José Doldán, representante de ahorristas de la cooperativa Poravoty, lamentó el poco avance en la intervención por el supuesto desfalco en detrimento de los socios. Dijo que los propios afectados están cumpliendo el rol del Ministerio Público y tratando de elaborar un plan para recuperar el dinero depositado y reactivar la institución.

“Tarde o temprano nos van a entregar un informe final y sobre eso nosotros tenemos que trabajar y ver la forma de reactivar la cooperativa”, señaló a la 1020 AM.

Aseguró que la prioridad de los socios es que al menos las personas que están enfermas empiecen a recuperar sus ahorros. “Nosotros somos el primer grupo que estamos poniendo pecho y estamos haciendo ruido. Después vamos a exigir el fondo de garantías para las cooperativas. Esto tiene que terminar ya, mientras no haya un fondo de garantía, es una alerta para todas las otras cooperativas que en este momento no es seguro ninguna cooperativa”, expresó.

Se quejó de la falta de apoyo del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), y el respaldo de un fondo para este tipo de casos. “Si el Incoop no nos apoya, entonces por lo menos que tengamos un fondo de garantía”, manifestó.

El vocero de los ahorristas aclaró que la cooperativa desde sus inicios fue una institución abierta para los policías y luego extendieron a todos los interesados en general.

“Y ahí captaron empresarios, ahorristas, inversionistas y de ahí que comenzó a subir muy grande la cartera de ahorros. Eso fue lo que pasó en esta cooperativa”, puntualizó

Maricel Albertini, madre del fiscal Marcelo Pecci, sostuvo que el Ministerio Público está poniendo su máximo empeño para llegar a buen término con la investigación del crimen ocurrido hace tres años. La misma acudió este sábado a un acto en homenaje al agente paraguayo, ante su monolito ubicado en la Fiscalía, al cumplirse otro aniversario del criminal atentado en Colombia.

“Yo confío mucho en el equipo que está trabajando, Manuel (Doldán) sobre todo, porque fue amigo personal de Marcelo”, enfatizó Albertini en conversación con varios medios de prensa, luego de la ceremonia.

Respecto al proceso que se está llevando tanto en Colombia como en Paraguay, señaló que tal vez no toda la información está llegando a la Prensa, cuidando detalles que son delicados por la investigación. No obstante, señaló que está en conocimiento que la investigación está siguiendo su curso, y que los equipo de investigadores continúan con las diligencias.

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“La esperanza es lo último que se pierde, y yo creo que en algún momento sí, y ojalá sea pronto, lleguemos a saber la verdad. Me dijeron que un equipo de investigación de Colombia estará viniendo al país pronto”, expresó.

Indicó que siempre está en contacto con los responsables de la investigación del crimen de su hijo, y que las veces que solicitó algún informe siempre ha recibido respuesta.

“No solo en mi familia, creo que, ante un evento como este, toda la sociedad exige justicia y busca tener una justicia pronta. Realmente para nosotros se va a cerrar el caso el día que se sepa quiénes fueron los responsables. Mientras tanto, está todavía pendiente una parte, ya que otra ya se resolvió, pero recién ese día que se sepa todo y se cierre el proceso, vamos a descansar”, expresó.

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El director de gabinete de Petróleos Paraguayos (Petropar), Alberto Acuña, manifestó que la institución presentó una denuncia ante el Ministerio Público por lesión de confianza y otros hechos punibles, en torno a la paralización de las obras del nuevo tren de molienda en la planta, que se había truncado durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Ayer miércoles se hizo una denuncia penal ante el Ministerio Público. Básicamente se focaliza en lo que sería la ejecución del proyecto”, dijo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La obra de Troche debía estar operativa en el 2023 y tenía como objetivo aumentar la capacidad de molienda de caña de azúcar de 2.000 a 5.000 toneladas diarias, pero terminó paralizada debido a una “sobrefacturación gigantesca” registrada durante el gobierno del exmandatario Mario Abdo Benítez, según denuncias.

El proyecto tiene problemas de diseño y no tuvo en cuenta consideraciones ambientales y de aumento de la producción de caña y sus subproductos, de acuerdo a las argumentaciones del titular de la petrolera estatal, Eddie Jara. La obra empezó con la firma Eisa (propiedad del empresario Alberto Palumbo) y luego fue otorgada a la empresa Ocho A (propiedad del senador Luis Alberto Pettengill). La planificación inicial fue con la primera empresa y la segunda terminó de ejecutar la obra

La acusación refiere que se apunta a la “búsqueda de la verdad a fin de evitar que la conducta siga causando sus defectos”. También se solicita a la Fiscalía que se realicen todas las diligencias requeridas y necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados.

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Se detalla además que Petropar “ha abonado y está expuesta a tener que seguir realizando pagos por una obra que se ha visto sujeta a cambios del originalmente previsto y a demoras, pero sobre todo con serias posibilidades que esta no podría funcionar“.

Agrega que la situación “representaría la necesidad de recurrir a una inversión adicional que según se estima o detalla estaría aproximadamente en otros USD 30 millones”.

Las afirmaciones de Acuña surgieron tras concretarse recientemente la firma de un preacuerdo entre el gobierno y los cañicultores consistente en que Petropar presentará en no más de 30 días una nueva propuesta de tren de molienda. “El reclamo es genuino y lo entendemos”, remarcó.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, sostuvo que la Fiscalía General del Estado es una institución relativamente joven en la democracia del Paraguay; por lo tanto, necesita ser defendida y fortalecida, así como a sus autoridades que fueron constitucionalmente electas.

El legislador respondió de este modo ante la discusión instalada en la Cámara Baja, con la presentación del pedido de juicio político al fiscal general Emiliano Rolón, presentado por los abogados defensores de la familia del exdiputado fallecido Eulalio Gomes. Aclaró que la bancada de Honor Colorado aún no conversó sobre este asunto.

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Ante esta situación, Latorre ratificó que mantiene una posición histórica de respeto y búsqueda constante del fortalecimiento de la institucionalidad del Estado.

“Yo creo que necesitamos fortalecer las instituciones de nuestro país, particularmente el Ministerio Público, teniendo en cuenta que es una institución relativamente joven, ya que anteriormente dependía exclusivamente del Poder Judicial”, explicó.

Explicó que cuando se fundó el Ministerio Público con la Constitución de 1992, se creó bajo la lógica de generar independencia en el proceso de la prosecución penal, de la institución que tenía el monopolio de la acción penal pública, que era el Poder Judicial.

“Entonces para fortalecer la justicia, fortalecer la institucionalidad en nuestra República, nosotros necesitamos proteger la vida de esta institución, así como de las autoridades que fueron constitucionalmente electas”, enfatizó.

No obstante, el presidente Latorre reconoció que el mecanismo del juicio político está “claramente establecido en la Constitución y es una atribución del Congreso de la Nación”, pero subrayó que “debería ser una medida de última ratio”, es decir, el último recurso a considerar.

“La discrepancia con respecto a una decisión puntual no debería motivar a llegar a esa última ratio”, sostuvo, defendiendo la necesidad de proteger la vida institucional y a las autoridades constitucionalmente electas.

El titular de la Cámara de Diputados concluyó señalando que su posición trasciende el caso particular y se enfoca en una necesidad fundamental del país: “El Paraguay tiene que fortalecer sus instituciones. Y eso implica asumir ese tipo de posiciones”.

“Naturalmente, estamos en democracia, estamos en el marco de la libertad de expresión, estamos en un marco donde no existe mandato imperativo. Veremos qué es lo que dice el Congreso Nacional”, finalizó.

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