Ciudad del Este. Agencia Regional.

El propietario de una constructora fue condenado al pago de cien jornadas laborales a la víctima de un accidente laboral que resultó con la pierna amputada tras el percance. El sentenciado es Julio César Trinidad Da Silva, dueño de la empresa Constructora y Metalúrgica Trinidad de Santa Rita.

La medida fue dictada durante el juicio oral desarrollado por exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos. El trabajador afectado, Fidel Vera Paredes, quedó con graves secuelas físicas. La fiscal Rocío Celeste González fue quien sustentó la acusación. Antes del juicio, se produjo el resarcimiento económico a la víctima.

Los antecedentes indican que el hecho ocurrió el 30 de enero de 2024, alrededor de las 08:30, en una obra en construcción del barrio Nueva Asunción de Santa Rita, donde la persona que después se accidentó, realizaba tareas de montaje de estructuras metálicas.

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Durante el trabajo, recibió una descarga eléctrica de alta tensión al entrar en contacto con un cable expuesto en el techo y cayó al suelo. Como consecuencia, sufrió quemaduras graves y la amputación de la pierna inferior izquierda, además de daños psicológicos.

La investigación se inició el 8 de febrero de 2024, tras la denuncia presentada por Fredy Vera Paredes, hermano de la víctima. La acusación sostuvo que no se habían proporcionado los equipos de protección, ni adoptado las medidas de seguridad necesarias para realizar las labores.

El Tribunal de Sentencia que dictó la condena estuvo presidido por la magistrada Zunilda Martínez Noguera e integrado por los jueces Herminio Montiel y Edgar Lezcano. En el mismo proceso, se declaró la rebeldía de Alfredo Giménez Cardozo, señalado como empleador del trabajador al momento del accidente.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Un comerciante oriental denunció intento de asalto y que su vehículo fue baleado para tal fin. Dijo que en plena circulación se percató de que lo seguía un vehículo que intentó interceptarlo y en consecuencia imprimió mayor velocidad para huir de su supuesto persecutor. En ese momento -agregó- escuchó disparos que impactaron en el vehículo.

Se trata de Luis Andrés Shun Shih, comerciante, con residencia en Encarnación. El mismo se encontraba solo en su vehículo y logró salir ileso de la balacera. Se dirigió hasta el estacionamiento de un Shopping ubicado cerca del Lago de la República donde dejó su camioneta y fue rescatado por un miembro de su familia, según el relato que realizó ante el personal policial.

Fueron diez proyectiles que impactaron en el automóvil de la marca Volkswagen, modelo Touareg, color blanco, con cahapa AASK 810, según confirmó el personal de la Comisaría 1a. de San Agustín, a cargo del comisario Francisco Rolón.

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A las 12:00 de hoy fue la intervención policial en el estacionamiento del Shopping. Los agentes llegaron al lugar, se dio participación a personal técnico en explosivos de la Policía Nacional y tras la inspección no se detectó ninguna amenaza de artefacto explosivo.

Llegó al Shopping el comerciante, acompañado de su abogado. A través del profesional relató lo que supuestamente ocurrió. En las imágenes proporcionadas por el Shopping, se observó a la persona descender del vehículo y salir del lugar. El mismo no tenía dinero supuestamente.

Se desconoce todavía exactamente donde se encontraba cuando fue interceptado, pero habría estado sobre la avenida Amado Benítez Gamarra, de Ciudad del Este.

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Este martes, la Policía Nacional informó que detuvo a dos personas que estarían implicadas en la desaparición del niño Khael Valdez Ávalos, de 3 años, hace tres semanas en el Chaco paraguayo. La investigación se centra en el peritaje a teléfonos celulares y los múltiples números que tenían registrados en distintas compañías.

El oficial Ramón Vera, jefe del Registro Nacional de personas desaparecidas, expresó que en los últimos días se pudo constatar que el peón y capataz de la estancia “6 de Octubre” en zona Fortín General Díaz, departamento de Boquerón, tenían registrados a sus nombres varios números de teléfonos.

“Se procedió nuevamente a la detención de Walter Correa Pesoa, de 34 años, quien se desempeña como capataz y a un peón, Vicente Martínez Bogado, de 26 años, ambos trabajan en la misma estancia”, indicó que Vera, en “Cuenta Final” de canal Gen yy Universo 970/Nación Media.

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Afirmó que si bien estas personas facilitaron sus números de celulares, no detallaron que tenían más chips registrados a sus nombres. “Estos serán sometidos a peritaje, porque en sus declaraciones dicen que es imposible que un extraño haya entregado a la hacienda siendo que hay porteros y portones candadeadas”, indicó.

Aseguró que hasta el momento la hipótesis más fuerte es que el menor no se perdió solo y que lo más probable es que lo llevaron, y que están reuniendo las pruebas para confirmar esta teoría, para dar con la ubicación de niño que está desaparecido desde hace tres semanas.

“Probablemente, el peón y el capataz tengan algo que ver. ¿Cómo es posible que una persona ajena a la hacienda haya ingresado para sustraer a Khael, si el lugar estaba bajo custodia? Esta situación nos lleva a considerar la hipótesis de que los trabajadores podrían estar involucrados. Sus teléfonos y números serán sometidos a peritaje”, puntualizó.

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Eduardo Metzker iba en su motocicleta por Rio de Janeiro cuando se vio rodeado por otras dos. Uno de los motociclistas le apuntó con una pistola a la cabeza y le exigió su teléfono y la contraseña. En las horas siguientes, este programador de 29 años observó impotente cómo los ladrones retiraban 80.000 reales (unos 15.000 dólares), en su mayoría a crédito, desde sus aplicaciones bancarias, antes de que él lograra bloquear sus cuentas.

“Uno trabaja casi todos los días para juntar un dinero. Luego alguien te apunta un arma a la cara y se lleva todo”, dijo Metzker a la AFP. “Ni tenía ese dinero. Arruinaron mi historial crediticio”, lamenta. El robo de celulares, que puede involucrar violencia, fraude financiero e incluso asesinato, se ha convertido en un símbolo de la crisis de seguridad que azota ciudades brasileñas como Rio de Janeiro antes de las elecciones del 4 de octubre.

Este delito “parece encapsular un pánico creciente relacionado con la violencia urbana”, señaló el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), en su informe anual. Una encuesta de esa entidad publicada en mayo estimó que alrededor de 14 millones de personas habían sido víctimas de este delito en los 12 meses anteriores en Brasil.

Pero solo unos 830.000 celulares fueron reportados robados en 2025, según el informe anual del Foro, basado en datos oficiales.

En Rio, una ciudad donde la violencia y los asaltos son muy comunes, “vivimos completamente atemorizados, en alerta constante”, dice Caroline Lo Bianco.

A esta dentista de 36 años le arrancaron el teléfono de las manos por la ventana de un Uber cuando estaba embarazada de siete meses.

Antes de las presidenciales, cuya primera vuelta se celebra este domingo, tanto el presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, como su rival de derecha, Flávio Bolsonaro, han prometido tomar medidas drásticas.

Bolsonaro promete cuadruplicar las penas de cárcel para este crimen, mientras que Lula ha dicho que su meta es “cero robos de celulares”.

Las encuestas muestran que la seguridad es la principal preocupación de los brasileños en estas elecciones, pero para Metzker ningún candidato puede ayudar.

“Pueden decir lo que quieran, ya no creo en ellos”, explica.

Desde que fue atracado, tiene un celular para salir a la calle, y otro que deja en casa con sus aplicaciones bancarias.

El primer aparato es conocido como “el teléfono del ladrón”, una estrategia adoptada por el 30 % de los brasileños -unos 65 millones de personas-, según el FBSP.

“El interés de las bandas ha dejado de ser el propio teléfono para concentrarse en los datos contenidos en los dispositivos”, dice a la AFP Leonardo Silva, coordinador de crimen organizado del Foro.

Después de ser asaltada, Lo Bianco bloqueó sus tarjetas bancarias, pero los ladrones lograron transferir casi 700 dólares desde una cuenta de un banco digital. También pidieron en línea una consola de videojuegos de 1.000 dólares, compra que ella consiguió bloquear antes de la entrega.

Los ladrones incluso enviaron cerveza, carne y McDonald’s a distintas direcciones en Rio de Janeiro.

Luiz Fernando Bugiga, fiscal del Grupo de Acción Especial para el Combate al Crimen Organizado, dice que una operación reciente en Sao Paulo reveló un esquema detrás del robo de celulares, con cuatro células criminales.

Quienes roban los teléfonos se los entregan a un grupo especialista en “transferencias bancarias y robo de datos”.

Un tercer grupo realiza modificaciones técnicas para que el aparato vuelva al mercado. El último se encarga de vender las piezas y los dispositivos. Hay “múltiples formas de pérdida para la víctima y múltiples fuentes de lucro para el criminal”, afirma.

Para muchos, solo reemplazar el teléfono ya es difícil. Joel da Silva, de 42 años, trabaja como portero en el barrio carioca de Ipanema y fue asaltado con una pistola. Pasó “un mes sin teléfono” antes de poder comprar otro, en cuatro cuotas.

Contó a la AFP que ha presenciado cuatro robos de teléfonos desde el edificio donde trabaja hace siete meses. Lo Bianco, que hace unos años ya sufrió un robo de auto a mano armada, sueña con irse de la ciudad. “Le digo a mi marido que, si me pidiera mudarnos a la Amazonía, al día siguiente tendría las maletas listas”.

Fuente: AFP.