En el marco de un operativo de control, realizado por la Policía Nacional antes del encuentro deportivo entre el club Olimpia y Nacional en el estadio Defensores del Chaco, fueron detenidas más de una decena de personas, entre las cuales se encontraban dos mujeres familiares de Armando Javier Rotela, líder del grupo criminal conocido como clan Rotela.

Las detenidas fueron identificadas como Lourdes Rotela, de 22 años, y Leidy Rotela, de 19 años; ambas contaban con órdenes de captura pendientes por estafa y delitos cibernéticos. Debido a que tenían una orden de remisión directa, las detenidas fueron procesadas y trasladadas hasta la base de Investigaciones.

“Ambas mujeres intentaban ingresar por el portón 9, cuando llegaron a la barrera de control y se les solicitó su documento de identidad manifestaron que no lo habían llevado y que no recordaban el número, por lo que debimos indagar sus datos con sus huellas y ahí saltaron los antecedentes y la orden de captura pendiente que ambas tenían”, dijo el comisario Blas Espínola en conversación con canal Trece.

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Destacó que durante el operativo de control se logró la detención de 16 personas, entre ellas 3 mujeres que contaban con orden de captura y que fueron procesadas inmediatamente según las medidas que pesaban en su contra. Entre los detenidos estaban hinchas que dieron positivo a la prueba de consumo de alcohol y algunos cuidacoches que estaban apostados en las inmediaciones.

Con este tipo de intervenciones preventivas y filtros de seguridad para la entrada a los estadios, la tasa de incidentes ha disminuido, generando un entorno de seguridad para los asistentes a los eventos y un mayor grado de participación de familias que anteriormente temían asistir a los estadios.

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Un hombre de 30 años de edad y un adolescente de 16 años fueron detenidos por un supuesto homicidio doloso producido con arma blanca. Durante el procedimiento se incautó el arma blanca con la que se habría cometido el crimen.

El hecho ocurrió en la Colonia Caruperá 1, del distrito de Yvypyta. El procedimiento estuvo a cargo del personal del Departamento de Investigación de hechos punibles, Regional Canindeyú.

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Todo lo actuado, así como las evidencias fueron puestos a disposición del Ministerio Público que deberá seguir con la presente investigación y citar a declarar a los dos detenidos.

Una vez que los aprehendidos declaren ante el fiscal, el mismo podrá presentar la imputación correspondiente y por ende tendrá que solicitar la medida cautelar que para el hecho registrado podría ser la prisión preventiva.

Luego, las dos personas deberán comparecer ante un Juzgado Penal de Garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se estudiará el pedido de prisión preventiva u otra medida que el juez a cargo del presente proceso penal considere.

En caso de que se decrete la prisión de los dos sujetos, la defensa de los mismos puede apelar la resolución judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que tendrá que definir si corresponde confirmar la prisión de los detenidos.

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La tarea ejercida por organismos de control en el sistema sanitario de un país es fundamental a la hora de una entrega de calidad de los servicios médicos que reciben los pacientes.

Por ello, es crucial entender el rol de la Superintendencia de Salud, organismo responsable del control y regulación de todo el sistema sanitario nacional, ya sea público, privado o mixto.

En efecto, el superintendente de Salud, Dr. Roberto Carlos Melgarejo Palacios, explicó que la institución supervisa desde clínicas, sanatorios y centros especializados, hasta empresas de medicina prepaga, más conocidas como seguros médicos.

“Este es el eje de la Superintendencia”, afirmó, destacando la importancia del registro y la fiscalización como herramientas clave para asegurar servicios médicos seguros y profesionales habilitados.

Según el procedimiento establecido por ley, toda institución de salud debe ser primero habilitada por el Ministerio de Salud Pública, como dicta el Código Sanitario y, posteriormente, registrada ante la Superintendencia.

Este registro incluye información sobre el establecimiento y el plantel médico, permitiendo verificar si los profesionales están realmente habilitados para ejercer.

“Así podemos saber quién es el regente y si el sanatorio o clínica cumple con las condiciones y quiénes son los médicos que van a atender allí”, explicó Melgarejo.

El funcionario explicó que la labor no se detiene ahí. Luego del registro, la Superintendencia realiza un proceso de categorización, que define el nivel de complejidad de cada institución en función de su infraestructura y la experiencia de su personal. “No es lo mismo una clínica pequeña que un centro especializado. Para eso contamos con equipos fiscalizadores que aplican los manuales vigentes para determinar su categoría”, añadió el superintendente.

El tercer y más ambicioso paso es la acreditación, un proceso que evalúa la calidad del servicio médico, tanto en términos de infraestructura como de atención al paciente.

“La Superintendencia tiene 25 años de funcionamiento, y en todos estos años, no se realizó nunca un proceso de acreditación, no tenemos registrado ninguna acreditación aún en el Paraguay. Estamos terminando un proceso largo de elaboración de un nuevo manual de acreditación, también de categorización, pero la acreditación lo queremos realizar y terminar por primera vez en la historia, por lo menos a fin de año, y acreditar unas 10 a 50 instituciones”, refirió el superintendente.

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La entidad de control tiene la facultad de realizar auditorías médicas, contables y jurídicas, ya sea de oficio o a partir de denuncias. Estas auditorías se realizan en instituciones públicas y privadas para asegurar que se cumplan las normativas y estándares establecidos.

Mientras se discuten nuevas propuestas legislativas sobre la creación de una “policía sanitaria”, el superintendente de Salud, Dr. Roberto Melgarejo, advierte sobre los riesgos de duplicar funciones y crear estructuras estatales paralelas que podrían resultar inviables y costosas para el país.

“Yo estuve leyendo el proyecto de ley presentado, y hay una superposición de funciones no solo con la Superintendencia, sino también con otras instituciones como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el CONES, e incluso con atribuciones que corresponden a la Contraloría General de la República, para mi es inviable”, señaló Melgarejo. Desde su experiencia, considera que antes de agrandar el Estado, deberíamos fortalecer las instituciones ya existentes, como la Superintendencia.

“La ciudadanía se queja de que el Estado no funciona, entonces, ¿por qué crear otra institución? Fortalezcamos la que tenemos. No creamos un Ministerio Público paralelo porque el actual tenga deficiencias”, sostuvo el profesional.

El Dr. Melgarejo reconoce que la Superintendencia no está exenta de limitaciones importantes, tanto presupuestarias como de recursos humanos. “Tenemos una gran falencia en personal. Actualmente, más del 20 % de nuestra capacidad está desplegada en Misiones e Itapúa para fiscalizar establecimientos de salud. Eso representa un gran esfuerzo para nuestro pequeño equipo”.

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La Secretaría de Defensa al Consumidor y el Usuario (Sedeco) socializó la actualización de la normativa sobre combustibles que obliga a los emblemas a informar de forma clara y visible tanto los tipos como los precios de los hidrocarburos. Realizarán fiscalizaciones para controlar el acatamiento de la resolución, dando un plazo de 4 meses para la adecuación de carteleras y publicidades.

Alejandro Apuril, director de Transparencia de la Sedeco, afirmó que la nueva resolución busca un comercio más transparente de los combustibles y también que se ofrezcan productos de la mejor calidad, en línea con el decreto presidencial 3.241/2025, que establece nuevas especificaciones técnicas para los combustibles líquidos derivados del petróleo.

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Entre los principales cambios que estipula el nuevo decreto, figura la recategorización de las gasolinas comercializadas, que ahora estarán identificadas como RON 88 (Rojo), 93 (Amarillo), 97 (Azul) y 98 (Verde); la reducción del contenido de MTBE (Éter Metil Tert-Butílico) al 1% v/v; la disminución del contenido de azufre a un máximo de 100 ppm en promedio, entre otros aspectos.

Según explicó Apuril a la 920 AM, Sedeco publicó la resolución 871/2025 en junio pasado y los emblemas tendrán 4 meses de tiempo para ajustarse a la nueva disposición y actualizar sus carteleras y publicidades.

“Se realizarán las fiscalizaciones y se estará advirtiendo a los emblemas que no estén cumpliendo, pero no podrán ser sancionados porque tendrán cuatro meses para adecuar su cartelería y la publicidad que están realizando”, dijo el funcionario.