La firma argentina que explota el estacionamiento tarifado en la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa, arrancó este lunes con los controles dentro del circuito comercial y barrios aledaños. La situación indigna a comerciantes, por lo que desde esta tarde los afectados realizarán otra manifestación frente a la comuna, ya que para ellos representa un golpe duro para la economía y el turismo.
Desde hoy entró en vigencia el estacionamiento tarifado en la zona comercial y alrededores de la ciudad encarnacena, situación que molesta a los comerciantes como trabajadores de la zona porque deben abonar por estacionar para poder trabajar. Confirmaron que muchos estacionan desde la madrugada y que permanecen en el sitio hasta las 19:00, lo que afectará su economía.
“Esto afecta a los trabajadores como a los clientes, que llegan hasta la zona por conveniencia y al pagar estacionamiento ya no van a tener ese beneficio”, explicó Tony Báez, vicepresidente de Contraloría Ciudadana, en entrevista con el programa “Dos en la Ciudad”, de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
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Encarnación: municipio reporta deuda superior a G. 58.000 millones y rescindirá contrato del estacionamiento tarifado
Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa.
La Municipalidad de Encarnación cerró octubre de 2026 con un pasivo total de G. 58.252.852.935, de acuerdo con el informe final de transición presentado por el intendente Sebastián Remesowski y su gabinete.
Del total, G. 41.722.959.047 corresponden a deudas ya registradas por la gestión anterior, mientras que otros G. 16.529.893.888 surgieron de compromisos que no figuraban en los registros oficiales. En ese listado aparecen obligaciones con la Ande, recolección de basura, alquileres, seguros y préstamos bancarios.
Las autoridades indicaron que la comuna tenía apenas G. 1.330 millones disponibles, monto que deberá compararse con sobregiros y otras cuentas pendientes. También advirtieron que una deuda cercana a los G. 6.110 millones podría frenar el ingreso de alrededor de G. 13.000 millones en royalties.
A esto se suman 111 juicios en curso, entre civiles, laborales y contencioso-administrativos, por más de G. 3.067 millones.
En cuanto a la flota municipal, de 147 vehículos, 86 están en el taller y 54 directamente no arrancan. Desde la administración anunciaron que pedirán una auditoría a la Contraloría General de la República y que derivarán a las instancias correspondientes cualquier irregularidad detectada.
Rescisión del contrato de estacionamiento tarifado
El asesor jurídico de la Municipalidad, Salim Abud, anticipó que el gobierno de Remesowski evalúa poner fin a la concesión del Servicio de Estacionamiento Medido (SEM), que debía seguir vigente hasta octubre de 2028.
Según explicó, el análisis legal ya está avanzado y cuenta con dictámenes en proceso. Entre lunes y martes se reunirá con el intendente para cerrar los últimos puntos y luego anunciar oficialmente la decisión.
Abud afirmó que el contrato firmado en 2023 establece obligaciones que la empresa concesionaria no habría cumplido. Dijo que detectaron alrededor de diez incumplimientos y sostuvo que la Municipalidad no faltó a lo pactado.
También alertó sobre variaciones en los montos transferidos por la empresa al municipio en distintos periodos, ya que en el último tiempo se registró una cifra bastante mayor a las anteriores, hecho que también está bajo revisión.
Concluyó que se analizan acciones judiciales por lo hallado en la revisión de documentos, y que los casos que ameriten serán enviados a la Justicia, en el fuero penal y civil, para establecer responsabilidades y recuperar fondos.
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A dos semanas de las elecciones, españoles se movilizan ante la crisis de la vivienda
España afronta este miércoles una huelga general convocada ante una ola de indignación por la crisis de la vivienda y el poder adquisitivo, temas álgidos a poco más de dos semanas de las elecciones generales en las que Pedro Sánchez se juega la reelección.
Catorce años después de la última protesta similar en la cuarta economía de la zona euro, los observadores estarán atentos al seguimiento del paro en la industria y los servicios, especialmente en el transporte público, donde no obstante se garantizarán servicios mínimos.
También se seguirá de cerca la magnitud de las manifestaciones previstas, sobre todo las de la tarde en Madrid y Barcelona, que podrían servir de barómetro del descontento social de cara a los comicios del 29 de noviembre.
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Los principales sindicatos del país llamaron a esta huelga siguiendo la estela de las protestas por el acceso a la vivienda. El detonante fue el desalojo forzoso de su apartamento en septiembre de Maricarmen Abascal, una jubilada madrileña de 87 años que falleció pocos días después.
“Es una huelga del pueblo. Yo creo que es la primera vez en muchísimo tiempo que de donde ha salido la convocatoria es desde las mismas calles”, se congratuló el domingo en la radio pública Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, asociación clave detrás de la movilización.
De hecho, las protestas, que incluyeron una acampada que por cinco semanas ocupó la céntrica Puerta del Sol en Madrid, dieron pie a la convocatoria de las próximas elecciones generales. Al fracasar en validar un paquete de medidas sobre la vivienda en el Parlamento, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, adelantó los comicios previstos inicialmente para 2027.
“Una huelga contra nadie”
De todas maneras, el Gobierno de izquierda tiene previsto hacer aprobar el jueves, un día después de la huelga, parte de esas medidas en la Diputación Permanente, un órgano que hace las funciones de Parlamento, disuelto por la convocatoria electoral.
“Esta no es una huelga contra nadie, sino a favor de dar respuestas comunes por parte de todas las administraciones a un problema real que existe, que es el del acceso a la vivienda”, aseveró Sánchez el domingo al diario La Vanguardia.
Recordando los avances sociales logrados en España en décadas pasadas cuando “la gente dijo ¡basta! y se organizó y salió a la calle e hizo huelgas”, Sánchez llamó el lunes en la red social X a “proteger” lo logrado. La paralización de actividades, rechazada por la patronal que la ha calificado de protesta “electoral”, ha sido criticada por la derecha y la extrema derecha.
“No la hagan. No la hicieron en ocho años de Gobierno. No la hagan ahora” antes de las elecciones “o ligarán su imagen a Pedro Sánchez para siempre”, advirtió a los sindicatos la semana pasada en un mitin el líder del Partido Popular (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo.
El jefe del PP, partido favorito para ganar las elecciones según las encuestas, calificó de “grave error” continuar con la huelga “69 muertos después”, en referencia a los fallecidos en una colisión de trenes en el centro del país a finales de octubre, un hecho que estremeció la campaña.
“Deberían tener un mínimo de vergüenza” los sindicatos “de corte marxista” y suspender la paralización, pero de no hacerlo “tomaremos nota”, advirtió Santiago Abascal, líder de la extrema derecha, cuyo apoyo podría ser necesario para formar gobierno si la derecha queda lejos de la mayoría absoluta, tal y como señalan los sondeos.
“Gran movilización social”
“Somos conscientes de que es un paro un tanto excepcional”, pero “el gran objetivo es promover una gran movilización social y un sentido común sobre el tema de la vivienda”, se defendió el lunes en el medio digital eldiario.es Unai Sordo, secretario general de uno de los principales sindicatos, Comisiones Obreras (CCOO).
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El salario bruto español alcanza una media de unos 2.460 euros mensuales en 14 pagas, mientras que el alquiler de un apartamento de 50 m2 en Madrid costaba 1.170 euros al mes de media en octubre, según el portal Idealista. Esto supone casi la mitad del salario bruto promedio, una proporción muy alejada del 30% que suelen recomendar los organismos públicos y los profesionales de la vivienda.
Fuente: AFP
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Bomberos se manifestarán frente al Congreso para reclamar sus fondos depositados en Ueno Bank
Miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay harán una manifestación pacífica este miércoles en reclamo a los fondos institucionales depositados en Ueno Bank. La convocatoria es para las 9:00 frente al Congreso Nacional.
El llamado fue hecho a todas las compañías, unidades y destacamentos de todo el país, y de manera especial del departamento Central y capital. Los rescatistas se declararon en estado de alerta tras la retención de los fondos institucionales de la entidad depositados en el banco en quiebra.
La orden, oficializada a través de la Citación n.° 28/2026 firmada por el comandante nacional, Marco A. Almada Altamirano, exige la asistencia de la mayor cantidad de personal disponible. Los mismos deberán vestir el uniforme de faena y los comandantes de cada cuartel coordinarán de forma obligatoria el despliegue logístico de los móviles de emergencia que acompañarán la protesta, señala el mandato de la máxima autoridad de la agrupación humanitaria.
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La intervención dispuesta por el Banco Central del Paraguay (BCP) a Ueno Bank dejó inmovilizados más de G. 2.000 millones pertenecientes a la institución. Dichos recursos corresponden en su gran mayoría a lo recaudado durante la última Colecta Nacional 2026 y a las reservas operativas de diversos cuarteles de todo el territorio nacional.
Los rescatistas están más que preocupados debido a que según los mismos esta situación pone en riesgo crítico la operatividad diaria de las compañías, afectando el suministro de combustible, el mantenimiento de los carros hidrantes y la compra de equipos de protección esenciales para responder a las emergencias ciudadanas.
A través de la medida de fuerza, los amarillos buscan presionar por una intermediación política o el desbloqueo urgente de sus recursos, argumentando que la burocracia financiera no puede poner en peligro la seguridad y la vida de la población paraguaya.
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Detenido con tres órdenes de captura destrozó calabozo y atacó a policías en Encarnación
Este martes, la Policía Nacional de Itapúa reportó que un ciudadano extranjero destrozó el calabozo de una comisaría y agredió a agentes tras ser detenido en la ciudad de Encarnación. El agresor, que se encuentra imputado por causas que incluyen violencia familiar y coacción grave, quedó a disposición del Ministerio Público.
Según el reporte policial, la detención de este joven de 29 años se realizó plena vía pública sobre la Avenida Costanera, en la zona de la Playa San José de la ciudad de Encarnación. Mientras los agentes de la Comisaría 3ra realizaban un patrullaje preventivo, este fue trasladado a la sede policial, donde posteriormente protagonizó los destrozos en el calabozo.
Se trata de Bruno Romero Paredes, de 29 años, quien poseía cuentas pendientes con la Justicia por violencia familiar, coacción grave y exposición al peligro. Este sujeto reaccionó de forma violenta y causó serios daños materiales en la dependencia policial, donde destruyó mobiliario antes de ser contenido por el personal de guardia.
“Posee tres órdenes de captura exposición al peligro al tránsito terrestre 2024; coacción grave y amenaza del año 2021; y violencia familiar, todos los casos serían en el departamento de Amambay. Desde ayer está causando destrozos y está actuando de forma agresiva”, detalló la suboficial Dahiana López, en entrevista con C9N.
Expresó que la Fiscalía ordenó que el hombre permanezca en la sede policial y afirmó que no existe peligro de fuga porque la celda es bastante segura, pero que lastimosamente está destruyendo todo lo que hay dentro. “Está creando alboroto todo el tiempo, lo que había dentro como el colchón ya destrozó todo”, puntualizó.