Hace apenas dos días que el Ministerio Público informó que durante el 2024 ocurrieron más de 22.000 hechos punibles contra niños y adolescentes, de los cuales 3.500 fueron casos de abuso sexual, cuyas víctimas fueron niñas, quienes estadísticamente son forzadas por algún familiar cercano.
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La regla nuevamente se cumplió, esta vez en la ciudad de San Alberto, en el departamento de Alto Paraná, donde una nena de 12 años fue víctima de abuso sexual y como consecuencia quedó embarazada.
El hecho fue descubierto y la información apunta a que el presunto responsable del abuso sería un joven de 26 años, que sería el hijo de la madrastra de la niña, quien relató que fue víctima sistemática de las violaciones. Como resultado, la menor quedó en estado de gravidez.
Una de las acciones ordenadas por los agentes fiscales que intervienen en el caso fue la inspección médica de la víctima, trámite que se materializó en el Puesto de Salud de San Alberto, donde los facultativos diagnosticaron que la niña estaba con 8 semanas de gestación.
Según informó la Policía Nacional, los datos del presunto abusador ya fueron remitidos a la Fiscalía para que inicie los procedimientos correspondientes.
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En cuanto a la pequeña víctima, para protegerla y recibiera los cuidados adecuados, la Defensoría de la Niñez de Itakyry ordenó que quede a cuidado de una tía paterna.
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Fiscalía solicitó 12 años de prisión para Rivas
El Ministerio Público solicitó formalmente una condena de 12 años de pena privativa de libertad para el exsenador Hernán Rivas, durante los alegatos finales del juicio oral, por la presunta comisión del hecho punible de producción y uso de documentos públicos de contenido falso relacionados con su título de abogado.
Los fiscales de la causa alegan que durante el juicio se probó que el acusado produjo y usó documentación pública de contenido falso, al mentir sobre su condición de abogado para acceder a una matrícula ante la Corte y luego representar a ambas Cámaras del Congreso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Durante el juicio oral resaltaron la gravedad de que Rivas, presuntamente sin haber cursado la carrera de Derecho, haya sido miembro y presidente del órgano juzgador de jueces y fiscales. El fiscal Christian Benítez incluso señaló que este caso se trata de la causa más grave y flagrante sobre la vulneración del orden jurídico en la era democrática.
Ante el Tribunal de Sentencia integrado por María Fernanda García de Zúñiga, como presidenta y los miembros Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, la fiscal Patricia Sánchez señaló que las pruebas producidas durante este juicio permitieron examinar la realidad académica que debía sustentar los documentos que certifican una calidad de abogado titulado.
Carece de historia académica real
La fiscal sostuvo que los certificados y títulos presentados por Rivas carecen de correspondencia con una historia académica real, coherente y justificable. Por lo tanto, remarcó que esos documentos son con informaciones de contenidos falsos.
“Una carrera universitaria deja una secuencia objetiva de hechos, deja huellas, hay una inscripción, hay una matrícula, hay asignaturas cursadas, docentes, constancia de asistencia, exámenes, parciales, habilitaciones de exámenes, trabajo final de grado, egreso y fotos del egreso... Nada de eso tuvimos aquí“, expresó la fiscal Patricia Sánchez, durante el juicio oral.
En conferencia de prensa, el fiscal Christian Benítez, señaló que se trata de una conducta que no solo se realizó en una oportunidad, sino en reiteradas oportunidades y que tiene un impacto a una cuestión que está vinculada a una conducta aislada y el impacto es a la seguridad jurídica de la República del Paraguay.
“Si este no se toma como un caso especialmente grave, entonces cuál sería. Sí utilizar todo el aparato vinculado al ámbito de la Justicia, pero también a instituciones del Ejecutivo, el MEC (Ministerio de Educación y Ciencias) el Poder Legislativo, estamos hablando de un órgano que es parte del Poder Judicial, si usar todos los poderes del Estado para cometer hechos punibles no es un caso especialmente grave, cuándo vamos a estar frente a un caso especialmente grave”, cuestionó.
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Jueza ordenó prisión para el fisioterapeuta investigado por abusar de niños con discapacidad
La jueza Penal de Garantías Lici Sánchez decretó la prisión preventiva de Santiago Luis Guillermo Capello Barreto (42), imputado por abuso sexual en niños en estado de vulnerabilidad. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares, llevada a cabo en el Palacio de Justicia.
Capello Barreto fue detenido debido a que contaba con una orden de captura. El imputado se desempeñaba como fisioterapeuta en un centro de rehabilitación para niños y niñas con discapacidad, lugar donde se registraron los hechos de abuso, según varias denuncias. Hasta el momento se conocen tres víctimas, pero no se descarta que haya más afectados. “Son tres niños con discapacidad. Eran víctimas del señor porque era su fisioterapeuta desde hace años”, revela la investigación.
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Sobre el investigado pesaban dos órdenes vigentes: una detención dictada por el Ministerio Público a fines de julio y una declaración de rebeldía emitida la semana pasada por el Juzgado Penal de Garantías. El 4 de septiembre, el Juzgado Penal de Garantías N.° 5 resolvió no hacer lugar a la impugnación presentada por la defensa, por lo que confirmó la rebeldía y la orden de captura en contra del hombre de 42 años.
Los presuntos abusos habrían ocurrido dentro de una clínica privada de Asunción durante las sesiones de rehabilitación, aprovechándose de la indefensión de las víctimas. A la par, desde el Ministerio de Salud confirmaron que la clínica donde prestaba servicios fue verificada y que los responsables iniciaron los trámites para desvincular al profesional de la institución.
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Jueza impondrá medidas para fisioterapeuta imputado por supuesto abuso
La jueza Lici Sánchez fijó para el mediodía de este martes 8 de setiembre la audiencia de imposición de medidas para el fisioterapeuta Santiago Luis Guillermo Capello, de 42 años, quien se presentó ayer alrededor de las 10:45 en compañía de sus abogados ante la Comisaría 4.ª de Lambaré, donde fue detenido, tras dictarse orden de su captura en la imputación por presunto abuso sexual en niños con discapacidad.
“Se apersonó hasta la oficina de guardia poniéndose a disposición. Al verificar su cédula de identidad, nos salta que el mismo cuenta con dos órdenes de detención, una de la Unidad Fiscal y otra del Juzgado Penal”, comentó la comisaria Alicia Fernández a NPY. Entre las supuestas víctimas del acusado se hallan tres menores de 10, 7 y 5 años, de acuerdo a la denuncia presentada ante la Fiscalía.
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Sobre el acusado pesaban dos órdenes vigentes: una detención dictada por el Ministerio Público a fines de julio y una declaración de rebeldía emitida la semana pasada por el Juzgado Penal de Garantías. El 4 de septiembre, el Juzgado Penal de Garantías n.° 5 había resuelto no hacer lugar a la impugnación presentada por su defensa, confirmó la rebeldía y orden de captura en contra del hombre de 42 años.
Los presuntos abusos habrían ocurrido dentro de una clínica privada de Asunción durante sesiones de rehabilitación, aprovechándose de la indefensión de sus víctimas. A la par, desde el Ministerio de Salud confirmaron que la clínica donde prestaba servicios fue verificada y que los responsables iniciaron los trámites para desvincular al profesional de la institución.
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Ordenan captura de fisioterapeuta imputado por abuso sexual infantil
En las últimas horas se impartió orden de captura para Santiago Luis Guillermo Capello Barreto (42), acusado de abuso sexual en niños en estado de vulnerabilidad. El mismo se desempeñaba como fisioterapeuta en un centro de rehabilitación para niños y niñas con discapacidad en donde se registraron los hechos de abuso, según varias denuncias.
“Ayer (jueves), el juzgado a cargo emitió la orden de detención y rebeldía de este señor que hasta el momento está prófugo”, indicó Fredy Ocampos, representante legal de una de las familias denunciantes, en diálogo con el programa Tiran Bombas de la 1020 AM.
Son tres las víctimas conocidas, pero no se descarta que haya más afectados. “Son tres niños con discapacidad. Eran víctimas del señor porque era su fisioterapeuta desde años”, precisó el defensor. El abogado resaltó que tanto el Juzgado como la Fiscalía y la parte querellante llevan a cabo una tarea investigativa en conjunto resguardando la integridad e identidad de los niños.
“Tuvimos bastantes inconvenientes de parte de la defensa (del acusado), quien estaba litigando de forma clandestina, presentando recursos sin haberse puesto a disposición teniendo una orden de captura”, refirió. El presunto abusador habría cometido los hechos, aprovechándose de la confianza de los familiares, atendiendo a que “es una clínica de rehabilitación, donde los padres hace años llevaban a sus hijos al lugar para tratamiento de fisioterapia”, indicó.
Las víctimas quedaban a cargo del supuesto agresor sexual porque “normalmente, los padres no ingresaban al consultorio donde realizaban la fisioterapia”, explicó el abogado. Los abusos fueron mucho más allá de los manoseos. “Hubo abuso según el relato del menor y las menores también coinciden en su relato”, puntualizó.
Están trabajando en forma coordinada con la Fiscalía para reunir elementos que demuestren que existieron esos hechos. La clínica también tiene la responsabilidad porque “tenía que tener los medios necesarios para resguardar la integridad de los menores que eran sus pacientes”, apuntó. Se trata del centro de rehabilitación A pasitos, ubicado sobre la calle Benigno Ferreira de nuestra capital, donde también trabaja la esposa del imputado.
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