Fiscalía imputó y pidió prisión de un hombre por abuso sexual de su hija pequeña
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
La agente fiscal Vivian Coronel, titular de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este, imputó a un hombre por el supuesto abuso sexual de su hija menor de 4 años. El imputado, de 42 años, se encuentra detenido en la Dirección de Policía de Alto Paraná.
El Ministerio Público tomó conocimiento del hecho tras una denuncia presentada por la abogada Graciela Sánchez, directora de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) de Ciudad del Este.
La Fiscalía sospecha que el sindicado presuntamente abusó de manera sistemática de la niña en una vivienda del barrio Boquerón II de Ciudad del Este. La última agresión se habría cometido el 15 de junio de 2025, ocasión en que el imputado habría obligado a la niña a una práctica oral.
En prosecución de la investigación, el 26 de junio de 2025, la madre de la víctima se presentó ante la unidad especializada y declaró que su hija de 4 años le manifestó que su papá le mostró un video, bajó su pantalón y la indujo a su hija a actos similares al contenido del material. A raíz de eso, la madre recurrió primero a la Codeni.
La fiscal Vivian Coronel dispuso que el médico forense del Ministerio Público, Eduardo Cano, inspeccionara a la menor, y reportó que no detectó lesiones ni otros rastros. Asimismo, la licenciada María Isabel Riveros, del Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía, evaluó a la niña, en cuya instancia la pequeña contó los detalles del abuso.
Como consecuencia, la representante del Ministerio Público ordenó la detención preventiva del presunto abusador, que se hizo efectiva ayer 27 de junio, siendo imputado y con el pedido de prisión preventiva, al ser considerada la gravedad del hecho y la alta expectativa de pena prevista para casos de esta naturaleza, según expuso la fiscal.
En el Este, imputan a un hombre por el abuso sexual de su hijastra de 11 años
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
En cada denuncia de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes se repite el mismo padrón en los victimarios; se trata de alguien del entorno familiar, tal como indican las estadísticas. Es el caso por el cual la fiscal Vivian Andrea Coronel imputó a un hombre de 25 años por la presunta comisión del hecho punible de abuso sexual en niños. La víctima sería su hijastra, de 11 años.
La investigación a cargo de la agente de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este, tiene que ver con una denuncia presentada por la madre de la niña, en la que se relata que, desde septiembre de 2026 el hombre convivía con la citada mujer y las dos hijas menores de 11 y 8 años.
En la primera quincena de octubre, el hoy procesado habría aprovechado los momentos en que la mujer salía a trabajar para quedarse a solas con las niñas. En una ocasión, la mayor no asistió a la escuela y, según la investigación, en esas circunstancias se habrían iniciado los abusos. La pareja vivía en Ciudad del Este.
Las agresiones se habrían repetido en diferentes ocasiones, tanto en una habitación de la vivienda como en el baño. De acuerdo con el escrito fiscal, el hombre habría recurrido a la fuerza y a las amenazas para cometer los hechos e impedir que la niña confesara sobre los abusos.
Sin embargo, la víctima decidió contar a su madre lo que venía sufriendo y la mamá presentó la denuncia ante las instituciones pertinentes y dio inicio a la investigación.
Como parte de las diligencias, la niña fue examinada por en medicina forense y recibió asistencia psicológica del Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía. La hermana menor también fue atendida por una psicóloga y, según el informe de asistencia, habría relatado que presenció los manoseos y escuchó a su hermana pedir que el hombre la dejara tranquila.
Entre los elementos de sospecha, la Fiscalía menciona la denuncia policial, la entrevista a la madre, el informe de inspección forense y los informes de asistencia psicológica de ambas niñas. La fiscal solicitó la prisión preventiva del imputado, quien se encuentra privado de libertad.
El juez penal de Garantías de Curuguaty, Marcos Giménez Rivas, dispuso la apertura a juicio oral y público en la causa vinculada a la ocupación de inmuebles de Agroganadera Pindó S.A., en Canindeyú. Foto: Gentileza
Juzgado admite acusación y eleva a juicio oral el caso de invasión de la Estancia Pindó
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Tras catorce años de investigación, el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas, de Curuguaty, resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, por la invasión de inmuebles de la Estancia de la Agroganadera Pindó S.A., en Canindeyú. El magistrado también rechazó los cinco planteamientos de la defensa y dispuso mantener la prisión preventiva del acusado.
Mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, de fecha 14 de octubre de 2026, el magistrado resolvió elevar a juicio oral y público la causa seguida contra Mercado Méndez, identificado en la investigación como uno de los principales dirigentes del asentamiento Joaju – Primero de Marzo, instalado dentro de las propiedades de Estancia Pindó.
La decisión fue adoptada luego de la audiencia preliminar donde el Ministerio Público y la querella adhesiva ratificaron sus respectivas acusaciones y solicitaron que los hechos fueran sometidos al juzgamiento de un Tribunal de Sentencia.
El magistrado Marcos Giménez Rivas rechazó todos los incidentes planteados por la defensa. Foto: Gentileza
Juzgarán tres hechos punibles
De acuerdo a la resolución judicial, se admitió íntegramente el Requerimiento de Acusación Fiscal N.º 108/2026, presentado el 12 de agosto de 2026 por el agente fiscal Juan Daniel Benítez Miranda, así como la acusación promovida por Agroganadera Pindó S.A., representada por su abogada querellante, Eva Margarita Colmán Adorno.
En consecuencia, Jorge Mercado Méndez deberá afrontar el juicio por la presunta comisión, en carácter de autor, de los siguientes hechos punibles:
Invasión de inmueble ajeno, artículo 142 del Código Penal, modificado por la Ley N.º 6830/2021.
Asociación criminal, artículo 239 del Código Penal.
Detentación ilegal de arma de fuego, artículo 260 de la Ley N.º 7411/2024.
La admisión de estas acusaciones significa que los tres hechos punibles serán objeto de debate ante el Tribunal de Sentencia, sin que ello implique todavía una declaración de culpabilidad.
Rechazos para la defensa
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución judicial es el rechazo de la totalidad de los planteamientos formulados por los abogados defensores de Mercado Méndez, quienes pretendían cuestionar distintos aspectos de la acusación e impedir o limitar su elevación a juicio.
La resolución judicial dispone que Jorge Mercado Méndez enfrente juicio por tres hechos punibles relacionados con la ocupación de inmuebles en Canindeyú. Foto: Gentileza
El juzgado rechazó la excepción de incompetencia territorial, el cuestionamiento sobre la aplicación temporal de la Ley N.º 6830/2021, la objeción contra la acusación por asociación criminal, el planteamiento relativo a la detentación ilegal de arma de fuego y las observaciones sobre la identificación de los inmuebles afectados.
El magistrado consideró que los argumentos expuestos no constituían impedimentos procesales suficientes para excluir los hechos de la acusación ni para impedir la prosecución de la causa. Asimismo, estableció que las controversias relativas a la conducta atribuida, la valoración de las pruebas y la determinación de la responsabilidad penal deberán ser examinadas durante el juicio oral y público.
Presunto liderazgo en el asentamiento
Cabe recordar que la investigación inició tras las denuncias presentadas por representantes de Agroganadera Pindó S.A., por la ocupación de sus propiedades rurales. Según informes policiales, en los inmuebles se habrían establecido asentamientos permanentes, con estructuras de vigilancia y mecanismos de control de acceso que presuntamente impedían el ingreso de autoridades y representantes de los propietarios.
La Fiscalía atribuye a Jorge Mercado Méndez funciones de dirección, liderazgo y coordinación dentro del asentamiento Joaju–Primero de Marzo, cuya comisión directiva habría presidido desde abril de 2014. Un relevamiento de la Policía Nacional realizado en septiembre de 2025, registró aproximadamente 450 viviendas en los asentamientos investigados.
Actualmente, el acusado continuará recluido en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, de Emboscada, quedando a disposición del Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá; conforme a lo dispuesto por el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas.
Al respecto, la abogada Margarita Colmán señaló que para la Agroganadera Pindó S.A., la decisión judicial constituye un avance significativo después de más de catorce años de actuaciones vinculadas con la ocupación de sus propiedades. Durante este prolongado proceso, la empresa sostuvo sus denuncias y ejerció las acciones judiciales correspondientes para obtener el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales.
Docente reportó que alumna de 9 años sería víctima de abuso sexual
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
Una institución escolar fue de nuevo el lugar donde se pudo detectar un supuesto hecho de abuso sexual de una menor de edad. Una niña de 9 años contó a una docente que es objeto de abuso, de acuerdo a los datos que proporcionó.
Como derivación del caso, agentes del Departamento contra la Trata de Personas detuvieron a un hombre de 53 años como supuesto autor.
La aprehensión fue hoy a las 13:30 sobre la avenida Enfermeras del Chaco, del barrio San Roque de Ciudad del Este. El aparato celular del hombre fue incautado. La fiscal Vivian Coronel dijo a La Nación/Nación Media que imputará al detenido en las próximas horas.
Coronel explicó que la directora del colegio donde acude la niña fue quien presentó la denuncia después de conversar con la escolar junto a su profesora, quien fue la que detectó las primeras señales y logró que la niña pudiera contar lo que estaba sufriendo.
La niña mencionó al hombre como su “padrastro” y contó que la manoseaba cuando estaba en la casa, refirió la fiscal.
Asimismo, según los datos recabados por la agente Vivian Coronel, el hombre sería el novio de la mujer y va frecuentemente a la casa donde, suele tomar bebidas alcohólicas junto a la madre de la niña y en medio de esa situación se estaría aprovechando de la menor de edad. “La víctima no aguantó más y habló con su profesora”, sostuvo la fiscal Coronel.
Rechazan chicana de abogado procesado por coacción y usurpación de funciones
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El juez Penal de Garantías de Luque, Nelson Romero, rechazó el recurso (chicana) presentado por Fernando René Marecos Gamarra, imputado por la presunta comisión de los hechos punibles de coacción y usurpación de funciones públicas. Marecos está procesado por participar, sin tener poder para participar en un procedimiento judicial irregular realizado en la firma Cargo Line Paraguay S.A., donde habría coaccionado a funcionarios de la empresa.
Romero sostuvo que el juzgado considera que la providencia recurrida por la defensa del imputado fue dictada conforme a lo dispuesto en el artículo 303 del Código Procesal Penal y sobre la base de un acta de imputación que reúne todos los requisitos legales para su admisión. Con este recurso, el imputado pretendía suspender la audiencia de imposición de medidas cautelares, fijada para el 8 de octubre a las 10:00.
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 16 de septiembre en las instalaciones de Cargo Line Paraguay S.A., durante la ejecución de una resolución judicial que disponía un cambio temporal en la administración de la firma. La imputación refiere que el abogado Marecos Gamarra asumió atribuciones que no le correspondían durante el procedimiento, en el cual incluso estuvo presente la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Mafalda Cameron.
Asimismo, la denuncia señala que el imputado participó en la diligencia judicial como supuesto representante de la parte demandante, sin embargo no existe ningún poder agregado al expediente que le otorgue dicha representación. El denunciante del caso es el actual gerente general de la empresa, Gustavo Martínez Venialgo.
Juez reencauza juicio civil
Por otra parte, el juez Guillermo Trovato reencauzó la actuación irregular de su colega Mafalda Cameron y sustituyó las medidas cautelares dictadas el 16 de septiembre. Trovato designó como administrador judicial de Cargo Line Paraguay S.A. a Gustavo Martínez, y de Cimportex Paraguaya I.C.S.A. a José Eduardo Fleitas Gómez. Ambos estarán bajo la fiscalización de la interventora María Graciela Álvarez Benítez, perito contable designada por el juzgado.