En los primeros días de marzo, autoridades de la dirección de Enfermería del Instituto de Previsión Social como la jefatura del departamento de Enfermería del Hospital Central visitaron el Centro Productor de Sangre y Terapia Celular, el cual se ubica en inmediaciones del portal lateral de la previsional, sobre Dr. Manuel Peña casi Santísima Trinidad, en Asunción.

“La donación de sangre es un acto de amor y compromiso con la vida. Por ello, desde el departamento de Enfermería promovemos la concienciación y participación de todos en este gesto solidario que permite seguir brindando atención y esperanza a muchos pacientes”, manifestó la licenciada Evelyn Alcaraz, jefa del departamento de Enfermería del Hospital Central.

Los representantes de miles de profesionales del área de Enfermería del IPS llevaron a cabo el acto voluntario de donar sangre con el fin de promover la donación e instar a todos los funcionarios y a voluntarios a salvar vidas.

El personal de salud en todas las especialidades ha sido partícipe de charlas y capacitaciones de forma constante y planificada demostrando el nivel de profesionalismo de los equipos de trabajo, el espíritu de servicio y las altas capacidades que posee cada individuo para brindar una atención integral a los pacientes y familiares.

A su vez, junto con el apoyo de la Gerencia de Salud y la Dirección de Enfermería se fomenta el bienestar de los funcionarios de la institución con campañas como “Cuidar a quienes nos cuidan”. Por lo tanto, mediante este acto de donación se insta a fortalecer las virtudes de la profesión con la frase “Tu donación puede marcar la diferencia”.

Este miércoles, el Ministerio Público imputó por homicidio doloso a la pareja que fue detenida y es sospechosa por el crimen de la joven de 19 años que fue hallada muerta en una precaria vivienda en Nanawa, departamento de Presidente Hayes. La mujer habría sido acusada por la comisión del hecho y el hombre en grado de complicidad.

La agente fiscal, Liz Portillo, decidió formular imputación contra Porfiria Diana Giménez, de 34 años, por la presunta comisión del hecho punible de homicidio doloso de Amalia Beatriz Cáceres González, de 19 años, de nacionalidad argentina. La joven fue hallada muerta tras el incendio que habría sido provocado intencionalmente.

Así también, fue imputado Cristhian Rolón Maidana, de 40 años, por complicidad en el mismo hecho punible que se registró en una precaria vivienda ubicada en el barrio San Miguel de la ciudad de Nanawa. Este último habría mantenido una relación con ambas mujeres y sería lo que había motivado el crimen.

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La fiscal habría ordenado la autopsia al cuerpo de la víctima para determinar su correcta identificación y las causas de su fallecimiento. El resultado preliminar estableció que la muerte se produjo por inhalación de monóxido de carbono, sin evidencias de lesiones por proyectil ni traumatismos craneales.

“No se pudieron constatar golpes debido a la ausencia de piel en el cadáver. La identificación de la víctima fue confirmada mediante estudios científicos y aportes secundarios proporcionados por su madre”, expresó Portillo.

Aclaró que las investigaciones preliminares apuntan como posible responsable del hecho a la mujer de 34 años, quien presuntamente habría agredido a la víctima y posteriormente incendiado la precaria vivienda utilizando material combustible, con la joven en su interior. Ambas personas ya se encuentran detenidas.

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La bancada del movimiento Honor Colorado en la Cámara de Diputados analizará el lunes 16 de marzo el pedido de interpelación al titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez. La solicitud es impulsada por el sector de la oposición y la disidencia colorada.

“Siempre y cuando tenga la confianza del presidente de la República, Santiago Peña, nosotros depositamos la confianza también en el titular de IPS, pero sí va ser un tema a tratar en la próxima reunión (de bancada) del próximo lunes”, manifestó el diputado Miguel Ángel Del Puerto, en conversación con los medios de prensa.

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Del Puerto, quien ejerce el liderazgo de la bancada oficialista, acotó: "Por supuesto que existen fallas, existen falencias, hay que invertir más en la parte de la atención médica, fortalecer los hospitales, las unidades sanitarias en el interior del país, hay mucho por hacer, por eso queremos analizar en bancada cuáles son las respuestas o las decisiones que está tomando el presidente del IPS para mejorar las condiciones".

El pedido de interpelación que se tratará el martes 17 de marzo también va dirigido al gerente de Salud, Derlis León. “Queremos analizar serena y responsablemente en bancada, pero acá hay que entender también que influye mucho el tema político, hay sectores que insisten en la destitución, son posiciones políticas, es por eso que se debe analizar como un todo”, dijo.

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Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, la administración del IPS exoneró el pago de sumas millonarias a la empresa de su familia política. Los documentos sobre el cobro del Instituto de Previsión Social (IPS) a la empresa hotelera muestran una verdad irrefutable: la exoneración de multas e intereses millonarios por parte del ente, pese a litigios ganados. En la administración de Jorge Brítez la situación se revirtió y de G. 5.557 millones “arreglados” en la era Abdo se logró ingresar G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Los hechos son muy claros y hablan por sí solos, pese al redireccio­namiento de cuestionamientos que se quiere hacer del sonado caso del Consorcio Hotelero Sudamericano SA, propiedad de la familia política del expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez, que arrastraba multimillonarias deudas con el Instituto de Previsión Social (IPS) en concepto de aporte obrero patronal.

Después de un largo litigio por el cobro de la mencionada deuda y pese a los juicios ganados para cobro de capital, intereses y multas, por una resolución de fecha 6 de diciembre de 2018, el entonces Consejo de Adminis­tración perdonó estas obligacio­nes a la empresa de la familia de la esposa de Abdo Benítez. Con esta decisión, el monto a perci­bir por la previsional se redujo a G. 5.557 millones, con facilida­des de pago en cómodas cuotas para la firma deudora que apro­vechó sus privilegios al punto de incumplir hasta lo acordado. La situación mencionada cambió en el 2024 cuando la Dirección Jurídica de la previsional veri­ficó el incumplimiento y exigió el pago correspondiente por medio de ejecución de cobro, logrando así el IPS cobrar en una primera instancia la suma de G. 7.500 millones y posterior­mente la suma de G. 1.891 millo­nes, sumando así un ingreso total de G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Se impulsó igualmente una causa penal por evasión, habiéndose verificado que se descontaba a los empleados, pero no se aportaba al IPS, pri­vando así el Consorcio, familia política de Abdo Benítez, a sus trabajadores de las prestacio­nes médicas y del derecho a la jubilación, pese a los descuentos que les realizaban en concepto de seguridad social.

Así, surgió un primer acuerdo con la empresa Consorcio Hotelero en 2018 con el com­promiso de cancelar la deuda a noviembre de ese año, pero esto iba atado a millonaria exone­ración de G. 5.224 millones, es decir, casi el 50 % de la deuda, incluso de obligaciones que ver­saban al año 2003. Por si fuera poco, desde noviembre del 2018 hasta el inicio de la ejecución en febrero de 2024, el Consorcio Hotelero no cumplió con nin­gún punto del acuerdo homolo­gado, pese a todos los beneficios. Con la actual administración se revirtió la concesión que le dieron en el gobierno ante­rior a la empresa de la familia política de Abdo Benítez y el IPS logró el cobro de G. 7.500 millones inicialmente y luego, en el primer semestre de 2025, se canceló el total adeudado a la fecha de pago, lo que llevó a que en menos de un año se cobre la suma de más de G. 9.391 millo­nes a favor de los asegurados. Es importante remarcar que, si es que se aceptaba el acuerdo ante­rior del 2018, IPS iba a tener G. 1.900 millones menos en recur­sos y deja en evidencia a quienes intentaron sacrificar los dere­chos de los asegurados con rega­lías que constituyen un saqueo a la previsional.

Además del pago de millonarias multas e intereses, el Consorcio fue obligado a pagar las costas del juicio, decisión judicial uti­lizada como revancha mediá­tica del abdismo y redireccionó el tema colocando en centro de escándalos al exdirector jurí­dico y su equipo. Los tiroteos mediáticos ignoran que el pro­pio Consorcio realizó propues­tas de pago, e incluso de dación en pago de inmuebles, que fue­ron rechazadas por no ser con­venientes a los intereses del IPS. La empresa tuvo que asu­mir lo que correspondía, el pago del capital que adeudaban con intereses. En la misma pro­puesta presentada, solicitaron el pago del 5% (mínimo legal) a los abogados, todo ello abo­nado y pagado por el Consorcio. Si el propio Consorcio moroso planteó este pago, conforme a las costas que veía venir y con­siderando todo el regateo a la previsional para esquivar deu­das históricas, ¿que presunción puede haber sobre su sorpresiva iniciativa de cubrir los gastos que conlleva cualquier juicio?

Los costos que recayeron en la parte perdidosa, ejecuta­dos conforme a propuesta de la misma en el marco de la Ley, se convirtió en gigantesca cam­paña mediática con medias verdades. La prensa sangra por la herida de la empresa de la familia política de Abdo Bení­tez antes que defender el interés de los asegurados e IPS.