Seis de los once excolaboradores del exintendente esteño Miguel Prieto, que están imputados por un presunto desvío de G. 757 millones a través del Consejo Local de Salud durante su gestión comunal, reconocieron los hechos que el Ministerio Público les atribuyen y brindaron una colaboración con la investigación. En otra causa que involucra al líder del partido YoCreo, también tres de sus exfuncionarios aceptaron las denuncias del caso Tajy.

El Ministerio Público solicitó la abreviación del plazo de investigación y la suspensión condicional del procedimiento para los procesados: Salem Esgaib Zugaib (extesorero), Hugo Benítez Vázquez (exvicepresidente), Lucía Elizabeth Lisboa de Torales (exsecretaria) y Karen Elizabeth González Vergara (exmiembro suplente), quienes formaron parte de la comisión directiva del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este.

El exmandatario Nicanor Duarte Frutos desestimó la existencia de un descontento social que se pretende instalar desde la oposición como estrategia de campaña para desgastar al gobierno de Santiago Peña y a la Asociación Nacional Republicana (ANR), con miras a los comicios presidenciales del 2028.

“Dónde está la sintomatología de que estamos en una sociedad alarmada, con un malestar profundo, si no hay estremecimiento del cuerpo social, no hay una convulsión social, no existe un estado de agitación, que son los elementos sintomáticos de una sociedad políticamente en situación de gran malestar”, refirió el expresidente, este miércoles, en una visita al estudio de Nación Media, durante el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM.

Vicente Bataglia, expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), se presentó por la mañana de este miércoles ante el Ministerio Público, que ordenó su imputación y pidió la prisión preventiva, pero se abstuvo de declarar. Está imputado al igual que otro extitular de la previsional, Jorge Brítez, y otros siete exfuncionarios por lesión de confianza.

Bataglia se encontraba de viaje en Italia al momento de librarse la imputación, el 4 de agosto pasado, en la causa que investiga un perjuicio patrimonial de 61.000 millones de guaraníes por un presunto desvío de fondos en el que se habría beneficiado a la empresa Neighpart, a través de un contrato con adendas irregulares para instalar quirófanos en el Hospital Central.

Agentes del Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional detuvieron a Sergio Francia Bernal (25), alias Bada, presumiblemente miembro del Primer Comando Capital (PCC), en un allanamiento llevado a cabo en la madrugada de este miércoles.

El procedimiento se registró en Mariano Roque Alonso, hasta donde llegó una comitiva fiscal-policial y allanó un domicilio ubicado sobre la calle Mariscal Estigarribia entre Jejuí y Lomas Valentinas de dicha ciudad, según reporte de la Policía Nacional.

Cerro Porteño está listo para volver al ruedo en el plano internacional. El “Ciclón”, que si bien arrancó a los tumbos el segundo semestre, ya está enfocado en hacer una nueva historia en Brasil.

El conjunto azulgrana enfrentará este miércoles al Palmeiras, desde las 19:00 en el Nubank Parque, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Las estadísticas están para romperse y Cerro Porteño intentará eliminar por primera vez en el historial a un equipo brasileño en la fase de Octavos de Final de la Copa Libertadores.

El presidente de la República, Santiago Peña, a través del Decreto 6568/26 designó a Javier Eduardo Ramírez Valdez como ministro interino de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) en reemplazo de Jacinto Santa María Ammatuna, quien ayer martes presentó su renuncia al cargo por “motivos particulares y de dignidad personal”.

Funcionario de la Senatur desde el 2007, Ramírez Valdez venía desempeñándose como director general de Gestión Turística de la misma institución. Anteriormente estuvo al frente de la Dirección General de Productos Turísticos y de la Dirección de Prestaciones Turísticas.

“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.

“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

En un allanamiento efectuado en una vivienda de la ciudad de Pedro Juan Caballero fueron detenidas dos personas, una de ellas identificada como Heriberto Ramón García Gauto (42) y sindicada como proveedor de drogas para microtraficantes e internos de la penitenciaría de la capital de Amambay.

El procedimiento fue realizado por agentes del Departamento Regional n.º 1 de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en una casa de características lujosas ubicada a unos pocos metros de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero.

Los agentes decomisaron durante la intervención más de 2 kilogramos de drogas, distribuidas entre cocaína, pasta base y marihuana. También fue incautado un automóvil de la marcha Chevrolet modelo Onix; además de teléfonos celulares, dinero en efectivo, municiones de distintos calibres, entre otros elementos.

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El reporte de la Senad indica que la casa “habría sido utilizada como punto estratégico para la logística y distribución de drogas”, aprovechando su cercanía con el establecimiento penitenciario.

El segundo detenido en el marco de la intervención fue identificado como Alexis Chamarro Gómez (28). El procedimiento fue desarrollado en coordinación con el fiscal Antidrogas de Amambay, Celso Morales.

Este tipo de acciones lleva adelante la Secretaría Nacional Antidrogas en varios puntos del territorio nacional, con el objetivo de desarticular redes dedicadas al microtráfico.

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Otra maniobra fraudulenta de Miguel Prieto mediante una mensura judicial para la ubicación de 2 fincas, conocidas como la ex finca 66. Una misión imposible, cargada de populismo en detrimento de las expectativas de gente vulnerable ya que, la superficie en cuestión se encuentra sobre cientos de otras propiedades con títulos antiguos registrados en la Dirección General de los Registros Públicos.

1- Adjudicación a GEOCAD Consultoría, Topografía y Ambiental

2- Estudio de título, la Municipalidad de Ciudad del Este abonó a la firma GEOCAD Consultoría, Topografía, y Ambiental G. 267.300.000. La Ley N.º 1307/1987 DEL ARANCEL DEL NOTARIO PÚBLICO, en su Artículo 13 dispone: Por el estudio de títulos, el Notario Público fijará sus honorarios convencionalmente, no pudiendo ser inferior a cinco (5) jornales mínimos. Testimonios de escribanos públicos, han referido que el costo del estudio de título de los citados inmuebles no sobrepasaría los cincuenta (50) jornales mínimos, es decir, G. 5.381.350.

3- Amojonamiento con estacas, G. 267.300.000, estimando los 60 vértices de la superficie de mensura, el monto equivale a G. 4.395.000 por cada estaca.

4- Publicación de los edictos de la mensura judicial, G. 267.300.000. Son embargo, factura desmiente monto inflado y que solo consigna pago de G. 585.000.

5- Pago por constitución de juez para inicio de mensura, G. 267.300.000. Sin embargo, una consulta realizada por nuestro medio a juez interviniente confirmó que no existen facturas por este servicio, es decir, presumiblemente salió gratis.

6- Pago por acompañamiento del MOPC Y Serv. Nac. de Catastro, G. 267.300.000.

7- Sin embargo,la oficina competente del Departamento de Geodesia del Ministerio de Obras Públicas realiza este trámite sin costo, es decir, tasa cero. Mientras que la escala de aranceles por servicio de conocimiento de mensura judicial de Catastro establece el monto de G. 25.000.

Fuente: Contrataciones Públicas, Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este

Miguel Prieto adjudicó G. 11.524 millones al consorcio Ñande y Potî, representado por el empresario Enrique Vázquez García, que incluyó como socio a Diego Marciano Zárate, pariente del intendente Luis Yd.

1- Exsecretario de Miguel Prieto, actual intendente de Ciudad del Este, junto con otros funcionarios como la directora de Obras de la municipalidad, Stefany Garcete, junto con el entonces concejal de Minga Guasu, Víctor Lugo, quien actuó de intermediario, llevaron la propuesta de contratación hasta Buenos Aires al empresario Enrique Vázquez García. Fotografías del encuentro están incluidas en la carpeta fiscal.

2- Empresario declaró que los funcionarios de Prieto armaron todo el legajo técnico-administrativo y él solo se ocupó de firmar. Reconoció que presupuestó la obra en G. 9.000 millones, pero en la municipalidad se encargaron de subir el costo a G. 11.524 millones.

3- El empresario declaró a la Fiscalía que, de entrada, le presionaron con pedido de coima de USD 50.000.

4- Esto significó la adjudicación a la sexta oferta más cara y un sobrecosto de G. 2.342 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este.

5- El comité evaluador estuvo conformado por los que llevaron la propuesta al empresario Vázquez.

6- Audios filtrados ventilaron cobros de coima sin desparpajo. El empresario confirmó que llegó a conversar 5 a 6 veces con Miguel Prieto, pero el esquema de coima estaba manejado por el exsecretario de Prieto, actual intendente de Ciudad del Este, Pedro Acuña, y en alguna ocasión Hugo Benítez, exintendente interino.

7- Al iniciar la obra, lo obligaron al pago de G. 1.200 millones y después con cada certificación de obras, Acuña y Lugo lo despojaban del 10 % del monto a cobrar.

8- Tras la filtración de audios, el empresario fue embretado por Miguel Prieto en su mismo despacho. Vázquez contó que fue despojado de su celular, agraviado verbal y físicamente. Así también, fue obligado a firmar un poder a Horacio Daniel Fleitas, conocido del exintendente y sus amigos, para el cobro pendiente por la ejecución de contrato.

Fuente: Ministerio Público, Contrataciones Públicas.