Fue imputado el hombre denunciado por su expareja por violencia familiar. La habría golpeado porque le exigió el pago de G. 5 millones a cambio de no divulgar vídeos íntimos de cuando era pareja y la mujer no pagó. Foto: Ilustrativa
Imputan a hombre que extorsionó y golpeó a su expareja
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
La agente fiscal Susan Vega imputó por violencia familiar a un hombre que habría maltratado físicamente a su expareja tras exigirle supuestamente la suma de 5 millones de guaraníes a cambio de no difundir fotografías y vídeos íntimos. El procesado es Arsenio De Jesús Valdez Ledezma (29), quien está preso en la Dirección de Policía de Alto Paraná.
De acuerdo al acta de imputación, la investigación señala que, el 24 de marzo de 2025, el hoy imputado habría solicitado los 5 millones de guaraníes a la víctima y, desde esa fecha, supuestamente venía insistiendo de manera sistemática en la entrega de dinero, para no divulgar las imágenes de contenido sexual. El hombre habría grabado durante el tiempo en que estuvieron en pareja.
En fecha 2 de abril, alrededor de las 22:00, la mujer acudió a la vivienda de Valdez Ledezma, situada en la fracción Las Palmeras, kilómetro 10, Acaray, de Ciudad del Este, con la presunta intención de conversar con él y llegar a un acuerdo, pero sin llevar el dinero para el pago.
Sin embargo, la conversación inicial derivó en una discusión y en un momento dado, el hombre comenzó a agredirle físicamente a la mujer, mediante bofetadas y golpes de puño al abdomen.
Acto seguido, Arsenio Valdez la emplazó a que le entregara la suma de 5 millones de guaraníesy le dio tiempo hasta las 10:00 del día siguiente, 3 de abril, para cumplir con la exigencia, bajo la amenaza de difundir las fotografías y videos íntimos, si no cumple.
Ante esto, la víctima acudió a la comisaría jurisdiccional a presentar la denuncia. El denunciado fue aprehendido como presunto agresor y comunicado el hecho a la fiscal de turno Susan Vega, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Violencia Familiar Nº 3, siendo imputado y requerida la prisión al juzgado.
Caso Eusebio Ayala: exnovio de la víctima rompe el silencio y da su versión sobre la gresca previa
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Este miércoles, en el marco de la investigación realizada por la Policía Nacional y el Ministerio Público por el feminicidio de Rebeca Martínez en Eusebio Ayala, su expareja dio su versión, a los medios de comunicación sobre los acontecimientos previos al crimen y alegó su inocencia. Además, lamentó el desenlace que tuvo la mujer y afirmó que la amaba mucho, pese a su separación.
Aníbal Javier Guanes (21), exnovio de Rebeca, hoy rompió el silencio luego de que fuera liberado por las autoridades asegurando que le “dolió muchísimo” el trágico final de la víctima.
Detalló cómo fueron las últimas horas de Rebeca en la “jineteada” y negó cualquier implicación en el brutal homicidio que conmociona al país.
“Ellas llegaron pasada la media noche, pero en ningún momento yo me acerqué a ella ni le dirigí la palabra. Nosotros terminamos hace poco, desde el miércoles que tuvimos diferencias y el jueves yo me mudé a casa. Terminamos bien, sin rencores”, afirmó Guanes, en entrevista con NPY.
Afirmó que desde ese día (jueves en el que se mudó) ya no supo nada de Rebeca, hasta esa noche en la que se encontraron en la fiesta, pero ese día no se dirigieron la palabra en ningún momento. “Al principio estaba con dos hombres el de sombrero marrón y el de remera roja, y luego se acercaron más hombres, pero a ninguno les conozco, nunca les ví”, detalló.
La pelea no fue por celos, afirmó expareja de Rebeca. Foto: Archivo
En cuanto a la pelea que tuvo con un hombre, afirmó que este solo intentó defender a su amigo por roce que tuvo al pasar y que sin querer chocó a uno de los hombres, pero este se tomó a mal.
“Yo me iba para orinar. Justo cuando pasé detrás de ellos había una botella en el suelo y yo no vi, pisé y le rocé por su espalda al que tenía kepis azul. Él me siguió y me empujó por la espalda. Yo reaccioné, le pegué en la cara y después ya vinieron todos sus amigos, el de remera roja y sombrero marrón. Ahí se metió Rebeca y le atajó”, agregó.
Afirmó que la Policía intervino en la gresca y que uno de sus amigos, a quien se ve en el vídeo con remera roja y short blanco, le dijo que ya era hora de volver a sus casas para evitar más problemas.
“Mi amigo vino y me dijo vamos nomás ya, me llevó hasta su auto y el volvió para llevar la conservadora. Yo salí mucho antes que Rebeca y su amiga, todo porque hubo ese pleito y cerca de las 3:38 ya estaba en mi casa, después de eso ya no supe nada de ellas. Si era por celos a mucho antes iba a reaccionar contra más de uno esa noche”, apuntó.
Las mujeres fueron halladas en el cementerio de la ciudad. Foto: Archivo
El joven indicó que le dolió mucho recibir la triste noticia de lo que había pasado con Rebeca, ya que pese a las diferencias que tuvieron y que se habían separado, la amaba mucho y que sus sentimientos no cambiaron de un día para otro.
“Me dolió muchísimo porque yo la amaba, daba todo por ella. Yo recibí la información a las 7:40 más o menos, su tío me envío un mensaje en el que me decía: acá le mataron a Rebeca y le conté a mamá, nos abrazamos y empezamos a llorar”, puntualizó.
El brutal crimen ocurrió en la madrugada del lunes tras una jineteada en la localidad de Eusebio Ayala, donde Rebeca Martínez Aricaye (28) y su amiga Carolina Raquel Aguilar (32) fueron emboscadas en su motocicleta. Tras ser atropelladas por una camioneta blanca, ambas fueron raptadas y llevadas hasta el Cementerio Municipal, lugar donde los atacantes las ejecutaron a balazos; Rebeca falleció en el sitio y Carolina está luchando por su vida.
Momento en que los hombres interceptaron a las dos mujeres. Foto: Archivo
El juez Nelson Romero admitió la imputación y proceso penalmente por los delitos de coacción y usurpación de funciones públicas contra el abogado Fernando Marecos. Foto: Gentileza
Admiten imputación y procesan a un abogado por coacción y usurpación de funciones
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El juez Penal de Garantías de Luque, Nelson Romero, admitió la imputación presentada por el fiscal Augusto Ledesma Blasser contra el abogado Fernando René Marecos Gamarra, por la presunta comisión de los hechos punibles de coacción y usurpación de funciones públicas. Asimismo, el citado magistrado fijó para el 8 de octubre a las 10:00 la audiencia de imposición de medidas cautelares, en la que se definirá si el imputado litigará en libertad o estará en arresto domiciliario o preso.
Igualmente, el juez Romero fijó el 25 de marzo de 2027 como fecha límite para que el Ministerio Público presente su requerimiento conclusivo, el cual puede consistir en una acusación con pedido de elevación a juicio oral o la solicitud de una salida procesal para el profesional del derecho.
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 16 de septiembre en las instalaciones de la empresa Cargo Line Paraguay S.A., durante la ejecución de una resolución judicial que disponía un cambio temporal en la administración de la firma. La imputación refiere que el abogado Marecos Gamarra habría asumido atribuciones que no le correspondían al momento de realizarse el procedimiento, en el cual incluso estuvo presente la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Mafalda Cameron.
Asimismo, la denuncia señala que el imputado se presentó y participó de la diligencia judicial como supuesto representante de la parte demandante; sin embargo, no existe ningún poder agregado al expediente que le otorgue dicha representación. El escrito aclara que es otro profesional del derecho quien cuenta con el poder legal para representar a los demandantes, por lo que Marecos Gamarra no debió tener intervención en el acto. El denunciante fue el ahora exgerente general de Cargo Line Paraguay S.A., Gustavo Martínez Venialgo.
El relato fáctico sostiene que el abogado imputado exigió a Martínez Venialgo abandonar la sala y, cuando este intentó atender una llamada telefónica, le sujetó la mano para impedírselo. Posteriormente, tras la retirada de la jueza y de la Policía Nacional, Marecos Gamarra le habría comunicado su desvinculación inmediata y ordenado la entrega de su teléfono, computadora, documentos y demás bienes de la empresa.
Criticó la imputación
Asimismo, el abogado Marecos Gamarra criticó la imputación presentada en su contra y aseveró categóricamente que la imputación carece por completo de fundamentos jurídicos y subrayó que el relato del denunciante falta gravemente a la verdad de lo acontecido. Sostuvo que la denuncia promovida en su contra se encuentra plagada de profundas incongruencias. La manifestación la hizo en el sitio web Cuarto Poder Py.
Imputan al cuarto presunto miembro de banda que asaltó vivienda de empresario y robó G. 810 millones
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
Los fiscales Gabriel Segovia Villasanti y Zunilda Ocampos Marín iniciaron proceso contra un hombre sindicado como presunto integrante de una banda criminal que tomó por asalto la residencia de un empresario y su familia en el km 11 Acaray de Ciudad del Este. El hombre debe responder por los supuestos hechos punibles de robo agravado y asociación criminal.
Cuenta con una orden de detención pendiente en Paraguay y actualmente se encuentra privado de libertad en Foz de Yguazú, Brasil, según un informe obtenido a través de la cooperación policial internacional.
La Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Garantías la declaración de rebeldía, el inicio del procedimiento y la prisión preventiva, una vez que sea puesto a disposición de las autoridades paraguayas.
El escrito de la Fiscalía indica que, el 23 de diciembre de 2024, entre las 01:24 y las 01:30, el ahora imputado habría integrado la banda criminal que ingresó a la residencia de Wolnei Aloisio Troes Canal y su familia.
Violentaron una puerta y redujeron a los ocupantes bajo amenazas, según lo expuesto y juzgado en el juicio donde los otros tres integrantes del grupo ya fueron condenados.
Ellos son Ubaldo Báez Ramírez, quien recibió 22 años y 6 meses de prisión más 10 años de medida de seguridad; Marcelo Vicente Venialgo y Edgar Sosa Gadea, sentenciados a 20 años de cárcel y cinco años de medida de seguridad cada uno.
Durante el asalto, los atacantes se apoderaron de G. 810 millones en efectivo y 2.000 reales, distribuidos en dos mochilas, una con G. 620 millones y otra con G. 70 millones más 2.000 reales.
También llevaron tres cajas con monedas de 500 y 1.000 guaraníes, cuatro cartones con billetes de distintas denominaciones, el DVR del circuito cerrado, joyas y una escopeta calibre 12. Para evitar que las víctimas pidieran ayuda, utilizaron un inhibidor de señal con 14 antenas.
La jueza Cynthia Lovera admitió la imputación contra el presidente de APA y directivos imputado por un perjuicio de G. 1990 millones a la citada institución. Foto: Archivo
Admiten imputación y procesan penalmente a directivos de APA
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La jueza penal de garantías Cynthia Lovera admitió la imputación, procesó penalmente y fijó para los días 14 y 15 de octubre para la audiencia de imposición de medidas para el presidente y otros tres directivos de Autores Paraguayos y Asociados (APA), tras detectarse un presunto perjuicio patrimonial de G. 1.990 millones.
En la citada diligencia judicial se conocerán si los procesados serán beneficiados con medidas alternativas a la prisión o si serán derivados a la cárcel de Emboscada. La investigación fiscal revela el presunto uso de facturas falsas y el desvío no autorizado de intereses bancarios en el marco de un programa de regalos navideños; supuestamente, esos pagos habrían sido cobrados en efectivo por otra persona.
Los agentes fiscales Julio César Ortiz González y Juan Leonardi Guerrero formularon la imputación contra el presidente, el director general, el director financiero y el tesorero de APA por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza. Los investigados fueron citados a declaración indagatoria para los días 12 y 13 de octubre.
Los imputados
David Herminio Portillo Biancotti, presidente.
Humberto Victorio Rodas Orué, director general.
Juan José María Vidal Bonín, director administrativo y financiero.
Walter Mario Cabrera Martínez, tesorero de la entidad.
Desvío de Fondos
En la carpeta fiscal se resalta que el origen del desvío de fondos se habría producido a través de irregularidades en el presupuesto asignado al Programa Jopoi 2025, destinado originalmente a la adquisición de regalos navideños, y en el cual se habría aplicado un sobrecosto en los artículos adquiridos. Asimismo, el juzgado penal de garantías otorgó un plazo de seis meses para la presentación del requerimiento conclusivo.
Igualmente, la magistrada tendrá que definir en la audiencia de imposición de medidas cautelares si se aplican restricciones como la prohibición de salir del país e ingresar a la sede central de APA, la prohibición de comunicarse entre sí y la presentación de una caución real equivalente al millonario perjuicio denunciado.