El sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) busca avanzar en una herramienta que facilite su incorporación al sistema financiero mediante la creación de una cuenta empresarial única o básica, adaptada a las necesidades de los pequeños negocios.

La propuesta es coordinada por el viceministerio de Mipymes con las instituciones involucradas y el Banco Central del Paraguay (BCP), con el objetivo de que los emprendimientos puedan contar con una herramienta financiera sencilla para operar formalmente.

Luis Tavella, presidente de la Federación Paraguaya de Mipymes (Fedemipyme), señaló a la 1000 AM que uno de los principales problemas es que numerosos emprendedores todavía utilizan sus cuentas personales para manejar los recursos de sus negocios, lo que dificulta separar las finanzas particulares de las empresariales.

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En ese sentido, una cuenta específica para la actividad comercial permitiría ordenar los ingresos y egresos, mejorar el control de las operaciones y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Además, una mayor trazabilidad de los movimientos podría contribuir a que las mipymes tengan mejores condiciones para acceder a financiamiento.

La iniciativa también cobra relevancia ante las oportunidades que genera el programa Hambre Cero. Las empresas adjudicadas deben destinar al menos el 10 % de sus compras a mipymes, abriendo un espacio para que pequeños negocios se incorporen como proveedores.

Para acceder a estas oportunidades, las empresas deben avanzar en su formalización, contar con la inscripción correspondiente y emitir facturas electrónicas. La bancarización se suma así a este proceso como una herramienta para facilitar su vinculación con empresas de mayor tamaño.

La propuesta busca que los pequeños negocios puedan pasar de operar principalmente a través de mecanismos personales a contar con una estructura financiera empresarial que acompañe su crecimiento y su incorporación a cadenas formales de comercialización.

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La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo de la Cámara de Senadores sesionó este lunes y dictaminó a favor de la aceptación del veto presidencial a un proyecto de modificación de la Ley del programa Hambre Cero. Es así que los senadores analizaron el mensaje Nº 396 por el cual el Poder Ejecutivo remite el Decreto Nº 6.259/2026, que objeta totalmente el proyecto de Ley Nº 7678/2026, presentado por el senador Silvio Ovelar.

Se plantea modificaciones al artículo 9° de la Ley Nº 7264/2024, que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la Universalización Equitativa de la Alimentación Escolar (Hambre Cero en nuestras escuelas y sistema educativo). Por la misma iniciativa legislativa se pretendía además introducir modificaciones a otras disposiciones vinculadas con la alimentación escolar, la gratuidad de la educación superior y el Fonacide.

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Tras el análisis, la comisión recomendó aceptar la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta los argumentos expuestos en el decreto, principalmente los relacionados con cuestiones de técnica legislativa y coherencia sistemática. Así también, durante el estudio se señaló que la redacción finalmente sancionada no incorpora una nueva disposición, por lo que los integrantes consideraron pertinente acompañar la objeción planteada por el Poder Ejecutivo.

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Al cumplirse tres años del gobierno de Santiago Peña, el ministro Tadeo Rojas, titular del Ministerio de Desarrollo Social, destaca la consolidación del emblemático programa Hambre Cero en las Escuelas y su continuidad como una política de Estado, debido a su incidencia en la reducción de la pobreza y estimando que sus resultados se apuntalarán en un plazo de cinco años, por lo que descarta que el próximo gobernante de turno decida eliminarlo.

“El Gobierno, sea este o el que venga, va a tener que ver la forma de financiar el programa. Mientras la Ley esté vigente, el Gobierno tiene que encontrar financiación”, manifestó el secretario de estado en el programa “Cara o cruz” de Unicanal/Trece. “Hambre Cero ya se convirtió en una política de Estado, no creo que haya ninguna autoridad que venga después que se anime a eliminar este programa. Es un legado que va a quedar del gobierno del presidente Santiago Peña. Veremos los resultados de este programa de aquí a 5 años o más”.

Además, el alto funcionario alabó al actual vicepresidente de la República y precandidato presidencial del oficialismo rumbo al 2028: “Estoy convencido que se va a dar la continuidad del proceso con Pedro Alliana. Es una persona que tiene una gran virtud que es generar empatía, escucha a las bases, les abre los brazos y genera acercamiento. El escenario es absolutamente positivo para que se rompa eso de que la continuidad del oficialismo nunca se da”.

Durante la conversación periodística, Rojas señaló que “el programa Hambre Cero cada día está más sólido. Un programa que está consolidado, que genera miles de empleos y ahorro permanente a las familias. Eso significa mayor poder adquisitivo para las familias”. Agregó que “el crecimiento económico, la inflación controlada, etcétera, son muestras palpables de lo que se está consiguiendo. Este tercer año de gobierno nos compromete a seguir el mismo ritmo. Podemos decir que hemos dado pasos importantes, pero aún hay mucho por hacer”

“Uno de los programas emblemáticos y de mayor impacto social es justamente Hambre Cero. Estamos siempre haciendo los controles y monitoreos permanentes. Hemos logrado también el aumento de las compras a las mipymes y a los productores beneficiando a la agricultura familiar”, aseveró, explicando que su dimensión social no se limita al plato de comida: “Para el pago a las proveedoras se exige el comprobante de pago del seguro social del IPS (Instituto de Previsión Social) para sus empleados”.

“Hoy ha aumentado la cantidad de productores, sobre todo los frutihortícolas. Hay una cadena que se tiene que integrar y en algún momento dado vamos a hacer un análisis completo y general sobre cuál es el impacto real del programa Hambre Cero para ellos”, puntualizó el ministro de Desarrollo Social.

El gobierno de Santiago Peña emprendió un cambio de paradigma en el sector energético, con la puesta en marcha de dos proyectos cruciales, como el de la conformación del ente regulador para el mercado local y la elevación del Viceministerio de Minas y Energía a Ministerio. Se espera que esta decisión tenga un impacto de amplia relevancia en el futuro, transformando el mercado local y siendo un factor de desarrollo económico.

“Es un paso relevante, fundamental, que hasta considero más importante que el resultado de la revisión del Anexo C (de Itaipú), porque estos pasos hacen a la vida diaria, cotidiana de la sociedad paraguaya entera, para el presente y el futuro, es un cambio paradigmático”, afirmó el consultor Guillermo López Flores, en conversación mantenida con La Nación Media.

Entre otras cosas, de acuerdo a sus consideraciones, dijo que hay un cambio en el enfoque del ámbito energético, orientando los esfuerzos a la generación de desarrollo. “Este planteo del Gobierno dice la energía eléctrica prioritariamente tiene que destinarse al desarrollo de la industria y la economía paraguaya y lo que sobre podemos sacar la mayor renta posible”, sostuvo.

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Otro punto importante abordado por el especialista corresponde a las inversiones para seguir brindando servicios de calidad. “Se asume la realidad presente, el Estado, la Administración Nacional de Electricidad (Ande), ya no tienen condiciones de financiar las principales obras de expansión para atender la demanda futura, hay que encargar esa tarea al sector privado”, indicó.

Por su parte, Eduardo Viedma, presidente de la Asociación Paraguaya de Energías Renovables (Aper), consideró importantes las iniciativas emprendidas desde el Gobierno, sobre todo la existencia de un organismo que vele por las condiciones de compra y venta de energía. En este sentido, manifestó que debe ser una institución que opere sin injerencias políticas ni intereses empresariales.

“El regulador tiene que ser básicamente un ente conformado por el sector público y privado, principalmente con los mejores técnicos, con mayor relevancia, en lo posible sin intereses políticos y mucho menos empresariales, tiene que ser un ente eminentemente técnico”, analizó, entre otras cosas, en contacto con La Nación/Nación Media.

Sobre las funciones de ambos organismos proyectados, explicó que “necesitamos un ente que regule la política energética del país, que sería el Ministerio de Energía y un ente regulador que estipule condiciones de compra, de venta, de instalación y también de las condiciones de prestación y servicio del sector privado y la generación y venta a la Ande de energía”.

Con relación a la preponderancia que puede tener un Ministerio de Minas y Energías, explicó que en este sentido el país tiene una materia pendiente. “Un déficit de nuestro país es la prospección minera, prospección petrolera, inclusive energética, porque hay que hacer primero una inversión importante en eso para poder estimar la cantidad que tenemos y si es realmente rentable”, dijo.

En cuanto a los plazos que manejan, precisó que en las próximas semanas se debe contar con los aportes para los proyectos para luego ponerlos a consideración del Poder Legislativo, a través del Ejecutivo.

Cecilia Llamosas, investigadora y doctora en política energética, mencionó a LN/NM que el principal beneficiario tiene que ser el usuario, porque la misión de un regulador es justamente mejor calidad de servicio, tarifas transparentes y reglas claras.

“El sector cambió y necesita inversiones importantes, tanto en financiamiento como en capacidad de ejecución. Hoy Ande carga con funciones que exceden su rol natural: opera, planifica y además ejerce en la práctica funciones regulatorias”, dijo y agregó que la propia institución planteó la necesidad de un ente regulador, por lo que separar esas funciones no la debilita, sino que la fortalece porque le permite dedicarse plenamente a operar e invertir.

Sobre su conformación, consideró que debe ser un organismo eminentemente técnico, con estabilidad, autonomía, capacidad de gestión. Sus objetivos deben apuntar fundamentalmente, darle al Paraguay capacidad real de conducir su política energética.

“Esta no es una discusión nueva. Solamente en los últimos 10 años hubo mas de cinco intentos de crear un Ministerio de Energía. Es decir, hace décadas que venimos identificando problemas de fragmentación y coordinación en el sector”, agregó.

A su vez, dijo que no se trata simplemente de crear otro casillero en el organigrama, si no de “construir una verdadera rectoría y tener capacidad para planificar, fijar objetivos comunes y coordinar”.

La separación de funciones debería ser bastante sencilla: el Ministerio hace política y planifica; el regulador establece y fiscaliza las reglas; Ande opera y ejecuta; y las empresas invierten. Según Llamosas, si cada institución puede hacer bien lo que le corresponde, se fortalece todo el sistema y finalmente quien recibe el beneficio es el usuario.

“Estamos en un punto de inflexión. El desafío es que la demanda crece y necesitamos tener la capacidad y la infraestructura para atenderla. La infraestructura energética toma años. Lo que vamos a necesitar dentro de cinco o diez años tenemos que decidirlo hoy. Entonces, ni alarmismo ni complacencia, pero la ventana para tomar decisiones es ahora”, subrayó.

Como reflexión final, explicó que hace años Paraguay necesita fortalecer su arquitectura institucional energética pero lo difícil ha sido transformar ese diagnóstico en cambios que se sostengan en el tiempo. Todo ello, a fin de que la energía se traduzca en mejor servicio para la gente, más inversión, más industria, tecnología y empleo.

• El cambio en la política energética permitirá orientar la potencia hacia el desarrollo de la industria y la expansión económica.
• El ente regulador del mercado energético se ocupará de generar condiciones propicias para la compra, venta, condiciones de prestación, entre otros aspectos.
• La política energética del país será regida por el Ministerio de Minas y Energía, permitiendo rentabilizar los recursos disponibles.

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