El juez Humberto Otazú decretó la prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cué para los agentes de la Senad Cristian Amarilla, Aldo Osmar Pintos y Alicia Marlene Vázquez. Los uniformados están imputados por asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal, y tráfico de influencias, entre otros delitos, tras haber presuntamente proporcionado información sensible sobre investigaciones de narcotráfico al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.

La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el Palacio de Justicia, donde los imputados se presentaron de forma voluntaria. Además de los tres citados, en la causa también están imputados Hugo Derlis Baptista Báez, exdirector general Antidrogas, y Helga Solís Gómez, exasistente fiscal y sobrina de “Lalo” Gomes. Esta última ya se puso a disposición del Ministerio Público y del juzgado a través de su abogado, Jorge Barrios.

Te puede interesar: Cabeza Branca: imputan a juez por ordenar subasta de inmuebles con medidas cautelares vigentes

De acuerdo con la Fiscalía, Amarilla, Pintos y Solís habrían filtrado a Gomes datos clave sobre operativos contra el tráfico de drogas. En el caso del militar Pintos, la información habría llegado al legislador a través de Solís.

Asimismo, la imputación vincula a Amarilla, Pintos y Baptista con la fuga de Ronaldo Mendes Nunes durante el operativo “Sanctus”, ejecutado en diciembre de 2023. Según el Ministerio Público, los sospechosos contribuyeron a frustrar la detención de Mendes Nunes y a evitar que se conocieran sus vínculos con el diputado Gomes.

Por otra parte, en el caso “Pavo Real I”, la Fiscalía atribuye a Amarilla y Vázquez haber intervenido un informe basado en datos extraídos de teléfonos celulares. En dicho documento se habría omitido mencionar expresamente a Gomes y su vinculación con la narcoestancia “Negla Poty”. La Fiscalía sostiene que Vázquez pidió que el político no fuera nombrado nominalmente; sin embargo, aunque su nombre no apareció, el informe mantuvo la captura de un mensaje donde se advertía claramente su relación con la propiedad.

La investigación menciona además que Baptista habría ofrecido a Gomes un fusil Mauser calibre 7,62 × 51 mm OTAN en 2022, mientras que Pintos habría solicitado al entonces diputado gestionar un vehículo bajo la figura de depositario judicial.

Finalmente, sobre Helga Solís Gómez, la Fiscalía sostiene que era una operadora de confianza del “Clan Gomes” y que, aprovechando su cargo de asistente fiscal, actuaba como nexo para direccionar investigaciones, influir en decisiones judiciales y filtrar información confidencial.

Podes leer: Docente y dirigente deportivo fallece en un violento triple choque en San Pedro

Estados Unidos retiró este miércoles a Venezuela de los países que han “fallado demostrablemente” en la lucha contra el narcotráfico, tras 20 años de incluirlo en esa “lista negra”, en un nuevo gesto al gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

La administración de Donald Trump mantuvo además la descertificación de la política antidrogas de Colombia, pero alabó los compromisos del nuevo presidente derechista Abelardo de la Espriella, así como de Bolivia, donde también ha asumido un nuevo gobierno conservador.

Cada año la Casa Blanca emite una evaluación de la lucha antidrogas en todo el mundo, y como en 2025, 23 países son considerados “importantes productores” o “de tránsito de drogas”.

De esa lista, la Casa Blanca señala particularmente a los que han “fallado demostrablemente” en sus compromisos internacionales de lucha contra el narcotráfico.

Este año son cuatro: Afganistán, Birmania, Bolivia y Colombia.

En cambio, Venezuela, fuera de lista por primera vez desde 2005, “ha emprendido un cambio de rumbo drástico tras la detención y remoción (...) del antiguo dictador ilegítimo y narcotraficante Nicolás Maduro”, explica el texto oficial.

Te puede interesar: Alex Saab, aliado de Maduro, admite culpa por lavado de dinero en EE. UU.

“Ya estamos viendo los resultados de una creciente cooperación con el gobierno interino del país contra los carteles”, se congratula Trump en esta evaluación.

A su regreso a la Casa Blanca, el presidente Trump tomó la decisión de equiparar legalmente la lucha contra los carteles con el combate al terrorismo, una decisión cuestionada por organismos internacionales.

Sobre Colombia, el informe anual señala que aún no ha tenido tiempo de volver a la senda previa al gobierno izquierdista de Gustavo Petro.

Pero “si, como se espera, avanza en la erradicación agresiva de la coca y en el desmantelamiento de sus redes narcoterroristas durante el próximo año, consideraré levantar la condición de país que ha incumplido de manera demostrable” explica el texto.

“La cooperación entre Bolivia y Estados Unidos se ha ampliado significativamente durante el último año” explica luego el texto, en referencia al gobierno del presidente Rodrigo Paz.

Pero, “el nuevo gobierno aún no ha tenido tiempo suficiente para reducir el cultivo de coca, que aumentó bajo el gobierno anterior” de izquierdas, asegura. El informe es un mensaje de aliento a los aliados de Washington en la región.

“Los cambios políticos dramáticos en Sudamérica durante el último año han generado oportunidades históricas para la cooperación de Estados Unidos con los gobiernos de la región” explica.

El gobierno de Trump emprendió hace un año una campaña de ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico sin precedentes en la historia de la región, con un resultado de al menos 215 muertos.

Más información: Clamor por la paz en México: piden el fin de la guerra del Cártel de Sinaloa

Esa campaña ha sido denunciada como ejecuciones extrajudiciales por organismos de la ONU y organizaciones no gubernamentales.

Además, Trump ha construido una alianza anticarteles, el Escudo de las Américas, a la que se han ido sumando países a medida que cambiaban de rumbo político.

Perú fue el último en sumarse a esta asociación, en la que los países de la región se comprometen a aumentar la cooperación, e incluso a campañas militares conjuntas, como Colombia y Ecuador.

“El pueblo de Colombia hizo la valiente elección de elegir a Abelardo de la Espriella como presidente”, recuerda el texto presidencial.

“Colombia está en condiciones de retomar su lugar como nuestro principal socio de seguridad en el hemisferio”, añade.

La nueva embajadora colombiana en Washington, María Consuelo Araújo, que presentó el martes sus credenciales a Trump, saludó el informe.

Aunque la descertificación se mantiene, “traza una clara distinción entre el deterioro de los últimos años y la nueva etapa que se abre”, explicó en un comunicado.

El gobierno Trump recuerda que a pesar de que Bolivia, Birmania y Colombia han “fallado demostrablemente”, la provisión de asistencia sigue siendo “vital para los intereses nacionales de los Estados Unidos”.

Trump saluda por otro lado la colaboración del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero advierte que “México debe adoptar medidas adicionales contra las organizaciones narcoterroristas que dominan amplias zonas de su territorio y siguen representando una amenaza para el pueblo estadounidense”.

• Fuente: AFP

Lea más: Argentina y Chile proyectan crecimiento de concretar reformas económicas

Helga Lizany Concepción Solís Gómez, de 40 años y sobrina del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, se entregó de manera voluntaria ante las autoridades policiales en Pedro Juan Caballero. La mujer, sobre quien pesaba una orden de detención por presunta manipulación del sistema de justicia, se presentó ante las autoridades acompañada por su abogado defensor, Marco Antonio López Bogarín, e inmediatamente fue derivada a la capital del país.

La presentación se concretó en la sede de la Oficina Regional de Amambay del Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional. Según la hipótesis del Ministerio Público, Solís Gómez habría aprovechado su posición como asistente fiscal para acceder a información de carácter confidencial e interferir en favor de procesados vinculados a estructuras delictivas, contando además con supuestos nexos en la Defensa Pública y el Poder Judicial.

El caso forma parte de un operativo de mayor alcance liderado por un equipo de fiscales integrado por Ingrid Cubilla, Luis Said, José Martín Morínigo y Cristian Ortiz. Los investigadores imputaron a un total de cinco personas relacionadas al denominado “Clan Gomes”, señaladas por tejer una red de influencias institucionales que salpica a funcionarios judiciales y a mandos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

La pesquisa sostiene que el grupo filtraba datos reservados para entorpecer investigaciones estratégicas. Entre los hechos indagados sobresale la filtración detectada en el Operativo Sanctus, ejecutado en diciembre de 2023 para capturar a Ronaldo Mendes Nuñes, alias “Barba”, procedimiento que habría sido alertado previamente para evitar la detención del sospechoso y ocultar pruebas del expediente.

Las pruebas reunidas por la Fiscalía incluyen peritajes a dispositivos electrónicos, cruces de llamadas e informes de inteligencia institucional. Con base en estos elementos, la representación fiscal tipificó los hechos, de manera provisional, bajo las figuras de asociación criminal, frustración de la persecución penal, tráfico de influencias y omisión de evitar un hecho punible.

La carpeta fiscal describe una presunta estructura delictiva integrada por exfuncionarios antidrogas y una exauxiliar de la Justicia por filtrar datos al fallecido diputado vinculado al narcotráfico.

El Ministerio Público imputó a exaltos fun­cionarios de la Secre­taría Nacional Antidrogas (Senad) y una exasistente fiscal que habrían propor­cionado información sensi­ble sobre investigaciones de narcotráfico al fallecido dipu­tado Eulalio “Lalo” Gomes. La imputación describe una presunta estructura delic­tiva integrada por los citados exfuncionarios y la auxiliar de la Justicia.

Los imputados son Hugo Derlis Baptista Báez, exdirector general Antidrogas; Cristian Porfirio Amarilla Cabaña, exjefe de Inteligen­cia; el coronel Aldo Osmar Pintos Martínez, excoman­dante de las Fuerzas Especia­les; Alicia Marlene Vázquez, exjefa de Investigación de Crimen Organizado, y Helga Solís Gómez, exasistente fis­cal. De acuerdo con la Fisca­lía, Amarilla, Pintos y Solís habrían filtrado a Gomes datos clave sobre operativos contra el tráfico de drogas. En el caso del militar Pintos, la información habría llegado al legislador a través de Solís.

Asimismo, la imputación vin­cula a Amarilla, Pintos y Bap­tista con la fuga de Ronaldo Mendes Nunes durante el operativo Sanctus, ejecutado en diciembre de 2023. Según el Ministerio Público, los sospechosos habrían contri­buido a frustrar la detención de Mendes Nunes y a evitar que se conocieran sus víncu­los con el diputado Gomes.

Por otra parte, en el caso Pavo Real I, la Fiscalía atribuye a Amarilla y Vázquez haber intervenido en un informe basado en datos extraídos de teléfonos celulares. En dicho documento se habría omitido mencionar expresamente a Gomes y su vinculación con la narcoestancia Negla Poty.

La Fiscalía sostiene que Vázquez pidió que el político no fuera nombrado; sin embargo, aun­que su nombre no apareció, el informe mantuvo la captura de un mensaje donde se advertía claramente su relación con la propiedad. Finalmente, sobre Helga Solís Gómez se sostiene que era una operadora de con­fianza del clan Gomes y que, aprovechando su cargo de asistente fiscal, actuaba como nexo para direccionar investi­gaciones, influir en decisiones judiciales y filtrar información confidencial.