Ciudad del Este. Agencia Regional.
La Escuela de Artes y Oficios y el local de la Consejería de la Niñez (Codeni) de Ciudad del Este fueron destinados por la municipalidad local como albergues temporales, para dar abrigo a niños, madres con niños y adultos en situación de calle ante el descenso de temperatura y días de mucho frío. Están habilitados desde anoche.
Norma Duarte, encargada de atender a los adultos, informó que hicieron anoche recorridos por la ciudad, en base a puntos tentativos donde podían encontrar a las personas en situación vulnerable y abordarlos para ser llevados hasta los locales de abrigo, donde ya estaban algunos.
Lo mismo en el caso de niños, niñas, adolescentes y madres con niños, quienes podrán estar en Codeni. “En este mismo momento nos llegaron cinco niños, aquí en la Escuela de Artes y Oficios, quienes serán llevados hasta Codeni; estaremos trabajando durante la noche”, dijo Duarte a La Nación/Nación Media.
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“Con los adultos mayores es difícil el abordaje, ellos tienen el temor de ser trasladados a centros de rehabilitación, teniendo en cuenta que muchos tienen adicciones al alcohol, pero nosotros queremos darles abrigo en un lugar adecuado”, manifestó la encargada.
Mencionó que disponen de camas, abrigos, alimentos y sanitarios con duchas adecuadas para la temperatura actual, al igual que el local donde está preparado para los niños y mujeres en situación de calle.
En ambos locales habilitados, desde anoche ya fueron atendidas varias personas. Mujeres y niños indígenas fueron en gran medida los que fueron abordados. Los responsables de ambos sitios piden a la ciudadanía que comuniquen sobre personas en situación de calle para que reciban el abrigo.
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Emergencia en Ciudad del Este: inundaciones y derrumbe de viviendas deja a familias a la intemperie
La situación se torna crítica para varias familias de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, donde las inundaciones y los daños en viviendas mantienen en alerta a los pobladores.
En el barrio Fátima se reportaron deslizamientos de tierra que provocaron el derrumbe de casas y la caída de árboles, dejando a algunas familias a la intemperie y con la necesidad urgente de recibir asistencia.
Los afectados solicitan ayuda ante la pérdida de sus viviendas y las dificultades para resguardarse de las condiciones climáticas.
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Evacúan a familias del barrio San Rafael
Por otra parte, en la zona baja del barrio San Rafael continúan los trabajos de evacuación de familias afectadas por la crecida del río Paraná y el desborde del arroyo Acaraymí.
Según los últimos reportes, unas 60 familias ya fueron evacuadas de las zonas inundadas. Los trabajos de asistencia cuentan con la participación de Itaipú Binacional, la Municipalidad de Ciudad del Este, Bomberos Voluntarios y otras instituciones.
El avance de las aguas mantiene en alerta a los habitantes de sectores ribereños, ante el riesgo de que más viviendas resulten afectadas. Mientras prosiguen las tareas de evacuación, los pobladores de los sectores perjudicados aguardan asistencia para enfrentar las consecuencias de esta emergencia.
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Itaipú reubicó a 23 familias en CDE ante crecida del río Paraná y cota se estabilizó
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Ante la crecida del río Paraná fueron reubicadas hasta ahora 23 familias del barrio San Rafael de Ciudad del Este con intervención de Itaipú, entre las cuales, seis son las casas anegadas, mientras las demás familias fueron reubicadas por estar en lugares donde llegaría el agua en los próximos días, según dijo a La Nación/Nación Media, Derlis Gauto, asesor de Responsabilidad Social de la hidroeléctrica.
Las familias fueron trasladadas a refugios preparados en la zona alta del barrio, desde la zona baja siempre afectada por la crecida del río Paraná y en consecuencia, del arroyo Acaraymi.
Actualmente, el río se encuentra en la cota de 109,17 metros sobre el nivel del mar (msnm) en la estación del Puente de la Amistad. Según las proyecciones de la División de Estudios Hidrológicos y Energéticos, de Itaipú, el nivel del río Paraná oscilaría entre los 109 y 112 metros los próximos días, según Itaipú.
Derlis Gauto explicó que por ahora no se hará más reubicación porque el nivel de la cota no afectará a más casas este fin de semana. Pero, el próximo aumentaría de nuevo hasta la cota 116 o 117, según la previsión hidrológica. Ante eso, se prevé retomar la reubicación de las familias desde el jueves de la próxima semana porque más casas quedarían bajo agua.
Gauto explicó que la intervención busca anticiparse a los efectos de la crecida y evitar que las familias queden expuestas a situaciones de peligro. Remarcó que la respuesta de los pobladores ha sido favorable y que los trabajos continuarán el tiempo que sea necesario.
Asistencia incluye provisión de alimentos
La asistencia incluye vehículos para el traslado de personas y pertenencias, logística, instalación de carpas, baños y provisión de alimentos para las familias que deban abandonar sus hogares.
También se organizó el suministro de insumos para preparación de comidas con la colaboración de voluntarios y vecinos de la comunidad, que se sumaron a las tareas de evacuación y apoyo a los afectados, según comunicación de Itaipú.
El operativo forma parte del plan de contingencia activado por la hidroeléctrica desde el miércoles 7 de octubre, que contempla avisos anticipados a los pobladores, monitoreo hidrológico y despeje preventivo de los sectores expuestos.
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Deysi Paola: el rostro de una protección que falló
Deysi Paola Giménez Segovia tenía apenas 22 años y un futuro por delante. Estaba en el último tramo de la carrera de Derecho, trabajaba y buscaba construir su independencia. Pero la noche del jueves 8 de octubre, cuando caminaba hacia su lugar de trabajo en Lambaré, fue asesinada a tiros en plena vía pública. El principal sospechoso es su expareja, Aldo Alexis Duarte, de 26 años, quien permanece prófugo.
La joven había denunciado hechos de violencia y amenazas atribuidos al hombre. También contaba con una orden judicial de alejamiento. Sin embargo, esa medida no consiguió evitar el desenlace fatal.
El caso no solo conmociona por la brutalidad del crimen, sino por los antecedentes que ahora colocan bajo cuestionamiento la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia.
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Denunció, pidió protección y terminó asesinada
Según los reportes policiales, Deysi había recurrido a la Justicia ante situaciones de violencia atribuidas a su expareja. Un juzgado de Capiatá, donde vivían anteriormente, había dispuesto una medida de restricción.
El abogado William Amaral Martínez, quien fue jefe de la joven, aseguró que existían antecedentes de acoso y amenazas denunciados ante el Juzgado de Paz de Lambaré y que el caso también había llegado al Ministerio Público.
Amaral cuestionó la respuesta institucional y denunció que no se habría activado el protocolo de protección. También hizo referencia a demoras en el tratamiento judicial del caso, circunstancias que requieren una revisión de los expedientes correspondientes.
La joven, que estaba próxima a culminar sus estudios de Derecho, había acudido precisamente a las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de las leyes. Su muerte instala una contradicción dolorosa: una futura abogada que recurrió al sistema judicial en busca de protección terminó siendo víctima de la violencia que había denunciado.
Una ley que protege en el papel, ¿pero también en la práctica?
Paraguay cuenta desde 2016 con la Ley 5777, de Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia, que establece medidas preventivas y mecanismos de protección para las víctimas.
Entre esas disposiciones se encuentran las órdenes de alejamiento, las prohibiciones de amenazas, persecución y acoso, así como responsabilidades para las instituciones involucradas.
No obstante, casos como el de Deysi Paola plantean interrogantes sobre el seguimiento efectivo de esas medidas y la capacidad del Estado para intervenir antes de que las amenazas se conviertan en hechos irreparables.
La existencia de una resolución judicial no garantiza, por sí sola, la seguridad de una persona. Su efectividad depende también de la evaluación del riesgo, el seguimiento policial, la actuación fiscal y la coordinación entre las distintas instituciones.
En este caso, será fundamental esclarecer qué actuaciones se realizaron después de las denuncias y si existieron omisiones o demoras que pudieron haber comprometido la protección de la víctima.
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¿Es momento de revisar las leyes?
La muerte de Deysi Paola vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de evaluar tanto la legislación vigente como los procedimientos para su aplicación.
Entre las propuestas que merecen un debate legislativo se encuentran el seguimiento obligatorio de las órdenes de restricción, la evaluación inmediata del nivel de riesgo de las víctimas, el fortalecimiento del monitoreo electrónico de agresores y la intervención urgente cuando se detectan incumplimientos.
Otro aspecto fundamental es establecer controles efectivos sobre la actuación de las instituciones responsables de atender denuncias, garantizar la coordinación entre juzgados, Fiscalía y Policía, y determinar responsabilidades cuando se comprueben negligencias.
El desafío no pasa únicamente por aumentar las penas o aprobar nuevas disposiciones, sino por conseguir que los mecanismos de protección funcionen antes de que ocurra una tragedia.
Una tragedia que exige respuestas
Hasta septiembre de este año, el Ministerio Público había registrado 19 víctimas de feminicidio y 28 tentativas en Paraguay. Detrás de esas cifras hay mujeres, familias y proyectos de vida interrumpidos por la violencia.
Deysi Paola Giménez representa hoy mucho más que un nuevo caso en las estadísticas. Su historia obliga a examinar qué sucede después de que una mujer denuncia, solicita protección y espera una respuesta efectiva de la Justicia.
La investigación deberá determinar las responsabilidades penales del crimen, pero también corresponde esclarecer cómo actuaron las instituciones que conocieron sus denuncias.
Porque el verdadero alcance de una ley de protección no se mide solamente por las medidas que permite dictar, sino por su capacidad para evitar que una mujer amenazada termine asesinada.
Deysi recurrió a la Justicia para proteger su vida. Ahora, el Estado debe explicar qué hizo para protegerla.
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Avanza la restauración de la Catedral San Blas de Ciudad del Este
Las obras de restauración de la Catedral San Blas de Ciudad del Este, afectada por un incendio en febrero pasado, avanzan de acuerdo con el cronograma establecido. Los trabajos, financiados por Itaipú Binacional, se focalizan en esta etapa en la recuperación de los sectores de hormigón impactados por el siniestro y en el desmontaje ordenado de la estructura del techo.
El ingeniero Armando Ortiz, superintendente de Ingeniería de la Dirección Técnica de la Entidad, explicó el inicio de las tareas. “Estamos acompañando lo que es el avance de las obras de recuperación de la Catedral de Ciudad del Este. Las labores comenzaron con el desmontaje de la estructura del techo en la zona donde se encuentra el hormigón. La recuperación de la estructura de hormigón constituye la prioridad en esta etapa”, enfatizó.
Una firma especializada asume el tratamiento de las patologías detectadas en el material dañado. Tras este procedimiento, se prevé retirar las estructuras metálicas y de madera del techo en un plazo estimado de mes y medio. Ortiz subrayó los desafíos operativos de la intervención: “Es un trabajo bastante delicado porque requiere mucha estrategia de seguridad”, acotó, al detallar los estrictos protocolos aplicados para resguardar a los trabajadores.
El diagnóstico inicial determinó el estado patológico tanto del hormigón como de la madera de la iglesia. Una vez que concluya la restauración integral de la base de hormigón, las cuadrillas procederán a la instalación de una estructura completamente nueva y a la posterior colocación de la cubierta definitiva del recinto sagrado.
Itaipú realiza una fiscalización permanente del proyecto a través de su Superintendencia de Ingeniería, manteniéndose disponible para ofrecer asistencia técnica ante cualquier eventualidad. Los trabajos, iniciados el 11 de septiembre, forman parte de un convenio entre la Asesoría de Responsabilidad Social de la Entidad y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), bajo la ejecución del Consorcio San Blas.
Además de reparar los daños del incendio, el proyecto contempla mejoras integrales en la infraestructura de la catedral. Entre las obras complementarias figuran la instalación de sistemas modernos de prevención y combate contra incendios, la dotación de un equipo de sonido para la explanada y la incorporación de un generador eléctrico.