La primera dama, Leticia Ocampos, recibió al ministro de Turismo, Jacinto Santa María, en el marco de una agenda de trabajo orientada a fortalecer el turismo nacional, con especial énfasis en la recuperación del casco histórico y la puesta en valor del patrimonio cultural del país.

Durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la importancia de impulsar acciones coordinadas que generen un impacto positivo en las comunidades, promoviendo el trabajo en equipo y la articulación interinstitucional.

“Seguimos trabajando de manera articulada para impulsar acciones que promuevan el turismo, priorizando siempre el trabajo en equipo y el impacto positivo en nuestras comunidades”, expresó la primera dama.

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Asimismo, destacó que la reunión permitió abordar los proyectos previstos para el segundo semestre del año, enfocados en fortalecer el turismo nacional y potenciar iniciativas que contribuyan al desarrollo del país, particularmente aquellas vinculadas a la revitalización de espacios históricos.

En este contexto, desde la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) se viene avanzando en una agenda conjunta con la Secretaría Nacional de Cultura, con el objetivo de consolidar el turismo cultural y patrimonial como eje estratégico.

Recientemente, el ministro de Turismo, Jacinto Santa María, mantuvo una reunión de trabajo con la ministra de Cultura, Adriana Ortiz, junto a equipos técnicos de ambas instituciones, para coordinar acciones orientadas a la recuperación, preservación y puesta en valor de sitios históricos y espacios culturales.

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Durante dicha mesa de trabajo se analizaron diversos programas y proyectos impulsados por la Secretaría Nacional de Cultura, tanto en Asunción como en otros departamentos del país, enfocados en fortalecer la identidad cultural y dinamizar el turismo a través del patrimonio.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral del Gobierno del Paraguay que busca posicionar al país como un destino turístico atractivo, sostenible y con identidad propia, promoviendo el desarrollo local y la valorización de su riqueza histórica y cultural.

La exguerrillera Nidia Arcila firmó la paz sin imaginar que diez años después las montañas donde combatió estarían bajo el fuego de nuevos rebeldes y narcos. La pregunta sobre cómo enfrentar el conflicto armado divide a Colombia antes de las elecciones presidenciales. Entre verdes montañas, los pobladores del municipio de Algeciras en el departamento del Huila (suroeste) sufren la violencia de tres disidencias de las FARC que se apartaron del histórico acuerdo de paz de 2016 y hoy están enfrentadas entre sí por las rentas del narcotráfico.

La AFP visitó este poblado en plena campaña para las elecciones del 31 de mayo, donde los defensores de derechos humanos y excombatientes son constantemente hostigados. “La paz no nos puede seguir costando la vida”, escribe en una cartelera Arcila, de 41 años, durante un evento en el estadio del pueblo.

Desde la firma del pacto, 492 exguerrilleros han sido asesinados, según el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča. Entre ellos la pareja de Arcila, Ronald Rojas. Ambos se conocieron a inicios de los 2000 en las filas de las FARC. “Él dice que tomó agua del (río) Putumayo y por eso fue que se enamoró de una india”, recuerda sonriente la excombatiente amazónica reclutada desde niña.

Cuatro años después de adherirse al tratado, como lo hicieron otros 13.000 exguerrilleros, la pareja escuchó disparos mientras conversaba en su casa en una zona rural del Huila. Tres proyectiles impactaron en el pecho de Rojas, que murió poco después en una clínica.

La justicia no ha dado con los responsables, pero esta madre de dos hijos sospecha que pudo deberse a que Rojas “estuvo muy comprometido con la implementación del acuerdo”. “Me siento como más débil. Me siento sola”, relata a la AFP desde Neiva, capital del departamento. Allí administra una tienda, decorada por coloridos murales, donde vende café y otros productos elaborados por excombatientes y víctimas del conflicto.

Colombia vive la peor ola de violencia en la última década y esa es una de las principales preocupaciones en la campaña electoral. La pregunta sobre cómo enfrentar a los grupos armados divide al país en dos visiones irreconciliables. El líder de las encuestas, el senador izquierdista Iván Cepeda, apuesta por continuar la estrategia de negociaciones de paz con las organizaciones ilegales, en línea con el presidente Gustavo Petro.

De segundo en los sondeos figura el abogado derechista Abelardo de la Espriella, quien propone una guerra frontal. La violencia contra quienes creyeron en la paz fractura aún más la discusión. En Algeciras 12 personas entre excombatientes y familiares directos han sido asesinados. En el último ataque armado, en enero, un antiguo guerrillero quedó gravemente herido y su esposa murió.

Funcionarios, la iglesia católica y la Misión de Verificación de la ONU, que examina las garantías de seguridad del tratado, llegaron al poblado de 22.000 habitantes para escuchar el clamor de las víctimas. La violencia es “el principal obstáculo para consolidar el proceso de reincorporación” de quienes firmaron la paz, dice Jenča.

Johnesmith Rincón, excombatiente de 39 años que hoy dirige una fundación juvenil en el municipio, se moviliza acompañado por un escolta estatal tras recibir amenazas, según él, relacionadas con actividades vinculadas al acuerdo. “El camino es la reconciliación”, dice, y guarda la esperanza de que algún día “Algeciras pueda vivir en paz”.

Colombia ha visto un “crecimiento de la presencia de grupos armados”, motivado por el “fracaso de la paz total”, dice Alejandro Chala, investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. A menos de tres meses de dejar el poder, Petro no logra desactivar el conflicto con ninguna de las organizaciones con las que intentó negociar.

De su lado la derecha aboga por una “ofensiva total del Estado”, dice Chala, y apela a la nostalgia del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), que acorraló a las guerrillas, pero también acumuló miles de denuncias por crímenes de las fuerzas de seguridad en alianza con paramilitares. Mientras tanto los grupos criminales buscan reclutar a los excombatientes por su experiencia, “los presionan a ingresar o morir”, dice Chala.

“Ellos dicen que yo sé manejar los números (...) y que necesitan trabajar conmigo”, asegura un antiguo miliciano logístico en las FARC que pide anonimato por las amenazas que recibe ante su negativa de retomar las armas. En el poblado donde vive, nadie conoce su pasado. “Mis mejores años se los dediqué a la guerrilla y no quiero volver a ponerme esas botas”.

Fuente: AFP.

El abogado Ricardo Preda, representante legal del presidente de la República, Santiago Peña, puntualizó que no existen indicios de hechos punibles en la declaración jurada del mandatario, después que la Contraloría General de la República (CGR) descartara irregularidades al presentar ayer lunes el resultado de un examen de correspondencia patrimonial que el propio jefe de Estado solicitó en el año 2025, pese a no estar obligado por ley en esta instancia del cargo.

“Este examen de correspondencia no tiene en sí mismo ningún indicio de la comisión de hecho punible porque justamente la conclusión propiamente dice que hay correspondencia en el patrimonio del presidente y no hay absolutamente ninguna noticia criminis”, afirmó el abogado, este martes, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Explicó que “en el marco de esa denuncia presentada por esos legisladores, el Ministerio Público había remitido un oficio a la Contraloría solicitando que se pronuncie acerca del patrimonio del presidente, independientemente a ese pedido de la fiscalía, ya en su momento el presidente habría presentado una nota a la contraloría haciendo una declaración jurada, creo que fue en setiembre del año pasado, sin estar obligado a ello”.

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La obligación de presentar la declaración jurada está establecida al inicio de la función pública y al culminar el mandato. “En este caso, para demostrar que no tiene absolutamente nada que ocultar hace esta presentación en setiembre del año pasado y solicita a la Contraloría ese examen de correspondencia. Este estudio es resultado de ese pedido y coincide también con el pedido del Ministerio Público en función a esa denuncia”, aclaró Preda.

Refirió que se aguardará qué decisión tomará la fiscalía respecto al informe remitido por la Contraloría. “Esto se remite a la fiscalía, la fiscalía me imagino que va a dar recepción a esto y eso ya dependerá de la persona que tenga a su cargo el caso para ver el análisis que seguramente va a aplicar a este documento”, apuntó.

Por otra parte, aclaró que los ajustes realizados en las documentaciones corresponden y no se trata de un blanqueo en el patrimonio del presidente como pretenden instalar algunos sectores políticos y medios de comunicación aliados.

“El proceso de estudio de correspondencia es un proceso dinámico donde el órgano contralor le puede solicitar información, no solamente a entidades del sector privado, sino también a entidades del sector público y también al propio controlado, el funcionario cuya declaración está siendo analizada y en ese marco la información que se recibe es procesada por la Contraloría”, refirió el abogado.

Con relación del inmueble ubicado en la ciudad de San Bernardino, en Cordillera, el abogado detalló que pese a que no se encuentre en los registros públicos a nombre de Peña, se incluyó en la declaración ya que cuenta con un contrato privado de compra.

“Lo que se verifica en un examen de correspondencia es lo que está dentro del patrimonio del funcionario. Que declare un inmueble que no está a mi nombre porque aún está en ese proceso de inscripción porque yo lo compré por un contrato privado, en realidad es positivo porque habla de la transparencia del funcionario que declara todo aquello que está en su patrimonio, y algo que yo compro por contrato privado forma parte de tu patrimonio”, sentenció.

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La muestra “Kuña Guapa: mujeres que tejen historia”, impulsada por la Oficina de la Primera Dama, que encabeza Leticia Ocampos, se desarrolló en el Centro Cultural del Paraguay en Buenos Aires (Argentina), el jueves 21 y viernes 22 de mayo, con una destacada jornada cultural y gastronómica que reunió identidad, arte, tradición y alianzas estratégicas entre Paraguay y Argentina. Esta exposición permanecerá abierta al público hasta el domingo 31 de mayo.

Con la presencia de Leticia Ocampos, la propuesta, que celebra la fuerza, creatividad y el talento de las mujeres paraguayas, se convirtió en un espacio de encuentro para referentes culturales, empresarios, emprendedores y miembros de la colectividad paraguaya en Argentina, reafirmando el valor de la cultura como puente de integración internacional.

También se destacó la labor de la embajadora paraguaya Helena Felip acompañando y promoviendo iniciativas culturales que fortalecen la presencia paraguaya en el exterior. Asimismo, se puso en valor el trabajo de artesanas y diseñadoras paraguayas que, a través de sus creaciones, reflejan la memoria, las raíces y la autenticidad cultural del Paraguay contemporáneo.

El catering oficial del evento estuvo a cargo del chef diplomático Luis Achucarro, quien presentó una propuesta gastronómica inspirada en los sabores paraguayos contemporáneos, destacándose el vorivori como plato estrella del menú, reconocido y consolidado por segundo año consecutivo como el mejor plato del mundo, acompañando una noche donde la identidad nacional estuvo presente en cada detalle.

“Seguimos llevando la identidad paraguaya al mundo a través de la gastronomía, el arte y las empresas que representan calidad, historia y compromiso”, expresó Luis Achucarro, quien desde hace años trabaja en el ámbito de la gastronomía diplomática y cultural.

La jornada contó además con el acompañamiento de importantes marcas y empresas paraguayas y argentinas que acompañaron al chef diplomático Luis Achucarro en esta destacada experiencia cultural y gastronómica, apostando al crecimiento regional y a la proyección internacional.