Un presunto intento de feminicidio se registró este domingo por la tarde en el asentamiento Lucio Martínez, barrio Santa Lucía, ciudad de Capiatá. La mujer herida por un impacto de arma de fuego se encuentra con pronóstico reservado y en estado delicado de salud en el Hospital del Trauma.
Según el reporte policial, la víctima sería Cynthia Carolina Morínigo Peloso, de 32 años, quien se encontraba en su vivienda. En la vivienda también estaba su pareja, identificada como Reinaldo Torres Gamarra, de 45 años, cuando este último habría iniciado una fuerte pelea entre ambos.
En un momento dado, la discusión se habría salido de control y el hombre desenfundó un arma y disparó en dos ocasiones contra la humanidad de su pareja, quien recibió un impacto en la zona del abdomen sin orificio de salida.
“La pareja sentimental de la víctima habría sido la responsable del disparo; el mismo, tras lo ocurrido, se dio a la fuga, por lo que inmediatamente comenzamos las averiguaciones y logramos dar con la dirección de la casa de sus padres, y finalmente llegamos hasta el lugar y logramos su detención”, comentó el comisario César Paiva, jefe de la comisaría 59 central Toledo Cañada.
El interviniente precisó que el hombre se encontraba en estado etílico al momento de la intervención, y del poder del mismo se incautó el arma de fuego que habría sido utilizada para herir a su pareja. El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público y el caso es llevado adelante por el fiscal Hugo Pérez.
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Indert toma medida sobre casos de violencia contra la mujer y recibe apoyo de campesinos
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) tomó medidas ante denuncias realizadas sobre casos de diversas formas de violencia, presuntamente cometidas por cuatro funcionarios o personas vinculadas a la institución. Las denuncias fueron hechas por funcionarias del Indert, y la jueza de Paz del distrito de la Recoleta, María Bethania Mendieta, dispuso medidas de protección urgentes en favor de 8 funcionarias.
Ante esta resolución judicial, el presidente de la institución, Francisco Ruiz Díaz, resolvió el traslado cuatro de los denunciados a distintas dependencias del ente en el interior del país. El hecho ocurrió en la administración anterior, aclara la institución.
La magistrada ordenó la prohibición de acercamiento de los denunciados a las víctimas, a sus familiares y a los lugares que estas frecuentan, además de prohibir cualquier acto de intimidación, persecución, amenaza o descrédito, ya sea de manera directa o a través de terceros o medios tecnológicos.
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Por Resolución n.° 1452, el titular del Indert dispuso el traslado del funcionario Bernardo Diosnel Sosa, para prestar servicios en la agencia regional de Arroyito, Concepción. Por la Resolución n.° 1453, se resolvió el traslado del funcionario Rubén Estanislao Galeano, a prestar servicios en la Dirección Departamental de Paraguarí.
Por Resolución n.° 1450, fue trasladado el funcionario Fredy Bernardo González a la Dirección Departamental de Guairá. Así también, por Resolución n.° 1453, se dispuso el traslado del funcionario Arnaldo Andrés Britos, a la Dirección Descentralizada de San Pedro, con asiento en la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú.
Gremios campesinos apoyan decisión
Ante esta decisión, la Coordinadora Nacional de Beneficiarios de la Reforma Agraria (Conabertt) emitió un comunicado público, en el cual respalda al presidente y a la institución. Así también, expresa el repudio ante estos hechos sufridos por las funcionarias.
“Repudiamos los hechos de coacción y amenazas ejercidos por altos jerarcas de administraciones anteriores, sobre quienes la jueza María Bethania Mendieta dictó prohibición de acercamiento a las víctimas por Ley n.° 5777/2016, señala el pronunciamiento de la organización campesina. Conabertt valora y respalda la decisión del presidente del INDERT, Econ. Francisco Ruiz Díaz, de disponer el traslado inmediato de los 4 funcionarios denunciados a agencias regionales del interior, dando cumplimiento íntegro al mandato judicial”, señala el comunicado.
Igualmente, la organización insta al Ministerio Público a avanzar en la investigación por coacción, teniendo en cuenta que las medidas administrativas no sustituyen a la justicia penal.
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Capiatá: concluye tercera misión médica conjunta entre Paraguay y Estados Unidos
Culmina este viernes, 26 de junio, la misión médica conjunta entre Paraguay y Estados Unidos - Amistad ‘26: Unidos Fortaleciendo alianzas mediante compromisos en salud global.
Las jornadas médicas, que se llevan a cabo en la ciudad de Capiatá, se iniciaron el pasado 15 de junio, con el arribo de un equipo de la Fuerza Aérea del Sur de los Estados Unidos.
Se trata de la tercera misión de este tipo que ofrece de forma gratuita servicios esenciales de atención médica en oftalmología, odontología, audiología y salud familiar.
El equipo norteamericano viene trabajando con sus pares paraguayos, profesionales civiles y militares, en cuatro Unidades de Salud Familiar (USF) de la XI Región Sanitaria, Central, dependiente del Ministerio de Salud.
Integrada por aproximadamente 35 efectivos, entre personal médico, técnico y de apoyo, la misión estadounidense reúne especialistas en atención de emergencia, enfermería, odontología, oftalmología, optometría, farmacia, audiología y medicina familiar, según informó la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay.
El equipo visitante brinda además formación en preparación clínica al personal militar de nuestro país, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y los directores médicos paraguayos de la mencionada región sanitaria. El servicio alivia la sobrecarga del sistema sanitario local.
Los profesionales estadounidenses vienen colaborando estrechamente con los médicos locales garantizando la continuidad de la atención en todos los procedimientos realizados.
La misión aporta todos los medicamentos, suministros y equipos necesarios y destinará los excedentes al fortalecimiento de la infraestructura sanitaria local.
Los pacientes fueron seleccionados de manera previa por los directores médicos locales conforme a las especialidades disponibles, asegurando que la asistencia prestada responda a las necesidades más urgentes de la comunidad.
Por tercer año consecutivo Amistad ‘26 reafirma el compromiso de los Estados Unidos con el desarrollo de capacidades médicas y el fortalecimiento de alianzas internacionales más allá de sus fronteras.
Por otro lado, la sede diplomática informó que este año, la misión extenderá su alcance a comunidades de República Dominicana, consolidando su papel como plataforma de cooperación sanitaria regional.
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Piden juicio para hombre por abuso a tres sobrinos
Escalofriante relato de hechos en el que el sospechoso para cubrir sus abusos amenazaba de muerte a sus sobrinos de 13, 11 y 8 años.
- Ciudad del Este. Agencia regional.
Hace seis meses fue denunciado el abuso sexual de tres niños cometido supuestamente por el tío de las víctimas, en el distrito de Presidente Franco. El jueves, el fiscal Alberto Torres acusó y pidió juicio oral de un hombre de 50 años por los hechos punibles de abuso sexual en niños, coacción sexual y violación.
Los actos violentos se habrían desarrollado de forma sistemática desde principios de 2025 hasta diciembre de ese mismo año, en un inmueble ubicado en la colonia San Isidro de Domingo Martínez de Irala. De acuerdo al escrito fiscal, el hoy acusado comenzó a perseguir y manosear las partes íntimas de su sobrina, quien en ese momento tenía 13 años de edad.
ANTECEDENTES
En fecha 13 de mayo de 2025, el acusado fue a la casa de la menor, la persiguió, la acosó sexualmente y a la fuerza le tocó sus partes íntimas, para luego someterla sexualmente. Posteriormente, la amenazó diciéndole que si contaba a alguien lo sucedido, iba a acabar con la vida de sus hermanitos y de su madre.
Las agresiones siguieron y el tío tomaba fotografías de las partes íntimas de la víctima, la amenazaba con publicarlas en las redes sociales y le entregó como regalo un aparato celular.
Posteriormente, el 23 de noviembre de 2025, el sospechoso atacó a una segunda sobrina, de apenas 11 años de edad, hermana de la primera víctima, quien trabajaba como ayudante de limpieza en la vivienda del acusado.
REACCIÓN
Cuando la empezó a tocar a la fuerza, la niña reaccionó forcejeando y logró zafarse, pero su tío la amenazó con asesinar a sus hermanos y a su madre si contaba lo ocurrido, hechos que se repitieron en varias oportunidades.
El acusado llegó a violentar a un tercer sobrino, un niño de 8 años de edad, a quien prometió comprar una bicicleta si no contaba a nadie lo sucedido. Finalmente, las víctimas contaron las agresiones que sufrieron y la familia formalizó la denuncia.
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Rescatista que salvó a Canela denuncia amedrentamiento
La directora de la organización Olfateando Huellas, Diana Camarasa Delgado, denunció ser víctima de supuesto acoso y amedrentamiento tras negarse a entregar a la perrita Canela a sus antiguos dueños, como lo dispuso la jueza Carmen Rossana Román.
“Hoy (jueves) estuvieron en mi propiedad la exdueña de Canela junto con su abogado, policías y un ñembo adiestrador canino de nombre Pablo Olmos, a quien en su momento le dimos mucho trabajo por medio de la fundación”, indicó a través de la página oficial de la organización protectora de animales.
Añadió que dichas personas estuvieron sacando fotos y realizando filmaciones de su propiedad con intenciones desconocidas, incluso entraron en el predio vecino, al parecer buscando alguna cosa, precisó Camarasa.
“Me siento acosada, amedrentada y con miedo de que le suceda algo a mis animales. Quiero dejar constancia por este medio y también lo haré de manera formal, por si mi propiedad sea dañada, mis animales sean perjudicados o para lo que hubiere lugar”, expresó la protectora de animales.
Por otro lado, informó que Canela ya no se encuentra en su propiedad y que la información sobre su destino será manejada por los medios legales que corresponda.
La resolución de la jueza Penal de la Adolescencia de Luque de devolver a sus antiguos dueños a Canela generó un fuerte rechazo ciudadano así como la indignación de grupos proteccionistas y organizaciones de defensa animal.
La Dirección de Defensa y Bienestar Animal rechazó la medida argumentando que el entorno familiar falló en el deber del cuidado y resguardo de la mascota. Sin embargo, la jueza argumentó que la familia no tuvo responsabilidad directa en la agresión al animal, el cual perdió la mandíbula a causa de la explosión de un petardo en la boca.
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