Tras una incursión en los establecimientos Santa Idenes y agroganadera Fabris, ubicados en Bella Vista Norte, departamento de Amambay, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) lograron la detección y destrucción de bases de cultivo y acopio de marihuana. El perjuicio para las organizaciones criminales está estimado en USD 2.500.000.

Durante el operativo los intervinientes encontraron e incautaron un total de 2.222 kilos de marihuana picada y prensada lista para su distribución. Así también se procedió a la destrucción de 5 hectáreas de cultivos de la misma droga, que equivale a una producción estimada de 15 toneladas.

En la misma propiedad fueron encontrados y desmantelados 4 campamentos clandestinos donde fueron incautadas prensas, gatos hidráulicos y casi una veintena de zarandas, utensilios utilizados para el procesamiento del cultivo.

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Según informaron los intervinientes, el golpe a la producción de este negocio ilícito ascendería a USD 2.500.000, atendiendo el precio que tendría la droga distribuida en Brasil, país que sería el principal destino.

Se destaca que este tipo de incursiones permite que el avance de la producción en la zona se vea afectada, ya que las estructuras criminales deben volver a buscar otras zonas donde cultivar y procesar la droga, perdiendo tiempo y territorio crucial.

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En la tarde del lunes se confirmó la imputación contra el intendente de Encarnación, Luis Yd, en el marco de la investigación por el derrumbe del edificio que se cobró la vida de dos personas.

Desde el Ministerio Público defendieron esta acción manifestando que existen elementos suficientes para señalar al jefe comunal de uno de los responsables en la negligencia que ocasionó el colapso de la estructura edificada.

“Esta es una imputación que versa sobre sospechas de comisión de hechos punibles y las pruebas hasta este momento han arrojado la sospecha necesaria para la presentación de la imputación, debemos seguir recabando otros medios de prueba a los efectos de pasar del estado de sospecha al de convicción y eso sí motivaría la presentación de una acusación”, explicó el fiscal Ever Williams.

En conversación con varios medios de prensa, el fiscal expuso que el Ministerio Público se ha tomado el tiempo necesario para hacer la investigación y que no podían apresurarse a presentar una imputación dado que a partir de esta etapa, existe un plazo limitado para la conclusión de esta fase y pasar a la acusación, por lo que era necesario recabar los datos que permitan sustentar las sospechas. A partir de ahora, la Fiscalía tiene seis meses de trabajos para presentar la acusación.

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“No estamos ante un hecho punible común, estamos hablando de la caída de un edificio, lleva tiempo la toma de declaraciones y eso merece un análisis exhaustivo. Apresurarnos a presentar una imputación sin siquiera tener un presupuesto de cuánto iba a costar realizar un estudio pericial en la zona del derrumbe, sería muy aventurado, por eso nos tomamos el tiempo suficiente para presentar la imputación”, alegó.

El derrumbe del edificio en construcción se registró en la noche del 2 de abril pasado, en el barrio San Roque de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa.

Yd es sindicado por la comisión de hechos punibles de actividades peligrosas en la construcción y homicidio culposo, al igual que el ingeniero de obras. Asimismo, los arquitectos son señalados por estos hechos punibles y además, son sospechados por la exposición de personas a trabajos peligrosos, mientras que el encargado de obras fue imputado por homicidio culposo.

“No vimos la necesidad de ordenar ninguna orden de detención, sí hemos solicitado la aplicación de algunas medidas que garanticen el sometimiento de los mismos al procedimiento como la prohibición de salida al país, la constitución de un domicilio, la firma mensual de los imputados en el juzgado”, detalló el fiscal.

Los demás imputados por la Fiscalía son: René Orlando Miglio, director de Obras; Ramona Teresa Bogado Benítez, propietaria del edificio; Roberto Montiel Cabral, sereno; y los arquitectos Mario Bruno Urbina, y Roberto Faustino Ramírez.

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• Ciudad del Este. Agencia Regional

El fiscal Edgar Rafael Delgado, de la Unidad Penal de Presidente Franco, presentó imputación contra Ulises David Medina Gauto (22), por homicidio doloso en grado de tentativa. El hecho se registró en la madrugada del 29 de junio de 2025, en la colonia San Isidro, de Presidente Franco.

En ese momento, Medina Gauto se encontraba jugando naipes junto a otras personas, entre ellas la supuesta víctima Milder Ramírez. Alrededor de las 2:50, tras una discusión surgida durante el juego, Ramírez se retiró del lugar y se dirigió a su vivienda ubicada a unos kilómetros, siendo perseguido por Medina Gauto y un tal Marcos.

Los dos hombres habrían irrumpido a la propiedad, y el sindicado como presunto agresor atacó a Ramírez con un cuchillo, propinándole una herida punzocortante en el abdomen, del lado izquierdo, dejándolo tendido en el suelo. Tras el hecho, ambos atacantes se dieron a la fuga. El herido está en el pabellón de traumas del Hospital Regional.

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Posteriormente, alrededor de las 11:00 de ese mismo día, el supuesto autor fue aprehendido en el distrito Los Cedrales; fueron los vecinos del lugar, quienes lo aprehendieron y entregaron a los agentes de la Comisaría 16 de esa zona, al ser avisados del hecho.

De los elementos reunidos relacionados a la noche de juegos que terminó mal, el Ministerio Público consideró que existen indicios suficientes de la tentativa de homicidio y de la participación de Medina Gauto como autor del hecho. En consecuencia, el fiscal Edgar Delgado imputó al hombre y requirió su prisión preventiva.

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• Ciudad del Este. Agencia Regional

La fiscal María del Carmen Meza, de la unidad zonal de Iruña, imputó por homicidio doloso a un hombre, en calidad de supuesto autor. Se trata de Cristian Javier Meza Peralta (40), personal de una granja de Ñacunday, quien fue detenido y trasladado a la Dirección de Policía de Alto Paraná. El mismo recibió una herida de arma blanca en la cabeza.

Fue víctima fatal Eusebio Villanueva Segovia (52). Ambos eran empleados del mismo establecimiento y compartían casa dentro de la propiedad, con ubicación muy aislada, sin vecinos cercanos, según el reporte de los intervinientes.

El hecho ocurrió el sábado 28 de junio a las 18:30 en una finca, propiedad de Milciades Acuña Méndez, del barrio Imperial, dentro de la Colonia Toro Kua, de Ñacunday, según reportó el personal policial de la subcomisaria 37, de esa zona. Fueron incautados como evidencia una escopeta calibre 28 mm, un rifle calibre 22 mm, un cartucho de 22 mm y un machete con rastros de sangre. Todos los elementos pasaron a cargo de Criminalística de la Policía de Alto Paraná.

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De acuerdo a los datos recabados por el personal policial que llegó hasta el lugar del hecho, los dos trabajadores de la finca agrícola se encontraban en su casa, ubicada dentro de la citada propiedad, cuando comenzó supuestamente una discusión entre ambos, siguió con una pelea más violenta, donde se habría utilizado el machete, hasta que uno de ellos recibió varios tiros de arma de fuego.

El suboficial principal Rafael Duarte, de la comisaría de Toro Kua, manifestó a La Nación/Nación Media, que uno de los involucrados en la pelea, le habría reclamado a su compañero por haber sido un soplón y por eso se generó, supuestamente, la discusión entre ambos que terminó en una tragedia. El imputado se encuentra a cargo del Juzgado Penal de Garantías.

La fiscal del caso, María del Carmen Meza, señaló que ocurre con cierta frecuencia desenlaces violentos en las fincas con personal a cargo, cuando hay bebidas de por medio y otros elementos.

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