Los vecinos del asentamiento La Amistad de Capiatá reanudaron este viernes la movilización frente al edificio de Registros Públicos. Foto: Captura de pantalla
Vecinos de Capiatá protestan frente al edificio de Registros Públicos
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Vecinos del asentamiento La Amistad de Capiatá están apostados frente a la sede de la Dirección General de los Registros Públicos, situada sobre la avenida Eusebio Ayala casi R I 18 Pitiantuta. Los manifestantes exigen la inscripción de unos 89 títulos de propiedad que actualmente están a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Nancy Vera, presidenta de la comisión vecinal del asentamiento, explicó que este viernes llevan adelante la segunda movilización pacífica pidiendo la inscripción del fraccionamiento que incluye a casi 90 terrenos, que actualmente están a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
“En breve la directora nos va a recibir para darnos su respuesta. Esperemos que tome la decisión correcta y que respete el proceso que se ha hecho en su momento, un proceso judicial y que, por sobre todas las cosas, como funcionaria pública, haga respetar y que se vuelva a confiar en la institución”, señaló al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Lamentó que los paraguayos tengan que movilizarse para exigir que se realice “un buen trabajo” en las instituciones públicas. “Yo creo que está en manos de la directora devolver la paz a este asentamiento y detrás de esto también demostrar que aún están funcionando las instituciones públicas”, expresó.
La dirigente vecinal afirmó que los documentos ya están inscritos en Catastro y ahora le corresponde realizar el trámite a la Dirección General de Registros Públicos. “Alegan ellos que fue presentado un título de propiedad, en este caso del año 32, que no coincide con la superficie de la propiedad del Estado. Entonces, ellos están dando más validez a ese documento que se presentó fuera de tiempo. Y no sabemos ni de dónde salió eso. Entonces, es una lástima llegar a todo esto”, manifestó.
Los ocupantes están hace una década en el inmueble en conflicto y ya se había superado un proceso legal, conforme indicaron. “Nos complica bastante la situación y esto es un atraso para nosotros. Entonces, exigimos una rápida respuesta de parte de la directora”, enfatizaron.
Los trámites ante Registros Públicos iniciaron hace tres meses y ahora las familias aguardan oficializar la tenencia del título de propiedad.
Vecinos de Lambaré levantan nicho en memoria a Deysi Paola, víctima de feminicidio
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Los vecinos del barrio Santa Lucía de Lambaré se unieron para levantar un nicho memorial en honor a la joven Deysi Paola Giménez Segovia, víctima de feminicidio. Su memoria sigue intacta y el pedido de justicia resuena más fuerte que nunca. “No la olvidamos”, afirman los residentes de la zona donde se registró el trágico suceso.
Igualmente, en las redes sociales se viralizó un video del nicho erigido en memoria de la joven fallecida. Diversos usuarios expresaron su pesar con comentarios como: “Es una pena, tenía un futuro brillante”, mientras que otros recalcaron que “a ella nunca se debe olvidar y se exige justicia por el terrible suceso”.
El atroz crimen ocurrió en la noche del 8 de octubre, cuando Deysi Paola, de 22 años —quien se encontraba a solo un mes de culminar la carrera de Derecho—, caminaba hacia su lugar de trabajo en plena vía pública de Lambaré.
El presunto autor del feminicidio fue identificado como su expareja, Aldo Alexis Duarte Moreira, de 26 años. De acuerdo con las investigaciones y los desgarradores testimonios de la familia, la joven venía soportando un calvario de constantes acosos, hostigamientos y agresiones físicas por parte del hombre.
Semanas antes del crimen, específicamente el 18 de septiembre, Deysi había tenido el valor de denunciar formalmente a su agresor ante la Policía Nacional y el Juzgado de Paz, logrando que se dictara una orden de restricción y alejamiento. No obstante, la medida de protección resultó insuficiente ante la desprotección estatal y la falta de acción oportuna del sistema de justicia.
En el fatídico día, el sujeto la interceptó a bordo de un automóvil, le cerró el paso y, sin piedad, la acribilló a balazos a pocas cuadras de su destino. Tras perpetrar el ataque, el sospechoso se dio a la fuga, pero días después fue capturado por las autoridades policiales e imputado por la Fiscalía, quedando recluido mientras avanza el proceso judicial que busca esclarecer el hecho y castigar con todo el peso de la ley a los responsables de una tragedia que enluta a todo el país.
Casi 1.000 personas fueron detenidas en los márgenes de las multitudinarias manifestaciones contra el encarecimiento de la vida que recorrieron ayer Francia, indicó el ministro del Interior, Laurent Núñez, que precisó que la cifra podría aumentar.
Nuñez destacó, sin embargo, que las manifestaciones “transcurrieron sin problemas”, aunque las fuerzas de seguridad se enfrentaron en ocasiones a “grupos de riesgo (...) la mayoría vestidos de negro, militantes de la extrema izquierda radical, de la ultraizquierda”.
La segunda gran jornada de movilización en una semana para reclamar medidas que compensen la caída del poder adquisitivo y mejores condiciones para los estudiantes de liceo se convirtió en una protesta contra el centroderechista Macron, que dejará el poder en mayo.
Bajo presión para evitar disturbios y saqueos, como los que conmocionaron al país la semana pasada y dieron la vuelta al mundo, su gobierno prometió que sería “intransigente”, mientras impuso toques de queda nocturnos desde el lunes en algunos barrios, prohibió algunas manifestaciones y movilizó 70.000 agentes.
En otras ciudades como Lyon, Lille y Nantes, los agentes dispararon gases lacrimógenos contra manifestantes por protestar en zonas no autorizadas. En Toulouse, un manifestante de 20 años resultó herido de gravedad en la mano, según las autoridades.
La Agroganadera Pindó S.A. rechazó haber presentado un amparo judicial y pidió que cualquier proceso de regularización respete los títulos de propiedad y los procedimientos legales vigentes. Foto: Gentileza
Pindó sostiene que el arraigo de familias no otorga derechos de propiedad sobre las tierras
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Desde la Agroganadera Pindó S.A. niegan haber promovido un amparo judicial y aclaran que el arraigo de las familias asentadas en el inmueble no constituye un título de propiedad.
La empresa pidió respetar los derechos de los propietarios y señaló que continúan las acciones judiciales iniciadas hace más de 14 años, en medio de investigaciones por actividades vinculadas al cultivo y procesamiento de marihuana en sectores del establecimiento.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la abogada Margarita Colmán, representante legal de la Agroganadera Pindó S.A, explicó la situación jurídica del inmueble y los procedimientos judiciales actualmente en curso.
Teniendo en cuenta las recientes declaraciones públicas de representantes del asentamiento Primero de Marzo, quienes solicitaron al Gobierno la legalización de las tierras ocupadas en Estancia Pindó invocando el arraigo de más de 450 familias.
En ese sentido, mencionó que la empresa desmiente categóricamente haber promovido una acción de amparo ante el Juzgado de Katueté o cualquier otro órgano jurisdiccional, contrariamente a lo manifestado por uno de los abogados entrevistados.
“Las acciones civiles y penales impulsadas por los propietarios se iniciaron a raíz de la ocupación de sus inmuebles, hace aproximadamente catorce años, y continúan sustanciándose ante los órganos jurisdiccionales competentes, junto con las investigaciones que permanecen abiertas”, remarcó Colmán.
Margarita Colmán, representante legal de la firma, señaló que las acciones civiles y penales vinculadas con la ocupación se iniciaron hace aproximadamente catorce años y siguen ante la Justicia. Foto: Gentileza
Arraigo no implica propiedad
De acuerdo a las declaraciones de los ocupantes y sus representantes, ellos fundamentan su pedido de legalización del asentamiento, en la permanencia de las familias durante casi quince años, así como en la existencia de escuelas, capillas, servicios básicos y actividades agrícolas y ganaderas en el lugar.
Sin embargo, la abogada Colman explicó que para la empresa se ratifica que estas condiciones no otorgan automáticamente derechos de propiedad sobre tierras de terceros y recuerda que el artículo 109 de la Constitución Nacional garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada.
“Cualquier iniciativa estatal destinada a regularizar la situación territorial debe respetar los derechos de los propietarios y los procedimientos constitucionales y legales aplicables. La ocupación prolongada, la construcción de infraestructura y el desarrollo de actividades productivas no confieren automáticamente derechos de dominio sobre tierras pertenecientes a terceros”, remarcó.
Causa se elevó a juicio oral
Por otra parte, la abogada Colmán recordó que el Juzgado Penal de Garantías de Curuguaty dispuso elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, señalado por la Fiscalía como uno de los principales dirigentes de la ocupación. La decisión fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, del 14 de octubre de 2026.
El magistrado rechazó los cinco incidentes presentados por la defensa y admitió las acusaciones por presunta invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y detentación ilegal de arma de fuego.
La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el juicio, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
La Senad y organismos de seguridad detectaron actividades vinculadas con la producción y el procesamiento de marihuana en sectores de Estancia Pindó. Foto: Gentileza
Hallazgos de la Senad
La representante legal de la Agroganadera Pindó S.A. recordó además, los procedimientos realizados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con cooperación de organismos de seguridad nacionales e internacionales. Indicó que en varios procedimientos, detectaron actividades vinculadas con la producción y el procesamiento de marihuana en sectores de Estancia Pindó, en medio de la prolongada controversia por la ocupación de los inmuebles.
Señaló que durante las intervenciones oficiales hallaron plantaciones ilícitas, campamentos presuntamente utilizados para actividades de narcotráfico y un laboratorio de procesamiento de marihuana de alta concentración. Sostuvo que estos antecedentes requieren investigaciones rigurosas para identificar a los responsables y esclarecer posibles conexiones con la comercialización internacional de drogas.
“La existencia de actividades ilícitas detectadas en sectores del establecimiento no permite atribuir responsabilidad penal colectiva a las familias residentes, pero exige que las autoridades identifiquen a las personas y organizaciones efectivamente involucradas”.
Finalmente, indicó que para la Agroganadera Pindó S.A., la ocupación prolongada no puede sustituir los mecanismos legales ni desconocer los títulos de propiedad. Sostiene que el Estado debe atender las necesidades sociales de las familias, garantizar la seguridad pública, investigar los hechos punibles y proteger los derechos constitucionales de los propietarios.
“La asistencia social es una obligación pública; la legalización de tierras privadas, en cambio, requiere un fundamento jurídico válido y el respeto de las garantías constitucionales. Desde Pindó reafirmamos la confianza en la administración de justicia y su decisión de continuar ejerciendo las acciones legales que correspondan para obtener la protección efectiva de sus derechos y el esclarecimiento de los hechos investigados”, concluyó.
Sitrande anuncia movilizaciones por tarifa y presupuesto
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Funcionarios de la Ande anuncian movilizaciones para la próxima semana. El 27 y 28 de octubre marcharán desde la sede central hasta el Ministerio de Economía, informaron en conferencia de prensa.
“Vamos a salir en protesta para que se fortalezca la Ande en cuanto a los recursos energéticos. Nosotros estamos interesados en que la tarifa de Itaipú baje al piso”, comentó ante los medios, Adolfo Villalba, representante de la Sitrande.
En ese contexto, aseguró que la tarifa intermedia beneficia solo a un sector. “Lo único que hace es que se hagan los gobernadores, pero se empobrece la institución donde nosotros trabajamos”, reclamó.
Asimismo, dijo que esta situación empobrece el servicio a los usuarios, por la falta de recursos, manifestó el sindicalista.
“Si se cumpliera el Tratado de Itaipú, la Ande iba a tener hoy como 400 millones de dólares más, para invertir en líneas de transmisión, en transformadores, en infraestructura, en subestaciones. Entonces, una de las cosas que exigimos es que se baje al piso la tarifa de Itaipú”, aseveró.
También van a pelear por el recorte que sufrió el ente en su presupuesto para el año que viene, anunció.
La movilización se hará en la explanada de la sede central de la Ande, sobre la calle España de nuestra capital, donde se concentrarán los funcionarios de las distintas oficinas. Luego marcharán hasta el Ministerio de Economía.
Por otro lado, mencionó que tienen un estudio técnico que señala que gran parte del programa Hambre Cero está siendo financiado por los fondos de la Ande. “Nosotros no criticamos que haya alimentación para los niños en las escuelas. Pero se le desvalija a la Ande, se le deja sin fondo, y se está haciendo rico a los gobernadores”, aclaró.
Entonces, saldrán a las calles a protestar para que también se discuta ese punto, “porque no se está hablando de eso”, expresó.
Operativo Verano
En otro orden, se refirió al operativo verano. “Como todos sabemos, estamos a las puertas del verano y se multiplican los recursos. Si en invierno, tenés una cuadrilla por turno, en el verano necesitás dos o tres cuadrillas por turno”, refirió.
Eso significa herramientas, móviles, funcionarios, “y se nos hace cuesta arriba para conseguir recursos. Tenemos siempre escasez de material. Se prioriza cualquier otra cosa”, apuntó.