La Audiencia de Valladolid celebra, desde este próximo martes 2 de marzo, el juicio contra los cinco presuntos integrantes de una red de trata de seres humanos que fue desarticulada en noviembre de 2022 por traer a la capital mujeres desde Paraguay con el fin de someterlas a explotación sexual, actividad que ejercían en condiciones de verdadera esclavitud y bajo un control férreo de los acusados. Los encausados se enfrentan a un conjunto de penas que suman más de 112 años de cárcel.

El juicio por la ‘Operación Tentaciones’ en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid se extenderá al jueves y viernes, y al mismo la Fiscalía vallisoletana se presenta con un escrito en el que, en distinto grado, imputa al clan paraguayo encausado un total de catorce delitos, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

De ellos, cinco son por trata de seres humanos con la finalidad de la explotación sexual de la víctima, en concurso medial con otros tantos de prostitución coactiva, uno de ellos en grado de tentativa; tres delitos de aprovechamiento de la prostitución ajena, un delito de tráfico de drogas en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito de blanqueo de capitales, un delito de grupo criminal y un delito de grupo criminal.

La mayor de las penas solicitadas recae en la presunta jefa del entramado, L.C.P, alias ‘Lorena’ o ‘Nicole’, quien se expone a un total de 52 años de cárcel, multa de 9.300 euros, libertad vigilada por espacio de diez años una vez cumplida la sentencia y la inhabilitación especial por espacio de veinte años para cualquier profesión, oficio o actividad, sea o no retribuido, que suponga contacto regular y directo con menores de edad, mientras que su prima, M.A.P.G, podría ser condenada a 25 años, con idénticas medidas que la anterior, y multa de 15.600 euros. Para los otros tres acusados, M.G.G, H.J.A.A. y J.R.A, la acusación pública interesa condenas de 18, nueve años y ocho meses y ocho años de cárcel, respectivamente.

Además, en concepto de responsabilidad civil, se solicita que los cinco, de forma conjunta y solidaria, indemnicen a cada una de sus víctimas con 80.000 euros por daños morales. A mayores, la supuesta jefa de la organización tendría también que abonar 50.000 euros a las víctimas de cuya prostitución se ha aprovechado.

Por auto de fecha 24 de noviembre de 2022, se autorizó la entrada y registro en varios domicilios de la organización que al menos desde la segunda mitad del año 2021 y hasta finales de noviembre del año 2022 se habría estado dedicando a la captación de mujeres jóvenes con graves problemas económicos y familiares, procedentes de zonas deprimidas de Paraguay, al objeto de financiar y facilitar su llegada, a territorio español, donde eran explotadas en una vivienda en la Avenida de Burgos.

A la cabeza de dicho entramado, tomando todas las decisiones principales, se encuentra la acusada L.C.P, natural de Paraguay, alias ‘Lorena y Nicole’, residente legalmente en España con un permiso de larga duración y principal beneficiaria de toda la actividad delictiva.

El proceso comenzaba por la captación, traslado y acogimiento de las chicas hasta la vivienda mencionada para su explotación sexual. Ya en el piso de la Avenida de Burgos, las ‘turistas’ eran informadas de la deuda contraída que iban a tener que satisfacer trabajando en la prostitución, para lo cual, en primer lugar y como trámite previo, la acusada contrataba los servicios de un fotógrafo profesional que tomaba unas fotografías sugerentes de las mujeres, siempre sonriendo y mirando a la cámara, vestidas con lencería o incluso semidesnudas, al objeto de poder publicitar en las páginas especializadas de contactos sexuales.

La propia acusada asignaba a cada víctima su ‘nick’ o nombre que iba a utilizar en los intercambios sexuales, comenzando de inmediato a prestar los mismos, cuyas citas concertaba ‘Lorena’, fijando el importe, la duración y contenido del servicio sexual contratado.

Las víctimas tenían que estar disponibles las 24 horas del día, arregladas y maquilladas en espera de los clientes y solo podían abandonar el domicilio durante dos horas al día, de una en una, previa solicitud, que no siempre se concedía, debiendo de regresar inmediatamente al mismo si fuera requerida para ello por la presencia de algún cliente.

Normalmente, existía un chat compartido por la acusada y las víctimas, ‘Nicole Relax’, a través del cual se las comunicaba la presencia de un cliente o bien a través de comunicación de WhatsApp directa. Además de los servicios prestados en la vivienda, que era lo habitual, también se ofrecía la posibilidad de salidas a domicilios de clientes y hoteles, con diferentes tarifas y abono del importe del taxi que utilizaría la víctima, que, hasta el pago de la totalidad de la deuda contraída, sólo percibían una pequeña cantidad para poder vivir.

La vivienda utilizada como prostíbulo contaba con tres cámaras de vídeo vigilancia y audio al objeto de poder controlar todo lo que allí sucedía y en especial los clientes que accedían, el tiempo que estaban con las víctimas y si éstas hablaban con los clientes de cosas particulares más allá del servicio contratado.

Dicho inmueble estaba distribuido en nueve habitaciones y tres cuartos de baño, de tal manera que la persona que hacía de encargada tenía una habitación para ella sola a modo de oficina, mientras que el resto de víctimas vivía hacinado en una o dos habitaciones, en literas, ocupando entre cuatro o cinco personas una habitación. El resto de estancias disponibles eran para la prestación de los servicios sexuales.

En la vivienda mencionada, además de prestarse servicios sexuales, como oferta adicional, con unos códigos previamente establecidos en el sector (fiesta, fiesteras, fiesta blanca), para aquellos clientes que lo solicitaran se distribuía droga, concretamente cocaína y en alguna ocasión pastillas de viagra, si bien las víctimas, que no podían negarse a prestar este servicio, no participaban del beneficio generado, que recogía únicamente a la acusada.

En la adquisición y traslado de la droga a la vivienda de la Avenida de Burgos colaboraba el también acusado J.R.A, pareja sentimental de la jefa. La situación narrada se mantuvo prácticamente intacta hasta febrero del año 2022, momento en el que la acusada, obsesionada con su propia seguridad personal, empezó a tomar medidas de protección más eficaces para evitar ser responsabilizada, llegado el caso, de la actividad narrada.

A partir de ese momento, sería su prima y también acusada M.A.P.G, natural de Paraguay y en situación irregular en territorio español, quien asumiría diversas funciones de gestión y control de la actividad para que la anterior pasara a un discreto segundo plano.

En las tareas de captación de mujeres participarían también, siempre según la acusación pública, los otros dos acusados, una mujer con iniciales M.G.G, y el varón H.J.A, quien trabajaba en una empresa de paquetería en Valladolid entregando y recogiendo paquetes principalmente para ciudadanos de Paraguay.

Fuente: Europa Press.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) desarticuló una estructura que operaba con dos focos de distribución de drogas al menudeo en inmediaciones de un centro educativo. En el marco de la operación Entorno Seguro se llevaron cabo en allanamientos simultáneos en el barrio General Díaz de Arroyos y Esteros, Cordillera.

En las intervenciones, desarrolladas en el marco de acciones focalizadas para la protección de comunidades educativas, los agentes de la Senad incautaron 1.086 gramos de marihuana, así como importantes cantidades de sustancias derivadas de la cocaína, dinero en efectivo, un aparato celular y una balanza de precisión. El informe indica que, en cuanto al clorhidrato de cocaína, la cantidad decomisada fue de 614 gramos, cifra que equivale a más de 1.200 dosis a ser distribuidas en la zona.

Le puede interesar: Peña dio inicio oficial a las clases y llamó a los estudiantes a luchar por sus sueños

En los procedimientos fueron detenidos Víctor Ramón Rodríguez Aquino y Simón Vázquez López, sindicados como principales responsables del esquema de comercialización en la zona. La institución informó que, en uno de los inmuebles intervenidos, que funcionaba como despensa y copetín a escasos pasos del centro educativo, se realizaba la distribución directa de sustancias ilícitas.

En cuanto a la pasta base de cocaína o “chespi” se logró sacar de circulación 36,3 gramos, lo que equivale aproximadamente a 254 dosis. Esta cifra representa un impacto directo sobre el microtráfico que operaba en el entorno comunitario. El agente fiscal Gedeón Escobar, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, acompañó los procedimientos.

Con la operación, la Senad reafirma su compromiso de combatir con determinación a las estructuras criminales que intentan instalar el microtráfico en zonas consideradas sensibles. La institución prioriza espacios ubicados en las cercanías de centros educativos, donde la presencia de estas actividades representa una amenaza directa para la comunidad.

Lea además: Crimen de Guillermo Moral: detienen al hombre que habría contratado a los sicarios

En la mañana de este martes se desarrolló el operativo Nexus II, dirigido por el Ministerio Público y el Departamento de Inteligencia y de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en el marco del cual se realizaron nueve allanamientos y lograron detener a tres personas. Los procedimientos posibilitaron recolectar varias evidencias vinculadas con el narcotráfico a gran escala.

Según Fernando Ruiz Díaz, jefe de Inteligencia, este sería la segunda fase del operativo que se inició en diciembre del año pasado y que apuntaba a desbaratar a un grupo criminal ligado con el narcotraficante uruguayo que se encuentra prófugo Sebastián Marset. La primera fase arrojó como resultado los nombres de las personas que hoy son señaladas como miembros de esta red.

En esta oportunidad, las operaciones estuvieron a cargo de la fiscal Ingrid Cubilla y se logró detener a tres personas identificadas como Cindy Peralta, Álvaro Cáceres Cabrera y Luis Molinas, alias Chon, exjugador de futsal del club Cerro Porteño.

Te puede interesar: Caso Norma Thomen: realizan autopsia ante hipótesis de electrocución

En tanto que, el exjugador del Olimpia Víctor Hugo Centurión Miranda y Dionisio Manuel siguen prófugos y cuentan con orden de captura. Centurión se encargaba de recibir a los pilotos y sus naves que venían cargadas de drogas a territorio nacional y les proveía de combustible, logística y lugares donde podían quedar, marcaba la hoja de ruta en Paraguay, según se informó.

“Estas dos personas que siguen prófugas no se encontraban en sus viviendas cuando se realizaron estos procedimientos. Se pudo constatar que Centurión era uno de los principales eslabones que se encargaba del recibimiento de estas aeronaves internacionales con cargamentos de drogas”, detalló Ruiz Díaz en conferencia de prensa.

Leé también: Camioneta con chapa paraguaya volcó en Brasil: hay dos fallecidos

Ruiz Díaz indicó que se realizaron dos requisas en centros penitenciarios donde se lograron incautar celulares que serán analizados. “Una en el penal el Cereso en la celda de alias Monchi, uno de los articuladores principales y otra en Emboscada, donde uno de los principales actores es Alexis González, que está procesado a un caso de crimen organizado”, apuntó.

Explicó que las operaciones eran realizadas por personas que guardan reclusión y eran encargadas de contactar grupos internacionales. “Personas que estaban privadas de su libertad tenían contactos con eslabones del crimen organizado en Bolivia y Colombia. Ellos pedían drogas que llegaban al país mediante vuelos irregulares y pistas clandestina”, mencionó.

Los allanamientos se llevaron a cabo en distintos puntos del país, incluyendo zona rural, el departamento Central y Asunción. En este nuevo operativo se lograron incautar vehículos, dinero, proyectiles, celulares y documentación con rutas hacia Bolivia y Colombia.

Te puede interesar: Quinto día de búsqueda de Tobías: los trabajos se centran en túnel marcado por can

Este martes, a tempranas horas, se inició la segunda parte del operativo Nexus y en esta oportunidad están buscando a varias personas vinculadas con el narcotráfico. Entre los objetivos se encuentra un exarquero que cuenta con una orden de captura por presuntamente estar ligado con el envío de droga. Los allanamientos se realizan en viviendas e incluye requisa en centros de reclusión.

El comisario Juan Morel explicó a la 1020 AM que el deportista Víctor Centurión, exarquero de Olimpia, es uno de los principales objetivos, ya que estaría ligado con la red internacional de tráfico de cocaína, que anteriormente era dirigida por Sebastián Marset.

Además, de Centurión son buscadas otras ocho personas y hasta el momento se tiene a tres detenidos. La Policía Nacional y el Ministerio Público están realizando un total de 8 allanamientos en simultáneo y requisa en dos penitenciarías.

Lea también: Doctorado en Defensa y Seguridad abre con 22 participantes en Alto Paraná

“Se trata de operativo Nexus que inició en abril del año pasado y que continúa. Ya tenemos a tres de las cinco principales objetivos que estamos buscando, pero creo que hay más. Entre ellos está Víctor Centurión que aún no fue detenido, pero que ya tiene una orden de captura”, detalló.

Afirmó que las investigaciones del caso siguen y que se trata de un proceso largo que comenzó en el 2022. “Estas personas se encargan de narcotráfico a gran escala. La droga se envía internacionalmente como a Europa y también se realiza lavado de dinero", puntualizó.

Indicó que la fiscal Ingrid Cubilla es la encargada de las investigaciones, pero que los allanamientos son acompañados por otros 10 fiscales junto con la Policía Nacional. En el operativo Nexus desarrollado en diciembre del 2025 se incautaron armas, vehículos, drogas, entre otros elementos.

Te puede interesar: Prevén calor intenso y chaparrones para este martes