Padre de María Fernanda quiere construir una capilla en el lugar donde hallaron sus restos
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Este martes, tras la triste despedida a María Fernanda Benítez en Coronel Oviedo, su padre manifestó que entre sus planes está poder construir una capilla en el terreno donde fueron hallados sus restos mortales de su hija. Afirmó que el caso de su hija ayudará a prevenir muchos otros y que esperan que las autoridades hagan justicia.
El fin de semana pasado, el cuerpo sin vida de María Fernanda Benítez, de 17 años, fue encontrado en un patio baldío en el barrio Villa del Maestro de Caaguazú. Hoy, se le dio el último adiós y su padre manifestó el deseo de construir una capilla en el sitio.
“Quiero justicia. Queremos una capilla en honor a mi hija, para que el pueblo pueda visitarla siempre. Tenía que morir Fernanda para que haya cambios en la justicia paraguaya”, manifestó don Leonardo Benítez, mientras sostenía la foto de su amada hija.
Expresó que espera que las autoridades acepten el cambio de las leyes y que el presunto autor pueda cumplir la condena como un adulto por el atroz crimen que cometió. La víctima estaba embarazada y con la intención de que abortada, fue torturada y quemada viva.
“Gracias a Fernanda unas cuantas jóvenes se salvarán de este criminal. Le mataron a mi hija y espero que estas personas vayan 30 o 40 años en la cárcel para pagar por lo que cometieron”, refirió.
En el caso están imputados un adolescente de 17 años y Mikahella Chiara Yasy Rolón Melgarejo, de 19 años, amiga del supuesto homicida. La mujer, que habría dado instrucciones sobre cómo acabar primero con la vida del bebé que llevaba en su vientre María Fernanda y luego con su propia vida.
Altos celebra un nuevo aniversario y la Justicia suspende actividades por un día
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La ciudad de Altos, una de las comunidades con mayor riqueza histórica del Paraguay, conmemorará este 10 de agosto un nuevo aniversario fundacional. En ese marco, la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar asueto judicial en la localidad perteneciente a la Circunscripción Judicial de Cordillera, además de prorrogar por un día el vencimiento de los plazos procesales previstos para esa fecha.
La disposición establece que todas las actuaciones cuyos plazos expiraban el lunes 10 de agosto pasarán automáticamente al martes 11, garantizando así la continuidad de los procesos sin afectar los derechos de las partes. La medida fue aprobada durante una sesión plenaria de la máxima instancia judicial, en ejercicio de sus atribuciones para organizar y asegurar el eficiente funcionamiento del sistema de administración de justicia.
Más allá del ámbito judicial, la fecha tiene un profundo significado para el departamento de Cordillera. Altos es considerada una de las ciudades más antiguas del país y, según la tradición histórica, fue fundada el 10 de agosto de 1538, aunque otra versión atribuye su origen a fray Luis de Bolaños en 1580, cuando se estableció como la primera reducción franciscana del Río de la Plata y del Paraguay.
Conocida como la “Terraza del País” por su privilegiada ubicación sobre la cordillera, Altos se consolidó con el paso de los siglos como un importante destino turístico y cultural. La ciudad sobresale por sus paisajes serranos, las vistas panorámicas al lago Ypacaraí, su tradicional artesanía en madera tallada y su valioso patrimonio religioso, encabezado por la histórica iglesia de San Lorenzo Mártir. Además, es reconocida como la cuna del célebre cantante Luis Alberto del Paraná, uno de los mayores embajadores de la música paraguaya en el mundo.
Denuncian intento de desalojo a docente jubilada de 76 años por un error catastral en San Pedro
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Este viernes, una docente jubilada de la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú denunció que enfrenta una demanda por un error catastral que atribuyó su terreno a otra persona y esta busca apropiarse de ella. Junto a su abogada, denuncia mala fe y pide justicia para conservar su casa.
Según la abogada Elva Yegros, representante legal de la mujer, su clienta Amelia Blanco de Yegros enfrenta una demanda judicial que busca despojarla del terreno y la vivienda donde ha residido de forma pacífica, pública e ininterrumpida por más de 29 años. La disputa se originó tras detectarse un aparente error material en el Servicio Nacional de Catastro.
“En el 2009 ella compró por resolución municipal este terreno y cuando ella decide titular su terreno va a la escribanía y ahí se entera que hubo un error, su terreno estaba inscripto a nombre de su vecina. El escribano le dijo que no se preocupe, que es fácil de enmendar, que suele pasar eso”, expresó Yegros, en entrevista con La Nación/Nación Media.
Los antecedentes indican que el inmueble perteneció históricamente a la familia de Amelia, siendo inicialmente ocupado por una tía suya. En el año 2009, la municipalidad regularizó la situación expidiendo una resolución oficial de venta a favor de la docente.
Resolución municipal a favor de la docente. Foto: Gentileza
Tras el error que ocurrió al titular el terreno, la señora Amelia tuvo que recurrir junto a la mujer en cuyo nombre se inscribió la propiedad. En un principio llegaron a buenos términos y pensaron que todo iba trascurrir como pensaron, pero grande fue la sorpresa cuando la mujer decidió tomar procesión de la vivienda.
“Ella se acercó a la señora Maura Andresa Valiente, le comenta del error, que habló con el escribano, que es fácil de enmendar. La señora en ese momento dijo que iba a hablar con sus abogados y que le iba a avisar en unos días, pero grande y desagradable fue la sorpresa que se llevó Amelia, porque ahí se entera y le llega la notificación de la demanda”, expresó la abogada.
Aclaró que creen que el error fue en registro de Catastro y que el número de la cuenta catastral del inmueble donde vive la docente se transcribió en el documento de la demandante. Todo se ocurrió porque las viviendas de ambas mujeres en su momento habrían pertenecido a la misma persona.
“Esta mujer con toda la mala fe del mundo junto a sus abogados está queriendo adueñarse de un inmueble que nunca compró, que ni siquiera fue inquilina en su momento, ni siquiera jamás pisó. Ahora se está queriendo aprovechar de ese error para despojarle a la señora Amelia de su casa”, manifestó Yegros.
Afirmó que ya realizaron los procedimiento correspondientes, pero que desean realizar la denuncia pública para que la docente pueda recuperar su propiedad. La comunidad y los familiares exigen que las autoridades judiciales y el Servicio Nacional de Catastro actúen para subsanar el error registral y devuelvan la propiedad a su legitima dueña.
“No pedimos nada fuera del lugar, no pedimos nada extraordinario, solo que la señora y la Justicia haga lo suyo que le devuelvan la tranquilidad a mi cliente. Soñamos con que antes de que ella muera vea la Justicia. Esperamos, queremos que la Justicia actúe”, puntualizó.
El error se dio porque la propiedad perteneció en su momento a la misma persona. Foto: Gentileza
El expresidente del IPS Jorge Brítez se entregó a la justicia
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El expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, se presentó este jueves ante la justicia tras su imputación y pedido de prisión preventiva por el Ministerio Público, en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones.
Su entrega se concretó cerca de las 8:00 ante el juzgado penal de garantías especializado en Delitos Económicos. Hoy se prevé la realización de una audiencia de imposición de medidas cautelares ante el juez Rodrigo Estigarribia.
La defensa legal ejercida por José Fernández Zacur cuestionó la solicitud del agente del Ministerio Público, Julio Ortiz, en requerir su reclusión, sosteniendo que tiene 70 años y que la medida no correspondería por su condición de adulto mayor.
El pedido fue realizado el martes pasado por el agente fiscal ante la gravedad del daño patrimonial y el peligro de fuga u obstrucción. Además de Brítez, también está imputado otro extitular de la previsional, Vicente Bataglia, quien se encuentra actualmente en Italia y no se descarta una orden de captura internacional.
La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.
El fiscal Fermín Segovia solicitó penas de 10, 4 y 3 años de cárcel para tres acusados por la participación en el feminicidio de María Fernanda, ocurrido en Coronel Oviedo. FOTO: GENTILEZA
Feminicidio de María Fernanda: Fiscalía pidió 10, 4 y 3 años de cárcel para acusados
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En una decisiva jornada judicial dentro del juicio oral y público que se realiza por el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez Martínez, el fiscal de la causa, Fermín Segovia, presentó de manera formal los alegatos finales de la representación fiscal. Durante su exposición, el agente del Ministerio Público solicitó una pena privativa de libertad de 10 años para Mikhaela Chiara Yasy Rolón Melgarejo, a quien sindica como una pieza clave en la ejecución del crimen ocurrido en la ciudad de Coronel Oviedo.
De acuerdo con los argumentos esgrimidos por el fiscal Segovia, el rol de Rolón Melgarejo no fue secundario, sino que tuvo una participación fundamental en calidad de instigadora. Las investigaciones y los elementos probatorios producidos en el debate oral indicarían que la acusada ejerció una fuerte y directa influencia psicológica sobre el adolescente de iniciales B. S., determinándolo y alentándolo a avanzar con las acciones materiales que finalmente terminaron de forma violenta con la vida de María Fernanda.
Por otra parte, la Fiscalía extendió el pedido de reprochabilidad hacia los demás procesados en la causa, quienes habrían colaborado activamente en la impunidad del hecho. En ese sentido, se requirió la pena de 4 años de cárcel para Franco Antonio Acosta, bajo los cargos de frustración de la persecución penal y ocultamiento de evidencias.
El fiscal fundamentó este pedido revelando que Acosta mantuvo conversaciones con el adolescente B. S. orientadas a la obtención de medicamentos utilizados habitualmente para la interrupción de embarazos, lo cual conecta directamente el trasfondo del caso con el posterior desenlace fatal.
Finalmente, para el tercer involucrado, Ricardo Villamayor, el Ministerio Público solicitó una condena de 3 años de pena privativa de libertad. Según lo acreditado por la Fiscalía durante el juicio, Villamayor tuvo un contacto fluido y directo con el entorno familiar del adolescente involucrado.
A pesar de que el acusado manejaba información precisa y de alto valor sobre la desaparición y la situación real de la víctima, optó de manera deliberada por guardar silencio y omitió comunicar dichos datos relevantes a los investigadores y a las autoridades policiales o judiciales, configurándose así el ocultamiento de evidencias que retrasó el esclarecimiento del caso.