Una comitiva policial y fiscal, encabezada por la representante del Ministerio Público, Diana Burgos, procedió al allanamiento de una vivienda en el barrio Las Mercedes de la ciudad de Areguá, donde, según indicios, funcionaría una clínica clandestina donde incluso se realizan abortos.
La investigación habría iniciado luego de que una menor de 17 años denunciara ante la fiscalía de la ciudad de Luque que su madre la había llevado a ese sitio para practicarse un aborto.
Según los datos obtenidos por los intervinientes, la vivienda funcionaría como una especie de consultorio naturalista donde las personas van para que la encargada ore por ellos y les provea de brebajes para diferentes dolencias. Al lugar acudirían no solo vecinos de la zona, sino de otros puntos del área central, sin contar que también atendería a menores.
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Los intervinientes esperan poder recolectar más datos e incluso pruebas que demuestren la causa investigada. Destacan además que, a simple vista, el lugar no cuenta con las mínimas normas requeridas para realizar procedimientos médicos ni intervenciones complejas como un aborto.
Hasta el momento no se cuenta con más denuncias como la presentada por la menor de 17 años, pero no se descarta que sea el único caso, en especial teniendo en cuenta la popularidad que ha ganado el sitio y la mujer que lo administra con ayuda de otras personas y la agravante de que las menores podrían estar siendo llevadas por sus propias madres.
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Fiscalía ratifica a fiscales que investigan a Wiens por el caso metrobús
El fiscal adjunto Augusto Salas Coronel, firmó la resolución 329 por la cual rechaza la recusación planteada por la defensa del exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens y ratificó la intervención de los fiscales Giovanni Grisetti, Nathalia Silva y Yeimi Adle para investigar el proceso penal caratulado “Ramón Jiménez Gaona y otros sobre lesión de confianza y otros”, más conocido como caso Metrobús.
La defensa técnica del exministro, abogados Alfredo Kronawetter y Federico Huttemann, presentaron ayer jueves ante la Fiscalía Adjunta Área I de Asunción, un petitorio para que sean apartados del caso los citados investigadores fiscales, por considerar comprometida la objetividad de los mismos.
Cuestionaron que los fiscales Grisetti, Silva y Adle convocaron nuevamente a Wiens a declaración indagatoria por dos hechos: lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo. Según la defensa, el juzgado penal de Garantías había admitido la imputación únicamente por lesión de confianza, y esa delimitación ya está firme por no haber sido recurrida.
Cabe recordar que Wiens fue imputado en febrero de este año por presunto perjuicio patrimonial de G. 14.955 millones relacionado con el proyecto metrobús. Según el Ministerio Público, el exministro tendría responsabilidad penal por las decisiones adoptadas durante la ejecución de la obra.
La imputación sostiene que Wiens no cumplió con la recomendación de la Procuraduría General de la República de realizar un informe técnico antes de la demolición de obras que habían costado al Estado G. 6.924.624.006. Además, señala que autorizó el pago de G. 8.030.693.029 para rehabilitar el tránsito en la zona afectada, gasto que no estaba previsto en el proyecto original.
El presente caso está paralizado desde marzo de este año, cuando el juez Otazú decidió admitir la imputación pero debido a las chicanas presentadas por la defensa del imputado hasta el momento no se pudo desarrollar la audiencia de imposición de medidas cautelares.
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Presumen que muerte de embarazada en Curuguaty no se habría dado por un rayo
Este miércoles, familiares de una mujer que habría fallecido tras la caída de un rayo en Curuguaty, departamento de Canindeyú, denunciaron que no creen que esta fuera la causa de muerte. Piden a las autoridades que investiguen el caso porque presumen que tuvo una discusión con su pareja y que a raíz de esto falleció.
El fin de semana pasado falleció Jorgelina Ruiz Díaz, de 37 años, quien estaba embarazada de siete meses y que tenía cuatro hijos pequeños. El reporte del médico forense del Hospital de Curuguaty determinó como causa de muerte una arritmia cardiaca severa por causa de un golpe o descarga eléctrica.
“Sus familiares llegaron hasta la casa ubicada en la colonia San Óscar Romero, donde revisaron el sitio y tienen ciertas dudas de que la mujer hubiera muerto por una descarga eléctrica, porque en la casa no hay ninguna secuela de algún choque eléctrico o que haya saturado las instalaciones”, expresó Juan Alcaraz, corresponsal de “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
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Apuntó que la hermana de la mujer resaltó que las instalaciones están intactas y que en ese momento estaba teniendo una acalorada discusión con su expareja, que la abandonó tras dos embarazos. “No lo acusan de que la haya matado, pero que esa discusión puedo ser lo que haya provocado alguna crisis y hubiera caído muerta”, resaltó.
La familia adelantó que van a solicitar la investigación para determinar qué fue lo que ocurrió realmente. “Aseguran de que no hay rastro de que el rayo que cayó haya causado la muerte de su hermana. Además, que los niños estaban durmiendo en la otra pieza y no escucharon ninguna explosión mientras ocurrió el hecho”, resaltó.
Piden a las autoridades que visiten la casa de Jorgelina para levantar evidencias y pueda corroborar que todo el cableado así como también el celular de la víctima que estaba conectado funcionan correctamente y que en el caso de la caída de un rayo estarían quemados.
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Policía de Brasil investiga plan de atentados contra poderes públicos en las elecciones
La Policía de Brasil informó el martes que realizó una operación contra ocho hombres sospechosos de planear en Telegram atentados contra los poderes públicos en Brasilia durante las elecciones de octubre, en las que el presidente Lula busca un cuarto obligatorio.
Autoridades informaron que se incautaron celulares y computadoras de los investigados en cinco estados, pero no se hallaron armas ni explosivos ni hubo detenciones.
Los sospechosos integraban “dos grupos públicos en la plataforma Telegram que compartían información sobre planificación de atentados en Brasilia” en el período electoral, detalló en una rueda de prensa el secretario de Derechos Digitales del Ministerio de Justicia, Victor Fernandes.
“Lo que se investiga no se refiere meramente a opiniones, sino (...) a la planificación de actos graves de violencia”, precisó.
Los sospechosos, de entre 19 y 31 años, no se conocen personalmente ni tienen antecedentes delictivos. Trabajan en empleos diversos. Uno de ellos es seminarista de un monasterio de Pernambuco (noreste).
Según un comunicado de la Policía Civil, en Telegram compartieron “manuales para la fabricación de artefactos explosivos” y discutieron la “invasión de edificios, selección de objetivos, formación táctica, reclutamiento interestatal, análisis de mapas y (...) modelos tridimensionales de edificios”.
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La investigación busca “aclarar el grado de organización y el nivel de desarrollo de las acciones” bajo la hipótesis de asociación criminal y apología del crimen, entre otros posibles delitos, sin que los hechos se encuadren “por ahora” como terrorismo, agregó el texto.
Fernandes indicó que se solicitó a la Agencia Nacional de Protección de Datos, un órgano público independiente, que investigue si Telegram incumplió su deber de “impedir la circulación masiva de contenidos delictivos”.
Brasil aprobó en abril una ley que endureció las reglas sobre la responsabilidad de las plataformas digitales y redes sociales sobre los contenidos divulgados por sus usuarios.
Los investigados conspiraban contra “el sistema político en su conjunto, sin determinar izquierda o derecha” y sin barajar nombres de autoridades, dijo el jefe de inteligencia de la Policía Civil de Brasilia, Maurílio Coelho.
En sus conversaciones mencionaron como posibles objetivos “todos los ministerios, el Congreso, el Supremo Tribunal Federal (...) y la planta baja de Planalto”, el palacio presidencial.
El izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva se enfrentará en octubre al candidato derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).
El exmandatario está condenado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones contra Lula en 2022.
El 8 de enero de 2023, días después de la asunción de Lula, simpatizantes bolsonaristas invadieron y destruyeron las sedes de los poderes públicos en Brasilia, un episodio considerado por la corte suprema como parte de la misma trama golpista que llevó a Bolsonaro a la cárcel.
- Fuente: AFP
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Suman cuatro las víctimas del argentino vinculado a supuesta red de trata
Avanzan las investigaciones en el caso del ciudadano argentino imputado por coacción grave y violación de la patria potestad y que estaría vinculado a un presunto esquema de trata de personas. Hasta el momento suman cuatro las supuestas víctimas.
El comisario Juan Pereira, director de Antisecuestro y Terrorismo, dijo este viernes que cuatro víctimas dieron a conocer a través de los medios de comunicación la situación que vivieron con el ahora investigado, Ariel Fernando Morán (56), y dos ya se encuentran documentados.
En ese punto, manifestó en comunicación con el programa “Así son las cosas” de canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media que las dos denuncias corresponden a mujeres mayores de edad y confirmó que hay otro caso que data de hace “uno o dos años” denunciado por una compatriota.
En cuanto a los casos que salieron a la luz, sostuvo que tras la difusión de la detención del hombre y los procedimientos realizados, las víctimas lo identificaron y se armaron de valor para denunciarlo. Las mismas fueron contactadas para realizar trabajos domésticos. Añadió que ya se pusieron en contacto con sus pares de Argentina para corroborar si existen denuncias similares en el país vecino.
El jefe policial indicó que las evidencias incautadas del allanamiento en la vivienda de San Bernardino del imputado ya fueron remitidas para los estudios correspondientes.
En el procedimiento los intervinientes hallaron una habitación con cámaras de alta tecnología, trípodes, equipos de iluminación, teléfonos celulares, computadoras, prendas de vestir con manchas aparentemente de fluidos corporales. También medicamentos controlados, que serían usados como somníferos, drogas, entre otros elementos.
El extranjero resultó detenido después del rescate de una adolescente oriunda de Santaní, departamento de San Pedro, que fue reportada como desaparecida y liberada en un operativo desplegado en la noche del lunes en la Costanera de Asunción, donde la joven fue hallada en el vehículo de Morán con las manos atadas, según se reportó.