Un hombre de 46 años, con 13 antecedentes penales por robo y hurto, fue aprehendido por la Policía Nacional tras ser descubierto con siete celulares en su poder durante el festejo de los hinchas paraguayos en el microcentro capitalino.

El descuidista cayó esta madrugada sobre la calle Chile y Palma, a una cuadra de la Comandancia de la Policía, donde cometía su golpe aprovechando la aglomeración de fanáticos. Se trata de Ovidio René Mancuello Sosa (46), con antecedentes por hurto y robo agravado desde el año 1996 hasta el 2025. En su poder fueron hallados siete móviles.

La gente que perdió su teléfono y que radicaron la denuncia correspondiente pueden proceder al reclamo en la Comisaría 3ra Metropolitana, donde fueron depositados los aparatos como evidencias.

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“Personal policial lo encontró infraganti con siete celulares de alta gama aproximadamente en la esquina de la Comandancia de Policía”, informó a canal Trece la comisario María Agustina Achucarro, vocera de la Policía Nacional. Tras verificar los datos del aprehendido, saltó su extenso historial delictivo y el delincuente quedó detenido, siendo puesto a disposición del Ministerio Público.

“Esta persona posee antecedentes por hurto y robo agravado desde el año 1996 continuamente, 1999, 2001, 2002, 2005, 2006, 2009, 2010, 2019, 2020, 2022, 2025”, mencionó la directora de Relaciones Públicas de la Policía.

También fueron trasladadas a la comisaría 34 personas identificadas como cuidacoches para su verificación correspondiente y 34 menores que se encontraban en la vía pública sin la compañía de personas adultas responsables. Entre las 34 personas aprehendidas, la mayoría contaba con antecedentes por distintos hechos punibles.

El operativo de control y seguridad desplegado por la Policía Nacional en el microcentro capitalino concluyó en las primeras horas de este martes luego de la desconcentración total de los asistentes.

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De un pequeño abasto no quedaron ni los cables. No había terminado de temblar la tierra cuando comenzaron los robos y saqueos en la zona más devastada por el doble sismo en Venezuela. Las denuncias abundan en el estado costero de La Guaira, vecino a Caracas y convertido en una gran montaña de escombros.

En un video en redes sociales, un grupo de personas se pasa cajas de electrodomésticos desde una tienda colapsada; en otros se ven también cajas similares sobre techos de autos o en motos. También circulan en las redes acusaciones contra policías y militares que supuestamente roban en casas o incluso a los muertos.

La sucursal de una importante cadena de farmacias fue desvalijada, al igual que supermercados y otros comercios. Es una situación que algunos atribuyen al llamado “turismo de la desgracia” y otros al hambre y necesidad que se crean al perderlo todo en un país en crisis crónica.

“¿Es justo que nuestro pueblo se coma al pueblo?”, lamenta María Esther Bernal, de 71 años, que alquilaba locales a comerciantes chinos, todos saqueados. “No dejaron ni el papel de las paredes”, resume. “Se llevaron hasta los cables”.

“Allí al lado un señor se murió, era un señor chino, pasaban por encima del muerto para saquear, eso era un automercado”, lamenta.

La población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda de las autoridades ante el doble sismo que ya dejó 1.450 muertos y decenas de miles de desaparecidos.

Reclaman no solo en las labores de rescate en La Guaira sino en el mantenimiento de la seguridad y la atención con comida, agua, medicinas.

El gobierno militarizó el estado y restringió el acceso a un salvoconducto que hay que tramitar con los militares en Caracas.

Las casas tampoco se salvaron. “Aquí no hay nada”, dice a la AFP Zulay de Carvajal, de 72 años. “Nos robaron todo, la ropa... zapatos, corotos (utensilios), ollas, tazas, vasos”.

“Encontramos un desastre”, completa su hijo, Gregory Carvajal, de 37 años. “Nosotros estábamos sacando personas que estaban muertas y en ese momento estaban saqueando, la gente estaba loca, saqueando, llevándose todo”.

En otro barrio de La Guaira, lo mismo. Un hombre encontró a un grupo tratando de desatascar un camión en una casa para llevárselo.

Hay personas que extraen combustible de los carros tapiados; otros que se hacen pasar por bomberos. Hay denuncias de todo tipo.

Un video que circula en redes sociales muestra a un hombre que expulsa de su casa a un militar y otro funcionario que encuentra esculcando.

“Siguen sacando vainas (cosas), no aguanto”, protesta la persona que graba con su teléfono.

Los funcionarios le dicen que solo comprobaban si había gente. “Fuera, fuera, que me han saqueado todo”. La Guaira ya había sido devastada en 1999 por lluvias y deslaves que dejaron más de 10.000 muertos. Y esa época “también hubo el fenómeno de la delincuencia”, explica Marino Alvarado, excoordinador de la ONG de derechos humanos Provea.

“No es extraño que nos podamos conseguir con tres situaciones que también se vivieron en el deslave”, añade. “La delincuencia; dos, el abuso policial que ya empieza a ser denunciado; y tres, funcionarios policiales o militares participando también del saqueo”. Después de que una de las sucursales de la cadena farmacéutica Farmatodo fue saqueada en La Guaira, la empresa limpió el local con ayuda de la comunidad. Ahora funciona ahí una clínica de atención primaria.

Fuente: AFP.

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) tomó medidas ante denuncias realizadas sobre casos de diversas formas de violencia, presuntamente cometidas por cuatro funcionarios o personas vinculadas a la institución. Las denuncias fueron hechas por funcionarias del Indert, y la jueza de Paz del distrito de la Recoleta, María Bethania Mendieta, dispuso medidas de protección urgentes en favor de 8 funcionarias.

Ante esta resolución judicial, el presidente de la institución, Francisco Ruiz Díaz, resolvió el traslado cuatro de los denunciados a distintas dependencias del ente en el interior del país. El hecho ocurrió en la administración anterior, aclara la institución.

La magistrada ordenó la prohibición de acercamiento de los denunciados a las víctimas, a sus familiares y a los lugares que estas frecuentan, además de prohibir cualquier acto de intimidación, persecución, amenaza o descrédito, ya sea de manera directa o a través de terceros o medios tecnológicos.

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Por Resolución n.° 1452, el titular del Indert dispuso el traslado del funcionario Bernardo Diosnel Sosa, para prestar servicios en la agencia regional de Arroyito, Concepción. Por la Resolución n.° 1453, se resolvió el traslado del funcionario Rubén Estanislao Galeano, a prestar servicios en la Dirección Departamental de Paraguarí.

Por Resolución n.° 1450, fue trasladado el funcionario Fredy Bernardo González a la Dirección Departamental de Guairá. Así también, por Resolución n.° 1453, se dispuso el traslado del funcionario Arnaldo Andrés Britos, a la Dirección Descentralizada de San Pedro, con asiento en la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú.

Ante esta decisión, la Coordinadora Nacional de Beneficiarios de la Reforma Agraria (Conabertt) emitió un comunicado público, en el cual respalda al presidente y a la institución. Así también, expresa el repudio ante estos hechos sufridos por las funcionarias.

“Repudiamos los hechos de coacción y amenazas ejercidos por altos jerarcas de administraciones anteriores, sobre quienes la jueza María Bethania Mendieta dictó prohibición de acercamiento a las víctimas por Ley n.° 5777/2016, señala el pronunciamiento de la organización campesina. Conabertt valora y respalda la decisión del presidente del INDERT, Econ. Francisco Ruiz Díaz, de disponer el traslado inmediato de los 4 funcionarios denunciados a agencias regionales del interior, dando cumplimiento íntegro al mandato judicial”, señala el comunicado.

Igualmente, la organización insta al Ministerio Público a avanzar en la investigación por coacción, teniendo en cuenta que las medidas administrativas no sustituyen a la justicia penal.

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En el cierre del quincuagésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrado del 22 al 24 de junio del 2026 en la Ciudad de Panamá, el Estado paraguayo planteó que la lucha contra el crimen organizado debe convertirse en una prioridad regional basada en la cooperación internacional, el fortalecimiento institucional y la coordinación entre Estados.

El gobierno de Paraguay estuvo representado por el vicecanciller Víctor Verdun y el primer secretario, Luis Jerónimo Sann Irún, quienes coincidieron en el planteamiento de dejar de lado las diferencias ideológicas para enfrentar amenazas transnacionales que afectan la seguridad, la democracia y el desarrollo de las naciones.

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Este encuentro multilateral se desarrolla bajo el lema "América unida en el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá“, y con el tema ”Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados miembros“.

Al respecto, Vedun señaló que la inseguridad es el principal problema de la región; si bien, indicó que América Latina suele considerarse una zona de paz por la ausencia de guerras, recordó que solo el año pasado hubo unas 100.000 víctimas de crímenes violentos, de los cuales el 30 % fueron víctimas vinculadas al crimen organizado.

“Estamos ante un problema endémico que es la falta de seguridad. Escuchamos a uno de los panelistas decir cómo las generaciones jóvenes se están desencantando del sistema democrático, por la falta de respuesta y una que usualmente se nos achaca es la falta de respuesta efectiva contra la ola de inseguridad. No podemos olvidar que sin seguridad no hay inversión y sin inversión no hay crecimiento”, remarcó Verdún.

Uno de los conceptos más fuertes que planteó el vicecanciller paraguayo es que el crimen organizado afecta a todos los países sin distinción ideológica y que la cooperación debe estar por encima de diferencias políticas. Sostuvo que ante esto, el principal desafío es construir confianza entre los jóvenes, independientemente a las ideologías políticas.

“El crimen organizado nos afecta a todos, afecta a todas nuestras sociedades en sus diversas gamas de delitos. Así que tenemos que eliminar el componente ideológico de la lucha contra el crimen organizado. Construir confianza entre los actores gubernamentales, particularmente entre nuestros organismos de seguridad y entre nuestros organismos de inteligencia”, acotó.

En tanto que, el primer secretario Sann Irún, destacó el papel de los países observadores y de la cooperación internacional para dotar a los Estados de mayores capacidades institucionales frente a amenazas complejas y transnacionales.

Remarcó que Paraguay agradece y valora el respaldo técnico y financiero que los observadores aportan a los proyectos de la OEA. Teniendo en cuenta que su cooperación impacta directamente en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los Estados para enfrentar amenazas complejas y transnacionales, como la lucha contra el crimen organizado, la trata de personas, los desafíos emergentes de la ciberseguridad, entre otros.

“Frente a un panorama global marcado por múltiples retos e incertidumbres, Paraguay reafirma que el éxito de nuestra acción colectiva radica en el respeto mutuo a las realidades nacionales, las prioridades de cada Gobierno y fundamentalmente el bienestar directo de nuestras comunidades”, acotó.

Asimismo, destacó que el Estado paraguayo renueva el reconocimiento por el constante apoyo a las misiones de observación electoral de la OEA. “El Paraguay las ha defendido siempre como una herramienta insustituible para el perfeccionamiento, blindaje y transparencia de nuestros sistemas democráticos”, remarcó.

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