Este sábado, desde el Ministerio de Justicia informaron que lograron frustrar un intento de fuga de cuatro reclusos que forman parte del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC), que se encuentran en la penitenciaría de Villarrica. Esto luego de que presentaron un oficio judicial falsificado en el que se ordenaba la liberación de los internos.
Según el reporte dado desde la institución, los papeles falsos se presentaron durante la tarde de ayer viernes. El Ministerio Público recibió el oficio judicial de liberación, en el marco de un habeas corpus, que tenía las firmas de la jueza Lilian Flores y de la actuaria Anahí Ayala, sin embargo, lograron descubrir que estas eran falsas.
“La tentativa obedece a que ayer (31 de enero), en horas de la tarde, fue presentado un oficio apócrifo”, comunicaron en redes sociales del ministerio. Resaltaron que decidieron hacer el pedido para analizar estos documentos, ante las fuertes sospechas de que podría tratarse de un documento falso.
“Se iniciaron los trámites pertinentes de verificación de datos constatándose la falsedad documental. Se detectó y evitó la liberación de personas privadas de libertad ligadas al Primer Comando Capital (PCC), recluidas en la Penitenciaría Regional de Villarrica”, informaron.
El caso sobre presentación del oficio judicial falsificado en el marco de un supuesto habeas corpus quedó en manos de la fiscal de Villarrica, Gladys Giménez. “Todo están en plena etapa de investigación hasta el momento aún se desconoce la identidad de las personas involucradas”, señalaron.
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Condenan a integrantes del PCC por caso derivado del asesinato en Ja´umína Fest
Un tribunal de sentencia condenó a 12 años de cárcel a Alcides De Jesús Villasboa Peralta, a 8 años de pena privativa de libertad a Milcíades Pedra Gómez, y a 4 años de cárcel a Elio Balvino Ovelar Espinoza, quienes fueron juzgados por hechos relacionados al narcotráfico en la investigación abierta como derivación del caso Ja’umína Fest.
El colegiado de sentencia que condenó a los tres acusados estuvo integrado por Pablino Barreto, Inés Galarza y Juan Dávalos, quienes mencionaron que se logró demostrar la responsabilidad de cada uno de los procesados en el presente caso, por eso la pena justa es la mencionada más arriba.
La presente causa se dio inicio luego del asesinato de Marcos Ignacio Rojas Mora y la influencer Cristina «Vita» Aranda, esposa del jugador Iván Torres, ocurrido el 30 de enero de 2022, en el anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino.
El representante del Ministerio Público Juan Carlos Sandoval durante la exposición de los alegatos finales solicitó al tribunal de sentencia la pena de 12 años para Peralta Villasboa, alias Ropero; 10 años para Gómez, alias Oso Riquillo, y 13 años para Balbino Ovelar, alias Titán. Todos fueron acusados por comercialización de sustancias estupefacientes, y asociación criminal.
Por su parte, la defensa de los condenados estudiará si corresponde apelar el fallo judicial y si apelan será un tribunal de alzada el que tendrá que analizar si corresponde confirmar la sentencia condenatoria o disponer que se realice un nuevo juicio oral y público.
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Inversionista austriaco desembarca en Paraguay para impulsar proyecto forestal en Villarrica
El empresario Klaus Kotschy, a través de la empresa Microcultura SRL en proceso de constitución, apuesta al desarrollo sostenible en el sector forestal, ofreciendo producción de plantines de calidad y acompañamiento técnico para la reforestación y restauración de suelos degradados en la región.
En línea con el creciente interés que genera Paraguay como destino de inversiones comprometidas con la sostenibilidad, Villarrica será sede de una nueva apuesta internacional con alto impacto ambiental y productivo. Se trata del proyecto Microcultura SRL, una iniciativa liderada por el inversionista austriaco Klaus Kotschy, para integrarse al ecosistema forestal del país.
La inversión inicial anunciada es de USD 72.639, aunque se estima que la cifra será considerablemente mayor a medida que se consolide la estructura operativa y se amplíen los servicios en el territorio nacional.
Esta nueva firma busca ofrecer soluciones innovadoras en la producción de plantines de alta calidad genética, junto con servicios técnicos especializados para el manejo sostenible de tierras.
Ernesto Rojas, director de Inversiones y Regímenes Especiales en SUACE, señaló que la decisión del empresario surge tras un estudio de mercado que evidenció una alta demanda de servicios forestales, particularmente vinculados a la restauración de suelos degradados, cumplimiento de normativas ambientales y programas de compensación de carbono.
“El proyecto de Microcultura SRL apunta a cerrar esta brecha, combinando la provisión de plantines de calidad con asistencia técnica y seguimiento sostenible en regiones con altos índices de deforestación y escasa cobertura institucional”, detalló Rojas.
Asimismo, Rojas explicó que el proyecto se desarrolla en alianza con la empresa paraguaya La Rivera, propiedad de Andreas Jelinek, que ya opera en el rubro de forestación, reforestación y ganadería en la región de Villarrica.
Con esta iniciativa, Paraguay suma un nuevo emprendimiento de capital extranjero con impacto ambiental positivo, en una región estratégica para el desarrollo forestal sostenible, reafirmando su atractivo como destino para inversiones comprometidas con la sostenibilidad y el desarrollo territorial.
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Procesan a productores por retención ilegal de 2,4 millones de kilos de granos
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Víctor Adolfo Santander, titular de la Unidad Penal 4 de Hernandarias, imputó a dos productores, uno brasileño y otro paraguayo, por haber fraguado, presuntamente un contrato privado para quedarse con 773.500 kilos de soja y 1.657.500 kilos de maíz (2.431.000 kilos).
Se trata de Doacir Bianchet (63) y Gervacio Galeano Coronel (45), procesados por la supuesta comisión del hecho punible contra la prueba documental (producción mediata de documentos públicos de contenido falso). La imputación fue presentada ayer lunes 14 de julio de 2025, a las 10:00.
No obstante, a las 12:55, la defensa de los procesados recusó al representante del Ministerio Público. De acuerdo a la denuncia y la investigación fiscal preliminar, ambos procesados habrían simulado un contrato de arrendamiento de inmuebles rurales con financiamiento de siembra, suscrito ante la escribana Gladys Beatriz Chaparro de Arenhs, en fecha 15 de enero de 2025.
En el documento, el señor Doacir Bianchet, en su carácter de representante de la firma Agrofort Agropecuaria S.A., de la cual es propietario, habría alquilado tres fracciones de terreno ubicados en el distrito de Itakyry (Fracción C1, padrón 5708; Fracción C2, padrón 5709, y Fracción C3, padrón 5710), a favor del coimputado Gervacio Galeano Coronel, por un plazo de dos años.
Sin embargo, desde el año 2022 los citados inmuebles se encontraban en posesión efectiva de la firma A.N.R. S.A., conforme a un contrato de arrendamiento suscrito con Inversiones Agrícolas S.A. en fecha 14 de septiembre de 2022. El contrato seguía vigente y la empresa afectada continuaba abonando el alquiler correspondiente.
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Inicio de juicio contra empresa
A pesar de esa situación, el 18 de enero de 2025, el señor Bianchet, en nombre de Agrofort Agropecuaria S.A., inició un juicio contra A.N.R. S.A. sobre ejecución para que entregue la posesión del inmueble.
El 27 de mayo de 2025, la firma Agrofort presentó otra demanda, esta vez contra el señor Galeano Coronel, solicitando el embargo preventivo de los cultivos de soja y maíz supuestamente sembrados por este en los inmuebles mencionados.
La acción civil, tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Presidente Franco, a cargo de la jueza Cynthia Pineda Morel, dio lugar a una resolución el 30 de mayo de 2025, mediante la cual se concedió la medida cautelar de intervención judicial sobre 773.500 kilos de soja y 1.657.500 kilos de maíz, designando como interventora a la firma Agrofort, con facultades para contratar personal y realizar la cosecha.
Asimismo, se decretó el embargo preventivo y secuestro de los granos, que fueron entregados a Agrofort en calidad de depositario judicial en fecha 31 de mayo de 2025, durante un procedimiento llevado a cabo por el oficial de Justicia Mario Peralta.
A raíz de estos hechos, el representante legal de A.N.R. S.A. presentó ante el Ministerio Público documentos que acreditan que la empresa tenía la posesión legal y pacífica de los inmuebles desde 2022, realizando actividades agrícolas bajo un contrato de arrendamiento.
Compra de tierras
Tras la compra de las tierras por Agrofort a Inversiones Agrícolas S.A. el 15 de febrero de 2024, mediante escritura pública otorgada ante la escribanía de Dilson Gilmar Fulber en San Alberto, Agrofort asumió dicho contrato.
En ese contrato de compraventa se dejó expresa constancia de que la posesión directa no sería exigible a la vendedora, y que la compradora (Agrofort) asumía la responsabilidad de gestionar la desocupación ante eventuales ocupantes.
No obstante, en lugar de accionar contra A.N.R. S.A. por vía ordinaria, Agrofort celebró un nuevo contrato ficticio con el señor Galeano Coronel y utilizó ese documento como sustento para iniciar una segunda demanda de ejecución.
De esta forma, la Fiscalía presume que los imputados habrían intentado dar apariencia de legalidad a una relación contractual inexistente, con la finalidad de despojar de forma irregular a A.N.R. S.A. de los cultivos sembrados legítimamente en los terrenos.
Ante esto, el fiscal Santander decidió imputar a los presuntos responsables por la producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
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Un menor de 17 años murió en medio de un enfrentamiento entre pandilleros
Un menor de 17 años falleció este sábado en medio de un enfrentamiento entre integrantes del Clan Rotela y el Primer Comando de la Capital (PCC). Los miembros de ambos grupos criminales se tomaron a tiros en plena vía pública en Villa Bonita, de la ciudad de Villa Elisa.
La hermana del fallecido, cuya identidad no se reveló, afirmó que otro hermano ya había sido asesinado en similares circunstancias.
“Mi hermano fue asesinado en un doble sicariato que fue en Puerto Pabla y se quedó impune porque esos trabajan con ellos. Y ahora pasó lo de la moto, mi hermano sale ahí y le dispararon dos tiros”, relató la joven a C9N.
Sé quejó de que tras el suceso pasaron varios vehículos, pero ninguno quiso parar para auxiliar al herido. “Queremos justicia para mi hermano y que esto no quede impune. Vamos a mostrar todos los videos”, manifestó.
Recordó que el asesinato de su otro hermano se produjo hace ocho meses y ahora otro integrante de su familia nuevamente es víctima de sicariato.
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“Los del Clan Rotela, del Oeste mataron a mi hermano. Esos son, nosotros los reconocemos: Rubén Lambi y Lucas Genes”, aseveró.
La mujer dijo que “siempre matan a inocentes y vienen a gatillar. Y los de la 17 no hacen nada porque ellos pagan todo”, acusó.
En cuanto a las circunstancias del crimen, la joven manifestó que su hermano estaba en la casa y, cuando salió a la calle, le dispararon directo al corazón.
“Ellos siempre vienen a desafiar a mi hermano. Cuando mi otro hermano falleció, ellos en 8 días ya vinieron a hacer disparos. Y ya no da más gusto, legalmente porque dos hermanos ya estoy perdiendo. Y los de la 17 no hacen nada”, subrayó.
La víctima fatal fue identificada como Jorge Ariel González Pereira, quien sería integrante del PCC y contaba con antecedentes por robo agravado y asociación criminal, según la Policía.
A su vez, el comisario Gustavo Escobar dio detalles de la intervención policial. “Hoy a las 17:00 horas recibimos el reporte del sistema 911 de la Policía Nacional sobre disparos de arma de fuego en la calle Ypacaraí, a dos cuadras de Defensores del Chaco. El cuerpo fue auxiliado por familiares; es un menor de 17 años que, al llegar al hospital, nos comunicaron que ya falleció. Estamos en pleno procedimiento”, indicó.
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