Los fiscales Silvia González y Christian Benítez solicitaron una condena de 3 años de cárcel para la exjueza en lo Civil y Comercial Tania Irún, acusada del supuesto hecho punible de prevaricato. Se la señala por entregar 310.000 hectáreas de tierra, ubicadas en la franja de seguridad fronteriza en Alto Paraguay, a presuntas empresas de maletín. Por su parte, la querella adhesiva, representada por el abogado Francisco de Vargas, solicitó una pena de 6 años de prisión.

En los alegatos finales, el Ministerio Público sostuvo que la exmagistrada utilizó su cargo para dictar una resolución arbitraria y contraria a derecho. Esto tuvo el objetivo de beneficiar a una de las partes en perjuicio de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Los fiscales afirmaron que Irún dictó la sentencia sin contar con los documentos indispensables para resolver el caso.

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Asimismo, el fiscal Christian Benítez manifestó que la actuación de la acusada no puede considerarse un simple error de interpretación. Recordó que, en un fallo de 2015, la propia exjueza reconoció que no disponía de toda la información necesaria sobre las empresas beneficiadas. Indicó además que, durante el proceso, fue advertida sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Fronteriza y que contaba con informes que acreditaban que las tierras estaban en dicha zona restringida.

El representante del Ministerio Público también cuestionó la decisión de Tania Irún de interrumpir su reposo por maternidad para dictar la sentencia. Sostuvo que, durante el juicio oral, se comprobó que los estatutos de las empresas permitían transferir acciones por simple endoso, situación que vulneraba abiertamente la normativa vigente. Finalmente, afirmó que la resolución judicial favoreció indebidamente a una de las partes y provocó el despojo de 310.000 hectáreas de tierras soberanas.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) viene ejecutando las obras para la conexión vial entre el Puente de la Integración de Presidente Franco con la Ruta PY02, en el km 17 de Minga Guazú. Se trata del Corredor Metropolitano del Este, que ya tiene tramos terminados y algunos de ellos son utilizados frecuentemente para carreras clandestinas de motos.

Ayer fueron descubiertos en flagrancia por el personal de la Comisaría 8ª. y uno de ellos fue aprehendido, mientras que el resto huyó del sitio ni bien aparecieron la patrullera policial y los agentes. Los tramos ya terminados aún no están habilitados para la circulación vehicular y los motociclistas aprovechan la pista vacía para su carrera.

Por exposición al peligro en el tránsito terrestre, fue aprehendido Carlos Rafael Rojas Rivarola, de 19 años, quien estaba al mando de una motocicleta marca Kenton, modelo GTR150, color negro, chapa 281ABFU, según el reporte policial.

La intervención policial fue a las 16:04 en la vía pública del km 17,5 Monday, a unos 4 mil metros de la Ruta PY02, de Minga Guazú.

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El personal de una patrulla preventiva realizaba recorrido por la zona cuando vio a un grupo aproximado de 15 motociclistas realizando maniobras peligrosas en carrera clandestina sobre la ruta mencionada con dirección al puente sobre el río Monday.

Al percatarse de la presencia policial, la mayoría de los motociclistas huyó, pero uno pudo ser interceptado al intentar huir, siendo aprehendido. Fue llevado a la Comisaría 8ª y por orden de la fiscal Julia González se le realizó la prueba de alcotest que resultó negativa. El joven fue liberado y su motocicleta quedó incautada.

Ya en varias oportunidades fueron descubiertas las carreras clandestinas en los tramos terminados de Corredor Metropolitano del Este. Los agentes de diferentes comisarías de Minga Guazú realizan regularmente controles preventivos, pero los grupos de jóvenes se dispersan rápidamente. Se ha llegado a incautar cientos de motos, pero la práctica continúa.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Una mujer sufrió un violento asalto domiciliario por parte de cinco hombres encapuchados, con armas de fuego que irrumpieron en su vivienda; la obligaron a tirarse al piso y, tras revolver todo en la casa, se llevaron dinero, G. 4 millones, teléfono y otros objetos de la casa.

Ocurrió anoche a las 21:30 en una vivienda ubicada en la Fracción Los Laureles, del km 24 Monday de Minga Guazú, a unas 8 cuadras de la Ruta PY02. Fue víctima Fátima Elizabeth Martínez Benítez (21), domiciliada en el lugar. Ella se encontraba sola en el momento del atraco.

Además del dinero en efectivo, los delincuentes llevaron un aparato celular de la marca iPhone 7, llaves de puerta y un control del portón. También arrancaron una cámara de CCTV con memory card (tarjeta de memoria). El grupo se desplazaba en un automóvil de color oscuro, pero otros datos ya no pudo ser divisado por la víctima.

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Luego del hecho, la joven avisó a su pareja, quien trabaja como cajero del puesto de peaje del km 26 y, en ese momento, el hombre dio aviso al personal policial de servicio en dicho lugar.

Se trasladaron hasta la casa donde la joven manifestó que escuchó ruido fuera y al salir a ver de qué se trataba, los asaltantes la tomaron con violencia e ingresaron al interior exigiéndole la entrega de dinero.

Luego, la obligaron a que se extienda en el piso y se dedicaron a desordenar todo y exigiéndole en todo momento que diga donde está el dinero, hasta que ella refirió que solo tenía los G. 4 millones; los delincuentes tomaron el citado monto y tras apoderarse de los otros objetos, incluso del CCTV, huyeron del lugar. El caso será investigado por el fiscal Osvaldo Zaracho.

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La extitular de Petropar del gobierno de Mario Abdo Benítez, Delia Patricia Samudio, condenada a 4 años de cárcel por lesión de confianza por el caso de agua tónica, fue enviada a la cárcel de mujeres para cumplir la sentencia condenatoria. Igualmente, su esposo José Costa Perdomo, sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión, fue remitido a la cárcel de Emboscada.

La resolución judicial fue firmada por un tribunal de sentencia a pedido del fiscal Silvio Corbeta. El colegiado rechazó una reposición planteada por la defensa, que pretendía impedir que el expediente fuera remitido al Juzgado de Ejecución para iniciar el cumplimiento de las penas. Los condenados alegaron que aún existen recursos pendientes ante la Corte Suprema, pero el Tribunal concluyó que las condenas ya se encuentran firmes.

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Durante el juicio oral quedó probado que ambos participaron en un esquema montado durante la pandemia del COVID-19 para desviar G. 359.700.000 de Petropar mediante irregularidades en una licitación para la compra de agua tónica y otros insumos.

Según la Fiscalía, el dinero fue utilizado para cancelar una deuda de José Costa Perdomo, mediante un proceso licitatorio direccionado. Entre las principales pruebas valoradas en el juicio se encuentran conversaciones extraídas de celulares entre Costa Perdomo y el representante de la empresa Solumedic S.A., que evidenciarían cómo se planificó y direccionó la licitación para beneficiar a dicha firma.

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