El interventor asignado en la Municipalidad de Ciudad del Este terminó confirmando documentalmente lo que ya sabía todo el pueblo y que ya fuera anticipado en un informe previo de la Contraloría General de la República (CGR). La administración de Miguel Prieto consolidó una estructura para desviar fondos públicos a través de licitaciones y comisiones vecinales utilizadas como simples intermediarias para cobro de jugosos cheques.
Para muchos, principalmente por el blindaje mediático con el que goza el cuestionado intendente esteño, resultó una sorpresa, un balde de agua fría la información detallada y documentada que brindó el interventor para graficar el modus operandi de una rosca dedicada a violentar leyes mediante un sistema cuidadosamente planificado para embolsillarse recursos del Estado y de los contribuyentes del municipio de Ciudad del Este. Sin embargo, para ciudadanos organizados que tienen la lupa puesta en la gestión de Prieto como una parte muy pequeña de la prensa simplemente esperaron estas conclusiones y que las mismas realmente sirvan para que la Justicia caiga con todo el peso de la ley sobre quienes bastardearon la comuna.
Contundente. Las evidencias colectadas demuestran que la administración de Prieto operó un esquema que, burlando normativas, se enfocó en el despojo del dinero público. Pagos adelantados por la totalidad de la adjudicación de obras que todavía no tenían actas de recepción, firmas creadas sin mayores infraestructuras para acopiar contratos directos y mediante comisiones vecinales por parte de parientes de la exnovia del intendente de nombre Vanessa Florentín, muy conocida como Vanemi, la misma que está procesada por estar involucrada en la facilitación de facturas en compras simuladas de mercaderías como es el caso Tía Chela, forman parte del rosario de maniobras en la ejecución de recursos.
La esencia y el fin de la institución se prostituyeron. Organizaciones de vecinos, esperanzados en contribuir con las labores de la municipalidad, fueron usadas como simples intermediarios para endosar cheques para la tajada del mismo grupo cerrado, parientes de la exnovia de Prieto y algunos amigos operadores de su campaña. Mientras el jefe comunal intenta justificar con errores administrativos estos procesos simulados, amañados, privaron a la institución de contratos en condiciones más competitivas, principalmente en calidad y precios.
Fuertes indicios de pedidos de coimas para obras adjudicadas con precios que están por las nubes, jugosos anticipos y ofertas que adivinaron para ajustar presupuestos a los disponibles por la municipalidad. Pero estas amañadas ejecuciones no solo se reducen al favoritismo del bolsillo de los amigos y la ex con sus parientes, sino que sacrificaban intereses ciudadanos ya que, contratos que apuraron por vía de la excepción basados en urgencia impostergable en la mayoría de los casos no fueron al ritmo de los contratos y mientras fortalecen el negocio de los amigos, los vecinos esperan por obras que empresas sin capacidad financiera ni estructural no pueden honrar como corresponde.
El informe preliminar graficó y describió de manera clara el modus operandi de la maquinaria para delinquir, tal como calificó el interventor. No puede ocultarse el sol con un dedo, los sucesos en Ciudad del Este que no son aislados, subestiman a las instituciones de control y de justicia como si estuvieran exentos del cumplimiento de la ley.
Planillerismo, nepotismo, reparto indiscriminado de contratos, despilfarro en la ejecución de gastos, empresas de maletín sin la mínima infraestructura adjudicadas con grandes obras imposibles para sus capacidades, construcciones atrasadas, no pueden catalogarse como simples errores. Por casos como estos, varios políticos conocieron la cárcel. ¿Por qué en el caso de Prieto tendrían que minimizarse hechos que atentan contra el bien público?
La ciudadanía esteña merece un administrador municipal eficiente, piadoso del bolsillo de la gente y abocado al cuidado del patrimonio de su ciudad. Evidentemente, Miguel Prieto defraudó esa confianza y hoy su presencia es más perjudicial que beneficiosa para la institución.
Pero, además, ningún servidor público sospechoso y que carga sobre sus espaldas fuertes indicios de corrupción en su gestión debe estar a cargo de la administración del dinero público. Prieto, como otros con dudoso desempeño, tiene la obligación de afrontar la Justicia, rendir cuentas de sus actos. Atornillarse al cargo en medio de una desconfianza generalizada no es saludable para ninguna institución.
Corresponde que la Justicia actúe y los que tienen cuentas pendientes asuman las responsabilidades de sus actos.