Ciudad del Este. Agencia Regional.
Una ciudadana brasileña residente en Foz de Iguazú, denunció ante el Departamento de Seguridad Turística (Desetur), un supuesto hecho de amenaza de muerte que recibió en su teléfono celular, en contra de su hijo de 17 años. En los mensajes se enviaron fotos y vídeos de armas y dinero.
El responsable se estaría refugiando en el centro de Ciudad del Este y por eso fue presentada también la denuncia ante la Policía paraguaya, según lo explicado por el comisario Fredy Villalba, jefe de la citada unidad policial. La denunciante es Ana Estevao Cristo (41), quien identifica como presunto responsable de los mensajes a José Aristides, de nacionalidad brasileña.
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En el relato realizado a la Policía, la mujer mencionó que las amenazas fueron por escrito, fotografías y filmaciones de armas de grueso calibre, como también de dinero, vía WhatsApp, pero las mismas no fueron mostradas a los agentes de Desetur.
El comisario Villalba refirió que un relacionamiento con alguien de la familia estaría de por medio en la amenaza. En la denuncia también fue mencionada Daniela Rasti Cristo, como vinculada al hecho, pero el jefe policial dijo desconocer qué tipo de parentesco tiene con Estevao Cristo. El caso está cargo de la fiscal Cinthia Leiva.
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Dionisio Amarilla denuncia millonario cobro para internas del PLRA trasladados a movimientos
El senador liberal Dionisio Amarilla denunció públicamente una supuesta exigencia económica relacionada con la organización de las internas partidarias, señalando directamente a autoridades vinculadas al proceso electoral. En su denuncia señala que supuestamente el titular saliente del PLRA, Hugo Fleitas, estaría pretendiendo que los movimientos internos asuman un gasto promedio de G. 6.000.000 por cada institución educativa utilizada como local de votación.
El legislador presentó el memorándum remitido por la coordinadora de local y delegado electoral del TSJE, dirigido al Comité Liberal y representantes apoderados de los diferentes movimientos del PLRA, en el cual se presenta el Presupuesto de los gastos previstos para la jornada de las elecciones internas partidarias previstas para el 7 de junio próximo,
El líder político del movimiento Diálogo Azul, Lista 100, cuestionó que bajo el concepto de limpieza de colegios, provisión de prolongadores eléctricos, alquiler de mesas, sillas y toldos, además de materiales como papel, bolígrafos, papeles higiénicos entre otros elementos, se estaría requiriendo una suma que totaliza G. 7.217.000, según detalla el documento.
Ante este requerimiento, Amarilla cuestionó además, que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) no contemple ciertos elementos logísticos básicos dentro de la provisión de las máquinas de votación. “Si el TSJE pone las máquinas, mínimamente debe incluir los prolongadores. Además, si se trata de una elección prevista por ley, constituye una carga pública para las instituciones donde el TEI dispuso la realización de los comicios”, expresó.
El senador Amarilla también pidió una aclaración urgente a los ministros del TSJE sobre los montos que, según denunció, estarían siendo solicitados por funcionarios electorales asignados como coordinadores. “Estamos hablando de aproximadamente G. 1.500 millones que se estarían pidiendo en total”, afirmó.
Finalmente, Amarilla sostuvo que estos supuestos gastos incluso superan el apoyo económico que muchos movimientos brindan a sus candidatos distritales.
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Fretes escuchó reclamos de trabajadoras de limpieza del IPS Caaguazú
Este viernes, el director del Instituto de Previsión Social (IPS), realizó un recorrido sorpresivo por el hospital en el departamento de Caaguazú y recibió denuncias de las trabajadoras de limpieza. La empresa tercerizada desvinculó a la mujer que confesó cuánto gana y el monto por el que firma sus recibos de pagos.
El doctor Isaías Fretes, llegó hasta el quinto departamento y recorrió las instalaciones de la previsional donde recibió reportes de las trabajadoras, quienes denunciaron explotación laboral. Rechazó totalmente el pago menor al salario mínimo de las mujeres que son jefas de hogar.
Las trabajadoras de limpieza se acercaron al director y denunciaron que perciben un salario de G. 1.600.000 monto que no alcanza el salario mínimo de G. 3.150.000. “¿Por qué tiene que ocurrir esta irregularidad? El Paraguay hay que cambiar. Cómo una empresa va a lucrar a costa del prójimo", fueron las palabras de Fretes, tras la denuncia presentada por las mujeres.
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Al finalizar el recorrido, detalló que encontraron una irregularidad enorme que atenta contra las trabajadoras de limpieza de una empresa tercerizada. “Una mujer tuvo la valentía de denunciar inducida por mí. No pasaron 10 minutos y la señora estaba llorando en una esquina porque le echaron, pero eso ya se resolvió, le devolvieron el trabajo”, expresó.
Dijo además que repudia totalmente la injusticia y no acepta al empresario que crece a costa del sacrificio del pobre. Se constató que las limpiadoras recibían transferencia de G. 1.700.000 y que firmaban sus recibos por sueldo mínimo. “No acepto al empresario que crece a costa del sacrificio del pobre”, señaló.
Finalmente, resaltó que ya inició una auditoría interna contra esta firma y que buscarán esclarecer este sistema de injusto que se está teniendo contra estas mujeres trabajadoras. Aseguró también que ya encontraron ciertas inconsistencia en cuanto al pago de las mujeres y que seguirán con los trabajos para corregir el sistema.
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Fiscalía recibió 11.815 denuncias por pornografía relativa a niños entre 2021 y 2026
El Ministerio Público, a través del observatorio, informó sobre el aumento de denuncias por pornografía relativa a niños y adolescentes en Paraguay. De acuerdo a la mencionada dependencia, entre 2021 y abril de 2026 ingresaron 11.815 denuncias a nivel país.
El informe revela el incremento de delitos informáticos tras la pandemia y está relacionado con el mayor acceso a dispositivos tecnológicos, videojuegos, redes sociales y plataformas de mensajería, situación aprovechada por depredadores sexuales.
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Los departamentos con mayor cantidad de denuncias son:
- Asunción
- Central
- Caaguazú
- Itapúa
- Alto Paraná.
Solo en 2024 se registraron 2.937 casos, mientras que en lo que va del 2026 ya ingresaron 1.654 denuncias hasta abril.
La fiscal especializada Irma Llano alertó que los pedófilos captan principalmente a sus víctimas mediante videojuegos y aplicaciones de mensajería. Además, advirtió que la falta de control sobre el uso de internet y redes sociales facilita este tipo de hechos.
El Ministerio Público recordó que estos delitos suelen estar vinculados a hechos graves como abuso sexual infantil, grooming, trata de personas, extorsión y violencia sexual.
La legislación paraguaya prevé penas de hasta 10 años de prisión por pornografía infantil, además de sanciones por consumo, posesión, difusión y organización de actividades vinculadas a explotación sexual de menores.
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Consejo de la Magistratura detectó inconsistencias documentales y promovió denuncia ante la Fiscalía
Los mecanismos de control institucional, transparencia y participación ciudadana implementados por el Consejo de la Magistratura permitieron detectar irregularidades e inconsistencias documentales en certificados académicos presentados dentro de procesos de postulación a cargos del sistema de justicia.
La institución informó que las anomalías fueron identificadas mediante el sistema de observaciones públicas y la amplia difusión de los concursos a través de plataformas digitales institucionales, herramientas que posibilitaron la trazabilidad y el acceso ciudadano a la información.
Según el comunicado oficial, también fueron fundamentales los controles realizados por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), además de la investigación interna impulsada por una comisión especial integrada por áreas técnicas y jurídicas del Consejo de la Magistratura.
Una vez corroborados los indicios, el propio Consejo promovió la denuncia ante el Ministerio Público y remitió todos los antecedentes relacionados con el caso, reafirmando su compromiso con la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos de control.
El Ministerio Público, a través de la Unidad Penal N.° 17, formuló imputación en el marco de una causa por presunta producción y uso de documentos no auténticos. La investigación involucra a postulantes y funcionarios presuntamente vinculados con los hechos investigados.
Paralelamente, el Consejo de la Magistratura dispuso medidas administrativas inmediatas, entre ellas sumarios internos, separación preventiva de funcionarios involucrados, auditorías documentales y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de los sistemas de seguridad y validación académica.
La institución remarcó que los hechos corresponden a responsabilidades individuales y sostuvo que fue precisamente el funcionamiento de los mecanismos institucionales de control y apertura ciudadana lo que permitió detectar las inconsistencias y activar las acciones legales correspondientes.
Finalmente, el Consejo de la Magistratura ratificó que continuará fortaleciendo sus procesos de modernización, transparencia y control, con el objetivo de garantizar concursos públicos cada vez más seguros, auditables y confiables para toda la ciudadanía.