Este jueves, en un operativo la Policía Nacional y la Fiscalía lograron detener a un hombre que había vaciado la cuenta bancaría de su tío a quien le robó su celular para realizar las transacciones en Presidente Hayes. El sobrino es conductor de plataformas y se encargaba de trasladar a su tío a todas partes.
Según el fiscal Armin Echeguren Cuevas, el allanamiento se realizó en la localidad de Benjamín Aceval, en la vivienda del hombre identificado como Oscar Corvalán, en cuyo poder se encontró el celular de la víctima. De este se transfirió la suma de 17 millones de guaraníes a cuatro cuentas bancarias, cuyo propietarios serán investigados.
“El domingo por la noche, la víctima se percató del hurto de su celular. Cabe destacar que nuestra víctima es pariente del autor del hecho y se desempeñaba como conductor de plataformas. Hacía normalmente el trabajo de trasladarle al tío, pero en un momento aprovechó y sustrajo el aparato celular”, explicó en fiscal, en entrevista con la 650 AM.
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Resaltó que el hecho punible que investigan es hurto y al mismo tiempo, acceso indebido a datos. “Hoy realizamos un allanamiento, donde procedimos a la detención del ciudadano. Esta persona no negó el hecho e incluso contó cómo fue, comentó también lo que le motivó a cometer el robo”, aseguró.
Agregó que la víctima, quien es tío del autor, lamentó el hecho porque estima mucho a su sobrino. “El monto sustraído es de aproximadamente G. 17 millones, de los cuales Corvalán utilizó 8 millones de guaraníes. El detenido manifestó que lo hizo por necesidades económicas que tenía que devolver plata a una persona que le había prestado”, puntualizó.
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Jubilados del IPS solicitan la recuperación de bienes y fondos desviados
La Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJP) celebró la imputación de los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS) y otros siete funcionarios de la previsional.
Durante una conferencia de prensa realizada, el vicepresidente de la UNJP, Lic. Elvio Brun Ayala, pidió que esta imputación de las autoridades llegue hasta el final, y las mismas sean condenadas y que devuelvan hasta el último guaraní que han robado.
“Como jubilados nos sentimos orgullosos, somos protagonistas principales, porque fuimos los primeros en hacer la denuncia. Hace cinco años venimos denunciando. No solo dinero se han robado del IPS, sino se robaron la tranquilidad de la familia por falta de medicamentos. Por eso pedimos que esta imputación llegue hasta el final y que los responsables devuelvan lo robado”, sostuvo.
Brun señaló estar conforme juntos con los demás jubilados por una parte, porque el actual presidente de la entidad previsional apoyó la denuncia del sector.
El Ministerio Público ordenó la imputación y pidió la prisión preventiva de los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, y Jorge Brítez, por supuesta lesión de confianza (daño patrimonial). Además imputó a otras siete personas. Brítez obtuvo libertad ambulatoria, mientras continúa el proceso. El ex presidente del IPS accedió a la fianza de G. 1.000 millones.
Los otro cuatro funcionarios accedieron también a la libertad ambulatoria. Ellos son: la exasesora jurídica Rosa Colmán; el exdirector de Mantenimiento, José Coronel; el exgerente de Abastecimiento, Hugo Aranda; y el exdirector de Contrataciones, Juan Manuel Villar.
Según la Fiscalía, existen elementos de sospecha seria sobre el caso. Los otros funcionarios imputados son: Hugo Enrique Aranda, José Raúl Coronel Acosta, Juan Villar López, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón y Verónica Blanco Bogado.
Los investigados habrían firmado adendas irregulares a un contrato para instalar quirófanos en el Hospital Central, generando un perjuicio de G. 61.000 millones.
El Ministerio Público también solicitó el embargo de bienes por G. 61.000 millones y la inhibición general de vender y gravar bienes de todos los procesados.
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Areguá: capturan a sospechoso de transferir G. 350 millones de cuenta de sanatorio y a otra persona
Este viernes, la Policía Nacional de Areguá localizó y detuvo a un hombre que habría recibido G. 350 millones tras vulnerar la cuenta bancaria del Sanatorio San José de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná. El hombre también fue denunciado por otra persona de quien se transfirió G. 6 millones.
Según el reporte policial, la aprehensión de esta persona se logró en plena vía pública del barrio Villa Salvador de la ciudad de Areguá, donde se detuvo a Joaquín Andrés Duarte Ojeda, quien estaba siendo investigado luego de que se transfirió la suma de 350 millones de guaraníes de la cuenta bancaria de un sanatorio que habría sido hackeado.
“Esta personas era buscada por la vulneración de una cuenta bancaria y es investigada por supuesto hecho punible de estafa mediante delitos informáticos”, expresó el comisario Oscar Olmedo Lesmo, jefe de gabinete de delitos económicos, en entrevista con el corresponsal de Nación Media.
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Indicó que el gerente del sanatorio constató el faltante de dinero y al corroborar se pudo verificar que se realizó primeramente una transferencia de G. 250 millones a nombre de Duarte Ojeda y luego se volvió a realizar la transacción por valor de 100 millones de guaraníes.
“También se recibió la denuncia de otra persona de quien fue vulnerada su cuenta y la víctima se dio cuenta de que se realizó una transferencia de G. 6 millones que no había autorizado. Justamente cayó en la cuenta de Joaquín Andrés Duarte Ojeda”, resaltó.
Confirmó que todo lo actuado se comunicó al Ministerio Público desde donde se dispuso su traslado del detenido hasta el Departamento de Delitos Económicos de Ciudad del Este. Así también, se labró acta del procedimiento y se realizó el diagnóstico médico del sospechoso en el Hospital Distrital de Areguá.
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Allanan Junta Municipal de Ypané tras nuevo juramento anulado por el TSJE
Una comitiva fiscal-policial, encabezada por la agente fiscal Blanca Rosa Aquino, de la Unidad Penal N.º 3 de J. Augusto Saldívar, allanó este jueves la sede de la Junta Municipal de Ypané en el marco de la causa N.º 3855/2026, que investiga la presunta usurpación de funciones públicas por parte de la concejal liberal Mirta Elena Oviedo.
El procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden judicial y forma parte de las diligencias impulsadas por el Ministerio Público para recabar evidencias relacionadas con la investigación.
Los trabajos de la comitiva consistieron en recabar información, documentos y evidencias relacionadas con los hechos ocurridos el pasado 27 de julio, cuando la concejal Oviedo volvió a asumir como intendenta durante una controvertida sesión desarrollada en la Junta Municipal.
Esto teniendo en cuenta, que la misma ya había sido designada anteriormente por los miembros de la bancada liberal oficialista, sin contar con el quórum requerido. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia Electoral había resuelto una medida cautelar, dejar sin efecto dicha resolución por no cumplir con los requerimientos del estatuto municipal.
Ediles colorados coaccionados
Al respecto, el concejal colorado Rubén Cabral en comunicación con La Nación/Nación Media, recordó los antecedentes del caso, ya que durante aquella jornada del pasado 27 de julio, se registraron incidentes que habrían impedido la normal participación de algunos concejales. De acuerdo con las denuncias presentadas, un grupo de manifestantes bloqueó la salida de ediles colorados de la sala de sesiones, situación que habría permitido mantener el quórum necesario para llevar adelante el acto para que la concejal Oviedo preste nuevamente juramento como jefa comunal.
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Al respecto, señaló que la bancada colorada realizó la denuncia formal ante el Ministerio Público, en defensa de la institucionalidad, en rechazo a que se le eligió a la citada concejal liberal sin contar con el quórum correspondiente; además que existía la medida cautelar del TSJE que anulaba todo ese procedimiento, y que la misma no fue respetada.
“Con base a estos hechos, denunciamos el desacato a la orden judicial y se formaron cuatro carpetas fiscales ante la misma fiscal Aquino, en fechas diferentes, prácticamente cada semana con diversas denuncias”, comentó.
Señaló que la fiscal Aquino fue recusada por el oficialismo municipal, en tanto que la agente fiscal en todo momento buscó la forma de conocer cómo fue designada la concejal Oviedo y bajo qué circunstancias. Indicó que en varias ocasiones llegó a través de la comisaría local varios oficios para que se remita a la Fiscalía los documentos, y las respuestas a las preguntas de la fiscal, pero ni la Junta Municipal ni la Intendencia respondieron a dichos oficios.
“La fiscal ya había solicitado en dos ocasiones anteriores órdenes de allanamiento, pero fue recusada en esas carpetas fiscales. Incluso este jueves, durante el procedimiento, el concejal Denis Chamorro le manifestó que se encontraba recusada. Ante ello, la agente fiscal Blanca Rosa Aquino aclaró que la recusación corresponde a otra causa y no al expediente en el que estaba interviniendo en esa oportunidad”, señaló.
De acuerdo a las declaraciones de la agente fiscal Aquino, brindó a medios locales, la investigación del Ministerio Público apunta a determinar si la exautoridad municipal ejerció funciones públicas sin contar con la competencia legal correspondiente, conducta que podría encuadrarse en el hecho punible de usurpación de funciones públicas, previsto en la legislación paraguaya con penas que pueden alcanzar hasta cinco años de privación de libertad.
Respecto a los documentos y evidencias incautados informó que serán analizados por el Ministerio Público como parte de las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades. El caso continúa en etapa investigativa y la Fiscalía no descarta nuevas actuaciones en el marco de la causa.
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PJC: allanan laboratorio clandestino de Tirzepatida falsificada y detienen a tres personas
Alrededor de 1.000 frascos de Tirzepatida, aparentemente falsificados, fueron incautados en un allanamiento llevado a cabo este jueves en Pedro Juan Caballero. En el procedimiento quedaron detenidos dos brasileños y un paraguayo. Los aprehendidos fueron identificados como Marco Antonio Teixeira Furtado (37) y João Paulo Moura Neves (33), ambos de nacionalidad brasileña, además de Juan Martínez Ovando (32), paraguayo.
La intervención, a cargo de agentes del Departamento de Delitos Económicos, con apoyo del Grupo GEO y el Ministerio Público, se llevó a cabo en una lujosa vivienda del bario Mariscal Estigarribia, donde presuntamente funcionaba un laboratorio clandestino dedicado a la fabricación de medicamentos falsificados de Tirzepatida.
La fiscal Katia Uemura explicó que en el lugar encontraron varios elementos que serían utilizados para la elaboración del producto utilizado como adelgazante. Entre ellos, materiales propios de laboratorio, maquinarias, envases de vidrio, embalajes de cartón y otros insumos relacionados con el proceso de producción, informó Radio Imperio 106.7 FM.
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“Encontramos elementos propios de laboratorio, materiales para embalaje y maquinarias para producir la marca”, señaló la agente fiscal.
El medicamento presuntamente era destinado a la comercialización. En ese sentido, los detenidos habrían manifestado que cuentan con una farmacia ubicada en el Shopping Dubai, donde supuestamente ofrecían el producto. Los intervinientes incautaron tubos de ensayo, dosificadoras, máquina para baños ultrasónicos, agitador magnético, lapiceras inyectables, elementos para embalar cartón. Asimismo, varios embalajes de vidrios para goteo, suero, adhesivos de seguridad, entre otros. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar el alcance de la operación y la responsabilidad de los involucrados.
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