El senador Gustavo Leite indicó que si bien, la transferencia de los G. 500.000 millones que se pretende redireccionar para la compra de medicamentos no va solucionar todos los problemas de Salud Pública, al menos señaló que es una clara señal de que el Congreso nacional quiere ayudar al Ejecutivo.

El pleno del Senado tiene previsto analizar mañana miércoles como primer punto del orden del día, el proyecto de ley que autoriza la transferencia de créditos presupuestarios de organismos y entidades de la Administración Central al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para la adquisición de medicamentos y la aplicación de medidas excepcionales para su ejecución. La iniciativa fue presentada por los senadores Gustavo Leite, Antonio Barrios y Orlando Penner.

Al respecto, el senador Leite indicó que están afectadas todas las instituciones del Gobierno central, con excepción de la Justicia, la Justicia Electoral, Salud Pública, Educación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, Contraloría General de la República, y el Ministerio Público.

“Sabemos que no será suficiente porque nosotros creemos que el presupuesto de Salud Pública se tiene que duplicar, pero es una señal de un grupo de senadores que le dice al Ejecutivo que le queremos ayudar. Pero también le dice que preste atención a la queja de la gente porque no hay remedios en los hospitales. Tenemos que ser parte de la solución y no seguir llorando por el problema”, expresó el parlamentario.

El legislador resaltó que la iniciativa planteada es bastante clara al mencionar que busca recortar fondos de aquellos que son “presindibles” como bocaditos, viáticos y otros.

“Yo no quiero hablar de innecesarios porque nada es innecesario, pero hay cosas que son imprescindibles, los medicamentos son imprescindibles. Se puede dejar de comer bocaditos, se puede dejar de viajar, se puede dejar de tener viáticos, y otras cosas. Pero para mí lo más importante de este proyecto es que está, a pedido de los pacientes con cáncer, que se pueda incluir medicamentos oncológicos y medicamentos para enfermedades catastróficas”, precisó Leite.

Asimismo, resaltó que el otro aspecto novedoso de este proyecto de ley es que deja claro que no se puede pagar deudas con estos fondos, ya que estos recursos están dirigidos para la compra de nuevos medicamentos. “Se aplica por la vía de la emergencia, además contempla la presentación de un informe mensual al Congreso, informando sobre qué se hizo con la plata”, acotó.

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El líder de bancada del movimiento Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase, confirmó que el bloque solicitó este lunes a la mesa directiva de la cámara impulsar la creación de una Comisión Especial de Investigación con la finalidad de dar seguimiento a las denuncias de presuntos hechos de corrupción en el Instituto de Previsión Social (IPS).

“Hemos presentado el pedido para la creación de la comisión y, por sugerencia de algunos colegas, seguro será ampliado a todo el sistema de Salud Pública, el cual será tratado en plenaria”, comentó a los medios de comunicación.

Chase no descartó que la conformación del bloque sea bicameral, es decir, que se encuentre integrada por senadores y diputados. “Nosotros como oficialismo impulsamos la medida”, puntualizó.

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La solicitud para la creación del bloque surge en el marco de la causa judicial que investiga irregularidades y adendas en contratos adjudicados a la firma Neighpart S.A. para la instalación de quirófanos modulares que no se concluyeron.

De acuerdo a la investigación fiscal, las obras fallidas ocasionaron un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones a la previsional. El caso derivó en la imputación de los expresidentes del IPS, Jorge Brítez y Vicente Bataglia.

La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.

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Cinco de los nueve imputados por lesión de confianza, debido a un presunto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones en la compra de quirófanos modulares para el Instituto de Previsión Social (IPS), ya fueron beneficiados con la libertad ambulatoria. Por su parte, el fiscal Julio Ortiz adelantó que no apelará la resolución del juez Rodrigo Estigarribia.

Los imputados beneficiados con la medida son el expresidente del IPS, Jorge Brítez; la exasesora jurídica, Rosa Colmán; el exdirector de Mantenimiento, José Raúl Coronel; el exgerente de Abastecimiento y Logística, Hugo Aranda; y el exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones, Juan Manuel Villar López.

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En todos los casos, el juez Estigarribia concluyó que no existe peligro de obstrucción a la investigación, al considerar que no hay elementos objetivos que permitan sostener que los procesados puedan afectar la obtención o conservación de pruebas. El magistrado también destacó que la investigación se inició hace varios años y que el Ministerio Público ya incorporó abundante documentación e informes que respaldan su hipótesis, sin identificar diligencias pendientes cuya realización dependa de la privación de libertad.

En cuanto al peligro de fuga, el juez fijó fianzas de G. 500 millones para cuatro de los imputados, mientras que para Jorge Brítez estableció una caución de G. 1.000 millones.

La causa se originó tras la imputación presentada por la Fiscalía contra los expresidentes del IPS, Vicente Bataglia y Jorge Brítez, además de otros siete funcionarios, por un supuesto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones mediante pagos indebidos relacionados con un contrato para el reacondicionamiento e instalación de quirófanos modulares y obras de paneles solares.

Según la imputación, los procesados habrían suscrito adendas que permitieron extender plazos y emitir actas de recepción para que la firma Neighpart S.A. continuara percibiendo pagos, pese a que la ejecución del contrato no podía concretarse.

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Los profesionales encargados de la vigilancia epidemiológica, considerados la primera línea de defensa para proteger la salud de la población, avanzan en un proceso de capacitación que busca fortalecer su capacidad para detectar, investigar y responder con rapidez ante cualquier evento que pueda representar un riesgo para la salud pública. Con ese objetivo se llevó a cabo en Caazapá el Segundo Taller del Entrenamiento Básico en Epidemiología de Campo (Frontline), correspondiente a la vigésima cohorte del programa.

La actividad reunió a 16 profesionales vinculados a la vigilancia sanitaria de los departamentos de Caazapá, Canindeyú y Caaguazú, además de representantes del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y de la Unidad de Salud Penitenciaria de Coronel Oviedo. Durante la capacitación se profundizó en la estrategia Una Salud, un enfoque que integra la vigilancia de la salud humana, animal y ambiental para enfrentar de manera más eficiente los desafíos sanitarios.

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Desde el Ministerio de Salud explicaron que el entrenamiento está orientado a desarrollar competencias técnicas que permitan identificar oportunamente amenazas epidemiológicas, realizar investigaciones de campo y coordinar respuestas eficaces mediante el trabajo conjunto entre diferentes sectores. Asimismo, promueve una comunicación fluida entre las instituciones involucradas, considerando que la salud de las personas está estrechamente vinculada con la de los animales, las plantas y el entorno.

El programa se extiende durante tres meses y combina talleres presenciales con actividades prácticas en terreno, permitiendo que los participantes apliquen los conocimientos adquiridos en situaciones reales. Desde su inicio en junio, los profesionales reciben acompañamiento permanente de tutores, tanto de forma presencial como virtual, para fortalecer sus investigaciones y acciones de vigilancia.

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La etapa formativa concluirá en la primera semana de septiembre, cuando los participantes expondrán los resultados de los trabajos desarrollados durante el proceso. La iniciativa forma parte de los esfuerzos por consolidar una red de vigilancia epidemiológica más preparada para responder con rapidez y eficacia a los desafíos que plantea la salud pública en el país.