El senador Derlis Maidana considera que el presidente de la República, Santiago Peña, hizo bien en presentar un informe de su tercer año de gestión ante la Asociación Nacional Republicana (ANR), al mencionar que es el Partido que le da sustentabilidad para seguir gobernando.

“Creo que en ninguna parte está prohibido de que el presidente haga su informe ante el Partido (Colorado) o si quiere ir a hacerlo ante la Feprinco o ante la Asociación Paraguaya de Fútbol. No hay ningún problema en ese sentido siempre y cuando cumpla su deber constitucional”, señaló.

Afirmó que el resumen que ofrece es más bien político, en tanto que el informe que da de forma constitucional lo hace ante el Parlamento.

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“El informe que brinda constitucionalmente al Congreso, él no lo va a soslayar. Y creo también de que por el bien de la democracia un presidente necesita respaldo fuerte de su partido. Y si después se puede construir gobernabilidad con el principal partido de oposición del Paraguay y otros, bienvenido, que cumpla con su obligación constitucional”, dijo a la 730 AM.

El parlamentario insistió que está bien que el mandatario rinda cuentas ante los partidos políticos y con más razón al “partido que le da sustentabilidad para gobernar”.

Maidana reflexionó asimismo sobre la vigencia de la Constitución Nacional hace 34 años y el momento más crítico que atravesó a su criterio. “Yo creo que tuvimos nosotros varios episodios como aquellas internas de diciembre del 92, en mayo del 96 aquel cambio del comandante Lino César Oviedo que derivó en aquella crisis con el presidente Juan Carlos Wasmosy”, recordó.

Así también mencionó que en el año 2000 se tuvo el último episodio “tipo un conato” contra el presidente Luis Ángel González Macchi y luego el asesinato del vicepresidente de la República, Luis María Argaña.

“Pero creo que a partir del 2000 en adelante se ha avanzado mucho en ese aspecto. Tuvimos el juicio político de Fernando Lugo que siempre es discutible para sus seguidores, pero cuando cae el apoyo del principal partido que sostenía al presidente Lugo (PLRA) entonces cae también el gobierno”, expresó.

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El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, adelantó que el informe de gestión del presidente de la República, Santiago Peña, sería a las 20:00 del miércoles 1 de julio. El legislador indicó que la idea del mandatario es realizar su informe en el mismo horario que realizó en los años anteriores para que la ciudadanía pueda escucharlo desde sus casas.

“En principio va ser el mismo horario que las dos últimas oportunidades, va ser a la noche, estimamos que va ser a las 20:00 el 1 de julio. Creo que la ciudadanía puede acceder más al informe a esa hora, para el obrero que viene a su casa, el trabajador, el estudiante, que todos estemos mirando el informe de gestión y después decidir si es positivo o negativo”, indicó Núñez a los medios de prensa.

El senador respondió nuevamente a los que cuestionan que Peña haya presentado primero su informe al Partido Colorado, agrupación política a la cual pertenece. “La Constitución le impone al presidente que tiene que venir el 1 de julio. El presidente se puede ir hasta al Partido Liberal, que le inviten, el Partido Patria Querida, ¿o no les interesa saber cómo está nuestro país”, señaló.

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Por otra parte, también se refirió al informe presentado por el presidente, y sostuvo que además de todos los logros, el Gobierno debe mejorar dos situaciones, la salud y el transporte público, que también ya se encuentra en marcha.

“Se dijo que se debe mejorar en salud, tenemos que mejorar, y el transporte público también, solo que hay sectores que no quieren entender, después del gobierno de la alianza, Lugo puso un interventor, un gobernador para el transporte público, fue la peor parte del transporte público, agarra Horacio Cartes se mejoró con un recambio de casi del 60 % de los buses, hasta ahora tenemos ese recambio”, refirió.

Agregó que “hay mucha tarea que hacer, tenemos que construir un Paraguay para todos, hay legislaciones pendientes todavía y vamos a seguir trabajando, pero agradecemos nosotros la confianza en nuestro sector, que se vio en las últimas elecciones”.

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El senador Patrick Kemper preside la comisión especial para investigar presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos, y este miércoles presentó un informe al pleno de la Cámara de Senadores sobre el esquema de trabajo que desarrollarán los integrantes de la comisión durante las indagaciones. En este sentido, indicó que el trabajo estará dividido en varias partes.

“Va estar dividido el trabajo, inicialmente en varias etapas, que va ser presentado en nuestra próxima reunión de la semana que viene, nuestra primera reunión de trabajo formal. Queremos dividir ese trabajo en varias etapas donde primero abordaremos un diagnóstico institucional y normativo, se definen los objetivos generales específicos, cuáles son las instituciones que van a ser parte del proceso de investigación o recabación de información”, refirió el senador durante la sesión ordinaria.

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En este sentido, la comisión involucra al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), a la Contraloría General de la República (CGR), a la Secretaría de la Función Pública, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre otras instituciones.

“Creemos poder completar un mapa institucional, una matriz de competencia, una matriz de responsabilidades legales, nos costó mucho encontrar un lugar donde tengamos toda la información junta, y creemos que ese va ser uno de los aportes dentro de nuestro informe final”, expuso Kemper.

Además, se desarrollará una etapa “para tener un censo nacional de universidades, instituciones y carreras, ya que nos cuesta mucho poder encontrar en un solo lugar todo. Estamos preparando una batería de informes que probablemente vamos a comenzar a enviar desde mañana o el viernes, para poder tener informaciones oficiales de instituciones que son parte de este proceso”.

Como resultado de esa etapa de informes, el objetivo es desarrollar una base de control académico, también definir las falencias, y en una siguiente etapa avanzar en una auditoria forense de títulos y certificados con el fin de identificar la autenticidad documental. También se incluye la investigación sobre un posible esquema de venta o comercialización, donde se pretende determinar sobre la intermediación para la obtención de los títulos.

Ya en el informe final, el senador señaló que el objetivo es dejar un plan nacional de acción “donde se pueda tener un informe técnico, un informe jurídico, un informe legislativo, de responsabilidades, una base de riesgo institucional, una agenda legislativa para presentar al pleno del Senado”.

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Este martes, la jueza Carmen Román, quien ordenó la restitución de Canela a sus propietarios originales, informó que la medida fue tomada tras una investigación que duró seis meses y que determinó que la familia original de la perrita no fue la que ocasionó el daño. Hasta el momento está imputado un adolescente que sería vecino de los propietarios.

Según la magistrada, hace seis meses el Ministerio Público abrió la investigación en el caso y fue la familia la que solicitó en su momento que Canela les sea devuelta. En ese periodo de tiempo se pudo constatar que sus dueños intentaron involucrarse y colaborar con el tratamiento de la afectada, pero no le permitieron.

Existe una carpeta fiscal en la que se presentaron todas las evidencias como circuito cerrado, testimonios testificales, información de la institución que asistió a la can y hay un menor de 17 años imputado en el caso.

“Canela sufrió esas agresiones, pero no fue en el entorno familiar y no fueron hijos de los dueños los que provocaron este daño, no fue así, esa información está totalmente tergiversada. Toda la presión mediática que afectó muchísimo, porque la información era que este adolescente le puso la bomba en la boca”, detalló la jueza, en entrevista con NPY.

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La jueza aseguró que lo mismo está ocurriendo ahora que se libró esta orden, porque la información que está siendo divulgada es que Canela volverá con sus agresores. “En todo momento le pidieron para que puedan dar en adopción a la perrita y la familia original se había negado”, afirmó.

Además, explicó que el hecho fue provocado por un adolescente del barrio que vive a cuadras de la casa de la familia y que pasaba por ahí, como era motivo de fiestas de fin de año, utilizó un explosivo en este caso un cebollón. “Prendió la pirotecnia la cual tiró y Canela salió de la casa detrás de ese destello. No pasó dentro del domicilio, ella cruzó la calle”, manifestó.

Agregó que al ver lo ocurrido, la familia asistió a su perrita e incluso hicieron llegar su aporte monetario para su tratamiento. “Luego les llegó la prohibición de que se puedan acercar, lo que les imposibilitó seguir el proceso de recuperación e intervenciones a la que fue sometida”, resaltó.

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Román resaltó que existe una ley que obliga a las personas a cumplir los mandatos judiciales y que en el caso de que no entreguen a Canela, la persona que la tiene estaría en desacato.“Existe una resolución fundada argumentada y existe una ley que nos obliga a todos a cumplir lo que establece un mandato judicial. Se llegó a la conclusión de que no fueron los dueños los que generaron esa agresión, entonces, no existe una razón del por qué sacarle de su entorno familiar”, finalizó la jueza.

Canela había sido sometida a varias cirugías, incluida la colocación de una prótesis mandibular, y se encontraba en proceso de recuperación bajo supervisión veterinaria especializada luego de que sufriera graves heridas al estallar un “cebollón” en su hocico el 1 de enero pasado.

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