentado.
La captura de Rojas se llevó a cabo durante un control de rutina efectuado por agentes de las Comisarías 48ª y 53ª de San Pedro del Paraná, sobre la Ruta D049. El mismo iba a bordo de un automóvil Toyota Premio color gris, con chapa AAVJ 092. El hombre tenía en su poder una pistola de la marca Glock modelo 17, calibre 9 mm, con 32 cartuchos vivos y sin percutir, según menciona el informe oficial.
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Allanan sede de la Cooperativa Poravoty e investigación apunta a lesión de confianza
La sede de la Cooperativa Poravoty Ltda. fue allanada por disposición judicial. Una comitiva encabezada por el fiscal Óscar Delfino de la Unidad Penal N° 11, llegó hasta el local ubicado en la ciudad de Fernando de la Mora. El procedimiento es a consecuencia del informe técnico elevado por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) que detectó graves irregularidades administrativas y financieras, además de problemas con la disponibilidad de fondos para los socios.
El requerimiento fiscal fue atendido por jueza Penal de Garantías del Primer Turno de la ciudad de Lambaré, Gladys Fariña Larrosa; atendiendo que hace más de un mes el Incoop presentó un informe donde observó graves anomalías que fueron denunciados ante el Ministerio Público.
El allanamiento que se realizó esta mañana fue a los efectos de recabar información, así como la incautación de documentos, extractos bancarios e informes de gestión, en el marco de la causa por lesión de confianza contra sus directivos.
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La cooperativa tiene vinculaciones con el personal policial, ya que la misma estuvo presidida por el ex suboficial mayor retirado Miguel González Duarte, quien previamente había sido inhabilitado por supuesto desfalco en el Círculo de Suboficiales (estimado en G. 1.200 millones).
Informe de Incoop
En respuesta a la denuncia que había sido formulada ante el Ministerio Público en enero de este año, ya que más de 700 ahorristas socios no podían acceder a sus cuentas lo que generó una situación de alta preocupación, ya que la mayoría son personas mayores de edad, jubilados, con problemas de salud y acusaron directamente a los miembros directivos.
El informe técnico de la Incoop señala que existe un resultado negativo con un daño patrimonial que orilla los G. 270.000 millones, lo que al cambio sería unos 35 millones de dólares.
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El dictamen señalan que se encontraron con “operaciones ficticias” de créditos por valor de G. 13.000 millones, sumado a una serie de desprolijidades administrativas como la dudosa compra de armas y municiones que supuestamente se vendieron a sus asociados. De acuerdo al inventario detallado en el informe señalan 313 armas de fuego, 28.450 municiones, 392 cargadores de pistolas, entre otros elementos.
Informaron además que todos estos elementos citados quedaron en custodia de la Dirección General de Material Bélico (Dimabel). El informe detalla que solo en una compra de 100 unidades de pistolas que se realizó en el 2018, le costó a la cooperativa la suma de G. 671 millones.