Tras la viralización de un video donde se observa cómo un joven fue brutalmente atacado por un grupo de desconocidos a la salida de un local nocturno en el barrio Villa Morra, la madre del mismo exige justicia. Pide a la ciudadanía y a las autoridades ayuda para identificar a los sindicados como los responsables del hecho.
La víctima fue identificada como Julio César Benítez Bogado, de 20 años, quien fue atacado por una turba de jóvenes que, tras tumbarlo de su motocicleta, lo rodearon para propinarle patadas, golpes e inclusive puñaladas. El joven debió ser trasladado en una patrullera hasta el Hospital de Trauma, luego de sufrir convulsiones mientras esperaba la llegada de la ambulancia.
“Él manifestó que fue sorprendido por uno de los sujetos que le propinó una patada cuando estaba sobre la moto y terminó en el suelo. Le sacaron todo, su celular, su billetera, el pantalón y sus championes; se quedó tirado con un short”, comentó entre lágrimas Myriam Bogado, madre del afectado, en conversación con el canal de noticias NPY.
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La misma aseguró que este grupo de jóvenes aparentemente estaba buscando con quién enfrentarse cuando su hijo salía del local nocturno y fue interceptado por los mismos. Hasta el momento, los investigadores se encuentran cotejando datos de los testigos y buscando más imágenes con las que puedan llegar a dilucidar el hecho e identificar a los autores.
Julio César Benítez Bogado continúa internado en el Hospital del Trauma, con pronóstico reservado, ya que, según el informe médico, habría sufrido varias contusiones en la cabeza y el rostro, además de lesiones importantes en la zona de la costilla y dos puñaladas profundas en la zona de la espalda que afortunadamente no perforaron ningún órgano ni afectaron la columna.
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Roban dinero de la casa parroquial del barrio Trinidad de Asunción
Desconocidos ingresaron a la casa parroquial del barrio Trinidad de Asunción y se alzaron con una importante suma de dinero que estaba destinada a la reparación de la iglesia de la Santísima Trinidad. Los malvivientes aprovecharon la ausencia de los tres sacerdotes que viven en la casa, quienes salieron a celebrar misas.
El hecho ocurrió a primeras horas del domingo. Ingresaron forcejeando el portón ubicado en la parte trasera de la propiedad. Según imágenes de cámaras de seguridad, un vehículo de color gris estacionó en la esquina de la casa parroquial, presumiblemente aguardando un aviso.
Luego, tres hombres ingresaron al sitio después de que los sacerdotes hayan salido. Aparentemente, los malhechores tenían bien estudiado la hora en que salían los religiosos. Una vez adentro, desordenaron todo, buscando una gran cantidad de dinero que fue donado por un grupo de personas para la reparación del techo de la parroquia y la climatización del templo.
“Se acercó un vehículo sin chapa y forzaron la entrada de atrás que es un portón basculante, después forzaron la puerta de entrada y fueron directamente a las piezas de los sacerdotes, rompieron todo lo que había, tiraron al piso”, relató el padre Ricardo Moreno en declaraciones a Telefuturo.
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Añadió que las personas estuvieron dentro de la casa aproximadamente 18 minutos. “Se apuraron mucho que hasta se olvidaron de algunas herramientas”, manifestó.
Al parecer, manejaban la información de que en el lugar se guardaba un considerable monto en efectivo. “Solo se llevaron dinero, había otras cosas para llevar y no llevaron. Es presumible que sabían que había ese dinero, pero no podemos precisar”, indicó el cura.
La comunidad lamentó lo sucedido, en tanto las autoridades continúan con la investigación para identificar y dar con los autores del robo. “Apelamos a nuestros vecinos y personas que pudieran tener información de valor que nos informe o se comunique directamente con las autoridades policiales”, indicaron desde la parroquia.
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Ecuador inicia fuerte operativo para combatir grupos criminales con apoyo de EE. UU.
Ecuador inicia este domingo en la noche un plan de dos semanas para atacar a las bandas narcotraficantes con apoyo de Estados Unidos y bajo estrictos toques de queda en las regiones más golpeadas por la violencia.
Fiel aliado de Washington, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa implementa desde hace más de dos años una política de mano de hierro contra los carteles de la cocaína, pero las cifras de homicidios, desapariciones, extorsiones y otros delitos no ceden.
Entre el domingo en la noche y el 31 de marzo las fuerzas militares ecuatorianas lanzarán una “ofensiva muy fuerte” con “asesoramiento” de Estados Unidos, anticipó el martes el ministro de Interior, John Reimberg.
Unos 30.000 militares fuertemente armados participan en las operaciones, acompañados de caravanas de camionetas blindadas, motocicletas y helicópteros, según imágenes difundidas por las autoridades.
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El gobierno se ha mantenido hermético sobre el detalle de la misión y si desplegará efectivos estadounidenses en su territorio como ha ocurrido durante el mandato de Noboa. A lo largo de dos semanas los ecuatorianos de las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro tendrán prohibido salir entre las 23:00 locales (4:00 GMT) y 5:00 (10:00 GMT).
Principal punto de partida
“Estamos en una guerra”, dijo Reimberg: “No se arriesguen, no salgan, quédense en casa”, añadió. Aunque no produce cocaína, Ecuador se ha convertido en el principal punto de partida de la droga que llega a Estados Unidos mientras en sus calles la guerra se ensaña contra la población local.
Vecino de los mayores productores del polvo blanco, Colombia y Perú, el país pasó de ser una isla de paz a tener una de las tasas de homicidio más altas de Latinoamérica: 52 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio del Crimen Organizado.
Durante el toque de queda sólo podrán salir viajeros con tiquete de avión en mano, personal de salud y de emergencias. La medida preocupa a periodistas, transportistas, dueños de restaurantes, bares y otros negocios nocturnos y personas que viven lejos de sus trabajos.
Martha Ladines, de 28 años, es panadera en Guayaquil y no podrá comenzar a tiempo su jornada laboral.“Nos han dicho que esa hora no se recupera porque hay turnos de los otros compañeros, y nos descontarán del sueldo”, dice a la AFP esta madre de dos niños.
“Será duro”
Ecuador forma parte de la alianza de 17 países creada por Donald Trump para combatir al narcotráfico en la región, tras un acuerdo sellado a comienzos de mes en Miami bajo el nombre de “Escudo de las Américas”.
Noboa se alinea con países como El Salvador y Argentina, dispuestos a respaldar la campaña estadounidense para ampliar su influencia en Latinoamérica tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar ordenada por Trump en Venezuela.
Desde hace meses las Fuerzas especiales estadounidenses apoyan a los comandos ecuatorianos en entrenamiento, inteligencia y financiación. El miércoles el gobierno anunció la inauguración de la primera Oficina del FBI en Ecuador.
La semana pasada bombardeó con apoyo de Estados Unidos un campamento de los Comandos de la Frontera, una disidencia de la guerrilla colombiana de las FARC, que opera en los límites de ambos países.
Esta ofensiva divide a los ecuatorianos, ante denuncias de organismos de derechos humanos sobre excesos de la fuerza pública durante los frecuentes estados de excepción ordenados por Noboa desde que llegó al poder en noviembre de 2023.
El toque de queda “será duro para muchos por el trabajo, pero se necesita para tratar de controlar la inseguridad que vivimos. Ojalá las autoridades hagan un buen operativo táctico y no haya tantos muertos”, dice Luis Villacís, un guardia de seguridad de 58 años.
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Quienes incumplan la medida se exponen a penas de hasta tres años de prisión. Los ecuatorianos votaron “no” al regreso de bases militares extranjeras al país en un referendo promovido por Noboa. Estados Unidos tuvo por una década una instalación de la Fuerza Aérea en Manta, principal puerto pesquero ecuatoriano y un bastión narco.
Fuente: AFP
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Villa Morra: intervienen locales nocturnos por polución sonora
La Municipalidad de Asunción llevó a cabo un operativo de control el fin de semana en locales nocturnos ubicados en el Paseo Carmelitas, del barrio Villa Morra de Asunción, en atención a denuncias de vecinos.
El procedimiento, a cargo de funcionarios de la comuna capitalina, se realizó específicamente sobre la calle Senador Long, dando respuesta a las reiteradas quejas de residentes en la zona.
Los afectados denunciaron ser víctimas constantes de situaciones de polución sonora, ocupación irregular del espacio público y obstrucción de la vía, generando molestias entre los residentes.
Durante la intervención, se labraron aproximadamente 60 actas, las cuales serán remitidas a los Juzgados de Faltas para su análisis y la eventual aplicación de sanciones correspondientes.
Por otro lado, los inspectores solicitaron a los propietarios la reducción inmediata del volumen de la música en varios locales, ante el pedido de los vecinos, quienes no pueden conciliar el sueño debido a este inconveniente.
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Además, procedieron al despeje de vehículos estacionados de manera irregular, garantizando el libre tránsito en los alrededores y el derecho al descanso de la comunidad, según expresiones de los intervinientes.
La polución sonora en el país está regulada por la Ley No. 6.390/19 y ordenanzas municipales, sancionando ruidos molestos con multas de 5 a 50 jornales mínimos, alrededor de G. 500 mil a 5 millones.
Además, inhabilitación de locales, retención de vehículos y pena carcelaria de 6 a 18 meses.
En Asunción, la ordenanza 162/24 establece límites de decibeles por zona. En zonas residenciales, los niveles permitidos no deben superar los 40 decibeles en horario nocturno.
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#8M: la violencia contra la mujer no termina el día de la agresión
La violencia sexual no termina con la agresión, sino cuando las víctimas encuentran puertas cerradas en el sistema de salud. Así lo advierte Karla Gutiérrez, gestora de Asuntos Humanitarios de Médicos Sin Fronteras (MSF) en México, quien sostiene que la falta de atención médica oportuna y libre de estigma prolonga el sufrimiento de las personas sobrevivientes. Desde su experiencia en proyectos de MSF en México, alerta que miles de víctimas enfrentan barreras para recibir asistencia dentro de las primeras 72 horas, un periodo clave para prevenir infecciones, embarazos no deseados y reducir el impacto del trauma. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la especialista insiste en que garantizar atención digna y permanente es una responsabilidad urgente de los Estados.
Por años he escuchado historias que empiezan con una frase que se repite como un eco: “No sabía a dónde ir” o “tenía mucho miedo de decir lo que me hicieron”.
Como trabajadora humanitaria en Médicos Sin Fronteras (MSF), he acompañado a mujeres, niñas, adolescentes, hombres y personas LGBTQI+ que han sobrevivido a la violencia sexual. He aprendido que la violencia no termina cuando ocurre la agresión: continúa cuando el Estado no garantiza las condiciones y los recursos necesarios para asegurar una atención médica oportuna, integral, de calidad, confidencial y libre de estigma para todas las personas sobrevivientes a este tipo de violencia. Continúa cuando una puerta está cerrada, cuando un servicio no funciona de noche o cuando vives lejos y no tienes un lugar cercano para pedir ayuda. Pasa, a su vez, cuando un servidor público en una ventanilla duda del testimonio, juzga o cuestiona a la persona sobreviviente.
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En América Latina, sobrevivir a una agresión sexual no garantiza recibir atención médica inmediata. Lo vemos en nuestros proyectos en Ciudad de México, Tapachula, en Ciudad Juárez, entre otros. La violencia ocurre en el tránsito migratorio, pero también dentro de las relaciones de pareja, en el núcleo familiar, en espacios cotidianos que deberían ser seguros. No distingue edad, estatus migratorio o situación económica, pero sí hace que las vulnerabilidades de las víctimas sean más profundas y los efectos devastadores. Y cuando el sistema falla, la violencia se prolonga y se hace más intensa. En todos nuestros proyectos activos durante 2025, los equipos de MSF atendieron a mujeres horas, días o meses después de haber sido agredidas, temerosas de solicitar los servicios médicos por miedo a ser señaladas o juzgadas. Vimos a niñas y adolescentes violentadas en espacios donde deberían estar seguras; a mujeres que fueron agredidas una y otra vez por “el amor de su vida”. Hemos acompañado a mujeres que cruzaron fronteras huyendo de situaciones que ponían en riesgo sus vidas en sus lugares de origen y que, adicionalmente, tuvieron que enfrentar múltiples formas de violencia y contextos simultáneos de desprotección. Cada historia es distinta, pero todas comparten algo: la urgencia de ser atendidas.
La importancia de las 72 horas
Existe una ventana crítica de atención después de una agresión sexual. 72 horas que pueden marcar la diferencia entre prevenir o no una infección por VIH y hepatitis (accediendo a profilaxis posexposición), 120 horas que te permitirán acceder o no a anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo no deseado, y hasta seis meses para evitar, diagnosticar y curar enfermedades de transmisión sexual como sífilis. Lamentablemente, solo una minoría logra llegar a las atenciones médicas dentro del plazo inicial de 72 horas.
En 2025, en las actividades de MSF que comprendían proyectos también en Reynosa, Matamoros y Coatzacoalcos, además del Centro de Atención Integral (CAI), Tapachula, CDMX y Ciudad Juárez, atendimos a 261 casos de personas sobrevivientes de violencia sexual. Sin embargo, solo 23 casos, es decir, el 8,8%, fueron atendidos durante las 72 horas posteriores a la agresión.
Perder esta ventana no es un descuido individual, es parte de una falla estructural que se demuestra cuando los servicios no están disponibles las 24 horas, cuando no hay personal capacitado, especializado y sensibilizado para atender este tipo de casos o cuando la atención está fragmentada entre salud, protección y justicia.
La violencia sexual es una urgencia médica. Y como toda urgencia, no puede esperar a que amanezca, no puede depender del turno de alguien más, no puede quedar sujeta a prejuicios. La atención oportuna no sólo previene infecciones, enfermedades o embarazos no deseados, sino también reduce el impacto del trauma, evita nuevas formas de violencia y salva vidas.
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Atención digna
Mi trabajo me ha permitido ser testigo de la importancia de una atención digna. Cuando una persona sobreviviente es recibida sin preguntas que juzgan, cuando se le explica cada procedimiento con respeto, cuando puede decidir sobre su propio cuerpo, algo cambia. En medio del dolor, recupera una parte de su autonomía, recupera un poco de poder.
Pero también he visto lo contrario, he visto cómo el estigma hiere por segunda vez, cómo la desconfianza institucional hace que muchas personas nunca regresen a solicitar servicios públicos, cómo el silencio se convierte en la única opción cuando el sistema no escucha, cuando no te quedan alternativas. Los 261 casos detectados por MSF, por supuesto, son tan sólo una fracción de una realidad más amplia, pero revela las fallas que deben ser atendidas con urgencia: acceso tardío a una respuesta médica y brechas en la respuesta institucional.
Este 8 de marzo no quiero hablar solo de cifras, quiero hablar de responsabilidad. Necesitamos que ese garantice una atención médica oportuna en casos de violencia sexual, con servicios disponibles las 24 horas, insumos médicos esenciales asegurados y personal capacitado en protocolos clínicos sensibles, con enfoque centrado en la persona sobreviviente, con una oferta de servicios que responda a las distintas necesidades, realidades y contextos de las personas que se enfrentan a la violencia sexual.
No garantizar una atención eficaz, integral y de calidad también constituye la cadena de violencia que viven las personas sobrevivientes.