La Policía Nacional detuvo este sábado al propietario del perro que atacó brutalmente a un niño de 10 años en plena vía pública, en el límite entre Luque y Areguá, y se expone a una imputación por omisión de auxilio porque se habría escondido cuando le pidieron ayuda para detener a su perro. El menor permanece internado en estado reservado.

Según el fiscal Jorge Escobar, se ordenó la detención de esta persona porque se denunció que supuestamente no auxilió a la víctima, además, sus familiares indicaron que no se trata de la primera vez que este animal ataca a una persona. El menor, que resultó muy mal herido, fue trasladado hasta el Hospital de Luque por su tía y otros vecinos.

“Es un caso grave que involucra a un niño de 10 años y el propietario ya se encuentra con detención preventiva en la comisaría jurisdiccional. Tenemos las sospechas de que el mismo no auxilió al niño. Hablamos con las pediatras que lo atendieron, ya ingresó a quirófano, tiene varias heridas en todo el cuerpo y la más grave en zona de la yugular”, expresó Escobar, en entrevista con C9N.

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El fiscal afirmó que, según el testimonio de las doctoras que atendieron al menor y el relato de la tía que tiene la custodia, hace suponer que esta persona no habría tenido el manejo adecuado con su mascota. “Tenemos información que el animal estaba suelto en la calle y sin ninguna medida de protección como bozal”, refirió.

Agregó que se convocó a Bienestar Animal y que se constituyeron hasta la vivienda para rescatar al perro, que actualmente se encuentra bajo custodia para evitar que ataque a más personas. Vecinos denunciaron que habrían más perros en el patio de la vivienda de esta persona detenida.

La tía del niño confirmó que el pequeño continúa internado con pronóstico reservado tras ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia debido a las profundas heridas sufridas en la cabeza, el cuello y las extremidades. Además, de que habría convulsionado luego de ser ingresado de urgencias al Hospital General de Luque.

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Este viernes, agentes antinarcóticos de la Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron una serie de allanamientos en la ciudad de Asunción para trata de cerrar lo que sería un foco de venta de drogas al menudeo. Durante le procedimiento detuvieron a una persona e incautaron armas de fuego y presuntas sustancias ilícitas.

Según el reporte dado por los intervinientes, los procedimientos se desarrollaron en varias viviendas ubicadas en el barrio Ricardo Brugada “La Chacarita” de la ciudad de Asunción, entre ellos un local que se dedica al expendio de bebidas alcohólicas en el que detuvieron a una persona.

Son varias viviendas las que fueron allanadas, pero fue en la bodega denominada “De Papá” donde encontraron varias dosis de distintas drogas que estaban fraccionadas y listas para la venta como también armas de fuego. En el lugar fue detenido Juan Silva de 38 años, quien cuenta con antecedentes penales.

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Este procedimiento fue encabezado por la fiscal Pamela Pérez y otros dos fiscales que encabezaron los allanamientos. Los mismos fueron desarrollados tras la serie de denuncias presentadas por los propios vecinos, quienes dijeron estar cansados de la gran cantidad de personas adictas que entran y salen de la zona.

El local comercial “La Bodega de Papá” se encuentra físicamente en el barrio La Chacarita, específicamente sobre la calle Florencio Villamayor. Así también, se allanó un local denominado “Club Oriental”, una vivienda que era alquilada por el detenido y otra vivienda que pertenecería a un familiar.

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Ni validando las facturas que la Dirección de Impuestos Tributarios identificó como falsas se puede respaldar la compra de mercaderías por parte de Miguel Prieto en el esquema Tía Chela. En el intento de defender la entrega los involucrados presentaron facturas emitidas por contribuyentes ficticios, con fechas posteriores al acta de recepción de los kits de alimentos y ni validando todo esto los comprobantes alcanzan a justificar la provisión establecida en contrato y por la cual la administración Prieto pagó G. 2.949 millones.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

De forma burda, pero a la vez absurda, el exintendente de Ciu­dad del Este destituido por corrupción, Miguel Prieto intenta zafar del esquema de desvío de fondos más emble­mático del país durante la pandemia, conocido como Tía Chela. Las pruebas documentales que recolectó el Ministerio Público para sentar al exjefe comunal en el banquillo de los acusados por lesión de confianza y aso­ciación criminal, son de fie­rro y demoledoras.

La Fiscalía comprobó que, además del proceso fraguado de una adjudicación por G. 2.949 millones para la provi­sión de 25.000 kits de víveres a una despensita que no tenía las mercaderías ni la capaci­dad financiera, los alimen­tos no fueron distribuidos a los beneficiarios porque el stock no existió y hubo com­pras fueron ficticias.

Maniobraron una compra por urgencia impostergable sin la debida justificación, utilizando a padre e hijo como potenciales oferentes, adjudicaron millonario con­trato a una despensita que no tenía stock de alimentos y ante la evidente inexistencia de la totalidad de las merca­derías, armaron una cadena de compra-venta ficticia para justificar la provisión, según la Fiscalía.

Tía Chela presentó facturas de una treintena de subpro­veedores para justificar su stock. Declaró facturas de compra de mercaderías entre los que incluso figuraban comprobantes expedidos a nombre de otra razón social en el apuro que le generó la justicia. Las facturas de com­pra de stock presentadas por Tía Chela, según el cál­culo del Ministerio Público suman G. 2.628.722.663. Sin embargo, la operación de compra de la Municipalidad de Ciudad del Este fue por G. 2.949.650.000, de entrada, ya había una diferencia de G. 320 millones.

El dato relevante en el combo de facturas de compra que presentó Tía Chela es que no contaba con ingresos oficia­les que pudieran demostrar el financiamiento de las com­pras. “Sus ingresos percibidos no le permitían realizar esa inversión significativa. Con­taba con una sanción de inha­bilitación de cuentas por una entidad bancaria e incluso registraba operaciones moro­sas”, subraya el Ministerio Público en su acusación.

En la cadena de facturas que construyeron fueron identifi­cados contribuyentes ficticios, según los cruzamientos docu­mentales que analizó la Direc­ción Nacional de Impuestos Tributarios (DNIT). En este esquema tanto Tía Chela como una de sub proveedo­ras, Vanessa (Vanemi) Floren­tín, expareja de Prieto y actual funcionaria de la Municipali­dad de Ciudad del Este, pre­sentaron facturas falsas, se remarca en la mencionada acusación. Según los deta­lles de compr bantes, Vanemi colaboró con 4 facturas fal­sas en el intento de justificar inventario de mercaderías por venta simulada por valor de G. 700 millones que rea­lizó a Tía Chela. Pero, capaz lo más alevoso de la situación sea la desprolijidad en la fabri­cación de facturas para jus­tificar el stock inexistente. Y en este contexto presentaron facturas de compra de merca­derías que son posteriores a la fecha del acta de recepción de los kits firmados por la admi­nistración Prieto.

“Las facturas presentadas por Tía Chela SRL y los subpro­veedores presentan notorias inconsistencias que reflejan operaciones ficticias o inexis­tentes, e incluso se contrapo­nen con las documentaciones institucionales, por las cuales se deja constancia de la recep­ción total de mercaderías los días 27/03/2020 (15.000 kits) y 13/04/2020 (10.000 kits). Esto se debe a que parte de las mercaderías proveídas supuestamente a la comuna, fueron adquiridas con poste­rioridad a las fechas de recep­ción señaladas, ello nos revela una ausencia de stock de mer­caderías y la inexistencia de las mismas, no obstante, a pesar de ello fueron tenidas como recepcionadas por parte de la institución”, refiere la acusación fiscal.

El documento del Ministerio Público remarca que esto “evi­dencia que estas documenta­ciones donde los funcionarios municipales dejan constancia de la recepción de estos kits, no se compadecen con la reali­dad y que fueron redactadas al solo efecto de cubrir la ausen­cia de contraprestación total de lo proveído por la empresa Tía Chela conforme a lo pac­tado en el contrato, firma que debió proveer de 25.000 uni­dades de kits de alimentos, lo cual se traduce en un perjuicio económico a la institución por valor de G. 2.130.036.160 por­que finalmente no se recibie­ron mercaderías de acuerdo a la cantidad establecida con­forme a lo pagado en el con­trato G. 2.949.650.000”.

La Policía Nacional detuvo a un hombre sindicado como el presunto autor de un robo agravado ocurrido en el año 2025 en la localidad de Capiibary, departamento de San Pedro. Este y su cómplice habrían reducido a la propietaria de un local comercial a punta de arma de fuego y se llevó la recaudación del día.

Según el reporte policial, la captura de este hombre se logró en la vía pública en la ciudad de Yasy Cañy, departamento de Canindeyú.

El mismo fue reconocido gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad del comercio donde ocurrió el hecho y también se tienen identificado a su cómplice.

Se trata de Alcides Rubén Flores Villalba, de 37 años, quien cuenta con frondosos antecedentes penales y era buscado como uno de los presuntos autores de un violento robo agravado perpetrado en un local comercial, donde se encontraba una mujer sola, en el año 2025.

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“La detención se realizó en prosecución a un hecho punible de robo agravado ocurrido en el departamento de San Pedro. Este hombre no contaba con cédula de identidad al momento de su detención, estaba registrado en el sistema informático de la Policía Nacional”, expresó el comisario Armando Martínez, en entrevista con canal Trece.

Explicó que su detención se dio en cumplimiento con la orden de captura emanada por la Unidad Penal n.° 1 de la ciudad de Capiibary, firmado por el agente fiscal Pedro Acuña. El hombre fue trasladado hasta la sede de la Policía Nacional de la citada cuidad donde fue puesto a disposición de las autoridades.

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