El Ejecutivo decidió utilizar las fuerzas públicas de manera con­junta y coordinada para hacer frente a algunos casos de secues­tro y otros tipos de violencia que se dieron en sitios ubicados entre los departamentos de Caaguazú y Canindeyú. La intervención unificada de las fuerzas militares y poli­ciales ayudará a dar más fuerza al opera­tivo y aumentará la seguridad pública en las zonas con problemas.

El propósito es garantizar la tranquilidad de la ciudadanía y eliminar cualquier tipo de delincuencia que intente romper el bien­estar de la gente que trabaja y quiere pro­gresar mediante su esfuerzo cotidiano.

Se habló de que el que secuestró al ciuda­dano Almir de Brun da Silva sería el grupo armado que en años pasados realizó varios secuestros y crímenes con el fin de ame­drentar al Gobierno y proponer otra con­ducción política. Luego de más de un lustro vuelve a aparecer con la misma siniestra intención de secuestrar, matar y hacer daño a la ciudadanía sin importarles nada más que sus tétricos propósitos criminales con supuesta intención política.

Fuentes del Poder Ejecutivo señalaron que el Consejo de Defensa Nacional (Codena) decidió que intervengan las fuerzas públi­cas para eliminar los problemas de seguri­dad existentes a fin de que vuelva todo a la normalidad.

El titular del Codena, Cibar Benítez, explicó que es necesario que los elemen­tos de las fuerzas militares actúen en forma coordinada con sectores de otras insti­tuciones estatales en las zonas geográfi­cas que están fuera de los departamen­tos en que se estableció anteriormente la actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Porque la intención es que las Fuer­zas Armadas hagan su tarea de seguridad donde exista la amenaza. “No podríamos quedarnos como institución nacional atada a unos límites internos territoriales, siendo nosotros una República unitaria. Ahí donde haya amenaza van a estar elementos de las Fuerzas Armadas, limitadas por supuesto y por algo específico”, anunció el directivo de Codena.

El ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que se trata de hacer una flexibili­zación del poder de fuego del Estado ante la amenaza que puede existir en el territo­rio nacional. Explicó que la determinación que se ha tomado obedece a una orden del presidente de la República, Santiago Peña, que decidió hacerlo para concretar mayores medidas de seguridad. Por ello se decidió establecer lugares de control de documen­tos de vehículos y de personas, los retenes, para que se pueda sentir la presencia del Estado.

Que el Gobierno se ocupe de poner el máximo de cuidado militar y policial para combatir a los delincuentes que preten­den socavar la tranquilidad de la gente con secuestros y otros delitos es una buena señal. Y una decisión muy oportuna, por­que como país en plena tarea por el creci­miento económico y el bienestar de su gente no debe tolerar a la locura criminal de los que con el secuestro y otros comportamien­tos de gran violencia quieren ir contra el derecho a la vida, la tranquilidad de la ciu­dadanía y la seguridad de las personas.

Nadie, ninguna agrupación, partido político o nucleación cívica puede utilizar la violen­cia para imponer sus puntos de vista o hacer valer sus intenciones. Son actitudes crimi­nales que solo adoptan los delincuentes que, usando algunas ideas poco razonables, quie­ren imponer posiciones cuestionables y pos­turas políticas que ya no funcionan ni para engañar a los más ingenuos.

El Paraguay, en toda su historia, ya ha sufrido bastante por la incursión de crimi­nales disfrazados de gente pacífica que han querido imponer posiciones políticas que solo sirvieron para el fracaso. No se puede soportar el secuestro, el robo, la agresión de cualquier tipo, o la muerte de seres huma­nos para aceptar ciertas posiciones ideoló­gicas o políticas.

El que mata, aunque use la ropa o la ban­dera que se le ocurra, es un asesino. Como el que roba, con el pretexto o la explica­ción que fuere, es un simple ladrón. Ambos merecen el rechazo y el castigo que les corresponde de acuerdo con las disposi­ciones legales. Lo que está mal no se puede aceptar y debe ser rechazado y combatido con energía.

Por ello la ciudadanía tiene que acompañar la postura asumida por el Gobierno nacio­nal contra la delincuencia y la criminali­dad. Lo importante es que se persiga a los que quieren hacer daño y se apoye a quienes procuran el bienestar de las personas.

Este martes, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y la Policía Nacional decidieron retirarse de la zona donde se registró el secuestro de Almir Brum, a pedido de la familia de la víctima. El departamento de Investigaciones aclaró que los captores aún no se comunicaron con la familia y no hicieron pedido de rescate.

El jefe del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional, Nimio Cardozo, informó que decidieron retirarse de la zona por pedido de familiares para que ellos puedan seguir con las negociaciones o para que los captores puedan contactar.

“La familia pidió que nos retiremos y nosotros respetamos el pedido, en este momento tan crítico por la que están pasando, pero vamos a seguir trabajando”, manifestó Cardozo, en entrevista con el programa “Arriba Hoy” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Afirmó que como autoridades seguirán de cerca el caso y están realizando las investigaciones para poder dar con el paradero del joven, como de los captores. “Puedo confirmar que no hay ningún pedido de rescate. No hay llamadas, cartas o pendrive que hayan dejado para poder seguir con las negociaciones”, refirió.

Ante la consulta sobre la posible autoría de este caso, acotó que todos los elementos reunidos hasta el momento conducen a que habría sido cometido por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). “Hasta ahora todas las sospechas y elementos no hacen conducir a que serían ellos”, puntualizó.

Almir fue secuestrado durante la tarde del sábado 21 de febrero, la denuncia fue realizada por su padre Vladimir Brum, quien llamó por teléfono a su hijo y tras varios intentos fallidos, acudió al lugar donde estaba trabajando y solo encontró una máquina cosechadora y un panfleto que se presume fue escrito por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

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En Concepción, dos policías fueron detenidos y están siendo investigados luego de que una mujer los denunciara por presunto abuso sexual y extorsión, para poder recuperar su libertad y una motocicleta que fue incautada en un procedimiento. En un allanamiento realizado este martes se recolectaron varias evidencias.

Según el reporte policial, los sospechosos son el suboficial inspector Isidro Cardozo Vargas, que se desempeñaba como subjefe de la comisaría, y el suboficial segundo Juan Daniel Ortiz Cardozo. Ambos se encargaban del puesto policial n.° 9 del barrio Santo Domingo de Guzmán.

La denunciante indicó que estos agentes la abordaron luego de dejar a su pareja en su trabajo, le dijeron que tenía problema con su moto. La llevaron hasta la sede policial y la obligaron a mantener relaciones sexuales a cambio de liberarla junto a su biciclo.

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“De acuerdo a la denuncia, la mujer habría sido coaccionada sexualmente para su liberación y entrega de motocicleta, además, de que dicha actuación policial no fue puesta a conocimiento del Ministerio Público”, dijo el fiscal Pablo Zárate en ”Así son las cosas", programa del canal GEN y Universo 970/Nación Media.

El representante del Ministerio Público afirmó que en el lugar del allanamiento se lograron levantar varias evidencias que serán analizadas. La denunciante indicó que todo ocurrió en unas de las habitaciones del puesto policial. “De acuerdo a la información dada, estos efectivos estaban ingiriendo bebidas alcohólicas y eso se comprobó”, detalló Zárate.

El sitio no cuenta con cámaras de seguridad, pero ante las evidencias presentada por la mujer, varios audios y también los estudios físicos realizado podría servir para confirmar una posible imputación contras estos policías.

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Una veintena de policías de la provincia de Santa Fe, en el norte de Argentina, fueron sancionados este martes tras realizar una protesta para reclamar mejores salarios y mayor atención de la salud mental, en uno de los distritos con mayor incidencia de crímenes en el país.

Decenas de policías acompañados por sus familiares se manifestaron frente a la sede de la jefatura de la fuerza en la ciudad de Rosario entre la noche del lunes y la madrugada del martes.

La protesta siguió durante la mañana del martes con un ‘sirenazo’ de decenas de patrulleros frente a la casa de gobierno, en la capital provincial.

“Estamos investigando posibles ilícitos penales de grupos marginales y desplazados de la Policía, que no se resignan a que han perdido la posición de poder y privilegio que ostentaban en otro momento”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, en conferencia de prensa.

Cococcioni anunció la suspensión y el retiro del arma a 20 policías.

El abogado Gabriel Sarla, expolicía de Santa Fe y uno de los participantes de la protesta, explicó al canal LN+ que “el reclamo principal es por el sueldo, pero también para tener una atención psicológica integral y por traslados de personas que viven hasta a 600 kilómetros del lugar asignado de trabajo”.

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Carmen, una policía en actividad con seis años de antigüedad que prefirió mantener en reserva su apellido, contó a Radio Con Vos que gana un salario mensual de 900.000 pesos (unos 620 dólares al cambio oficial), lo que la empuja “hacer adicionales con jornadas de más de 16 horas de trabajo y sin descanso ningún día de la semana”.

Aseguró además que la protesta se extiende a varios destacamentos provinciales.

El ministro Cococcioni, aunque consideró “legítimo y atendible el reclamo” salarial, advirtió que “se fueron montando grupos con acciones violentas, antijurídicas, y empezaron a instigar al personal policial (...) tratando de desestabilizar” el accionar de prevención mediante el “abandono de servicio”.

“Utilizar a la institución policial para minar la política de seguridad que tanto trabajo nos costó poner en orden en Santa Fe es cruzar una línea que no vamos a permitir”, dijo.

Situada junto al río Paraná, 300 kilómetros al norte de Buenos Aires, Rosario es la tercera ciudad del país y en sus márgenes se ubica uno de los mayores puertos agroexportadores del mundo.

Sin embargo, se ha dado a conocer por la violencia del narco y ha ocupado titulares en la prensa por las amenazas que recibieron futbolistas como Ángel Di María, Lio Messi o sus familiares.

Con una tasa de homicidios de 5,7 cada 100.000 habitantes, Santa Fe lidera las estadísticas a nivel nacional, aunque finalizó 2025 con el segundo registro más bajo desde 2014, según el Observatorio de Seguridad Pública provincial.

• Fuente: AFP

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