En el marco del plan de Acción Sumar, la Policía Nacional realizó la incautación de 1.445 kilogramos de supuesta marihuana prensada, distribuida en 84 paquetes, además de una camioneta de la marca Toyota que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
El procedimiento fue realizado en la Colonia Pakova, distrito de Ka´aguy Pora, departamento de Canindeyú, por personal del Departamento Especializado Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de Curuguaty, en conjunto con Agentes Especiales de la Senad y bajo dirección del Agente Fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico de Curuguaty.
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Ahora se está investigando de quién podría ser el cargamento incautado para lograr la detención del propietario de la carga y a su vez ponerlo a disposición de la Fiscalía.
En caso de que se logre la detención del dueño de la carga, la Fiscalía podrá presentar la imputación correspondiente, previa audiencia indagatoria, en la que el detenido podrá tener la posibilidad de declarar ante el fiscal interviniente. Luego deberá ser convocado para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si se decreta la prisión preventiva del aprehendido.
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Nueva Alianza 56 cerró con pérdidas por USD 73 millones para el narcotráfico
Las incursiones realizadas en el departamento de Amambay en el marco de la operación Nueva Alianza 56 permitieron sacar de circulación 498 toneladas de marihuana, con un perjuicio económico de más de USD 73 millones para las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que la operación finalizó después de 10 días de incursiones en zonas boscosas de Amambay. En las intervenciones fueron destruidos 24.485 kilos de marihuana, también desmantelados un total de 71 campamentos clandestinos y erradicadas 158 hectáreas de cultivos de la droga, “evitando que 474 toneladas de cannabis llegaran al mercado criminal”, detalló la institución en el reporte.
Nueva Alianza 56 contó la participación de miembros de las fuerzas especiales y agentes Antidrogas que llevaron a cabo las tareas con apoyo de helicópteros de la Policía Federal de Brasil, la Fuerza Aérea Paraguaya, personal del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) y del Ministerio Público.
Entre los procedimientos efectuados se destaca el realizado en una zona de Aguará Vevé del distrito de Capitán Bado, que permitió desmantelar un megacentro de producción marihuana mecanizada. El cultivo contaba con riego automatizado e invernaderos hidropónicos.
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En el marco de estas intervenciones se desarrollaron 16 operativos desde agosto de 2023, arrojando como resultado pérdidas para las estructurales criminales por USD 1.600 millones, había informado la Senad en mayo tras culminar Nueva Alianza 55.
Durante estos procedimientos fueron erradicadas plantaciones de marihuana, incautados 623 toneladas de marihuana procesada y cosechada; así también se desmantelaron 1.218 campamentos que eran usados además como bases logísticas utilizadas para la producción y acopio de la droga.
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Manifestantes chocan con policía en Argentina por proyecto de ley a favor de propiedad privada
Miles de personas marcharon este jueves en Buenos Aires contra un proyecto de ley a favor de la propiedad privada impulsado por el presidente Javier Milei, en una protesta que derivó en choques con la policía.
La fuerza pública se dispersó con balas de goma, gases lacrimógenos y chorros de agua a los manifestantes que arrojaron piedras a los uniformados en medio de corridas frente a la sede del Congreso, según periodistas de la AFP.
Previamente, el gobierno debía retirar de la iniciativa un punto polémico que liberaba la venta de tierras a extranjeros, el cambio más rechazado.
Aun así, los manifestantes se movilizaron. “Yo quiero que caiga la ley completa”, dijo a la AFP Roxana Parapugna, una socióloga de 51 años frente a la sede del legislativo.
Para Carlos Miño, un jubilado de 67 años, “casi todo el proyecto está en la misma dirección: entregar de una u otra forma nuestros bienes, nuestras cosas”.
“La patria no se vende”
La iniciativa que comenzó a debatirse este jueves en el Senado busca dificultar expropiaciones del Estado, facilitar desalojos ‘express’ y destrabar el cambio de uso y venta de tierras rurales afectadas por incendios.
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Convocada por sindicatos, partidos de izquierda y movimientos sociales, la protesta más importante se registró frente al Congreso, en el centro de una Ciudad de Buenos Aires pese al día de intensas lluvias.
“La patria no se vende” fue la principal consigna de los manifestantes que se multiplicó en cánticos y banderas.
El denominado proyecto de “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada” llevaba semanas sin poder tratarse por el apartado que flexibilizaba la Ley de Tierras Rurales para extranjeros.
El Gobierno de Milei sostiene que las restricciones de la ley actual, vigente desde 2011, desalienta inversiones. La norma limita al 15 % la proporción de tierras que pueden venderse a extranjeros, porcentaje que se aplica a cada provincia y cada municipio individualmente.
El gobierno quería liberarlo, luego propuso ampliarlo a 25% y sobre el total de cada provincia. Pero resolvió quitarlo del proyecto por falta de apoyos.
Según datos de un estudio de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet, el organismo estatal de investigación científica de Argentina, más de 13 millones de hectáreas del país (superficie similar a Inglaterra), pertenecen a extranjeros.
Aunque en ninguna de las 23 provincias argentinas se supera el 15% de la ley, según el Registro de Tierras Rurales 31 departamentos ya pasan ese límite, en algunos municipios de Misiones (noreste) llega al 80%.
Tras el rechazo social generalizado, gobernadores aliados habitualmente al gobierno sumaron su rechazo y el oficialismo suprimió el cambio. La ley aún debe debatirse en la Cámara de diputados. El resto del proyecto también genera críticas.
Otros capítulos buscan reforzar las barreras para la expropiación de tierras o inmuebles o acelerar los desalojos por impagos de alquiler. También propone eliminar o flexibilizar la Ley de Manejo del Fuego, que restringe la venta de tierras incendiadas.
- Fuente: AFP
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San Pedro: descartan intento de feminicidio de parte de policía y sustentan disparo accidental
El comisario Eladio Martínez, nuevo jefe de Prevención y Seguridad de San Pedro, dio detalles del caso de un policía que habría disparado accidentalmente a la hermana de un camarada.
Aseguró hoy, en declaraciones a la 1020 AM, que el disparo se produjo de manera accidental mientras un suboficial manipulaba su arma de fuego frente a familiares. Ocurrió en la localidad de Yrybucuá, departamento de San Pedro.
“Según los intervinientes, según algunos testigos y de acuerdo con la investigación fiscal, se trató de un disparo accidental”, expresó.
Resultó víctima Liz Salinas Rojas (25), quien sufrió una herida de arma de fuego en la zona púbica y llegó inconsciente al hospital, donde fue sometida a cirugía y permanecía con pronóstico reservado, según el reporte médico.
Añadió que el disparo se produjo cuando manipulaba el arma. “Por su inexperiencia y su impericia, se le escapó un tiro”, agregó el entrevistado.
Inmediatamente, junto a familiares trasladaron a la víctima hasta el Hospital Distrital de Santaní. “Es vecina y amiga, porque es hermana de otro camarada de él y se descarta completamente un posible intento de feminicidio, como se dijo al principio”, aclaró el jefe policial.
En ese sentido, Martínez mencionó que el sindicado estaba mostrando el arma a la familia, cuando ocurrió el incidente. Se trata de Wilson Agustín González (23), suboficial ayudante de Prevención y Seguridad con destino en la Comisaría 32° de Yrybucuá.
“Es un joven recientemente egresado, perteneciente a la última promoción, había cambiado recientemente su arma de fuego, y según los datos recabados, él estaba mostrando el arma a la familia”, señaló el jefe policial.
Intervino en el caso, la Comisaría 8va de San Estanislao. La fiscal Lilian Ruiz ordenó su libertad, pero no la desvinculación. Es decir, la investigación sigue su curso.
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Policía de Brasil investiga plan de atentados contra poderes públicos en las elecciones
La Policía de Brasil informó el martes que realizó una operación contra ocho hombres sospechosos de planear en Telegram atentados contra los poderes públicos en Brasilia durante las elecciones de octubre, en las que el presidente Lula busca un cuarto obligatorio.
Autoridades informaron que se incautaron celulares y computadoras de los investigados en cinco estados, pero no se hallaron armas ni explosivos ni hubo detenciones.
Los sospechosos integraban “dos grupos públicos en la plataforma Telegram que compartían información sobre planificación de atentados en Brasilia” en el período electoral, detalló en una rueda de prensa el secretario de Derechos Digitales del Ministerio de Justicia, Victor Fernandes.
“Lo que se investiga no se refiere meramente a opiniones, sino (...) a la planificación de actos graves de violencia”, precisó.
Los sospechosos, de entre 19 y 31 años, no se conocen personalmente ni tienen antecedentes delictivos. Trabajan en empleos diversos. Uno de ellos es seminarista de un monasterio de Pernambuco (noreste).
Según un comunicado de la Policía Civil, en Telegram compartieron “manuales para la fabricación de artefactos explosivos” y discutieron la “invasión de edificios, selección de objetivos, formación táctica, reclutamiento interestatal, análisis de mapas y (...) modelos tridimensionales de edificios”.
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La investigación busca “aclarar el grado de organización y el nivel de desarrollo de las acciones” bajo la hipótesis de asociación criminal y apología del crimen, entre otros posibles delitos, sin que los hechos se encuadren “por ahora” como terrorismo, agregó el texto.
Fernandes indicó que se solicitó a la Agencia Nacional de Protección de Datos, un órgano público independiente, que investigue si Telegram incumplió su deber de “impedir la circulación masiva de contenidos delictivos”.
Brasil aprobó en abril una ley que endureció las reglas sobre la responsabilidad de las plataformas digitales y redes sociales sobre los contenidos divulgados por sus usuarios.
Los investigados conspiraban contra “el sistema político en su conjunto, sin determinar izquierda o derecha” y sin barajar nombres de autoridades, dijo el jefe de inteligencia de la Policía Civil de Brasilia, Maurílio Coelho.
En sus conversaciones mencionaron como posibles objetivos “todos los ministerios, el Congreso, el Supremo Tribunal Federal (...) y la planta baja de Planalto”, el palacio presidencial.
El izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva se enfrentará en octubre al candidato derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).
El exmandatario está condenado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones contra Lula en 2022.
El 8 de enero de 2023, días después de la asunción de Lula, simpatizantes bolsonaristas invadieron y destruyeron las sedes de los poderes públicos en Brasilia, un episodio considerado por la corte suprema como parte de la misma trama golpista que llevó a Bolsonaro a la cárcel.
- Fuente: AFP
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