En el marco de la causa abierta contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otros, sobre cohecho pasivo y tráfico de influencias, se logró la detención del empresario Enrique Ignacio Vázquez García, quien contaba con orden de detención fiscal.
El mismo habría pagado millonarias sumas de dinero al equipo de Prieto en concepto de coima, para beneficiarse con licitaciones. El aprehendido está detenido en la oficina de guardia del destacamento, ubicado en el Congreso Nacional, Asunción.
Vázquez García deberá ser trasladado hasta el Ministerio Público para declarar ante un representante fiscal. Además, tendrá que brindar su versión sobre los hechos investigados por la Fiscalía, como presunta corrupción que salpica al actual intendente de Ciudad del Este, así como a Pedro Acuña, hoy día concejal municipal de la mencionada ciudad y Hugo Benítez, actual asesor de Prieto.
Varias denuncias
Miembros de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este anunciaron que presentarán ante el Ministerio Público otras seis nuevas denuncias contra el intendente esteño, Miguel Prieto. Los pobladores impulsaron la denuncia número 43 contra el jefe comunal.
Señalaron que las mismas incluyen casos de nepotismo y tráfico de influencias. La presentación se dará en medio del pedido de intervención contra la administración de Prieto, realizado el pasado viernes por la Contraloría General de la República (CGR), tras la existencia de graves irregularidades en la ejecución del presupuesto y administración de los bienes comunales.
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Seis excolaboradores de Prieto admiten presunto desvío de G. 757 millones
Seis de los once excolaboradores del exintendente esteño Miguel Prieto, que están imputados por un presunto desvío de G. 757 millones a través del Consejo Local de Salud durante su gestión comunal, reconocieron los hechos que el Ministerio Público les atribuyen y brindaron una colaboración con la investigación. En otra causa que involucra al líder del partido YoCreo, también tres de sus exfuncionarios aceptaron las denuncias del caso Tajy.
El Ministerio Público solicitó la abreviación del plazo de investigación y la suspensión condicional del procedimiento para los procesados: Salem Esgaib Zugaib (extesorero), Hugo Benítez Vázquez (exvicepresidente), Lucía Elizabeth Lisboa de Torales (exsecretaria) y Karen Elizabeth González Vergara (exmiembro suplente), quienes formaron parte de la comisión directiva del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este.
La misma solicitud de salidas alternativas al proceso aplica a Sonia Raquel Barrios Ramírez, directora de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este; y Fredy Guzmán Martínez Báez, proveedor del Consejo de Salud, en el marco de la causa que investiga un presunto perjuicio patrimonial durante la administración del exintendente Miguel Prieto, entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
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La acusación contra Miguel Prieto y otros once colaboradores, se da por un presunto perjuicio patrimonial que asciende a G. 757.166.276, este monto corresponde a la diferencia entre los pagos efectuados por el Consejo Local de Salud y el valor de las obras efectivamente ejecutadas por las empresas constructoras SERVMAQ y M&M.
De acuerdo con el informe del Ministerio Público, por un lado, accedieron o fueron beneficiados por las salidas alternativas los exintegrantes del Consejo Local de Salud, por colaborar en la causa, es decir, admitieron el presunto hecho punible por el cual fueron acusados. Uno de ellos, el extesorero del organismo, Salem Esgaib Zugaib, que ya había sido beneficiado con una medida similar. También accedieron a la medida alternativa, el entonces vicepresidente de la comisión directiva del Consejo Local de Salud Hugo Benítez Vázquez; y la exsecretaria Lucía Elizabeth Lisboa de Torales.
Los últimos acusados que colaboraron con el MP, son Fredy Guzmán Martinez Baéz, proveedor del Consejo de Salud bajo la administración de Miguel Pireto, en este caso, su empresa denominada SERVMAQ habría sido beneficiada con recursos municipales. Mientras tanto, Sonia Raquel Barrios Ramírez, exdirectora de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este habría solicitado a la municipalidad, transferencias a favor del del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este, esto entre el 28 de diciembre del 2021 y 30 de diciembre del 2021.
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Muerte de empresario chino: “Lo vieron deambulando por el edificio totalmente desnudo”
La Policía y la Fiscalía investigan el caso de un empresario chino que murió en Paraguay tras caer del piso 30 de un lujoso edificio ubicado en el barrio Trinidad de Asunción. Se trata de Harry Yeh, inversor en criptomonedas, con un patrimonio de 2.000 millones de dólares. El hombre fue hallado completamente desnudo y cubierto con una bolsa negra.
No descartan ninguna hipótesis, señaló este miércoles el comisario Francisco Ávalos, director de Policía de Asunción, en conversación con el programa Así son las Cosas de canal GEN y Radio Universo 970 AM.
El hecho fue reportado el viernes 7 de agosto a las 04:30 aproximadamente, a través del sistema de radio de la Policía Nacional, donde se comunicó el hallazgo del cuerpo de una persona que se precipitó a tierra desde una altura considerable.
A raíz de esto, personal de la Comisaría 12° se constituyó en el lugar y “constató la existencia de un cuerpo con las vísceras afuera y con otros órganos reventados por el gran impacto que sufrió”, expresó el jefe policial.
Se comunicó al agente fiscal de turno, María del Carmen Palazón, y se convocó a los diversos estamentos especializados de la Policía para las tareas de investigación
La caída ocurrió en una de las torres del complejo edilicio y “se presume que estaba solo”, indicó el entrevistado. Actualmente, la etapa investigativa se halla a cargo del Ministerio Público junto a la unidad policial especializada.
“Lo que hicimos como Dirección de Policia y de comisaría interviniente, fue acompañar las labores de los investigadores”, aclaró.
De manera particular, llamó la atención del jefe policial el testimonio de una persona que trabaja en el edificio porque mencionó que vio a un extranjero el día anterior de manera anormal. “Dijo que lo vio deambulando por partes del edificio totalmente desnudo. Y da la casualidad que esta persona, al otro día, se precipitó a tierra en ese mismo estado de desnudez”, puntualizó el uniformado.
Añadió que esta situación da dos hipótesis: “o que estaba con desequilibrio mental o con problema de consumo de sustancias o de algún medicamento que lo pudo haber desequilibrado”, apuntó Ávalos.
Sobre la posibilidad de que lo hayan arrojado, respondió que lo ve difícil atendiendo la extrema seguridad con que se maneja el complejo edilicio.
“Mi percepción es que ingresar a esa zona es un poco complicado porque tienen todos los recaudos de seguridad y las personas que van a ingresar a esa torre también tienen los mecanismos de seguridad que implementa el complejo en sí”, expresó. O sea, que alguien que haya ingresado tendría que haber sido visto.
Recalcó que, al ser un edificio moderno, tiene todos los mecanismos de seguridad de videovigilancia y de personas físicas, por lo que “considero bastante difícil llegar a esa hipótesis. No lo descarto, pero lo veo remoto”, acotó.Sin embargo, confirmó que, en el momento de la inspección del departamento del fallecido, hallaron puertas abiertas y mucho desorden en el sitio.
“Había algunas cosas en el suelo, había unos cables que estaban arrancados de raíz, o sea, denotaba de que algo motivó la ira o el enojo de alguien”, especificó. Asimismo, recibieron la testimonial de que “se habría oído un disparo de arma de fuego o un ruido fuerte”.
El empresario chino tenía dos pisos totalmente arrendados. “El piso 30 y el piso 27. El piso 30 era una zona eminentemente de trabajo, había bastantes equipos informáticos de última generación”, mencionó.
Y en el piso 27, convivía probablemente con su pareja, una ciudadana brasileña. “Hablamos muy poco con la pareja porque estaba totalmente conmocionada”, dijo el agente.
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Memorias de corrupción de Miguel Prieto en Ciudad del Este (VI) Negociado de G. 2.673.000.000 con mensura judicial exfinca 66
Otra maniobra fraudulenta de Miguel Prieto mediante una mensura judicial para la ubicación de 2 fincas, conocidas como la ex finca 66. Una misión imposible, cargada de populismo en detrimento de las expectativas de gente vulnerable ya que, la superficie en cuestión se encuentra sobre cientos de otras propiedades con títulos antiguos registrados en la Dirección General de los Registros Públicos.
La mensura quedó en la nada.
1- Adjudicación a GEOCAD Consultoría, Topografía y Ambiental
Precios calcados y groseramente sobrefacturados
2- Estudio de título, la Municipalidad de Ciudad del Este abonó a la firma GEOCAD Consultoría, Topografía, y Ambiental G. 267.300.000. La Ley N.º 1307/1987 DEL ARANCEL DEL NOTARIO PÚBLICO, en su Artículo 13 dispone: Por el estudio de títulos, el Notario Público fijará sus honorarios convencionalmente, no pudiendo ser inferior a cinco (5) jornales mínimos. Testimonios de escribanos públicos, han referido que el costo del estudio de título de los citados inmuebles no sobrepasaría los cincuenta (50) jornales mínimos, es decir, G. 5.381.350.
3- Amojonamiento con estacas, G. 267.300.000, estimando los 60 vértices de la superficie de mensura, el monto equivale a G. 4.395.000 por cada estaca.
4- Publicación de los edictos de la mensura judicial, G. 267.300.000. Son embargo, factura desmiente monto inflado y que solo consigna pago de G. 585.000.
5- Pago por constitución de juez para inicio de mensura, G. 267.300.000. Sin embargo, una consulta realizada por nuestro medio a juez interviniente confirmó que no existen facturas por este servicio, es decir, presumiblemente salió gratis.
6- Pago por acompañamiento del MOPC Y Serv. Nac. de Catastro, G. 267.300.000.
7- Sin embargo,la oficina competente del Departamento de Geodesia del Ministerio de Obras Públicas realiza este trámite sin costo, es decir, tasa cero. Mientras que la escala de aranceles por servicio de conocimiento de mensura judicial de Catastro establece el monto de G. 25.000.
Fuente: Contrataciones Públicas, Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este
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Diputados sanciona ley que autoriza al MOPC pago de intereses moratorios por certificados de obra
La Cámara de Diputados sancionó este martes el proyecto de ley “Que autoriza el pago de intereses por certificados de obra y autoriza la emisión de títulos de deuda pública”. La iniciativa tiene por objeto autorizar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el pago de intereses moratorios derivados de obligaciones que no fueron canceladas dentro de los plazos establecidos en los respectivos contratos.
La propuesta normativa fue analizada en la fecha y contó con el acompañamiento de la mayoría del plenario, quedando sancionada la legislación que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su consideración.
De acuerdo a lo expresado por los legisladores, el proyecto autoriza el reconocimiento de intereses moratorios hasta una tasa máxima del 9,9 % anual, así como la emisión y colocación de títulos de deuda del Tesoro Público que permitan captar los recursos necesarios.
Los legisladores utilizaron como base para el estudio y aprobación de la iniciativa el dictamen de la Comisión de Presupuesto, que aconsejó, en mayoría, la aprobación del documento.
Durante el tratamiento el diputado colorado César Cerini, presidente de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, explicó que el proyecto busca autorizar al MOPC a abonar los intereses generados por obligaciones no canceladas en los plazos contractuales.
Indicó que el bloque asesor emitió dos dictámenes: uno en mayoría por la aprobación y otro en minoría por el rechazo. Señaló que la postura favorable se fundamentó en que los retrasos en la cancelación de compromisos generan intereses moratorios que deben ser honrados.
A su turno, el diputado colorado Néstor Castellano, en representación de la Comisión de Presupuesto, informó que dicha instancia se allanó al dictamen de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, con algunas modificaciones de forma y especificaciones adicionales.
Precisó que la propuesta establece que la contabilización de los intereses generados deberá realizarse dentro de los 90 días corridos desde la promulgación de la ley y que la información correspondiente deberá ser comunicada inmediatamente al Congreso Nacional.
Asimismo, mencionó que durante el análisis de la iniciativa, se mantuvieron reuniones con representantes y técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, del Ministerio de Economía y Finanzas y de las empresas constructoras involucradas.
El parlamentario explicó que los contratos contemplaban previsiones de intereses del 10 % al 24 % y que, tras las conversaciones entre las instituciones y el sector empresarial, “se ha consensuado bajar esos intereses al 9,9 %”.
Pese a que se plantearon igualmente posturas contrarias, cuestionando que se establezca por ley una tasa de interés moratoria general para obligaciones derivadas de contratos específicos, indicaron que podrían existir contratos que originalmente contemplaban tasas inferiores al 9,9 %, por lo que consideraron que cada obligación contractual debería ser analizada de acuerdo con sus condiciones particulares.
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