Las autoridades de Brasil y Paraguay investigan a una red de trata de personas luego de que rescataron a varias mujeres de nacionalidad paraguaya que eran sometidas en un prostíbulo en Itapoá, Santa Catarina. La mayoría de las jóvenes fueron reclutada del departamento de Alto Paraná y ya se encuentran protegidas.

Según el reporte de los intervinientes el operativo se realizó en un casa de citas denominada “La Casa de las Paraguaya” en la ciudad de Itapoá ubicado a unos 600 kilómetros de la frontera de nuestro país. En el sitio fueron encontradas a 14 paraguayas que eran víctimas de trata de personas como explotación sexual.

La denuncia fue realizada por una joven de 22 años, esta confirmó que las mujeres eran llevadas bajo engaños y con la falsa promesa de obtener trabajo en el vecino país. Sin embargo, al llegar a tierra brasileña eran despojadas de sus pertenencias e incomunicadas para ser sometidas a explotación sexual.

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El procedimiento se realizó el viernes, 7 de agosto, donde se rescató a 14 mujeres, todas paraguayas, la mayoría de Alto Paraná. Entre ellas estaba una joven de 23 años, quien sin temor denunció que fue secuestrada y que está en el sitio hace dos meses, las personas que la llevaron le sustrajeron sus documentos para impedir su regreso a Paraguay.

Las autoridades de Brasil y Paraguay buscan desmantelar esta red de trata de personas, identificar a otros posibles involucrados y establecer si existen más víctimas. Las compatriotas fueron resguardadas y protegidas, algunas decidieron volver a territorio nacional y otras permanecerán en el vecino país.

En el sitio se logró de tener a dos mujeres, que serían las responsables del prostíbulo. Una de ellas es de nacionalidad paraguaya y se presume que cumplía funciones de control como reclutamiento de las víctimas; la otra de una brasileña co-propietaria o responsable legal del inmueble.

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Una comitiva fiscal-policial, encabezada por la agente fiscal Blanca Rosa Aquino, de la Unidad Penal N.º 3 de J. Augusto Saldívar, allanó este jueves la sede de la Junta Municipal de Ypané en el marco de la causa N.º 3855/2026, que investiga la presunta usurpación de funciones públicas por parte de la concejal liberal Mirta Elena Oviedo.

El procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden judicial y forma parte de las diligencias impulsadas por el Ministerio Público para recabar evidencias relacionadas con la investigación.

Los trabajos de la comitiva consistieron en recabar información, documentos y evidencias relacionadas con los hechos ocurridos el pasado 27 de julio, cuando la concejal Oviedo volvió a asumir como intendenta durante una controvertida sesión desarrollada en la Junta Municipal.

Esto teniendo en cuenta, que la misma ya había sido designada anteriormente por los miembros de la bancada liberal oficialista, sin contar con el quórum requerido. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia Electoral había resuelto una medida cautelar, dejar sin efecto dicha resolución por no cumplir con los requerimientos del estatuto municipal.

Al respecto, el concejal colorado Rubén Cabral en comunicación con La Nación/Nación Media, recordó los antecedentes del caso, ya que durante aquella jornada del pasado 27 de julio, se registraron incidentes que habrían impedido la normal participación de algunos concejales. De acuerdo con las denuncias presentadas, un grupo de manifestantes bloqueó la salida de ediles colorados de la sala de sesiones, situación que habría permitido mantener el quórum necesario para llevar adelante el acto para que la concejal Oviedo preste nuevamente juramento como jefa comunal.

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Al respecto, señaló que la bancada colorada realizó la denuncia formal ante el Ministerio Público, en defensa de la institucionalidad, en rechazo a que se le eligió a la citada concejal liberal sin contar con el quórum correspondiente; además que existía la medida cautelar del TSJE que anulaba todo ese procedimiento, y que la misma no fue respetada.

“Con base a estos hechos, denunciamos el desacato a la orden judicial y se formaron cuatro carpetas fiscales ante la misma fiscal Aquino, en fechas diferentes, prácticamente cada semana con diversas denuncias”, comentó.

Señaló que la fiscal Aquino fue recusada por el oficialismo municipal, en tanto que la agente fiscal en todo momento buscó la forma de conocer cómo fue designada la concejal Oviedo y bajo qué circunstancias. Indicó que en varias ocasiones llegó a través de la comisaría local varios oficios para que se remita a la Fiscalía los documentos, y las respuestas a las preguntas de la fiscal, pero ni la Junta Municipal ni la Intendencia respondieron a dichos oficios.

“La fiscal ya había solicitado en dos ocasiones anteriores órdenes de allanamiento, pero fue recusada en esas carpetas fiscales. Incluso este jueves, durante el procedimiento, el concejal Denis Chamorro le manifestó que se encontraba recusada. Ante ello, la agente fiscal Blanca Rosa Aquino aclaró que la recusación corresponde a otra causa y no al expediente en el que estaba interviniendo en esa oportunidad”, señaló.

De acuerdo a las declaraciones de la agente fiscal Aquino, brindó a medios locales, la investigación del Ministerio Público apunta a determinar si la exautoridad municipal ejerció funciones públicas sin contar con la competencia legal correspondiente, conducta que podría encuadrarse en el hecho punible de usurpación de funciones públicas, previsto en la legislación paraguaya con penas que pueden alcanzar hasta cinco años de privación de libertad.

Respecto a los documentos y evidencias incautados informó que serán analizados por el Ministerio Público como parte de las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades. El caso continúa en etapa investigativa y la Fiscalía no descarta nuevas actuaciones en el marco de la causa.

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Alrededor de 1.000 frascos de Tirzepatida, aparentemente falsificados, fueron incautados en un allanamiento llevado a cabo este jueves en Pedro Juan Caballero. En el procedimiento quedaron detenidos dos brasileños y un paraguayo. Los aprehendidos fueron identificados como Marco Antonio Teixeira Furtado (37) y João Paulo Moura Neves (33), ambos de nacionalidad brasileña, además de Juan Martínez Ovando (32), paraguayo.

La intervención, a cargo de agentes del Departamento de Delitos Económicos, con apoyo del Grupo GEO y el Ministerio Público, se llevó a cabo en una lujosa vivienda del bario Mariscal Estigarribia, donde presuntamente funcionaba un laboratorio clandestino dedicado a la fabricación de medicamentos falsificados de Tirzepatida.

La fiscal Katia Uemura explicó que en el lugar encontraron varios elementos que serían utilizados para la elaboración del producto utilizado como adelgazante. Entre ellos, materiales propios de laboratorio, maquinarias, envases de vidrio, embalajes de cartón y otros insumos relacionados con el proceso de producción, informó Radio Imperio 106.7 FM.

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“Encontramos elementos propios de laboratorio, materiales para embalaje y maquinarias para producir la marca”, señaló la agente fiscal.

El medicamento presuntamente era destinado a la comercialización. En ese sentido, los detenidos habrían manifestado que cuentan con una farmacia ubicada en el Shopping Dubai, donde supuestamente ofrecían el producto. Los intervinientes incautaron tubos de ensayo, dosificadoras, máquina para baños ultrasónicos, agitador magnético, lapiceras inyectables, elementos para embalar cartón. Asimismo, varios embalajes de vidrios para goteo, suero, adhesivos de seguridad, entre otros. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar el alcance de la operación y la responsabilidad de los involucrados.

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Cuatro mujeres que denunciaron abusos sexuales por parte de Mohamed Al Fayed, antiguo propietario de los grandes almacenes Harrods, fueron reconocidas por las autoridades británicas como víctimas de trata, informó el lunes a la AFP la asociación que las representa. Desde la emisión de un documental de la BBC en septiembre de 2024, el antiguo empresario egipcio, fallecido en 2023 sin haber sido nunca procesado, ha sido acusado por decenas de mujeres de agresiones sexuales, violaciones y trata de seres humanos.

La mayoría de ellas trabajaba en Harrods, en Londres, o en las distintas propiedades de Al Fayed, como el hotel Ritz de París. Cuatro mujeres bajo los seudónimos de Isabella, Justine, Elizabeth y Margo, que crearon la asociación de defensa de las víctimas “No One Above” (Nadie por encima), anunciaron el lunes que habían sido reconocidas oficialmente, entre mayo y julio, como víctimas de trata de seres humanos por el Ministerio del Interior británico.

Sus expedientes habían sido remitidos a las autoridades por la asociación Unseen UK, que acompaña a víctimas de esclavitud moderna. Los hechos denunciados ocurrieron entre los años 1990 y 2010 en Reino Unido y otros países, indicó a la AFP Isabella, quien trabajaba en Harrods en 2001.

“El público cree que se trataba simplemente de un hombre malo actuando solo. Pero no habría podido hacer lo que hizo sin que Harrods le proporcionara mujeres y luego las silenciara”, declaró a la agencia británica PA.

La BBC reveló en abril que Rachael Louw, antigua dependienta de Harrods, también había sido reconocida como víctima de trata de personas por el Ministerio del Interior.

Unas 157 víctimas se han presentado ante la policía británica para acusar a Al Fayed de violaciones, agresiones sexuales y explotación con fines sexuales.

Decenas de antiguas empleadas de los grandes almacenes londinenses también solicitaron una indemnización, en el marco de un programa puesto en marcha por Harrods tras las revelaciones sobre su antiguo dueño.

La policía interrogó a seis personas sospechosas de haber facilitado las acciones de Al Fayed, sin que se haya producido por el momento ninguna detención. Algunas fueron interrogadas en el ámbito de una investigación por trata de personas con fines de explotación sexual. Varias víctimas, entre ellas Rachael Louw, han acusado a la policía británica de no prestar suficiente atención al caso.

Fuente: AFP.