Paraguay está frente a una ventana de oportunidad que pocos países de la región tienen: energía eléctrica abundante y barata, una economía dolarizada en los hechos y un comercio fronterizo que ya incorporó las criptomonedas como medio de pago cotidiano. Lo que faltaba era un marco legal. La Resolución 4726 de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), vigente desde el 1.° de enero de este año, es el primer movimiento concreto del Estado paraguayo para ordenar ese ecosistema.

Así lo analizó Cecilia De Maio, analista especializada en activos digitales, fundadora de Racing Group y co-creadora de Auditra, en una entrevista a la 1020 AM. “Paraguay puede llegar a tener un gran ingreso a partir de esto y es un mercado muy propenso a la globalización por el tipo de producto y por la cantidad de energía que se produce. Realmente puede ser algo muy positivo”, afirmó De Maio, quien subrayó que el país reúne condiciones estructurales que lo diferencian del resto de la región.

La normativa, publicada en marzo pero con vigencia retroactiva desde enero, establece un régimen de información obligatoria —no un impuesto nuevo— sobre operaciones con criptoactivos. Alcanza a personas físicas, personas jurídicas y plataformas que superen los 5.000 dólares anuales en operaciones, y abarca el uso, la transferencia y todo aquello que genere rendimiento. La declaración se realiza a través del sistema Marangatú de la DNIT, y quienes no cuenten con RUC están obligados a inscribirse para poder cumplir con la exigencia.

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Para De Maio, uno de los efectos más importantes de la resolución es que despeja la incertidumbre jurídica que frenaba el crecimiento del sector. El uso de criptomonedas en el comercio de frontera era una práctica extendida en Paraguay, pero operaba en una zona gris que generaba dudas incluso entre sus propios usuarios. “Antes estaba esto de, yo no sé si es legal, si es ilegal, porque siempre estaba esa duda. Esto nos viene a dar un marco de legalidad y nos da tranquilidad”, señaló la especialista.

Ese cambio de estatus no es menor. La certeza jurídica es precisamente lo que necesitan tanto los inversores internacionales que miran al país como los operadores locales que ya utilizan criptoactivos en sus transacciones diarias. Con la energía como ventaja competitiva natural —Paraguay es uno de los mayores productores hidroeléctricos per cápita del mundo—, el país tiene condiciones para atraer minería de criptomonedas, empresas de custodia de activos digitales y plataformas de intercambio.

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Sin embargo, De Maio advirtió que la norma llega con vacíos de implementación que deben resolverse con urgencia. Aún no está definido el formulario oficial para la declaración, ni cómo se cruzarán los datos con el impuesto a la renta. También persiste la duda sobre qué ocurrirá cuando una de las partes de una operación declare y la otra no. A esto se suma un desafío técnico propio de la tecnología blockchain: el hash de cada transacción —el código único de 64 dígitos que funciona como comprobante— debe registrarse en el momento exacto de la operación, porque si no se captura entonces, no hay forma de recuperarlo. Esto implica que operaciones realizadas a comienzos de 2025, antes de que la normativa fuera de conocimiento público, podrían ser imposibles de documentar correctamente.

“Lo peor de todo esto es no saber. Al menos ahora sabemos cuáles son las consecuencias”, resumió De Maio, quien llamó a ver el vaso medio lleno: la resolución de la DNIT no es el destino, sino el punto de partida de una regulación que Paraguay necesita construir con solidez si quiere capitalizar su ventaja competitiva en el sector.

De ese total, 787 ya fueron finiquitados, mientras que otros 414 continúan en proceso de análisis y tramitación.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributa­rios (DNIT), informó que el régimen excepcional de facilidades de pago ya permi­tió gestionar más de G. 62.294 millones en deudas tributa­rias hasta el cierre de abril, reflejando una importante adhesión de contribuyentes que buscan regularizar su situación fiscal.

La medida fue impulsada como una herramienta extraordinaria para que per­sonas, empresas y distintos segmentos de contribuyen­tes puedan ponerse al día con sus obligaciones tributarias mediante pagos fraccionados, entregas iniciales o cancela­ciones al contado, evitando que las deudas continúen acu­mulando intereses y procesos judiciales.

Según los datos de la Gerencia General de Impuestos Inter­nos, desde la entrada en vigen­cia del régimen se presenta­ron 1.201 expedientes ante la administración tributaria. De ese total, 787 ya fueron fini­quitados, mientras que otros 414 continúan en proceso de análisis y tramitación.

El mecanismo más utilizado por los contribuyentes fue el de facilidades de pago, con 1.041 solicitudes registra­das hasta abril. A través de esta modalidad se aprobaron regularizaciones por más de G. 52.338 millones. Además, otros G. 6.457 millones fueron abonados como entrega inicial y cerca de G. 3.499 millones mediante pagos al contado.

El régimen excepcional abarca tanto deudas admi­nistrativas como judiciales. Del total gestionado hasta el momento, el 53,19 % corres­ponde a obligaciones admi­nistrativas, equivalentes a más de G. 33.137 millones, mientras que el restante 46,81 % se relaciona con deudas que ya se encuentran en instan­cias judiciales, por aproxima­damente G. 29.157 millones.

Uno de los aspectos más relevantes del informe es la fuerte participación de pequeños contribuyentes dentro del programa. Este segmento concentró el 69,68 % del total regularizado, alcanzando más de G. 43.405 millones. Los contribuyen­tes medianos representaron el 20,36 %, mientras que los grandes contribuyentes par­ticiparon con el 9,96 % del monto total.

En cuanto a los tributos inclui­dos dentro del régimen, las obli­gaciones vinculadas al impuesto al valor agregado (IVA) lideran ampliamente las regularizacio­nes y representan más del 46 % del total gestionado.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), informó que el régimen excepcional de facilidades de pago ya permitió gestionar más de G. 62.294 millones en deudas tributarias hasta el cierre de abril, reflejando una importante adhesión de contribuyentes que buscan regularizar su situación fiscal.

La medida fue impulsada como una herramienta extraordinaria para que personas, empresas y distintos segmentos de contribuyentes puedan ponerse al día con sus obligaciones tributarias mediante pagos fraccionados, entregas iniciales o cancelaciones al contado, evitando que las deudas continúen acumulando intereses y procesos judiciales.

Según los datos de la Gerencia General de Impuestos Internos, desde la entrada en vigencia del régimen se presentaron 1.201 expedientes ante la administración tributaria. De ese total, 787 ya fueron finiquitados, mientras que otros 414 continúan en proceso de análisis y tramitación.

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El mecanismo más utilizado por los contribuyentes fue el de facilidades de pago, con 1.041 solicitudes registradas hasta abril. A través de esta modalidad se aprobaron regularizaciones por más de G. 52.338 millones. Además, otros G. 6.457 millones fueron abonados como entrega inicial y cerca de G. 3.499 millones mediante pagos al contado.

El régimen excepcional abarca tanto deudas administrativas como judiciales. Del total gestionado hasta el momento, el 53,19 % corresponde a obligaciones administrativas, equivalentes a más de G. 33.137 millones, mientras que el restante 46,81 % se relaciona con deudas que ya se encuentran en instancias judiciales, por aproximadamente G. 29.157 millones.

Uno de los aspectos más relevantes del informe es la fuerte participación de pequeños contribuyentes dentro del programa. Este segmento concentró el 69,68 % del total regularizado, alcanzando más de G. 43.405 millones. Los contribuyentes medianos representaron el 20,36 %, mientras que los grandes contribuyentes participaron con el 9,96 % del monto total.

En cuanto a los tributos incluidos dentro del régimen, las obligaciones vinculadas al Impuesto al Valor Agregado (IVA) lideran ampliamente las regularizaciones y representan más del 46 % del total gestionado.

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Este domingo 10 de mayo se cumplieron 4 años de cuando un grupo de sicarios asesinó al fiscal paraguayo, especializado en lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, en Colombia. En la víspera se dio a conocer respecto a una reunión reservada que se concretó en el mes de marzo pasado en la ciudad de Panamá, entre los investigadores de Colombia y Paraguay; la cual arrojó expectativas muy favorables y datos relevantes que por ahora no pueden revelar, pero que permiten confirmar avances en autoría intelectual.

El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán confirmó que las últimas novedades que están dando seguimiento tienen que ver con los rastros de fuentes financieras.

Mencionó que se decidió mantener una reunión reservada del Equipo Conjunto de Investigación Paraguay - Colombia, bajo el auspicio del Programa Global para la Disrupción de Redes Criminales de las Naciones Unidas. En ese periodo, exploraron aspectos dejados de lado a lo largo de la investigación en el territorio colombiando, debido a que tenían planes operativos diferentes a los de Paraguay.

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Consultado acerca de los autores intelectuales, aseguró que se está avanzando de manera muy positiva en ese aspecto. En cuanto a la hipótesis de que la orden de matar a Pecci salió de Paraguay, el fiscal contestó: “Es una variable positiva, es una variable lógica y que está siendo barajada por la Fiscalía desde el suceso del homicidio de Marcelo”.

Cabe señalar que el fiscal Marcelo Pecci fue asesinado mientras disfrutaba de su luna de miel con su esposa, la periodista Claudia Aguilera, en la playa de la Isla de Barú, cerca de Cartagena. Aquel 10 de mayo del 2022, debía ser una fecha de gratos recuerdos para la pareja que recientemente había contraído matrimonio y aguardaron hasta esa fecha para dar a conocer sobre el embarazo y la espera de su hijo Marcelito, el cual se dio apenas horas antes de que se cometiera el crimen.

En estos 4 años, las autoridades colombianas identificaron a un grupo de autores materiales compuesto por al menos siete personas vinculadas directamente a la planificación y ejecución del crimen. Hasta la fecha, la causa sigue abierta ya que continúa la búsqueda de quienes ordenaron el asesinato del fiscal paraguayo, el cual está teniendo avances positivos.

La Justicia colombiana actuó con cierta celeridad respecto a la estructura operativa, logrando en corto tiempo la captura de los principales involucrados que fueron identificados. De los cuales, varios de ellos ya se encuentran con condena firme y ejecutada, que son:

• Wendre Still Scott (sicario): condenado a más de 23 años de prisión.
• Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve (marcadores): madre e hijo que siguieron los pasos de la pareja durante su luna de miel en Colombia; condenados a 23 años y 6 meses.
• Everson Zabaleta (logística): encargado del transporte, condenado a la misma pena.
• Los Hermanos Pérez Hoyos (financiadores): Ramón y Andrés Emilio Pérez Hoyos fueron condenados a 25 años y 6 meses de prisión por planificar y pagar por el asesinato.
• Margareth Lizeth Chacón: condenada a 39 años de cárcel por ser la coordinadora logística y facilitar el vehículo para el crimen.
• Francisco Correa Galeano (articulador): testigo clave de la fiscalía colombiana. Inicialmente condenado a una pena menor (6 años y medio) tras un acuerdo de colaboración.

Es importante señalar, que este último, Correa Galeano habría fallecido en una cárcel de Bogotá en enero del año pasado, en circunstancias que aún son objeto de investigación.

A cuatro años del crimen, el principal interrogante sigue siendo quién o quiénes dieron la orden desde la cima de la pirámide criminal. Existen varias hipótesis que los investigadores siguen rastreando y que todo apunta a una presunta red o estructura transnacional, vinculada al crimen organizado. Presumen que las acciones que llevó adelante el fiscal Marcelo Pecci en el caso A Ultranza Py habrían generado molestias en la cúpula criminal.

En ese marco, se ha mencionado que figuras como Miguel Insfrán (alias “Tío Rico”) y el uruguayo Sebastián Marset, hoy capturado y extraditado a los Estados Unidos, aguarda el avance del proceso judicial en su contra. Al respecto, el fiscal Manuel Doldán señaló que están aguardando que las autoridades judiciales de Virginia, Estados Unidos, bajen el “recelo judicial”, y puedan compartir información sobre el caso.

Cabe resaltar que las investigaciones siguen abiertas, a cargo de Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que se constituyó el 21 de octubre de 2024, tras la firma de un acuerdo entre Paraguay y Colombia para agilizar el intercambio de pruebas sin burocracia, lo que ha permitido analizar dispositivos móviles y documentos financieros de manera directa.

A la par, el Departamento de Justicia de EE. UU. mantiene una colaboración activa, procesando información de dispositivos electrónicos entregados por la familia para rastrear flujos de dinero y comunicaciones de redes criminales internacionales.

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