A través de sus redes sociales, Nancy Jacquet, hermana de una de las víctimas del siniestro fatal ocurrido el pasado 10 de noviembre en la Ruta Luque-Sanber, informó que el Tribunal de Apelación de Cordillera decidió sacar a su padre del proceso de querella y nombrar como única querellante a su sobrina.
Jacquet explicó que el tribunal consideró que las consecuencias por la muerte de su hermano, Osvaldo Jacquet, su esposa y una de sus hijas se reducen a una herencia que debe dividirse, y que la niña sobreviviente hereda tras la muerte de su padre, por lo que solo ella puede tomar reclamo en el juicio en contra del principal acusado, Eugenio Sanabria Vierci.
En el mismo posteo, también acusó al Poder Judicial de ordenar enviar a Sanabria Vierci a cumplir la prisión preventiva a la Agrupación Especializada, donde tendría privilegios. Según las autoridades, esta decisión fue tomada teniendo en cuenta la cercanía del lugar con centros asistenciales, ya que el acusado cuenta con trastornos de salud.
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El pasado mes de mayo, la fiscala Zulma Benítez Reyes presentó acusación contra Sanabria Vierci por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre y solicitó al juzgado penal de Garantía de Caacupé que el presente caso se eleve a un juicio oral y público.
El escrito de acusación del Ministerio Público señala que “Eugenio Sanabria Vierci, conductor de la camioneta de la marca Volkswagen, Touareg, invadió el carril opuesto a su sentido de circulación, obstruyendo así el desplazamiento lineal y preferencial del conductor del automóvil Kia Picanto donde iba toda una familia”.
Víctimas
Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años y un hijo de ellos de tan solo cuatro años. La única que pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años.
El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.
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Fiscal evalúa pedir juicio a Prieto tras admisión de siete imputados
La admisión de los hechos por parte de siete de los once imputados robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto señaló el fiscal Silvio Corbeta, quien investiga el presunto desvío de fondos públicos a través del Consejo Local de Salud de la comuna esteña, que habría ocasionado un perjuicio patrimonial superior a G. 757 millones, en el marco de trabajos en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
“Para nosotros, lógicamente todas estas circunstancias que están aconteciendo con la admisión voluntaria de estas personas, de los procesados de los hechos, para nosotros robustece nuestra teoría del caso que nosotros presentamos como hipótesis y que posteriormente vamos con el dictamen final”, manifestó el representante de la Fiscalía, ayer viernes, al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La séptima procesada, de once procesados en esta causa, admitió los hechos y posteriormente solicita una suspensión condicional del procedimiento. Se trata de Cinthia Noelia Alen Guerrero, representante legal de la empresa M&M Construcciones, quien no contaba con la calidad de ordenadora de gastos u obligación legal directa de proteger el patrimonio municipal en la misma medida que el autor principal, de acuerdo a la Fiscalía.
Corbeta señaló que esta admisión de los hechos fortalece la investigación “porque de alguna forma están brindando información que es importante para las diferentes aristas de la investigación porque si bien, la línea central se centra en un perjuicio patrimonial, hay diversas situaciones que acontecen en este periodo previo y durante también en el periodo que se dieron la construcciones y refacciones del hospital que se van confirmando con la admisión de los hechos”.
El fiscal explicó que la fecha tope para la presentación de requerimiento conclusivo es el próximo 9 de setiembre, establecido por el juzgado especializado en Delitos Económicos. “En el requerimiento conclusivo vamos a expedirnos si tiene la certeza suficiente para someter a un juicio oral y público, o solicitar la correspondiente elevación de la causa al juicio”, refirió el fiscal Corbeta.
En el marco de la presentación de requerimiento, la Fiscalía se expedirá referente a la situación procesal de tres personas que quedan, que son Miguel Prieto, Valeria Romero y Sebastián Martínez. También está imputado en esta causa, pero no está procesado, el diputado Walter García, que hasta la fecha no fue desaforado, aclaró el agente fiscal.
“Él (diputado) hasta la fecha no fue desaforado, con relación a él no podemos emitir ninguna conclusión. Son once imputados, de los cuales uno tenemos un obstáculo que es los fueros que posee el diputado, de los cuales siete personas ya admitieron los hechos y se solicitó una suspensión condicional a favor de los mismos”, apuntó.
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Podrían abrir otro proceso a Prieto
La admisión de los hechos por parte de siete de los once imputados robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, señaló el fiscal Silvio Corbeta, quien investiga el presunto desvío de fondos públicos a través del Consejo Local de Salud de la comuna esteña, que habría ocasionado un perjuicio patrimonial superior a G. 757 millones, en el marco de trabajos en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
“Para nosotros, lógicamente todas estas circunstancias que están aconteciendo con la admisión voluntaria de estas personas, de los procesados de los hechos, para nosotros robustece nuestra teoría del caso que nosotros presentamos como hipótesis y que posteriormente vamos con el dictamen final”, manifestó el representante de la Fiscalía.
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Declaración forense: María Fernanda tuvo una muerte violenta y hubo rastros de un intento de aborto
En el sexto día del juicio reservado que se desarrolla contra el principal sospechoso del crimen de María Fernanda en Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, el médico forense, Pablo Lemir, confirmó que la joven sufrió un muerte violenta y que existió evidencia de un intento de aborto vía vaginal. El perfil psicológico del acusado también indica que fue víctima de violencia familiar.
Ante el Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, Lemir declaró que María Fernanda Benítez estaba embarazada de 14 a 16 semanas, además, que durante la autopsia se pudo constatar que había marcas de pinzas ginecológicas y que ante su edad gestacional evidencia que pudo haber un intento de aborto.
Afirmó que la joven tuvo una muerte violenta provocada por un traumatismo de cráneo que fue causado por un objeto contuso romo que le provocó una hemorragia cerebral, pero como el cuerpo fue quemado no se pudo determinar si falleció inmediatamente o por ese golpe. “De lo que sí tenemos evidenciada es del traumatismo craneoencefálico y fue la herida principal constatada”, aseguró.
Así también, resaltó que el desprendimiento de las extremidades se registró por calcinamiento y que no fue provocado por otro objeto previo a que se le prendiera fuego como se pensaba antes de realizar la autopsia. El informe de Lemir aclara que el fallecimiento de la joven se registró tres a cinco días antes del hallazgo del cuerpo.
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Perfil psicológico
El principal sospecho del crimen de María Fernanda fue entrevistado por psicólogos para lograr determinar un perfil, los resultados revelan que presenta rasgos de egocentrismo y baja empatía hacia los otras personas.
“Dios perdona y sé que en un futuro puedo ser una mejor persona”, fue lo que expresó el joven, al momento de ser entrevistado por los profesionales en el proceso de investigación que se realizó tras ser acusado como el principal sospechoso del feminicidio de Mafe.
Unicanal accedió a la conclusión del Test Apercepción Temático (TAT) aplicado al imputado que detalla que se trata de una persona con buena estabilidad emocional e introspección, pero revela rasgos de egocentrismo agudo, muy baja empatía, conductas rudas o defensivas y una historia personal adversa que influye en sus trastornos de conducta.
Además, detectaron antecedentes de traumas severos y que el joven habría indicado que fue sometido a violencia física durante su infancia y llegó a intervenir físicamente para intentar detener las agresiones que supuestamente su papá tenía contra su madre, ciclo habría moldeado la conducta criminal.
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Antecedentes
El feminicidio de María Fernanda Benítez Martínez, de 17 años, se reportó el 27 de mayo del 2025 en la ciudad de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, pero el hallazgo del cuerpo de la joven se reportó recién el 31 de mayo de ese mismo año, este estaba enterrado y totalmente calcinado en un patio baldío del barrio Villa del Maestro.
El presunto autor material del crimen al ser menor de edad al momento del hecho se enfrenta a un juicio en paralelo bajo el régimen penal adolescente con un pedido de pena máxima de 8 años.
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Tía Chela: juicio a Miguel Prieto y otros acusados se iniciará este lunes
El Tribunal de Apelación de Delitos Económicos ratificó la determinación de los jueces de sentencia, de iniciar este lunes 31 de agosto, a las 08:00, el juicio oral para el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otros acusados por un supuesto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del Covid-19, en el caso conocido como Tía Chela.
La Cámara de Apelación rechazó el recurso planteado por la acusada, Emili Vanessa Florentín Páez, quien presentó una chicana para evitar que el juicio oral se pueda desarrollar, pero no surgió efecto y se mantiene para este lunes. De acuerdo al fallo, la resolución del tribunal de primera instancia fue dictada en virtud a las facultades ordenatorias del juez o tribunal.
“Al rechazar la reposición, el colegiado, luego de analizar la pretensión de la defensa técnica, ha decidido sustentando suficientemente su decisión en la ley y conforme a su disponibilidad. En estas condiciones, corresponde confirmar el auto apelado en subsidio”, expresa parte de la resolución del Tribunal de Apelación.
El Tribunal de Sentencia que juzgará a Miguel Prieto y a los demás acusados está conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos: Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel.
En el juicio, la Fiscalía sostendrá la acusación, en la cual se menciona que Prieto causó un supuesto perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016. Para el Ministerio Público, el exintendente habría encabezado un esquema de corrupción que se instaló en el municipio y estuvo conformado por funcionarios a su cargo, quienes habrían operado para el desvío de recursos municipales.
Acusados
Además de Prieto, están acusados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario; Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de órdenes de pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL.; Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.
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Juicio por muerte de Maradona se reanuda tras escándalo por exámenes médicos confundidos
El juicio por la muerte de Diego Maradona se reanudó con normalidad este jueves en Argentina tras una semana suspendida por una confusión en exámenes médicos del ‘Diez’ con los de su padre, que “no cambia” las conclusiones sobre las enfermedades del astro, aseguraron peritos.
Luego del grosero error, la fiscalía y querellantes solicitaron que dos de los peritos que ya habían declarado volvieran a comparar ante el tribunal: el nefrólogo y un cardiólogo.
“Fue un ingrediente más que no me va a cambiar el diagnóstico”, señaló el nefrólogo Hernán Trimarchi, que sostiene que Maradona tenía una enfermedad renal crónica antes de morir en noviembre de 2020.
El cardiólogo Gustavo Di Niro también señaló que los estudios de la controversia “no son fundamentales para establecer el diagnóstico”. “Mantengo mis conclusiones”, aseguró Di Niro, que aseguró que el exfutbolista tenía problemas cardíacos.
Un tercer testigo que también formó parte de la junta médica interdisciplinaria reunida para el caso, el hepatólogo Fernando Cairo, señaló que el exfutbolista “tenía una cirrosis con muy poca manifestación clínica”.
Cairo también afirmó que su conclusión sería la misma sin los estudios médicos de la polémica.
El juicio tiene una parte del equipo médico de Maradona acusado de homicidio.
Durante la última semana varios abogados defensores catalogaron la confusión de los estudios médicos de “escándalo”, aunque aseguraron que el inconveniente no ponía en riesgo la continuidad del juicio.
Se trata de un trauma para la familia Maradona, luego de que un primer proceso fuera anulado en 2025 tras descubrirse que una de las juezas participó de un documental clandestino sobre el juicio.
Estudios erróneos
Los estudios renales peritados, que van de un período de 2011 a 2015, contribuyeron al informe de una junta médica que analizó la muerte del exfutbolista. Sus conclusiones fueron parte fundamental, aunque no exclusiva, del pedido de elevación a juicio.
El error salió a la luz durante la audiencia del martes de la semana pasada cuando la defensa de la imputada Nancy Forlini detectó que había realizado estudios a Diego Armando Maradona en la empresa de salud Swiss Medical con diferentes números de afiliados.
El jueves posterior el tribunal ordenó el registro de dos sedes de Swiss Medical y suspendió el juicio hasta que se determine si los estudios pertenecían a personas diferentes.
El lunes se dio a conocer un documento en que Swiss Medical admitía que habían registrado estudios del padre de Maradona, que también se llama Diego, como si fuera del excampeón del mundo argentino.
“Reeditar esa prueba”
En la misma audiencia en que se ordenó el registro de Swiss Medical la fiscalía solicitó que volvieran a declarar dos médicos que participaron de la junta médica, que ya habían comparado, Di Niro y Trimarchi.
Este jueves la defensa quiso impugnar ese pedido al considerar que se intentaba “reeditar esa prueba”, según Julio Rivas, abogado del principal imputado, Leopoldo Luque.
Pero el tribunal no hizo lugar.
“La convocatoria de la fiscalía no tiene como objetivo subsanar los datos de la junta médica (...) concretamente la finalidad es establecer qué relevancia tuvo la información dentro del análisis de los expertos y qué incidencia tuvo en sus conclusiones médicas”, dijo el presidente del tribunal, el juez Alberto Gaig.
Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 en una internación domiciliaria cuya pertinencia, condiciones y atención son cuestionadas en el juicio.
Siete profesionales de la salud están acusados de homicidio con dolo eventual, una figura con una pena de hasta 25 años de prisión que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían ocasionar la muerte del crack.
El juicio, que comenzó en abril, podría extenderse al menos hasta septiembre. Los acusados claman inocencia.
- Fuente: AFP
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