La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, confirmó que más de 17.000 trabajadores formales hacen posible la implementación del Programa Hambre Cero en las instituciones educativas del país. Destacó el impacto positivo en la generación de fuentes de ingresos, beneficiando principalmente a las mujeres.
“Nosotros, a mediados de marzo, comenzamos a hacer las verificaciones y a trabajar directamente con las empresas adjudicadas, porque uno de los componentes que tiene el programa, si bien no es central, pero que resalta ahora, tiene que ver con la generación de empleo”, señaló al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Comentó que al inicio de las fiscalizaciones había solamente 5.000 trabajadores registrados, en las dos modalidades del programa: cocinando en las escuelas y catering.
La funcionaria del Gobierno adelantó que los controles de las condiciones laborales de estos trabajadores se retomarán la próxima semana y esta vez los inspectores recorrerán el interior del país.
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“Ya tuvimos conversaciones con los gobernadores, ya tenemos una hoja de ruta para poder salir a controlar porque si bien hemos crecido muchísimo, todavía tenemos algunas denuncias que recibimos del interior y vamos a estar controlando también ahí”, expresó.
Las condiciones laborales de estos trabajadores mejoraron con las fiscalizaciones hechas por el Ministerio de Trabajo. “Enviamos notificaciones de lo que estábamos encontrando en campo. Le decíamos a la empresa estos trabajadores no tienen seguro social, no están cobrando lo que corresponde por hora, porque la mayoría son contratos por hora. Y eso se fue regularizando”, resaltó.
El pliego de bases y condiciones firmado establece que por cada 50 alumnos tiene que haber al menos tres trabajadores: un cocinero, un auxiliar y un limpiador. “Y a medida que vamos estimando y vamos haciendo estos controles se van regularizando las empresas”, remarcó.
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Poder Judicial promueve acciones para garantizar los derechos de las mujeres
Desde la Corte Suprema de Justicia recordaron este martes que la lucha contra la violencia y la discriminación hacia las mujeres requiere acciones concretas para garantizar sus derechos, promover la igualdad de oportunidades y asegurar que puedan acceder a una justicia efectiva y libre de prejuicios. En ese contexto, el Poder Judicial impulsa diferentes políticas institucionales orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres.
Las iniciativas se desarrollan a través del proyecto “Mujeres en la Justicia”, coordinado por la Secretaría de Género de la máxima instancia judicial, que trabaja en el fortalecimiento de mecanismos para cumplir con los compromisos asumidos por Paraguay en materia de igualdad y protección de los derechos de las mujeres.
Según explicaron, estas acciones también se enmarcan en los lineamientos de instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, que establecen obligaciones para los Estados en la prevención y el combate de la violencia de género.
Justicia sin prejuicios
Uno de los principales componentes del programa apunta a la formación de magistrados, funcionarios y funcionarias judiciales para incorporar la perspectiva de género en la administración de justicia. El objetivo es que los operadores puedan reconocer situaciones de desigualdad y evitar que los estereotipos condicionen las resoluciones judiciales.
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También se realizaron jornadas de capacitación sobre comunicación con perspectiva de género, con énfasis en el uso de un lenguaje institucional inclusivo, respetuoso y libre de expresiones discriminatorias, especialmente al abordar situaciones que afectan a las víctimas.
Más presencia en el interior del país
Como parte de la estrategia para acercar los servicios judiciales a las mujeres, fueron habilitadas Unidades de Género en las circunscripciones judiciales de:
- Central
- Paraguarí
- Alto Paraná
- Itapúa.
Estas dependencias buscan acompañar a juzgados y tribunales en la aplicación de criterios de igualdad en sus actuaciones, además de ampliar la cobertura territorial de la Secretaría de Género y contribuir a que las mujeres reciban respuestas oportunas y respetuosas de sus derechos.
Para avanzar hacia la paridad
El fortalecimiento de la igualdad también contempla cambios en la propia estructura institucional. Para ello, se elaboraron instrumentos técnicos que permiten evaluar la participación de las mujeres en los espacios de decisión y detectar posibles desigualdades en la distribución de responsabilidades y cargos.
Entre los materiales desarrollados figuran un sistema de indicadores de liderazgo y paridad, acompañado de una guía para su aplicación, y un diagnóstico sobre la distribución de cargos dentro del Poder Judicial.
Asimismo, se evaluó y actualizó el Plan Institucional de Transversalidad de Género y se avanzó en la elaboración participativa de un Plan de Igualdad, con intervención de las distintas circunscripciones judiciales.
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Docentes van al paro y se suspende por hoy servicio de Hambre Cero
Sindicatos de educadores se movilizan exigiendo que se protejan los fondos jubilatorios en riesgo por la caída de Ueno Bank.
La Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP) anunció de manera oficial la convocatoria a una movilización nacional con cese de actividades académicas y pedagógicas a partir de hoy lunes 9 de noviembre. La medida de fuerza se extenderá por tiempo indefinido hasta que el Gobierno brinde respuestas concretas a los reclamos del sector.
El motivo principal de la protesta radica en la exigencia de garantías urgentes por parte del Poder Ejecutivo para resguardar los fondos públicos y jubilatorios depositados en la Caja Fiscal.
Según expresaron los voceros del gremio docente, existen aproximadamente USD 60 millones en riesgo de perderse debido a la crisis financiera actual, situación que genera profunda alarma e incertidumbre entre los educadores. También los USD 350 millones del IPS y de los demás fondos afectados. Y el cumplimiento del Presupuesto General de Gastos de la Nación correspondiente al 2027, entre otros reclamos del sector.
ALIMENTO ESCOLAR
Por otra parte, Ministerio de Desarrollo Social (MDS) informó a la ciudadanía que hoy no habrá servicio de alimentación escolar en los departamentos de Central y Presidente Hayes, además de capital (Asunción) ante la movilización anunciada por gremios docentes.
Las instituciones educativas y los proveedores adjudicados en el marco del llamado a Contratación de Alimentación Escolar fueron alertados de la situación en atención a los comunicados emitidos por los sindicatos del sector educativo del Paraguay que convoca para hoy a una manifestación.
“Ante la incertidumbre respecto al normal desarrollo de las actividades académicas en esta fecha, se dispone la suspensión de la provisión de los servicios de alimentación escolar para esta jornada”, señala el comunicado del MDS.
Desde la institución explicaron que la medida se adopta con el propósito de “resguardar los recursos públicos destinados al programa Hambre Cero y evitar el desperdicio de alimentos” que pudiera generarse como consecuencia de la suspensión o disminución de las actividades escolares.
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Por paro docente, no habrá servicio de alimentación escolar este lunes
El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) informa a la ciudadanía que este lunes, 9 de noviembre, no habrá servicio de alimentación escolar en los departamentos de Central y Presidente Hayes, además de capital (Asunción) ante la movilización anunciada por gremios docentes.
Las instituciones educativas y los proveedores adjudicados en el marco del llamado a Contratación de Alimentación Escolar fueron alertados de la situación en atención a los comunicados emitidos por los sindicatos del sector educativo del Paraguay que convoca para mañana a una manifestación y a la paralización total de las actividades escolares.
Docentes asociados de la UNE-SN, FECI, FEP y OTEP- A se movilizarán para exigir al Gobierno garantías para la protección de los fondos públicos y jubilatorios; la devolución total de los 60 millones de dólares de la Caja Fiscal, los 350 millones de dólares del IPS y de los demás fondos afectados. Y el cumplimiento del Presupuesto General de Gastos de la Nación correspondiente al 2027, entre otros reclamos del sector.
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Asimismo, se tuvieron en cuenta las comunicaciones recibidas de las instituciones educativas a través de correos electrónicos y las consultas realizadas mediante los grupos de WhatsApp, de las que se desprende que una amplia mayoría se adherirá a la medida de fuerza.
“Ante la incertidumbre respecto al normal desarrollo de las actividades académicas en esta fecha, se dispone la suspensión de la provisión de los servicios de alimentación escolar para esta jornada”, señala el comunicado del MDS.
Desde la institución explicaron que la medida se adopta con el propósito de “resguardar los recursos públicos destinados al programa Hambre Cero y evitar el desperdicio de alimentos” que pudiera generarse como consecuencia de la suspensión o disminución de las actividades escolares.
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Ministerio de Trabajo y Defensa Pública asistirán a trabajadores de ueno bank y del Grupo Vázquez
La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, solicitó la designación de defensores públicos especializados en materia laboral y la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional para facilitar el acceso a la justicia y proteger los derechos de los trabajadores de las empresas vinculadas a ueno bank y el Grupo Vázquez.
El Ministerio de Trabajo solicitó formalmente al Ministerio de la Defensa Pública (MDP) la articulación de acciones urgentes para brindar asistencia jurídica gratuita a los trabajadores afectados por la situación de Ueno Bank y sus empresas vinculadas.
La solicitud fue remitida al defensor general, Javier Dejesús Esquivel González, mediante la Nota MTESS N.º 621/2026, ante la necesidad de garantizar que los trabajadores puedan acceder oportunamente a representación legal para reclamar sus haberes y resguardar sus derechos laborales.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el MTESS, las empresas vinculadas a ueno bank emplean a aproximadamente 5.000 trabajadores, cuya situación laboral se ha visto comprometida tras el inicio del procedimiento de resolución bancaria dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP).
Durante los operativos de inspección y fiscalización realizados el 5 de noviembre, el Ministerio constató situaciones de cierre de establecimientos, falta de ocupación efectiva de trabajadores y ausencia de procedimientos formales de desvinculación laboral, así como dificultades para identificar a representantes patronales que respondan ante la autoridad administrativa del trabajo.
A esta situación se suma la falta de disponibilidad de recursos económicos de los trabajadores afectados, quienes enfrentan dificultades para percibir sus salarios y acceder a sus ahorros, lo que limita también sus posibilidades de contratar asesoramiento jurídico particular.
Asistencia jurídica gratuita
Ante este escenario, el MTESS solicitó al Ministerio de la Defensa Pública la designación de defensores del fuero laboral o la conformación de un equipo especializado que pueda asumir el patrocinio jurídico gratuito de los trabajadores que lo requieran.
Esta intervención permitirá facilitar la promoción de acciones judiciales y la solicitud de medidas cautelares destinadas a resguardar los créditos laborales y evitar que el patrimonio de las empresas empleadoras pueda verse disminuido o comprometido antes de que los trabajadores hagan efectivos sus derechos.
El Ministerio recordó que, conforme al artículo 247 del Código del Trabajo, los créditos de los trabajadores tienen carácter singularmente privilegiado, por lo que resulta fundamental promover oportunamente los mecanismos legales para su protección.
Mesa de trabajo
Como parte de esta articulación, la cartera laboral también propuso conformar una mesa de trabajo interinstitucional con el Ministerio de la Defensa Pública, con el objetivo de establecer un protocolo de derivación y criterios comunes de actuación.
Este mecanismo permitirá que los trabajadores atendidos por el MTESS, cuyos casos requieran intervención judicial, puedan ser derivados de manera ágil a los defensores públicos para recibir representación legal y promover las acciones correspondientes.
La solicitud contempla que estas medidas sean implementadas con carácter urgente, atendiendo a la situación de vulnerabilidad económica y laboral que atraviesan las personas afectadas.
Paralelamente, el Ministerio de Trabajo continúa brindando atención, orientación y asesoramiento laboral a los trabajadores de ueno bank y de sus empresas vinculadas, además de desarrollar procedimientos de fiscalización para verificar las condiciones laborales y reunir información sobre la situación de las empresas.
La articulación con la Defensa Pública busca complementar estas actuaciones administrativas con mecanismos de protección judicial, de manera que los trabajadores cuenten con asistencia institucional tanto para la defensa de sus derechos como para la recuperación de los haberes que legalmente les correspondan.
El objetivo es evitar que la falta de recursos económicos se convierta en un impedimento para acceder a la justicia y reclamar los derechos laborales.
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