Agentes de la Senad de la regional Concepción realizaron un procedimiento en la zona de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, donde interceptaron un bus que transportaba un importante cargamento de cocaína.

Los intervinientes montaron un operativo para dar con el colectivo en la que iba el sospechoso que transportaba la droga. Y detectaron a un joven de 22 años que transportaba tres paquetes de clorhidrato de cocaína.

Estaba a bordo de un ómnibus que partió de Ciudad del Este con destino a Concepción, según informaron.

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El procedimiento se realizó el miércoles, alrededor de las 19:00, sobre la ruta PY08 “Blas Garay”, con apoyo del personal de Fuerzas Especiales de la Senad. Fue acompañado por el agente fiscal Jorge Encina y de la asistente fiscal Catalina Torres, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Departamento de San Pedro.

Durante la inspección del equipaje, los agentes antinarcóticos hallaron 3 kilos y 15 gramos de droga. Estaban ocultos dentro de un bolso envueltos en polietilenos de rojo y blanco. Además de la sustancia, incautaron además un teléfono celular de alta gama.

El detenido fue identificado como Gregorio Rafael López Arce (22), con antecedentes de prohibición de salir del país por transgresión a la Ley 716/96 de Delitos contra el Medio Ambiente.

Según informaron desde la Secretaría Nacional Antidrogas, la incautación representó un perjuicio de G. 300 millones para el microtráfico. Además se evitó que unas 6.000 dosis lleguen al microtráfico para su distribución.

El pasajero quedó a disposición del Ministerio Público.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

La fiscal Vivian Coronel encabezó un operativo con la Policía Nacional para el allanamiento de un hotel en el que encontraron 64 personas (ciudadanos chinos) sobreviviendo en un régimen de hacinamiento, con evidencias de supuesta trata de personas con fines de explotación laboral y sexual. Es lo que señaló la agente del Ministerio Público.

El operativo ejecutado se denomina “Ladrón de Jade” y contó con la intervención de policías del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional (Decacpi), a cargo del comisario Carlos Duré.

El local allanado es el Hotel Betel Área 4, ubicado sobre la avenida América esquina Ñacunday Norte, del Área 4, Ciudad del Este. La fiscal puso en duda que el sitio sea un hotel por lo que encontraron en el lugar. Fue detenido Diego Nemecio Espinoza Paredes y fueron verificadas 64 personas (61 hombres y 3 mujeres).

La agente indicó que el Ministerio Público recibió la denuncia y lo que encontraron hasta ahora es gente hacinada en habitaciones pequeñas de 5 a 7 personas, sin poder salir del edificio, donde las aberturas estaban selladas con soldaduras de hierro.

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Coronel dijo que les quedó claro que las personas se encontraban en extrema vulnerabilidad y con restricciones para salir del lugar.

Asimismo, manifestó que esperarán la intervención de la Dirección de Migraciones para conocer la situación de los ciudadanos que serían de China Continental, “chinos rojos” como se los conoce en Ciudad del Este.

Fueron incautados del sitio allanado aparatos telefónicos, computadoras de escritorio (equipos informáticos de mesa), computadoras portátiles, dispositivos y unidades de almacenamiento de datos y documentaciones varias de interés investigativo.

La fiscal Vivian Coronel explicó que no tienen todavía el trabajo específico que realizaban los ciudadanos, pero hay evidencias sobre la forma en que estaban siendo obligados a estar en el lugar allanado.

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El fiscal Giovanni Grisetti encabezó este miércoles un allanamiento en la sede de la Unasur, por dos conceptos: por un lado, la falta de transferencia de aportes obrero-patronales retenidos a los trabajadores y, por otro, las deudas acumuladas por el alquiler de inmuebles pertenecientes al IPS.

“Concretamente es la falta de pagos al IPS en concepto de lo que corresponde por Ley, es el descuento que se le hace a cada trabajador conocido como el Aporte Obrero”, señaló en declaraciones a la 1020Am. En ese sentido, explicó que el local debía pagar por la patronal un monto y por el obrero otro monto, pero evadieron el pago correspondiente a la previsional, pese al descuento aplicado al personal.

“Totalizando en conjunto llegó a la cifra de G. 4.096 millones a pagar. Es decir, le descuentan al trabajador, le dan su saldito y ese monto descontado no abonaron al IPS”, precisó el agente fiscal. Mencionó que la previsional hizo el reclamo correspondiente y los mismos solicitaron refinanciación. “Se les dio la refinanciación y tampoco pagaron”, subrayó.

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Aparte de la refinanciación, a partir de la fecha de refinanciamiento se fue generando una nueva deuda. “Y por esa línea de la nueva deuda también se refinanciación que también se debió. Y no se cumplió”, indicó el representante del Ministerio Público.

Luego, siguieron las deudas normales. “No se le dio más refinanciamiento y quedaron los montos de deuda a cuenta corriente natural dentro del plazo normal que se le fue adicionando las moras, multas y otros conceptos”, apuntó Grisetti.

Eso es lo que corresponde concretamente la causa penal. “En paralelo, cuando se solicitaron ciertas informaciones vino acompañado el dato de que también se le adeuda por alquileres al IPS. Es un fuero distinto al fuero penal”, aclaró. La mora, con los datos preliminares, sería de cuatro años.

IPS, tras el sumario administrativo realiza una demanda civil y consigue las medidas cautelares correspondientes y se bloquea la cuenta oficial de Unasur. “Pese a ello, hicieron una cuenta paralela para poder generar los cobros. Esa actitud deliberada hace que la cuestión se agrave y denote una conductora dolosa de evadir a IPS”, refirió el fiscal.

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La Fiscalía había dictado orden de detención para ocho directivos de la entidad financiera, quienes se fueron presentando ante las autoridades.

Diana Leticia Mon­gelós González, la última directiva de ueno bank, investigada por la Fiscalía, se entregó a la Poli­cía Nacional ayer alrededor de las 18:00 y se puso a dis­posición de la Justicia.

La misma está bajo inves­tigación de la Fiscalía de Delitos Económicos y Anti­corrupción, que ordenó la captura de Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller, Miguel Angel Almada Fru­tos, y de Diana Mongelós.

En el caso del investigado Miguel Ángel Almada Fru­tos, quien se encuentra en el interior del país, sus aboga­dos se presentaron ante el Departamento de Investi­gaciones de la Policía para reportar que su cliente se pone a disposición judicial.

ueno bank entró en un pro­ceso de disolución, luego de que se hallara inconsisten­cias detectadas en el índice de solvencia de la entidad por parte de la Superinten­dencia de Bancos.

La Fiscalía de Delitos Eco­nómicos y Anticorrupción había ordenado la cap­tura de estos directivos de la entidad bancaria en el marco de la investigación por presunta lesión de con­fianza y otros delitos finan­cieros derivados de la cri­sis por la falta de solvencia e intervención del mencio­nado banco.

El CEO de ueno bank, Federico Miguel Vázquez Villasanti, se entregó el día de ayer a las 16:00 ante la Policía Nacional, con el que ya suman tres los detenidos por el caso del proceso de diso­lución de la entidad bancaria.

Los abogados Cristóbal Cáceres, Álvaro Cáceres y Víctor Dante Gulino presentaron a su defendido en la sede del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, de la calle Azara casi Estados Unidos, de Asunción.

““Expresamos profunda preo­cupación por la crisis de ueno bank. Miles de ciudadanos no pueden acceder a sus recursos. Nuestra prioridad es proteger a los ahorristas y exigimos al Banco Central del Paraguay garanti­zar los depósitos y restablecer el acceso a los fondos. Deman­damos investigación exhaustiva, incluida la vía penal. Ninguna responsabilidad debe quedar sin investigar”.

“Ante los hechos de público conocimiento registrados en el trans­curso del día, he pedido la renuncia del presidente del Banco Central del Paraguay. Además, acordamos con los presidentes de ambas cámaras del Congreso el tratamiento de un proyecto de ley que autoriza el uso del Fondo de Garantía para iniciar el pago inmediato a los ahorristas. Asimismo, esta ley garantizará la devolución de los fondos públicos, del IPS y de las demás cajas jubilatorias públicas”

“La Vicepresidencia de la República considera imprescindible que las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) actúen con la máxima firmeza, celeridad y rigor ante la delicada situación que atraviesa la entidad ueno bank, colocando en el centro de todas las decisiones la protección de los ahorristas y sus recursos”.

“El dinero de los trabajadores, jubilados y ahorristas no puede quedar a merced de decisiones irresponsables ni de eventuales irregularidades financieras. Detrás de cada cuenta bancaria hay familias, medicamentos que comprar, alimentos que llevar a la mesa y obligaciones que cumplir. La ciudadanía no tiene por qué pagar las consecuencias de errores ajenos”, manifestó el defen­sor del Pueblo.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo exige al Banco Central del Paraguay (BCP) y a las instituciones competentes respuestas inmediatas, información transparente y garantías efectivas para la recuperación de los depósitos, sin someter a los afectados a trámites interminables ni a una incertidumbre injustificada.