Un menor de 17 años fue detenido por la Policía Nacional luego de que el mismo le disparara a su padre, tras una fuerte pelea familiar. Del poder del menor se incautó el arma utilizada. El hecho ocurrió en la ciudad de J. Augusto Saldivar.
La madre del menor, Nilda Álvarez, manifestó a los intervinientes que su concubino, identificado como Juan Sánchez, se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas y que en cierto punto le empezó a maltratar y agredir verbalmente. Ese fue el motivo por el cual, su hijo, el ahora detenido, habría intervenido y empezaron una fuerte discusión, que inclusive llegó a los golpes.
Tras esto, el joven se habría retirado de la vivienda y fue hasta la casa de su abuelo paterno, la cual se encuentra en inmediaciones del lugar y de donde regresó portando un revólver calibre 32, con el cual disparó en dos ocasiones a su padre, hiriéndole en la altura del tórax.
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El herido fue trasladado de urgencia por su hermano hasta el Hospital Nacional de Itauguá, donde se encuentra con pronóstico reservado en el área de urgencias. Por su parte, el menor fue puesto bajo custodia policial para que, desde el Ministerio Público, se ejecute el proceso correspondiente en su contra.
Según las informaciones brindadas por la madre, su concubino habitualmente protagoniza peleas en la casa cuando se encuentra en estado etílico, y no sería la primera vez que su hijo intenta detenerlo, por lo que la situación se sale de control.
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Plantean ley para que jueces intervengan de oficio ante casos de violencia doméstica
Un proyecto de ley que plantea que los jueces puedan actuar de oficio ante los casos de violencia doméstica tuvo entrada oficial este miércoles durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados.
Son proyectistas los diputados Saúl González y Santiago Benítez, quienes plantean la modificación del artículo 1º de la Ley Nº 1600/2000, Contra la Violencia Doméstica, y “el artículo 1º de la Ley Nº 6568/2020, Que modifica el artículo 2º de la Ley Nº 1600/2000, Contra la Violencia Doméstica”.
Fundamentan que la iniciativa tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de protección judicial para las víctimas de violencia en el ámbito familiar, mediante la intervención oportuna de los jueces de Paz y la adopción de medidas urgentes. Esto, ante situaciones que puedan poner en riesgo la vida o la integridad de las personas.
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Es así que el proyecto plantea que los magistrados puedan actuar de oficio cuando tomen conocimiento, por cualquier medio, de hechos que pudieran constituir violencia doméstica, aun cuando la persona afectada no haya presentado una denuncia formal.
De esta manera, se busca evitar que la falta de una denuncia impida o retrase la intervención de las autoridades ante situaciones que requieran una respuesta inmediata.
Los proyectistas señalan que las víctimas pueden enfrentar diversas dificultades para denunciar a sus agresores, entre ellas el temor a represalias, las amenazas, la dependencia económica y las presiones familiares.
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Deysi Paola: el rostro de una protección que falló
Deysi Paola Giménez Segovia tenía apenas 22 años y un futuro por delante. Estaba en el último tramo de la carrera de Derecho, trabajaba y buscaba construir su independencia. Pero la noche del jueves 8 de octubre, cuando caminaba hacia su lugar de trabajo en Lambaré, fue asesinada a tiros en plena vía pública. El principal sospechoso es su expareja, Aldo Alexis Duarte, de 26 años, quien permanece prófugo.
La joven había denunciado hechos de violencia y amenazas atribuidos al hombre. También contaba con una orden judicial de alejamiento. Sin embargo, esa medida no consiguió evitar el desenlace fatal.
El caso no solo conmociona por la brutalidad del crimen, sino por los antecedentes que ahora colocan bajo cuestionamiento la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia.
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Denunció, pidió protección y terminó asesinada
Según los reportes policiales, Deysi había recurrido a la Justicia ante situaciones de violencia atribuidas a su expareja. Un juzgado de Capiatá, donde vivían anteriormente, había dispuesto una medida de restricción.
El abogado William Amaral Martínez, quien fue jefe de la joven, aseguró que existían antecedentes de acoso y amenazas denunciados ante el Juzgado de Paz de Lambaré y que el caso también había llegado al Ministerio Público.
Amaral cuestionó la respuesta institucional y denunció que no se habría activado el protocolo de protección. También hizo referencia a demoras en el tratamiento judicial del caso, circunstancias que requieren una revisión de los expedientes correspondientes.
La joven, que estaba próxima a culminar sus estudios de Derecho, había acudido precisamente a las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de las leyes. Su muerte instala una contradicción dolorosa: una futura abogada que recurrió al sistema judicial en busca de protección terminó siendo víctima de la violencia que había denunciado.
Una ley que protege en el papel, ¿pero también en la práctica?
Paraguay cuenta desde 2016 con la Ley 5777, de Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia, que establece medidas preventivas y mecanismos de protección para las víctimas.
Entre esas disposiciones se encuentran las órdenes de alejamiento, las prohibiciones de amenazas, persecución y acoso, así como responsabilidades para las instituciones involucradas.
No obstante, casos como el de Deysi Paola plantean interrogantes sobre el seguimiento efectivo de esas medidas y la capacidad del Estado para intervenir antes de que las amenazas se conviertan en hechos irreparables.
La existencia de una resolución judicial no garantiza, por sí sola, la seguridad de una persona. Su efectividad depende también de la evaluación del riesgo, el seguimiento policial, la actuación fiscal y la coordinación entre las distintas instituciones.
En este caso, será fundamental esclarecer qué actuaciones se realizaron después de las denuncias y si existieron omisiones o demoras que pudieron haber comprometido la protección de la víctima.
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¿Es momento de revisar las leyes?
La muerte de Deysi Paola vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de evaluar tanto la legislación vigente como los procedimientos para su aplicación.
Entre las propuestas que merecen un debate legislativo se encuentran el seguimiento obligatorio de las órdenes de restricción, la evaluación inmediata del nivel de riesgo de las víctimas, el fortalecimiento del monitoreo electrónico de agresores y la intervención urgente cuando se detectan incumplimientos.
Otro aspecto fundamental es establecer controles efectivos sobre la actuación de las instituciones responsables de atender denuncias, garantizar la coordinación entre juzgados, Fiscalía y Policía, y determinar responsabilidades cuando se comprueben negligencias.
El desafío no pasa únicamente por aumentar las penas o aprobar nuevas disposiciones, sino por conseguir que los mecanismos de protección funcionen antes de que ocurra una tragedia.
Una tragedia que exige respuestas
Hasta septiembre de este año, el Ministerio Público había registrado 19 víctimas de feminicidio y 28 tentativas en Paraguay. Detrás de esas cifras hay mujeres, familias y proyectos de vida interrumpidos por la violencia.
Deysi Paola Giménez representa hoy mucho más que un nuevo caso en las estadísticas. Su historia obliga a examinar qué sucede después de que una mujer denuncia, solicita protección y espera una respuesta efectiva de la Justicia.
La investigación deberá determinar las responsabilidades penales del crimen, pero también corresponde esclarecer cómo actuaron las instituciones que conocieron sus denuncias.
Porque el verdadero alcance de una ley de protección no se mide solamente por las medidas que permite dictar, sino por su capacidad para evitar que una mujer amenazada termine asesinada.
Deysi recurrió a la Justicia para proteger su vida. Ahora, el Estado debe explicar qué hizo para protegerla.
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Crimen en el barrio Santa Ana: un hombre fue asesinado de un disparo en la espalda
Un hombre de 26 años murió de un disparo en la espalda esta madrugada en el barrio Santa Ana de Asunción. El herido se refugió en una casa de la zona, donde se desvaneció. Fue auxiliado hasta el hospital Barrio Obrero, donde se confirmó su deceso.
La víctima fue identificada como Alexander Daniel Peralta Franco (26), a quien se le observa en imágenes de circuito cerrado vistiendo remera negra y tambaleándose a punto de desvanecerse.
Aparentemente fue herido en un enfrentamiento que se habría dado cuadras antes. Posteriormente, va corriendo con otra persona a refugiarse en un lugar donde se hallaba un grupo de personas. Prácticamente llegó a rastras a pedir ayuda, pero finalmente se produjo su fallecimiento.
“No tenemos testigo presencial del hecho. Lo que tenemos es un pequeño video de un circuito cerrado, donde la víctima al recibir el impacto de arma de fuego se refugia dentro de un domicilio”, comentó el comisario Daniel Téllez, de la Comisaría 21°, en declaraciones a C9N.
En el lugar fue socorrido por vecinos y familiares, quienes lo trasladan hasta el hospital, donde se comprueba su deceso.
“Se presume que se trató de una pelea o de una emboscada. Pero hay gente de Homicidios investigando. Hoy seguramente van a tener algunos circuitos cerrados para saber si fue un enfrentamiento o una emboscada”, detalló el jefe policial.
Añadió que la víctima presentaba una sola herida de arma de fuego. “Recibió un solo disparo de hacia atrás a la altura de la espalda con orificio de entrada, pero no de salida. La autopsia se realiza en la fecha para la extracción del proyectil”, precisó el interviniente.
Sobre el autor del crimen, la sospecha recae sobre una persona conocida con el alias de “Pocholo” o “Pololo”. Además, un testigo presencial del hecho está siendo buscado por la Policía. Sería un tal Fabio, quien desapareció cuando llegó el personal policial.
“Lo que manejamos es que hubo una riña entre ellos sobre Avenida Quinta hace ocho días atrás y se estarían cobrando eso”, manifestó el uniformado.
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Delincuentes armados roban unos G. 11 millones de un comercio en J. Augusto Saldívar
Este miércoles, a plena luz del día, dos motochorros asaltaron un local de cobros y pagos en la ciudad de J. Augusto Saldívar y se alzaron con casi 11 millones de guaraníes. El local en estas fechas suele ser altamente concurrido porque realiza pago para adultos mayores y denunciaron poca seguridad y pidieron mayor presencia policial.
Según el reporte policial, el hecho se registró cerca de las 9:00 de hoy, en un local comercial ubicado en la Compañía 8 de la citada ciudad. Hasta allí llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta y a punto de arma de fuego intimaron al propietario a entregar todo el dinero que tenía.
“Nosotros manejamos el pago a los adultos mayores y una hora después de que abrimos llegaron los asaltantes. Lastimosamente no hay mucha seguridad en la zona, acá cerca tenemos un colegio y hace una semana se le asaltó a los estudiantes que salían”, expresó Denis Fleitas, en entrevista con C9N.
Expresó que son varios los locales que estamos expuestos a este tipo de asalto y que nunca ven pasar una patrullera por la zona, por lo que presumen que estos maleantes manejan esa información y que por eso andan asaltando a los residentes. Toda la secuencia del atraco quedó registrada en imágenes de cámaras de seguridad.
En el momento en que los motochorros llegaron al sitio, un hombre que es cliente con discapacidad estaba esperando frente al negocio y presenció todo lo ocurrido. Ambos descendieron de la moto e ingresaron al local, cuando vio el arma de fuego y que apuntaron al comerciante el hombre de la tercera edad se retiró.
Finalmente, los delincuentes se lograron alzar con la suma de G. 11 millones. Se presume que estos hombres ya fueron detenidos en un operativo que se realizó cerca del mediodía de hoy, pero por otro hecho punible. Actualmente, se aguarda que la víctima pueda reconocerlos para corroborar la situación.
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