Protegidos por las sombras de la noche, un grupo de supuestos representantes de víctimas de la dictadura decidió manifestarse frente a la vivienda del defensor del Pueblo, Rafael Ávila.

Lo que comenzó como una protesta pacífica en pocos minutos de transformó en una violenta manifestación, cuyas imágenes lapidarias quedaron registradas mediante el circuito cerrado instalado frente a la casa particular.

Tras reunirse y detonar bombas pirotécnicas sin importar que pudieran dañar incluso a los vehículos que transitaban por enfrente, los agresivos asistentes también arrojaron objetos contundentes que cayeron dentro de la propiedad del defensor, poniendo en peligro a los residentes del local.

Las bombas dieron paso a palos y piedras arrojadas con fuerza contra la vivienda.

Según informaciones recabadas, uno de los protagonistas de la agresiva jornada fue supuestamente el secretario de la organización, un abogado que representaría los intereses de los familiares de víctimas de la dictadura.

Un grupo de víctimas del caso de estafa masiva a través de la conocida “mafia de los pagarés” llegó este lunes hasta la sede del Poder Judicial para reclamar el cese de embargos irregulares y exigir justicia.

Los afectados se quejaron del poco avance de las investigaciones y denunciaron que los descuentos siguen ejecutándose “a mansalva” en detrimento de las familias.

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Carmen Rodríguez, docente de Villarrica, una de las víctimas, tildó de corruptos a jueces y ujieres, de quienes dijo que están “entregados totalmente a la mafia”.

“Están todos implicados, juzgados y jueces, ujieres corruptos. Hay juzgados que están totalmente entregados a la mafia”, denunció en diálogo con la 1000 AM.

La educadora afirmó que sigue siendo víctima del esquema delincuencial. “Se me sigue descontando a mansalva en detrimento total contra mi familia, dejándome prácticamente en un estado sin posibilidades de defendernos”, sostuvo.

Aseguró que nunca recibió ninguna notificación judicial, por lo que quedó en indefensión ante la justicia. “Y en mi caso yo ya he pagado todo. Y le vamos a decir a los jueces de esta Corte que no puede ser que por 9 millones, debas toda la vida 150 millones. Y de ahí no se mueve. Ellos ya cobraron todo y por qué no cobran lo justo”, lamentó.

Insistió en la necesidad que las casas comerciales involucradas en el esquema de estafas sean investigadas. “Ellos ya cobraron su capital y nos tienen en esta situación. Por qué no nos muestran la realidad, son pagarés abultados, aparte de los pagarés que desaparecen”, subrayó.

Rodríguez dijo que incluso los expedientes están desaparecidos, por lo que deben deambular de un lugar a otro para dar seguimiento a sus procesos.

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• Ciudad del Este. Agencia Regional.

Con la intervención de agentes de la delegación paraguaya del Comando Tripartido fueron expulsados este sábado dos ciudadanos brasileños y entregados a la Policía Federal de Brasil, a través de los puestos migratorios del Puente de la Amistad.

Uno de ellos tiene orden de captura por homicidio y es miembros de la facción criminal Primer Comando de la Capital (PCC), mientras que el otro tiene denuncias varias y estuvo en el Penal Regional de Ciudad del Este, según el reporte del Comando Tripartito.

El primer procedimiento fue a las 13:15, para la expulsión de Oclimerio Padilha dos Santos (45), quien registra dos órdenes de captura, uno por homicidio y otro por violencia familiar contra mujeres, adolescente, niño y adulto mayor en el Brasil, según consultas policiales con el Núcleo de Inteligencia de la Policía Federal de Foz Yguazú. Reportaron que es miembro activo del Primer Comando Capital.

También intervinieron agentes del Departamento Especializado en Luchas Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, en coordinación con funcionarios de la Dirección de Migraciones y personal del Área Naval del Este.

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El segundo operativo de entrega fue a las 16:15, de Claudemir De Paula Ribas (43), quien se encontraba recluido en la Penitenciaria de Ciudad del Este, en relación a una causa sobre hurto. Policías realizaron las consultas pertinentes con sus pares del Brasil y confirmaron que el hombre tiene antecedentes y denuncias varias en Brasil.

La expulsión fue realizada por personal de la División Regional 1 del Comando Tripartito, en coordinación con funcionarios de Migraciones del puesto de control del Puente de la Amistad, con apoyo del Área Naval del Este. Se dio cumplimiento a la orden judicial de la juez Penal de Garantías Cinthia Garcete Urunaga. Ambas entregas se hicieron en el marco del Acuerdo de Cooperación Policial Internacional.

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Tras los últimos hechos de inseguridad registrados en la zona de Nueva Asunción, departamento de Presidente Hayes, sus pobladores se reunieron en una manifestación para exigir mayor cobertura policial y marcharon por las calles hasta llegar a la comisaría jurisdiccional.

En la noche del domingo, la comerciante Gabriela Nogueira y sus dos hijos fueron víctimas de un violento asalto en su vivienda perpetrado por al menos 9 hombres, quienes se encontraban armados y realizaron varios disparos intimidatorios contra la familia.

Este hecho reactivó el descontento por parte de los pobladores respecto a la falta de efectivos policiales para que patrullen las calles y así evitar que se den este tipo de casos. Destacaron que este hecho reportado el domingo no fue el único con esta característica, ya que hace meses se habría dado otro asalto similar en la zona.

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“En estos tiempos ya no podemos andar así. El pueblo vive en zozobra y nosotros necesitamos que actúen con responsabilidad y puedan resguardarnos, porque esa es la tarea de la policía y de las personas que portan ese uniforme. Pedimos que actúen”, comentó Gabriela Nogueira durante la manifestación.

Por su parte, los efectivos de la zona destacaron que se encuentran realizando su mejor esfuerzo con las herramientas con las que cuentan, al tiempo que reconocieron que existe un gran incremento de la población en la zona y que debe haber más uniformados trabajando en el lugar.

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