La Fiscalía salió a aclarar sobre las diligencias realizadas tras la denuncia de supuesto abuso sexual que guarda relación con el caso de filicidio y posterior suicidio en un inquilinato de Lambaré. Reconoce que efectivamente se realizó la denuncia el 9 de diciembre de 2024, se inició una investigación, pero supuestamente no se hallaron elementos suficientes con respecto al abuso físico o maltrato sexual que haya recibido el niño.

En su denuncia, la madre sindicó a su expareja, padre biológico de la víctima, como la persona que habría abusado del niño. “Inmediatamente, por disposición fiscal, la víctima fue trasladada a la Clínica Forense, donde se descartó violencia física en el niño. No obstante, se prosiguió con la investigación fiscal”, señala el informe dado a conocer a través de la página oficial del Ministerio Público.

Menciona además que el niño fue atendido en el Centro de Atención a Víctimas, ocasión en que se le realizó una contención psicológica y una primera entrevista, en la cual el niño mencionó otro nombre, pero en forma dubitativa y no pudiendo precisar fechas ni hechos precisos.

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También se refiere a la madre como una persona “angustiada y con una conducta contradictoria”, por lo cual se requirió un estudio psicológico a la misma. Asimismo, indica que la madre ya había atentado contra su vida y la de su hijo, según testimonio de una vecina.

“Al día siguiente de la denuncia, en fecha 10 de diciembre de 2024, la mujer habría intentado saltar frente a un vehículo con su hijo y luego se habría subido a un techo donde amenazaba con lanzarse”, indica el expediente fiscal.

Ante esta situación, se dio participación a la Codeni y el menor fue rescatado y entregado a una tía, familiar de la madre. Este hecho se comunicó a la Defensoría de la Niñez de Lambaré, para que realice el seguimiento.

Por su parte, la Unidad Penal prosiguió en la indagación de supuesto abuso para una evaluación psicológica, pero no pudo lograrse debido a las sucesivas ausencias del niño a las entrevistas fijadas.

Por otro lado, la tía declaró ante el Ministerio Público que el niño no le había manifestado ser víctima de abuso ni de otro tipo de violencia. “El examen médico descartó lesiones físicas y descartó signos de violencia sexual; además de la falta de asistencia a las entrevistas para evaluación psicológica, no se han tenido elementos que lleven a una imputación”, concluye el informe de la Fiscalía.

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Este domingo, la dueña de un inquilinato reportó el hallazgo sin vida de una mujer y su hijo de 7 años en la ciudad de Lambaré. Se presume que se trata de un hecho de filicidio y posterior suicidio; la madre dejó una carta en la que acusa al padre de su hijo por presunto abuso sexual en niños y violencia.

Según el reporte policial, el hecho se registró en el barrio Santa Luisa de la citada ciudad, cuando la dueña del inquilinato ingresó al patio de la pequeña vivienda donde residía la mujer y la halló muerta en una de las dependencias. Luego dio aviso a la Policía Nacional, cuyos agentes encontraron muerto al niño.

“Estamos ante un supuesto hecho de filicidio seguido de un suicidio ocurrido entre la noche de ayer sábado y la madrugada de hoy. Las víctimas serían una mujer de 26 años y un menor de 7 años”, expresó el comisario Sergio Ramos, en entrevista con Telefuturo.

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Expresó que la dueña del inquilinato recibió la llamada de Isidro Aranda para que pueda ir a ver la situación de su pareja e hijastro. “La mujer pudo ver por la ventana que la mujer se encontraba muerta y dio aviso a las autoridades policiales. Al ingresar en una de las piezas encontramos al menor tapado con una frazada”, detalló.

Explicó que a simple vista el cuerpo del niño no presentaba heridas sangrantes o lesiones, por lo que se ordenó que los cuerpos de ambas personas sean trasladados hasta la Morgue Judicial para una autopsia. La mujer dejó una carta en la que denunció al padre de su hijo y expareja de haber abusado sexualmente del menor.

"Mi corazón ya no soporta tanto dolor, tanto sufrimiento, y verle sufrir a mi hijo. No hay un solo día en que él no recuerde todo lo que le hacía ese asqueroso. Espero que después de mi muerte reciba justicia, pero los muertos no tienen justicia en Paraguay”, dice parte de la nota.

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Este miércoles, la actriz Diana Raquel Frutos Pereira denunció que pasó por un muy mal momento en el Juzgado de Paz de Santísima Trinidad de Asunción, mientras intentaba tramitar un permiso para que su hija menor puediera viajar al exterior para competir. El padre de la niña no se presentó y en el ente le indicaron que no son “niñeros” para andar detrás del hombre.

En redes sociales Diana compartió un vídeo en el que hizo su descargo, tras el mal rato por el que pasó, todo porque su expareja no se presentó para firmar los documentos para autorizar el viaje de la hija que tienen en común. El magistrado y los funcionarios, en vez de demostrar empatía la trataron indiferente.

“El juez Alejandro Delvalle fue soberbio, súper detestable y cero empatía, me dijo que él no puede ser niñero. Que era problema de mi marido sino le da permiso a mi hija. Porqué merecemos ese trato”, expresó la mujer, en su descargo.

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Resaltó que lamentablemente era su hija la que no iba a poder viajar y que eso no era lo que realmente quería su exmarido, sino que, hacerle pasar un mal rato a la familia. “Él es capaz de hacer que no viaje con tal de que yo sufra. Hace esto a propósito para que yo tenga una crisis, para que a mí me dañe”, resaltó.

Encarecidamente Diana pidió al juez que llame al hombre y este le aclaró que solo llamará una o dos veces, que en el caso que no conteste ya no podría hacer nada. “Le vamos a llamar y si no atiende, ya no es nuestro problema. Hasta dos veces lo que le podemos llamar porque no podemos ser niñeros, me dijo”, apuntó.

Calificó el actuar del magistrado y los funcionarios como injusto. Además, reportó que el padre de sus hijos se vale de la violencia psicológica. Finalmente, el hombre sí atendió la llamada. “Tenemos los papeles en forma. Espero que salgan los papeles en 24 a 72 horas como corresponde. El trabajo del juez no es ser niñero. Pero acaso no es su trabajo velar porque los menores obtengan un permiso cuando es justo y necesario”, sentenció.

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Durante la sesión plenaria de este miércoles, el ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, Eugenio Jiménez Rolón, informó que la titular del Juzgado Penal de Garantías N° 1 de San Lorenzo, María Elena Cañete, expuso a la Corte Suprema de Justicia sobre una presentación oficial relacionada con las diligencias realizadas por el Ministerio Público en dicha dependencia judicial, poniendo además a disposición el expediente de la causa y solicitando la realización de una auditoría.

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, dispuso dar curso a las actuaciones administrativas e institucionales correspondientes para el inicio de los procesos de verificación y control respectivos.

En su intervención ante el pleno, el ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, Eugenio Jiménez Rolón, señaló que la magistrada informó que la causa mencionada ya cuenta con resolución de apertura a juicio oral y público, además de comunicar los antecedentes relacionados con el procedimiento realizado en la sede judicial.

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Igualmente, indicó que la documentación remitida permitirá a las dependencias competentes de la Corte Suprema de Justicia analizar las actuaciones vinculadas al caso conforme a los mecanismos institucionales previstos para este tipo de situaciones.

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alberto Martínez Simón, dispuso la prosecución de los trámites internos correspondientes, a fin de canalizar las medidas adoptadas en el ámbito administrativo e institucional.

En ese marco, el Consejo de Superintendencia ya inició las diligencias necesarias para la remisión de los antecedentes a las instancias competentes, conforme a los procedimientos establecidos dentro del sistema de control institucional del Poder Judicial.

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