El Poder Ejecutivo remitió este miércoles a la Cámara de Diputados el pedido de intervención a las intendencias de Ciudad del Este y Asunción, en base al pedido de la Contraloría General de la República (CGR). La nota dirigida al presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, fue firmada por el vicepresidente de la República, presidente en ejercicio, Pedro Alliana, y el ministro del Interior, Enrique Riera.

La nota se sustenta lo establecido por el artículo 165 de la Constitución Nacional, y en la Ley n.º 317/1994 “que reglamenta la intervención de los Gobiernos departamentales y/o a los Gobiernos municipales”, para someter a consideración de la Cámara Baja le pedido de intervención a las administraciones de los intendentes Miguel Prieto y Óscar Rodríguez.

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El documento debe ingresar oficialmente a la instancia legislativo para iniciar por los procesos correspondientes, lo que se podría darse en la próxima sesión ordinaria, el viernes 23 de mayo. Una vez que ingrese, debe ser derivada a las comisiones asesoras para que éstas emiten un dictamen a favor o en contra de la intervención.

El pleno de la Cámara de Diputados debe aprobar el pedido de intervención y a partir de allí se debe instalar una comisión especial, en este caso la Comisión de Intervención que deberá llevar adelante el proceso de investigación para analizar las documentaciones elaboradas por la Contraloría, convocar a los intendentes para dar su descargo, y emitir un dictamen.

“La intervención no se prolongará por más de 90 días, y si de ella resultase la existencia del caso previsto en el inciso 3, (grave irregularidad en la ejecución del presupuesto o en la administración de sus bienes, previo dictamen de la Contraloría), la Cámara de Diputados por mayoría absoluta, podrá destituir al gobernador o el intendente”, refiere el artículo 165 de la CN.

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El director de Auditoría Forense de la Contraloría General de la República, Leandro Villalba, salió en defensa del trabajo realizado por el órgano extrapoder para requerir la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, liderada por Miguel Prieto. Aseguró que la solicitud de fiscalización se sustenta en el ámbito técnico y se fundamenta en los documentos que la administración del dirigente opositor proveyó a la institución.

“En defensa a mis compañeros, esto es un trabajo técnico que expone falencias y se fundamenta en los documentos, en las propias respuestas que la misma municipalidad proveyó a la Contraloría General de la República“, dijo en una entrevista con el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal.

El requerimiento de intervención por parte del órgano extrapoder fue realizado el viernes 16 de mayo al Ministerio del Interior tras corroborar mediante exámenes de control la existencia de graves irregularidades en la ejecución del presupuesto y administración de los bienes comunales.

Villalba detalló que la Contraloría había remitido dos notas a la Municipalidad de Ciudad del Este, con la finalidad de que remitan los documentos de respaldo entorno al manejo de los recursos económicos. La primera en diciembre del 2023 y la segunda en octubre del 2024.

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“Existen inconsistencias y movimientos de cuentas con montos de decenas de miles de millones de guaraníes que aparecían y desaparecían de los balances, sin ninguna justificación”, puntualizó.

Ante estas situaciones, la administración de Prieto se limitaba a responder a la Contraloría que solo se trataba de “errores involuntarios. Supuestamente ellos lo que querían decir que sin querer nada más se equivocaban”, cuestionó.

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Villalba echó por tierra el discurso esgrimido por Prieto, quien alega que el pedido de la Contraloría obedece a una persecución política con miras a los comicios municipales y presidenciales.

“Cuando el contralor liberal Octavio Airaldi pidió la intervención del municipio de Ciudad del Este, a cargo de un colorado en el año 2010, nadie se escandalizó, nadie amenazó a los funcionarios de la Contraloría, nadie dijo nada. En cambio ahora dicen que se trata de una persecución política“, recriminó.

De acuerdo con la Contraloría, en la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, las irregularidades guardan relación con las transferencias de recursos financieros a la subcomisión distrital de Ciudad del Este en apoyo a la actividad llamada “Navidad sustentable” en el ejercicio del 2023.

También hizo mención sobre el examen documental sobre la composición y aplicación de los gastos de capital de la Municipalidad de Ciudad del Este para los ejercicios del 2019 a 2022.

El vicepresidente de la República, presidente en ejercicio, Pedro Alliana, se refirió a la posible intervención de las Municipalidades administradas por los intendentes de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y Asunción, Óscar Rodríguez, y afirmó que esta tarea se debe dejar en manos de los organismos de control.

“Nosotros queremos ser institucionalistas y dejar que las instituciones trabajen. Yo creo que el contralor y sus colaboradores han explicado demasiado bien a todos por qué se da el motivo del pedido de intervención de ambas municipalidades”, dijo el segundo del Ejecutivo.

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Así también, indicó que para llevar adelante una intervención se deben cumplir con todos los procesos, principalmente en la Cámara de Diputados, donde se debe analizar el informe de la Contraloría General de la República (CGR).

“Va hacer que esto tenga su proceso legal, está en el Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior tiene seis días para derivar al Congreso Nacional, la Cámara de Diputados en este caso, la Cámara de Diputados seguramente esto va a derivar a comisiones”, refirió.

Indicó además que, en el equipo político, aún no se analizó una postura o una orientación sobre el pedido de intervención a los dos municipios. “Después estaremos evaluando, ni siquiera todavía nos sentamos a evaluar con relación a los dos pedidos de intervención que vinieron de la Contraloría, todavía no evaluamos, pero esto va a tener su trámite normal dentro de la Cámara de Diputados”, aseveró.

Por otra parte, cuestionó las críticas de algunos sectores, principalmente argumentando una persecución política hacia Prieto.

“Yo entiendo también a veces, la situación de algunos correligionarios nuestros y también gente de la oposición cuando les afecta a ellos. Cuando a un colorado la Contraloría le saca un dictamen en contra, está haciendo bien su trabajo. Cuando el dictamen es contra de algun opositor es una persecución política”, cuestionó.

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El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Carlos Arrechea, se refirió a las denuncias formuladas por parte de la Contraloría General de la República (CGR), sobre las administraciones de los intendentes de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y de Asunción, Óscar Rodríguez. El legislador aseguró que se darán todas las garantías a los intendentes para aclarar sobre lo expuesto por la Contraloría, que solicitó la intervención de mabos municipios.

“En el caso de que se de la intervención se van a dar todas las garantías, con toda la seguridad puedo decir que no se van a cometer arbitrariedades, injerencias políticas, ningún tipo de injusticias. Es momento para que ellos puedan aclarar y trasparentar todo esto para que no quede en duda esta acusación”, dijo Arrechea, este martes, a la prensa en la Cámara Baja antes del inicio de la sesión.

Explicó que, para llevar adelante la investigación, se deberá conformar una comisión especial para analizar y escuchar a los intendentes, así también debe analizar todas las documentaciones de la Contraloría para tomar una decisión como cuerpo legislativo.

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“Se debe conformar la comisión que es la que va a trabajar, eso se hace con los líderes de bancadas, es una comisión especial, eso deriva después a las comisiones si se le da curso. Vamos a ver quiénes van a estar integrando las comisiones, se van a dar todas las garantías”, aseguró el vicepresidente primero.

Por otra parte, se refirió a las cuestiones políticas, teniendo en cuenta que ambos intendentes tienen la intención de pugnar nuevamente las próximas elecciones. En este caso, indicó que en este proceso de análisis para una posible intervención no se permitirá la injerencia política.

“Por supuesto que cada uno de los intendentes afectados tienen sus seguidores y tienen también sus detractores, pero nosotros no vamos a mezclar el tema político, en el caso de que se le dé curso al pedido de intervención, acá se va analizar con los criterios muy razonablemente, objetivamente, creo que es un buen momento para trasparentar, aclarar todo”, sentenció.

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