• Jorge Zárate
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Desde hace 15 años, Guyra Paraguay contribuye a la conservación en fincas de pequeños productores en la colonia La Amistad, en el departamento de Itapúa. Allí 26 beneficiarios recibieron incentivos económicos por conservar remanentes de bosques altos dentro de sus fincas. Esto ayuda a proteger al menos a 336 especies de aves, una biodiversidad de alto valor y ayuda un poco a mitigar los efectos del cambio climático.

Una naviera de Singapur compensa sus emisiones de carbono financiando un proyecto de protección de bosques en Paraguay. Lo administra Guyra Paraguay en alianza con su asociado inglés World Land Trust y es el primero que ingresa en el marco internacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+).

“Este mecanismo contribuye al fortalecimiento de los medios de vida locales, impulsa la protección de ecosistemas clave y promueve el desarrollo de capacidades en prácticas agrícolas y seguridad alimentaria. Además, favorece el arraigo de las familias mediante la titulación de tierras”, resume la organización.

Francesca Lozio, directora ejecutiva de Guyra Paraguay, entiende que “el modelo podría escalar a un número mayor de productores en el mediano plazo, especialmente en el paisaje de San Rafael y otros remanentes del Bosque Atlántico” que requieren protección.

Según entiende, esta iniciativa “posiciona a Paraguay en una agenda global donde la conservación se vincula directamente con la mitigación del cambio climático, la biodiversidad y la apertura al financiamiento internacional”.

También que “el desafío hacia adelante es escalar este modelo a nivel de paisaje, manteniendo la integridad ambiental y social que ha caracterizado al proyecto desde sus inicios”.

–¿Cuáles son los principales resultados de estos 15 años del proyecto de Conservación de Bosques del Paraguay?

–A nivel territorial, el proyecto ha logrado integrar enfoques complementarios: la conservación de bosques altoparanaenses, el apoyo a la titulación de fincas a través de acuerdos interinstitucionales entre Guyra Paraguay y el Instituto de la Tierra (Indert), la mejora en la calidad de vida de los beneficiarios mediante pagos por servicios ecosistémicos (PSE) anuales, el fortalecimiento de capacidades para optimizar la producción agrícola y la seguridad alimentaria, así como la protección de especies de alto valor de conservación.

–Estos 26 beneficiarios ¿son nuevos o ya venían recibiendo incentivos?

–Los 26 beneficiarios y sus familias corresponden a un grupo que viene siendo acompañado por el proyecto desde hace varios años. El esquema se desarrolla en Itapúa desde 2010. El proyecto tiene impacto en cuanto a la continuidad en el tiempo y desde Guyra Paraguay estamos comprometidos en un proceso sostenido de largo plazo, que es justamente uno de los mayores logros del proyecto.

–¿A cuántos beneficiarios se podría ampliar en el mediano plazo?

–El potencial de crecimiento es significativo. Podría extenderse a todas las colonias campesinas del Indert en el área del Bosque Atlántico porque se utilizó una metodología agrupada del Verified Carbon Standard (VCS). La experiencia demuestra que el modelo funciona y su expansión depende principalmente de la demanda de créditos de carbono en el mercado (voluntario o mercado regulado), la disponibilidad de financiamiento climático y la articulación con políticas nacionales.

–¿En cuánto ayuda a la reserva San Rafael la protección de estos terrenos?

–El aporte es estructural y estratégico. El Complejo de Conservación Guyra Retã, propiedad de Guyra Paraguay, con 6.327 ha, se encuentra dentro del área propuesta para el Parque Nacional San Rafael y funciona como un núcleo de conservación dentro de un sistema mayor. A ello se suma la conservación en fincas privadas mediante esquemas de pagos por servicios ecosistémicos (PSE), lo que permite generar zonas de amortiguamiento efectivas, reducir la presión sobre el bosque remanente y mantener funciones ecológicas clave.

–¿Cómo impacta esta situación en la posibilidad de generar un corredor para aves y fauna en general?

–Impacta de manera directa y significativa. Trabajamos con un enfoque de paisaje que integra reservas propias, como el Complejo de Conservación Guyra Retã, con fincas privadas bajo esquemas y prácticas de manejo orientadas a la conservación, en articulación con productores y comunidades locales. Este enfoque permite estructurar corredores biológicos funcionales. En el marco de proyectos implementados con productores, se han diseñado corredores que conectan áreas protegidas a través de reservas forestales en propiedades privadas, lo cual resulta clave para la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de procesos ecológicos.

Entre 2017 y 2022, mediante la implementación del Plan de Monitoreo de Biodiversidad, se registraron un total de 336 especies de aves, equivalente al 76 % de las especies conocidas en la zona. De acuerdo con la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se identificaron especies en distintas categorías de amenaza, incluyendo dos en peligro (EN), cuatro vulnerables (VU) y cuatro casi amenazadas (NT).

A nivel nacional, según la Resolución Mades N.º 254/2019, se registraron 59 especies amenazadas de extinción y 11 en peligro crítico dentro del área de influencia del proyecto.

La organización entiende que el Proyecto de Conservación de Bosques “evidencia resultados netos positivos a través de esquemas de pagos por servicios ecosistémicos vinculados a la protección de bosques nativos y especies de alto valor de conservación, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático y generando beneficios netos para la biodiversidad”.

La Cámara de Diputados convocará a una audiencia pública para debatir sobre la modificación de algunos artículos de la ley que protege los médanos del Chaco.

El anuncio fue realizado por el diputado José Rodríguez, tras reunirse este jueves con representantes de la World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la Naturaleza) WWF -por sus siglas en inglés-.

Estuvieron presentes Oscar Rodas, destacado especialista en gestión ambiental, actualmente director de Cambio Climático y Políticas Públicas de WWF Paraguay, con más de 30 años de experiencia, y Patricia Roche, especialista en proyectos, directora y representante país de la referida fundación.

Sobre el punto, el legislador colorado adelantó que se convocará a los sectores involucraos que tendrán la oportunidad de dar a conocer sus pareceres y aspectos técnicos que deben ser considerados en el proyecto.

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Vale mencionar que la Ley Nº 5723/2016 fue diseñada para garantizar la conservación de uno de los ecosistemas más singulares del Chaco paraguayo, asegurando la protección de su biodiversidad y características naturales.

Sin embargo, de acuerdo con el legislador, la evolución del contexto económico, energético y tecnológico del país ha generado la necesidad de revisar ciertos aspectos legales que permitan compatibilizar la conservación ambiental con un aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

Es así que el proyecto propone introducir cambios que autoricen, de manera excepcional y bajo estrictos estándares ambientales, la realización de actividades de prospección y exploración de recursos hidrocarburíferos y minerales dentro del Parque Nacional.

“La intención no es desnaturalizar la protección del área, sino dotar al Estado de herramientas normativas modernas que permitan una gestión flexible basada en criterios técnicos y supervisión del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES”), fundamenta el proyecto de ley.

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El vicepresidente y presidente en ejercicio, Pedro Alliana, destacó que la protección y restitución de los derechos de los pueblos originarios son un compromiso fundamental del Gobierno del Paraguay y el eje central de la gestión en la Comisión Interinstitucional para el cumplimiento de Compromisos Internacionales en materia de Derechos Humanos (CICSI).

Al respecto, desde la Vicepresidencia de la República informaron que el Estado paraguayo coordina acciones para cumplir los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, en las comunidades Yakye Axa y Xákmok Kásek. En ese marco, se llevó a cabo una mesa de trabajo interinstitucional encabezada por la directora general de Derechos Humanos, María Teresa Peralta, y el director de Cumplimiento de Sentencias Internacionales, Santiago Ammatuna.

​El encuentro reunió a representantes convencionales de las comunidgdes indígenas Yakye Axa y Xákmok Kásek, junto con referentes estratégicos del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

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Durante la reunión, se definieron pasos críticos para garantizar los derechos territoriales y la calidad de vida de las comunidades, destacándose los siguientes puntos:

• ​Titulación de tierras: avances técnicos en los trabajos de mensura, paso fundamental para la seguridad jurídica de sus territorios.​ Infraestructura y acceso: gestiones para asegurar la transitabilidad permanente del camino de acceso a la comunidad Yakye Axa.
• ​Conectividad: acuerdos sobre el reglamento interno para el uso de caminos de interconexión.
• ​Reparación simbólica: revisión de la propuesta estatal para la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.

​“El objetivo central es articular de manera efectiva las acciones del Estado para honrar los compromisos asumidos ante los organismos internacionales y asegurar el bienestar de las familias indígenas", señalaron las autoridades durante el cierre de la jornada.

​Como conclusión de la mesa de trabajo, las instituciones presentes resolvieron potenciar la capacidad de gestión del Indi en coordinación directa con los ministerios competentes. Esta sinergia busca eliminar trabas burocráticas y dar cumplimiento efectivo a los puntos acordados, reafirmando la voluntad del Estado de saldar las deudas históricas con ambas comunidades.

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Este martes, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna) confirmó que el decreto que fue firmado por el presidente de la República, Santiago Peña, será altamente efectivo porque brindará una protección integral a todos los niños y adolescentes, además, busca prevenir el abuso sexual.

Ayer lunes, el presidente de la República reglamentó el decreto n.º 5970, que establece la aplicación de la Ley n.º 6202/18 y crea el Programa Nacional de Prevención y Atención Integral a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual.

“Se toma una decisión política muy importante en el combate frontal contra uno de los crímenes más graves que puedan existir: el abuso sexual infantil. Esta ley va a posibilitar que la atención sea mucho más efectiva”, expresó el ministro Walter Gutiérrez, en conferencia de prensa.

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Afirmó que para lograr esta protección deben trabajar familia, la sociedad y el Estado, para abordar la problemática para que no suceda y en el caso de que se dé para dar respuesta. “Cuando hablamos de la atención de casos tenemos a Salud, la educación, protección social y la Justicia, porque esta última juega un rol tan importante y fundamental. Que esa protección sea inmediata y la restitución de los derechos”, indicó.

Agregó que el éxito en la protección integral de la niñez y la adolescencia radica en el trabajo articulado que se realice en los distintos sectores. “La gente sabe que tienen que denunciar y dónde, porque existen más bocas receptoras para las denuncias. Eso es fruto del esfuerzo de la sociedad”, puntualizó.

El decreto fue elaborado con participación del Minna, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de la Mujer. La implementación se hará a través de gobernaciones, secretarías departamentales, oficinas regionales, Codenis y escuelas.

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