Sindicatos de educadores se movilizan exigiendo que se protejan los fondos jubilatorios en riesgo por la caída de Ueno Bank.

La Organización de Tra­bajadores de la Edu­cación del Paraguay (OTEP) anunció de manera oficial la convocatoria a una movilización nacional con cese de actividades acadé­micas y pedagógicas a par­tir de hoy lunes 9 de noviem­bre. La medida de fuerza se extenderá por tiempo inde­finido hasta que el Gobierno brinde respuestas concretas a los reclamos del sector.

El motivo principal de la pro­testa radica en la exigencia de garantías urgentes por parte del Poder Ejecutivo para res­guardar los fondos públicos y jubilatorios depositados en la Caja Fiscal.

Según expresaron los voce­ros del gremio docente, exis­ten aproximadamente USD 60 millones en riesgo de per­derse debido a la crisis finan­ciera actual, situación que genera profunda alarma e incertidumbre entre los edu­cadores. También los USD 350 millones del IPS y de los demás fondos afectados. Y el cumplimiento del Presu­puesto General de Gastos de la Nación correspondiente al 2027, entre otros reclamos del sector.

Por otra parte, Ministerio de Desarrollo Social (MDS) informó a la ciudadanía que hoy no habrá servicio de ali­mentación escolar en los departamentos de Central y Presidente Hayes, además de capital (Asunción) ante la movilización anunciada por gremios docentes.

Las instituciones educativas y los proveedores adjudica­dos en el marco del llamado a Contratación de Alimenta­ción Escolar fueron alertados de la situación en atención a los comunicados emitidos por los sindicatos del sector educativo del Paraguay que convoca para hoy a una mani­festación.

“Ante la incertidumbre res­pecto al normal desarrollo de las actividades académi­cas en esta fecha, se dispone la suspensión de la provisión de los servicios de alimenta­ción escolar para esta jor­nada”, señala el comunicado del MDS.

Desde la institución explica­ron que la medida se adopta con el propósito de “resguar­dar los recursos públicos des­tinados al programa Hambre Cero y evitar el desperdicio de alimentos” que pudiera generarse como consecuen­cia de la suspensión o dis­minución de las actividades escolares.

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) informa a la ciudadanía que este lunes, 9 de noviembre, no habrá servicio de alimentación escolar en los departamentos de Central y Presidente Hayes, además de capital (Asunción) ante la movilización anunciada por gremios docentes.

Las instituciones educativas y los proveedores adjudicados en el marco del llamado a Contratación de Alimentación Escolar fueron alertados de la situación en atención a los comunicados emitidos por los sindicatos del sector educativo del Paraguay que convoca para mañana a una manifestación y a la paralización total de las actividades escolares.

Docentes asociados de la UNE-SN, FECI, FEP y OTEP- A se movilizarán para exigir al Gobierno garantías para la protección de los fondos públicos y jubilatorios; la devolución total de los 60 millones de dólares de la Caja Fiscal, los 350 millones de dólares del IPS y de los demás fondos afectados. Y el cumplimiento del Presupuesto General de Gastos de la Nación correspondiente al 2027, entre otros reclamos del sector.

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Asimismo, se tuvieron en cuenta las comunicaciones recibidas de las instituciones educativas a través de correos electrónicos y las consultas realizadas mediante los grupos de WhatsApp, de las que se desprende que una amplia mayoría se adherirá a la medida de fuerza.

“Ante la incertidumbre respecto al normal desarrollo de las actividades académicas en esta fecha, se dispone la suspensión de la provisión de los servicios de alimentación escolar para esta jornada”, señala el comunicado del MDS.

Desde la institución explicaron que la medida se adopta con el propósito de “resguardar los recursos públicos destinados al programa Hambre Cero y evitar el desperdicio de alimentos” que pudiera generarse como consecuencia de la suspensión o disminución de las actividades escolares.

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La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) promovió una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se investiguen los hechos denunciados con la situación financiera de ueno bank y sus responsables.

Asimismo, se solicita determinar las consecuencias penales de sus actos en el manejo de los fondos institucionales, conforme a los procedimientos legales correspondientes.

Los directivos de Conatel fundamentan su petición en el artículo 28 numeral III del decreto número 14.135/1996 por el cual fuera reglamentada la Ley número 642/95 “De Telecomunicaciones” y, “el deber de denuncia ante las autoridades competentes al tomar conocimiento de presuntas actuaciones delictivas”.

En el petitorio se solicita “disponer la realización de las diligencias necesarias a fin de determinar los hechos punibles cometidos e identificar a sus presuntos autores”.

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En ese orden, se pide además, reconocer a la Conatel en condición de víctima de los hechos denunciados conforme lo determina el artículo 67 del Código Procesal Penal, debiendo consecuentemente ser informada sobre el resultado del procedimiento.

Asimismo se plantea al Juzgado Penal de Garantías la adopción de todas las medidas necesarias a fin de resguardar el patrimonio público institucional de la Conatel.

“La institución ratifica su compromiso con la transparencia, la responsabilidad en la gestión pública y protección de los recursos del Estado, en ese sentido, continuará impulsando acciones administrativas y legales pertinentes”, expresa un comunicado oficial.

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La medida obedece a la afectación directa de los fondos que la entidad mantenía depositados en ueno bank SA, así como a la exposición patrimonial de los recursos transferidos a la Fundación Parque Tecnológico Itaipú - Paraguay (FPTI-PY) para la ejecución de proyectos específicos.

La representación legal de la binacional está ejercida por el abogado Óscar Adolfo Bogado Rolón, bajo el patrocinio de la directora jurídica ejecutiva, Abg. Iris Magnolia Mendoza Balmaceda.

En el escrito se fundamenta la legitimación activa de Itaipú tanto por la titularidad de los depósitos directos como por su condición de instituyente del origen de los fondos transferidos a la FPTI-PY, cuya indisponibilidad o pérdida impacta directamente sobre sus intereses patrimoniales y la continuidad de las obras convenidas.

La acción penal se fundamenta en la presunta comisión de los hechos punibles de estafa (artículo 187 del Código Penal), lesión de confianza (artículo 192), conducta indebida en situaciones de crisis (artículo 179) y violación del deber de llevar libros de comercio (artículo 181).

Itaipú solicitó formalmente la incorporación del pedido a la causa conexa N.º 89/2026, caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ Lesión de confianza y otros”, con el fin de evitar la duplicación de actuaciones y preservar sus derechos dentro del proceso.

Asimismo, la entidad hizo expresa reserva de promover querella adhesiva, ejercer la acción civil resarcitoria y ampliar la denuncia a medida que se acceda a los resultados de las pericias contables y la documentación bancaria.