Un hombre denunció este jueves que desconocidos están ofreciendo su vivienda en alquiler sin su autorización. Según manifestó, los responsables incluso promocionan el inmueble a un precio muy inferior al valor real, situación que le genera preocupación y sospechas de una posible estafa.

Desde hace unos meses don Alberto Funes decidió poner en alquiler su vivienda en Asunción mediante una inmobiliaria, pero hace unas semanas vio que la misma propiedad es ofrecida por varias personas que desconoce. Estas comparten fotos y vídeos, pero presume que fueron captadas por personas que se hicieron pasar por clientes.

Además, denunció que retiraron el cartel que fue puesto por la inmobiliaria y que en redes sociales figuran varios números telefónicos, pero que ninguno es de una persona conocida o de la empresa encargada de administrarla. La casa es ofrecida por G. 6 millones al mes en alquiler, sin embargo, los extraños lo están ofreciendo por G. 3 millones.

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“Estas personas muestran todas las dependencias y publicaron fotos de todo tipo, se puede ver que pidieron ingresar a la propiedad para captar las imágenes. Además, comparten una serie de números de teléfonos, intenté hacerme pasar por interesado, pero no tuve retorno”, detalló don Alfonso, en entrevista con canal Trece.

Afirmó que junto a la inmobiliaria ya realizaron la denuncia ante las autoridades correspondientes. “El único requisito que piden estos desconocidos, en las publicaciones que circulan en redes sociales, es que deben abonar los 3 millones de guaraníes y ya la casa estaría disponible para la persona o familia”, indicó.

Confirmó que hasta el momento se desconoce si existen víctimas de estos estafadores e instan a la ciudadanía a realizar la denuncia en la comisaría 15 de Asunción en el caso de que hayan abonado por el falso alquiler para seguir con las investigaciones e intentar dar con los estafadores.

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El mandatario Santiago Peña firmó el decreto 6.690 que reglamenta la ley 6.634/2020, que erradica la discriminación en razón de maternidad y paternidad, y garantiza la igualdad de condiciones para el acceso, selección y admisión en las unidades académicas de formación de la Policía Nacional, comprendidas por la Academia Nacional de Policía “General José Eduvigis Díaz” y el Colegio de Policía “Sargento Ayudante José Merlo Saravia”.

La ley refiere que las disposiciones establecidas serán de cumplimiento obligatorio para los postulantes, así como también para las autoridades, dependencias y el personal policial que intervengan en dichos procesos. Determina que todos los postulantes recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades de participación, sin discriminación alguna, y el ingreso se determinará exclusivamente en función a las aptitudes, competencias y resultados obtenidos por los postulantes en base a los criterios de evaluación establecidos.

También se hace mención a la objetividad en las decisiones que se adoptarán sobre la base de criterios técnicos, verificables y previamente establecidos, libres de arbitrariedad y la transparencia, y que el proceso se desarrollará con publicidad de las actuaciones y de los resultados, garantizando el acceso a la información conforme a la normativa vigente.

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La reglamentación detalla que la Comandancia de la Policía Nacional, en su carácter de máxima autoridad institucional, tendrá el rol de velar por el debido cumplimiento e implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables al proceso de selección y admisión.

Mientras que el Instituto Superior de Educación Policial (Isepol), conforme a las competencias que legalmente le correspondan, será responsable de planificar, organizar, coordinar y supervisar el proceso de selección y admisión para las respectivas unidades académicas de formación, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

A la vez, se establece la conformación de un Comité Interinstitucional para la transparencia e igualdad en los procesos de admisión en donde el Ministerio del Interior se desempeñará como coordinador. También indica que la Comandancia de la Policía Nacional será responsable de designar e integrar, para cada unidad académica de formación, una Comisión de Admisión, la cual tendrá a su cargo la conducción del proceso de selección y admisión correspondiente, con las atribuciones y competencias contempladas en el presente Reglamento además de las que le sean asignadas por resolución de la máxima autoridad institucional.

Podrán postularse y concursar para ser admitidos en las unidades académicas de la Policía Nacional, quienes reúnan los siguientes requisitos: ser de nacionalidad paraguaya natural, tener la edad mínima 18 años al momento de la inscripción y edad máxima de 23 años hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria, para la Academia Nacional de Policía “General José Eduvigis Díaz”.

Tener la edad mínima 18 años al momento de la inscripción y edad máxima de 26 años, hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria, para el Colegio de Policía “Sargento Ayudante José Merlo Saravia”, haber concluido la enseñanza media, tener las condiciones físicas y psíquicas para cumplir con la capacidad funcional u operativa necesarias para el desempeño de las tareas propias de la Policía Nacional.

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No poseer tatuajes con contenido simbólico relacionado a grupos criminales, nacionales o extranjeros, o que expresen homofobia, xenofobia, mensajes violentos u ofensivos, hagan apología al consumo de estupefacientes o representen a partidos o movimientos políticos, no haber sido condenado por la comisión de un hecho punible o cuya condena esté en ejecución.

No contar con inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, no haber sido dado de baja o excluido de la institución policial, de las Fuerzas Armadas u otras instituciones públicas o privadas afines y no ser adicto a sustancias estupefacientes o ser farmacodependientes.

Este lunes, agentes de la Interpol y del Ministerio Público lograron detener a un ciudadano italiano que contaba con dos órdenes de captura vigentes, una por violencia familiar y la otra por apropiación dentro del territorio nacional. El hombre permanecerá detenido mientras la Fiscalía define las medidas cautelares.

Según el reporte de los intervinientes, la detención de esta persona se logró con la ayuda de la comisaría segunda de la ciudad de Altos, departamento de Cordillera. El aprehendido tenía una orden de captura nacional por violencia y apropiación, ambos delitos fueron perpetrados dentro del territorio paraguayo.

“Se procedió a la detención de esta persona de nacionalidad italiana. El sujeto se estaba desenvolviendo de forma natural en la zona y en base a una serie de investigaciones e inteligencia lograron dar con esta persona en la citada ciudad”, expresó el comisario Omar Ovelar, en entrevista con NPY.

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Afirmó que hace un tiempo recibieron la alerta roja contra este ciudadano para lograr su detención y evitar que saliera del país. Tras su captura, fue trasladado hasta la base de la Interpol para ser puesto a disposición de las autoridades que dispusieron su detención.

“Este ciudadano cometió hechos punibles dentro del territorio paraguayo, tenía una orden de captura nacional por un hecho de violencia y tenía antecedentes por apropiación. Se le leyó sus derechos y fue asistido, actualmente se encuentra a disposición de las autoridades competentes”, puntualizó.

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Se suspendió la audiencia preliminar de tres acusados por la millonaria estafa, cuyas víctimas son colonos menonitas de la zona de Río Verde, San Pedro. Esta vez la diligencia judicial se postergó porque el acusado, José Ljubetic, cambió de abogado minutos antes de iniciarse la diligencia judicial, por lo que el acto fue considerado como una chicana, más a los efectos de dilatar que el proceso penal pueda seguir su curso.

Ante la nueva suspensión de la diligencia judicial, la querella adhesiva representada por la abogada Gessy Ruiz Díaz, solicitó al juez Penal de Garantías, Vicente Coronel, la sanción disciplinaria por chicanero al acusado Ljubetic. Este pedido deberá ser estudiado por el citado magistrado.

Asimismo, en el presente caso están acusados William Bogarín, funcionario de la Cámara de Diputados y quien sería uno de los cerebros de la megaestafa; y la abogada Ilse Paredes.

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El Ministerio Público presentó acusación y pidió que el proceso se discuta en un juicio oral y público. Sostuvo que cuenta con suficientes elementos probatorios para debatir en juicio oral y poder lograr una sentencia condenatoria.

Asimismo, en la audiencia preliminar deberán jurar los peritos que realizarán la extracción de datos del teléfono celular del acusado Bogarín. Este procedimiento técnico estará a cargo del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión, que posteriormente deberá informar los resultados al Juzgado de Garantías.

A los tres implicados se los sindica de estafar por una suma de USD 1.600.000 a los colonos, bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Se espera que la pericia al teléfono de Bogarín aporte información clave sobre su participación y la de otros posibles involucrados en el esquema.

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