En un documento de 84 páginas, este viernes, desde el Ministerio Público informaron que los agentes fiscales Silvio Corbeta Dinamarca, Yeimy Adle Monges y María Verónica Valdez de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, formularon acta de imputación en contra del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza en calidad de autor. También fueron imputados:

1. Sebastián Martínez Insfrán
2. Sonia Barrios Ramírez
3. Walter Hugo García Méndez
4. Salem Esgaib Zugaib
5. Lucía Elizabeth Lisboa de Torales
6. Valeria Fabiana Romero
7. Hugo Benítez Vázque
8. Karen González Vergara
9. Fredy Guzmán Martínez
10. y Cinthia Noelia Alen Guerrero

Todos ellos por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza en calidad de cómplices.

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Según breve relato, se le atribuye a Prieto Vallejos un supuesto perjuicio económico a las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este por un valor aproximado de G. 757.166.276, resultantes de diferencias entre lo pagado por el Consejo Local de Salud y lo efectivamente construido o ejecutado por las empresas constructoras SERVMAQ, de Fredy Guzmán Martínez, y M&M Constructora de la Lic. Cinthia Noelia Alen, por obras realizadas dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este.

Luego de los trámites de rigor, la Fiscalía requiere la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva sobre los imputados, indicaron.

“En ese contexto, nos encontramos ante la presencia de suficientes elementos de convicción que nos indican la existencia de un hecho punible y nos hallamos ante la suficiente sospecha de la participación de los imputados en su perpetración quienes habrían colaborado con el jefe comunal en la disminución patrimonial de la comuna”, explicaron los agentes fiscales.

Por tanto, a continuación indicaron que se aplican las siguientes medidas cautelares:

• Fianza personal o caución real adecuada sobre los imputados por la suma que el Juzgado estime conveniente de acuerdo a la naturaleza de los hechos que se investigan.
• Prohibición de salida del país.
• Fijación de un domicilio procesal y teléfonos para las notificaciones personales a los imputados.
• La obligación de presentarse periódicamente ante el juez.
• y cualquier otra medida que sea compatible con la naturaleza del caso.

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Este viernes, en redes sociales se hizo viral la información de que una niña de 12 años se tuvo que orinar en el uniforme porque no tenía para pagar por el uso del baño en una escuela de Ñemby. La directora de la institución aclaró que la medida fue aprobada por los propios padres y que se implementó solo un día.

El hecho se registró esta semana en la escuela básica n.º 3222 “Cerrito” de la citada ciudad, luego de que la niña de 12 años quiso entrar al baño, pero no tenía G. 500 para pagar por el uso. La medida se implementó por la Asociación de Cooperación Escolar (ACE) para recaudar fondos para la limpieza.

“Un día se implementó y fue una decisión tomada por los padres durante la reunión general en la que ellos propusieron ese proyecto, como todos apoyaron se aceptó eso y quedó labrado bajo acta. Se debía pagar G. 500 y era una sola vez por día, luego podría acceder las veces que quisieran”, detalló la directora Tomasa Brítez, en la u780 AM.

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Afirmó que la encargada de cobrar tenía la orden de que en caso de emergencia o urgencia debía dejar entrar a los estudiantes al baño y que nadie podía prohibirles esa necesidad. “Se les habló en clases se le aclaró que en el caso de que no tengan la monedita y tengan una urgencia igual podían entrar. Solo debían avisar a la profe”, aseguró.

Resaltó que el día que ocurrió el evento nadie dijo nada y se enteraron de la situación por la que pasó la niña a través de las redes sociales. “Los padres no se acercaron a hablar con la profe o a la Dirección, fueron directamente a la prensa”, puntualizó.

Aseguró que la propuesta de cobrar los 500 guaraníes era para que se pudiera comprar insumos de limpieza y lo que sobraba sería como ayuda para la persona que se encargaba de cobrar. “Eran solo G. 500 para compra de productos de aseo del baño y fue una decisión de los padres”, concluyó.

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Este jueves, un intento de feminicidio se reportó en una vivienda en el departamento de Caaguazú, donde un hombre intentó asesinar a su esposa e hija con un arma blanca. Las mujeres recibieron heridas a la altura del cuello, rostro y manos, ambas se encuentra internadas en el Hospital de Repatriación.

Según el reporte policial el hecho se registró en horas de la mañana de hoy en la residencia de la pareja ubicada en la colonia Pueblo de Dios en el distrito de Repatriación donde también vivía la hija de ambos. El caso fue caratulado con tentativa de feminicidio provocado por una arma blanca.

Las víctimas fueron identificadas como Sara Gavilán, de 66 años y su hija Estelvina Raquel Recalde Gavilán, de 36 años, quienes fueron atacadas a raíz de una discusión entre Sara y su marido Silvio Recalde, de 66 años, este último ya se encuentra custodiado por efectivos de la comisaría 33ª Culantrillo.

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Tras el brutal ataque, Sara y Estelvina fueron auxiliadas por vecinos quienes las trasladaron hasta un centro asistencial en Repatriación, donde los médicos confirmaron que la esposa recibió una puñalada a la altura del cuello lado derecho, y su hija sufrió un corte en la mano derecha producido, todas las heridas producidas por arma blanca.

Luego de cometer el ataque el hombre abordó su motocicleta y se dio a la fuga, pero horas más tarde, gracias a un rastrillaje realizado por la Policía Nacional, lograron detenerlo en la vía pública. Recalde se encuentra a disposición del Ministerio Público, que caratuló el caso como tentativa de feminicidio.

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El exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, destituido por corrupción, logró suspen­der de nuevo su audiencia pre­liminar recusando al juez de Delitos Económicos, Hum­berto Otazú, en el marco del caso Tajy. El líder del Partido Yo Creo, imputado por lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio, suma así otra chicana.

La audiencia se encontraba fijada para ayer y hoy, donde se debía resolver si la causa se eleva a juicio oral y público. El Minis­terio Público refiere que, el 11 de junio de 2020, la administra­ción de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306.188.500 a favor de la empresa provee­dora Tajy por mercaderías que no fueron entregadas, cons­tituyéndose en un hecho de corrupción y perjuicio a las arcas del municipio.

“Se le acusa al señor Miguel Prieto Vallejos de haber encabezado, desde la intendencia municipal de Ciudad del Este, un grupo permanente de funcionarios organizados para la comi­sión y facilitación de delitos de corrupción pública dentro de la misma institución, apro­vechándose de su calidad de ordenador de gastos, así como de las demás atribuciones y poderes que se le conferían como principal administra­dor de la comuna”, señala la acusación de la Fiscalía.