Insistieron en la necesidad de contar con claridad en los mecanismos de pago, previsibilidad y cumplimiento de los compromisos asumidos.

La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) destacó el anuncio del Gobierno de asumir los intereses genera­dos por las deudas con el sec­tor, una medida que apunta a aliviar la carga financiera de las empresas y avanzar en la regularización de pagos pen­dientes.

Desde el gremio valoraron esa decisión, señalando que representa un paso impor­tante en medio de la situación que atraviesan las construc­toras. “Se valora la impor­tancia de estos anuncios”, indicaron, aunque remar­caron que será clave que las medidas se implementen de manera efectiva.

En ese sentido, insistieron en la necesidad de contar con claridad en los mecanis­mos de pago, previsibilidad y cumplimiento de los com­promisos asumidos.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) confirmó que los intereses asociados al meca­nismo de cesión de deuda (fac­toring) serán cubiertos por el Estado. Este esquema es uti­lizado por las empresas para adelantar el cobro de certi­ficados de obra, por lo que la decisión busca reducir el impacto financiero que gene­ran los atrasos en los pagos. Además, el Gobierno tam­bién definió cómo se aborda­rán los intereses acumulados correspondientes a deudas de periodos anteriores, que representan un monto impor­tante para el sector. En este caso, se prevé su cancelación mediante la emisión de bonos, como parte de una estrategia diferenciada para ordenar estos pasivos.

La ministra de Obras Públi­cas, Claudia Centurión, explicó que estas medidas responden a las limitacio­nes presupuestarias actua­les. Recordó que el 2025 cerró con USD 221 millones desti­nados al sector, mientras que el PGN 2026 contempla unos USD 600 millones para obras, dentro de una cartera cercana a USD 1.000 millo­nes. “No alcanza para cubrir todo, por lo que se recurre a otros instrumentos financie­ros”, señaló.

Para Capaco, más allá del anuncio, el foco ahora está en la ejecución. El gremio subrayó que la transparencia y la implementación efectiva serán determinantes para recuperar la confianza y sos­tener la actividad en el sector de la construcción, que viene siendo afectado por los atra­sos en los pagos.

MOPC proyecta que en marzo se completará el 84,58 % de avance en la construcción.

El puente de la Bioceánica sobre el río Paraguay registra un avance físico-financiero del 82,58 % al cierre de febrero y se encuentra actualmente a solo 70 metros de lograr la unión física en la frontera chaqueña entre nuestro país y Brasil. El Ministerio de Obras Públicas y Comuni­caciones (MOPC) proyecta que en marzo se completará el 84,58 % de avance en la construcción.

Además de la construcción de un tramo de 3,8 kilóme­tros que conecta la Ruta Bioceánica (PY015) con el puente, la estructura permi­tirá unir a Carmelo Peralta (Paraguay) con Porto Mur­tinho (Brasil), facilitando el intercambio comercial y el desarrollo económico y social de la región, según explicó el ingeniero René Gómez, superintendente de obras del consorcio PYBRA, firma encargada de llevar adelante la construcción.

Estas obras complemen­tarias están a cargo de la empresa nacional Tecnoe­dil, integrante del consorcio PYBRA y actualmente ya se están realizando los trabajos de movimiento de 600.000 metros cúbicos de suelo. La obra también destaca por el gran impacto social que está generando en el Chaco, puesto que muchos pobla­dores de Carmelo Peralta y zonas aledañas están traba­jando, ya sea directa o indi­rectamente en el proyecto, brindando servicios y la logística que se requiere.

Se prevén más obras com­plementarias dentro de la ciudad de Carmelo Peralta, tales como el mejoramiento de la doble avenida y la cons­trucción de un parque lineal, el cual servirá como mira­dor al puente de la Bioceá­nica que es financiado por Itaipú con una inversión de G. 125.952.948.959. Luego de finalizar la unión, se deben llevar a cabo las pruebas de carga, así como el tensiona­miento de los cabos de atirantamiento; además de otros trabajos complementarios, como la losa del vano lateral que está sobre la tierra.

La Cámara de Diputados debe analizar en plenaria el proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Patrulla Caminera.

Como primera medida, los miembros de la Comisión de Obras decidieron invitar a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de la Patrulla Caminera, para analizar la propuesta legislativa.

El proyecto, impulsado por el diputado colorado Germán Solinger, busca garantizar condiciones jubilatorias dignas para el personal operativo, reconociendo el riesgo de sus funciones.

El conflicto radica en que, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la ley actual no contempla los aportes realizados por los inspectores con anterioridad a la creación de su Carta Orgánica, lo que dificulta su reconocimiento dentro de la Caja Fiscal.

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Ante esta situación, el presidente de la Comisión de Obras, Benjamín Cantero, resolvió convocar al director de la Caminera y a su equipo jurídico para unificar criterios.

Los legisladores acordaron además convocar en 15 días a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión.

En dicho encuentro se abordará el régimen de peajes y otros proyectos viales, como el asfaltado del tramo que une Yatytay con el Salto Tembey, en el departamento de Itapúa.

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El censo socioeconómico del proyecto de mejoramiento y ampliación de la ruta PY01, en el tramo comprendido entre Cuatro Mojones y Quiindy, entra en su etapa final, consolidándose como un componente clave para avanzar en la ejecución de una de las principales obras viales del país bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP).

Actualmente, el proceso se encuentra en fase de cierre y verificación de datos relevados en campo, etapa que se extenderá hasta el 28 de marzo. Este levantamiento de información permite identificar viviendas, comercios y establecimientos potencialmente afectados, sentando las bases para definir compensaciones, planes de mitigación y medidas de acompañamiento.

La correcta identificación de actores impactados y la planificación de medidas de compensación no solo garantizan el cumplimiento de estándares sociales, sino que también evitan retrasos en la ejecución, conflictos y sobrecostos, elementos que inciden directamente en la rentabilidad y en la confianza de los inversionistas.

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El MOPC estima que la iniciativa beneficiará directamente a unas 2,6 millones de personas de los departamentos Central y Paraguarí, además de generar efectos indirectos en Misiones e Itapúa.

Desde el punto de vista económico, la mejora de la PY01 representa una oportunidad para fortalecer cadenas logísticas, dinamizar el comercio y potenciar inversiones en zonas de influencia, especialmente en sectores vinculados al transporte, la agroindustria y los servicios.

Las tareas de consulta continuarán en los tramos 1, 2 y 3 hasta el sábado 28 de marzo, fecha límite del censo. Las autoridades instan a propietarios y ocupantes que aún no hayan sido relevados a participar del proceso, ya sea aguardando la visita de los equipos técnicos o contactando a la línea habilitada.

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La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, dijo que la ejecución de infraestructuras y el llamado a nuevas licitaciones no se verán paralizados tras el anuncio hecho por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) referente a la aplicación de una “economía de guerra” en la administración central.

“El Gobierno sigue con sus planes de ejecución de obras, eso no afectará a nuestro presupuesto del 2026. La administración del presidente Santiago Peña está sumamente comprometida con las obras públicas y realmente hay una inversión histórica más allá del presupuesto del MOPC", comentó la alta funcionaria en una entrevista con el programa “Cara o cruz” de Unicanal.

Centurión detalló que el MOPC cuenta con un espaldarazo haciendo alusión a los recursos económicos provenientes de la tarifa de USD 19,28 por kW-mes, provenientes de la negociación encarada por Paraguay y Brasil en el 2024. “Tenemos recursos adicionales de la gran negociación que llevó el presidente de la República, Santiago Peña, equivalente a USD 700 millones más para el sector de obras públicas”, puntualizó.

La alta funcionaria de Estado refirió que “existen obras emblématicas” que ya se encuentran en ejecución a través de los fondos provenientes de la represa, como la duplicación de la avenida General Elizardo Aquino, en Luque, conocida como Tape Tuja. Esto como parte del Corredor Vial Las Residentas y la Ruta Departamental 025.

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Las obras de triplicación de la ruta D025, desde la rotonda del aeropuerto Silvio Pettirossi hasta Mariano Roque Alonso. así como los trabajos que son encarados en el nudo del kilómetro 10 y en la rotonda San José de Ciudad del Este.

“Ni hablar de la cantidad de obras e infraestructura social una deuda histórica que tiene nuestro país con las escuelas. Vamos a construir 17 nuevos locales, siete de ellos ya están en ejecución. A la vez, se realiza la construcción de un total de 50 Centros de Atención a la Primera Infancia, 20 de ellos ya se encuentran en marcha con ladrillos en terrenos y los demás comenzarán a finales de este mes de marzo, las rehabilitaciones en el colegio Nacional de la Capital y en el colegio Técnico Nacional”, afirmó.

Mientras que, en el campo de la salud pública, Centurión comentó que ya se encuentra en marcha la construcción del Gran Hospital de Concepción, el hospital de Curuguaty, el hospital del Chaco, la renovación total del Incan. “El sello del Gobierno es una apuesta a las infraestructuras con rostro humano, no solamente hacer más rutas, como lo venimos haciendo, sino que también darle un énfasis a aquellas obras que resuelven las necesidades básicas de las personas. Además, son obras que en su ejecución son grandes generadores de empleos”, comentó.

Por otra parte, Centurión se refirió a las deudas que arrastra el Estado con las constructoras desde el 2025 cuyo monto asciende a la suma aproximada de USD 400 millones. “Hay buenas noticias, hay una ruta clara para las deudas que arrastramos. Se cerró el pasado año con una deuda de USD 121 millones, que finalmente es el resultado de una gran ejecución de las obras que tenemos en cartera y que no pudieron ser saldadas lastimosamente”, puntualizó.

Centurión acotó: “La preocupación es muy genuina por parte de las constructoras, entonces la propuesta para el sector es realizar un descuento de certificados o la cesión de los derechos de cobro que será con garantías soberanda y que los intereses asociados a esta cesión de certificados será a cuenta del Estado, esto trae mucho alivio y certeza”.

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