La ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, reveló cifras alarmantes de casos de violencia contra la mujer, con 160.000 denuncias acumuladas en los últimos cinco años. Consideró necesaria la creación del Juzgado Especializado en Violencia contra la Mujer.
“Nosotros trabajamos en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y este proyecto tiene como objetivo eso: fortalecer el sistema jurídico y dotarlo de administradores de justicia especializados en la materia”, señaló a la 780 AM.
Destacó que el objetivo del proyecto de ley es la lucha contra la violencia hacia las mujeres y surgió precisamente debido a las preocupantes estadísticas. “Hemos visto que en los últimos cinco años han aumentado las denuncias, pero por qué ha aumentado, porque hay más violencia o porque las mujeres saben a donde acudir ante hechos de violencia. Son dos cuestiones que tenemos que evaluar”, remarcó.
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Dijo que se reportaron 160.000 denuncias de violencia contra la mujer en los últimos 5 años. “Hay un incremento en el número de hechos de violencia. Ante esta situación tenemos que empezar a evaluar si podemos responder a estas denuncias. Y es ahí donde la mesa interinstitucional compuesta por 14 instituciones entre ellas el Ministerio de la Mujer, evaluamos las acciones en el sistema de protección”, señaló la secretaria de Estado.
Precisamente con la iniciativa legislativa se busca fortalecer el sistema de protección creando el Juzgado Especializado. “Nosotros tenemos esta cantidad de denuncias, pero la respuesta en el fuero judicial sobrepasa humanamente tanto a la Fiscalía como al Juzgado. Humanamente es imposible responder, entonces es ahí donde surge esta necesidad de responder con otra política”, puntualizó.
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PLRA lanza jornadas obligatorias en comités para erradicar la violencia contra la mujer
El Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), encabezado por Alcides Riveros, emitió la Resolución n.° 18/2026, que declara de interés prioritario la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y dispone jornadas obligatorias y prioritarias de capacitación y sensibilización en todos los comités del país.
La resolución menciona que las capacitaciones tendrán como fin la promoción de la igualdad, el respeto a los derechos humanos y una sociedad libre de violencia. Igualmente, las capacitaciones deben estar dirigidas también a erradicar la violencia contra niños y adolescentes.
“El artículo 1 de la Constitución Nacional establece que la República del Paraguay se constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado y adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana”, indica la resolución.
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Agrega que “el reconocimiento de la dignidad humana como fundamento de la organización democrática del Estado exige promover una sociedad en la que todas las personas puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad, libres de discriminación y de violencia”.
El documento establece que la coordinación de las actividades de capacitación y sensibilización estará a cargo de la Dirección de Política de Equidad y Género en articulación con los órganos y autoridades partidarias correspondientes, pudiendo establecer mecanismos de cooperación con instituciones públicas, universidades y organizaciones especializadas en la materia.
“El artículo 46 de la Constitución Nacional consagra la igualdad de todas las personas en dignidad y derechos, prohíbe las discriminaciones y establece que el Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o propicien, disponiendo que las protecciones establecidas sobre desigualdades injustas no serán consideradas discriminatorias, sino igualitarias”, indica.
A la vez, el documento detalla que el artículo 48 de la Constitución Nacional “reconoce la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer y dispone que el Estado promoverá las condiciones y creará los mecanismos adecuados para que dicha igualdad sea real y efectiva, allanando los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio”.
Sostiene que el artículo 60 de la Constitución Nacional establece que el “Estado promoverá políticas que tengan por objeto evitar la violencia en el ámbito familiar y otras causas destructoras de su solidaridad, reconociendo la importancia de la prevención como instrumento de protección de los derechos fundamentales”.
Añade que el artículo 124 de la Constitución Nacional reconoce a los partidos políticos como personas jurídicas de derecho público a las que corresponde “expresar el pluralismo y concurrir a la formación de las autoridades electivas, a la orientación de la política nacional, departamental o municipal y a la formación cívica de los ciudadanos”.
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Deysi Paola: el rostro de una protección que falló
Deysi Paola Giménez Segovia tenía apenas 22 años y un futuro por delante. Estaba en el último tramo de la carrera de Derecho, trabajaba y buscaba construir su independencia. Pero la noche del jueves 8 de octubre, cuando caminaba hacia su lugar de trabajo en Lambaré, fue asesinada a tiros en plena vía pública. El principal sospechoso es su expareja, Aldo Alexis Duarte, de 26 años, quien permanece prófugo.
La joven había denunciado hechos de violencia y amenazas atribuidos al hombre. También contaba con una orden judicial de alejamiento. Sin embargo, esa medida no consiguió evitar el desenlace fatal.
El caso no solo conmociona por la brutalidad del crimen, sino por los antecedentes que ahora colocan bajo cuestionamiento la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia.
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Denunció, pidió protección y terminó asesinada
Según los reportes policiales, Deysi había recurrido a la Justicia ante situaciones de violencia atribuidas a su expareja. Un juzgado de Capiatá, donde vivían anteriormente, había dispuesto una medida de restricción.
El abogado William Amaral Martínez, quien fue jefe de la joven, aseguró que existían antecedentes de acoso y amenazas denunciados ante el Juzgado de Paz de Lambaré y que el caso también había llegado al Ministerio Público.
Amaral cuestionó la respuesta institucional y denunció que no se habría activado el protocolo de protección. También hizo referencia a demoras en el tratamiento judicial del caso, circunstancias que requieren una revisión de los expedientes correspondientes.
La joven, que estaba próxima a culminar sus estudios de Derecho, había acudido precisamente a las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de las leyes. Su muerte instala una contradicción dolorosa: una futura abogada que recurrió al sistema judicial en busca de protección terminó siendo víctima de la violencia que había denunciado.
Una ley que protege en el papel, ¿pero también en la práctica?
Paraguay cuenta desde 2016 con la Ley 5777, de Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia, que establece medidas preventivas y mecanismos de protección para las víctimas.
Entre esas disposiciones se encuentran las órdenes de alejamiento, las prohibiciones de amenazas, persecución y acoso, así como responsabilidades para las instituciones involucradas.
No obstante, casos como el de Deysi Paola plantean interrogantes sobre el seguimiento efectivo de esas medidas y la capacidad del Estado para intervenir antes de que las amenazas se conviertan en hechos irreparables.
La existencia de una resolución judicial no garantiza, por sí sola, la seguridad de una persona. Su efectividad depende también de la evaluación del riesgo, el seguimiento policial, la actuación fiscal y la coordinación entre las distintas instituciones.
En este caso, será fundamental esclarecer qué actuaciones se realizaron después de las denuncias y si existieron omisiones o demoras que pudieron haber comprometido la protección de la víctima.
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¿Es momento de revisar las leyes?
La muerte de Deysi Paola vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de evaluar tanto la legislación vigente como los procedimientos para su aplicación.
Entre las propuestas que merecen un debate legislativo se encuentran el seguimiento obligatorio de las órdenes de restricción, la evaluación inmediata del nivel de riesgo de las víctimas, el fortalecimiento del monitoreo electrónico de agresores y la intervención urgente cuando se detectan incumplimientos.
Otro aspecto fundamental es establecer controles efectivos sobre la actuación de las instituciones responsables de atender denuncias, garantizar la coordinación entre juzgados, Fiscalía y Policía, y determinar responsabilidades cuando se comprueben negligencias.
El desafío no pasa únicamente por aumentar las penas o aprobar nuevas disposiciones, sino por conseguir que los mecanismos de protección funcionen antes de que ocurra una tragedia.
Una tragedia que exige respuestas
Hasta septiembre de este año, el Ministerio Público había registrado 19 víctimas de feminicidio y 28 tentativas en Paraguay. Detrás de esas cifras hay mujeres, familias y proyectos de vida interrumpidos por la violencia.
Deysi Paola Giménez representa hoy mucho más que un nuevo caso en las estadísticas. Su historia obliga a examinar qué sucede después de que una mujer denuncia, solicita protección y espera una respuesta efectiva de la Justicia.
La investigación deberá determinar las responsabilidades penales del crimen, pero también corresponde esclarecer cómo actuaron las instituciones que conocieron sus denuncias.
Porque el verdadero alcance de una ley de protección no se mide solamente por las medidas que permite dictar, sino por su capacidad para evitar que una mujer amenazada termine asesinada.
Deysi recurrió a la Justicia para proteger su vida. Ahora, el Estado debe explicar qué hizo para protegerla.
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Fiscalía habilita centro de monitoreo para recibir denuncias durante las elecciones municipales
El Ministerio Público informó durante la noche de este sábado que puso en marcha los preparativos para las elecciones municipales de este domingo 4 de octubre, con la presentación de un Centro de Monitoreo de Informaciones y Denuncias que permitirá recibir, centralizar y canalizar reportes sobre posibles delitos e irregularidades durante la jornada electoral.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, encabezó este sábado la presentación del dispositivo, que funcionará en la sede central de la Fiscalía y estará operativo desde las 06:30 hasta las 17:00. La ciudadanía podrá comunicar eventuales irregularidades a través de llamadas o mensajes de WhatsApp al número 0985 675 372.
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Seguimiento permanente
El centro tendrá como principal función realizar un seguimiento permanente del desarrollo de los comicios en distintos puntos del país, además de recibir denuncias sobre presuntos delitos electorales, faltas e incumplimientos. Las informaciones serán derivadas a los fiscales competentes para su evaluación y eventual intervención.
Durante una conferencia de prensa, de la que participaron la fiscal adjunta Gilda Villalba, la agente fiscal Sandra Ledesma y otros representantes del Ministerio Público, se dieron a conocer los mecanismos de recepción y distribución de los reportes, así como el esquema de actuación previsto para las elecciones.
Rolón Fernández informó que, por resolución de la Fiscalía General del Estado, fueron designados más de 100 agentes fiscales en diferentes zonas del territorio nacional, quienes estarán disponibles para intervenir ante situaciones que lo requieran y atender los hechos denunciados durante el proceso electoral.
Por su parte, la fiscal Sandra Ledesma señaló que, antes incluso de la puesta en funcionamiento del centro, ya se habían recibido varias denuncias vinculadas con el ámbito electoral. Estos casos serán investigados por los agentes asignados, conforme a los procedimientos establecidos.
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Ministra Llanes participó de la habilitación de la Unidad de Género en Itapúa
Con presencia de la ministra superintendente de la Circunscripción Judicial de Itapúa y enlace de la Secretaría de Género, Carolina Llanes Ocampos, se habilitó la Unidad de Género en la sede del Poder Judicial de Encarnación. La habilitación se realizó en el marco del Plan Piloto de Desconcentración Territorial de la Secretaría de Género del Poder Judicial, con el objetivo de acercar sus funciones y asistencia técnica a magistrados, funcionarios y usuarios del sistema de justicia, y fortalecer el acceso a servicios especializados en el departamento.
La ministra resaltó el trabajo realizado con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el acompañamiento del Centro de Estudios Judiciales (CEJ) para dotar a cuatro circunscripciones judiciales, entre ellas Itapúa, de un plantel profesional y un espacio adecuado para recibir denuncias por violencia contra las mujeres, contra las niñas y violencia en general.
En ese sentido, señaló que la capacitación del personal será constante, mediante la articulación con la Secretaría de Género, con sede en la capital, a cargo de la doctora Silvia López Safi. Asimismo, explicó que las cuatro circunscripciones fueron seleccionadas para iniciar este proceso debido al alto índice de denuncias de violencia registrado en dichas jurisdicciones y adelantó que, de manera gradual, esta unidad será instalada en las demás sedes judiciales.
En tanto, el presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Itapúa, Miguel Ángel Vargas Díaz, brindó las palabras de bienvenida y expresó su deseo de que esta oficina constituya una puerta abierta para escuchar y responder ante situaciones de violencia, discriminación y abuso, protegiendo la dignidad y la igualdad.
A continuación, la secretaria ejecutiva de la Secretaría de Género, Silvia López Safi, realizó una exposición técnica sobre la Unidad de Género y el alcance de esta iniciativa de desconcentración territorial. Durante su intervención, destacó el trabajo interinstitucional que sustenta el proyecto y su aporte al fortalecimiento de la atención especializada.
Asimismo, valoró el trabajo conjunto entre el Poder Judicial, la sociedad civil y la academia, con especial énfasis en el observatorio que promueve la transparencia y la visibilidad. También se refirió a las herramientas de protección, así como a la participación del Poder Judicial en las políticas públicas y en el Examen Periódico Universal.
Con la habilitación de la Unidad de Género en Encarnación, ya son cuatro las dependencias de este tipo habilitadas en el marco del proceso de desconcentración territorial. Las otras tres se encuentran en las circunscripciones judiciales de Central, Paraguarí y Alto Paraná.
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