Ante las posiciones encontradas que existen en torno a la ley que crea la unificación de los costos de las patentes en los diferentes municipios del país, varios intendentes solicitaron a través de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) modificar la norma y que el proyecto pueda ser estudiado y, por sobre todo, buscar una forma de equiparar los costos al menos de manera gradual.
Óscar Cabrera, presidente de la Opaci, destacó que uno de los puntos que genera mayor conflicto dentro de la unificación son los costos que se igualan no por modelo o gama de vehículo, sino por el año del mismo, dejando de lado la variante que, si bien pueden ser del mismo año, no cuestan lo mismo y por ende no pueden tributar lo mismo.
“No fue la Opaci quien propuso este proyecto de ley. Además, en honor a la verdad, hay colegas que están de acuerdo con la unificación y hay colegas que no están de acuerdo; cada uno tiene sus intereses. Como cualquier ley, ordenanza o artículo que se pueda estudiar, siempre hay modificaciones que se pueden ir haciendo”, dijo Cabrera a la 780 AM.
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El mismo enfatizó en que existen muchos ítems que pueden ajustarse para categorizar mejor las tributaciones y de esa manera que el sistema sea favorable para el contribuyente, ya que finalmente lo que se busca es fidelizar a la comunidad de cada municipio y que ya no exista fuga de tributos hacia otras ciudades.
“En cuanto a la unificación, yo creo que en algún momento se debe hacer. No puede ser que un municipio cobre 50.000 guaraníes y otro municipio 500.000 guaraníes por el mismo tipo de vehículo. Esta ley tiene muy buenas intenciones. Dentro de esto está el registro único de habilitación, que nos va a permitir tener la identificación de quién tiene el vehículo”, precisó en otro momento el presidente de la Opaci.
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RUN resolvió el 82 % de los trámites recibidos en sus primeros cinco meses de funcionamiento
A cinco meses de su puesta en marcha, el Registro Unificado Nacional (RUN) procesó más de 212.000 documentaciones relacionadas con inmuebles y logró resolver unas 175.000, lo que representa aproximadamente el 82 % de los trámites ingresados.
Así lo informó la gerente del RUN, Lourdes González, quien destacó que el nuevo sistema permitió avanzar en la modernización de los procesos registrales y catastrales del país. La implementación del RUN constituye una de las reformas institucionales más importantes de los últimos años en materia de administración de la propiedad inmueble.
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La creación de este sistema busca reducir la burocracia, agilizar los trámites vinculados a compraventas, hipotecas, transferencias y regularización de propiedades, además de mejorar la seguridad jurídica para ciudadanos, empresas e inversionistas.
Según explicó González, pese a los cuestionamientos que surgieron durante el proceso de transición, las operaciones inmobiliarias nunca se paralizaron. “La transacción inmobiliaria en Paraguay no se detuvo en ningún momento”, afirmó a la 1330 AM, al referirse a las preocupaciones iniciales planteadas por algunos sectores del mercado.
Uno de los principales desafíos encontrados al inicio de la gestión fue la acumulación de expedientes heredados de administraciones anteriores. La gerente reveló que el RUN recibió una “mochila” de aproximadamente 15.000 documentos pendientes de procesamiento. Entre esos casos se detectaron incluso dos gavetas con cerca de 1.200 expedientes correspondientes al año 2022 que no habían registrado ningún movimiento administrativo durante años.
La situación evidenció problemas históricos dentro del sistema registral paraguayo, caracterizado por retrasos, duplicidad de procesos y una fuerte dependencia de procedimientos manuales.
No obstante, González advirtió que el éxito de la reforma dependerá en gran medida de la inversión que el Estado realice en tecnología e infraestructura. Señaló que el RUN inició sus operaciones sin contar con los recursos presupuestarios previstos originalmente por la legislación que creó la institución. “Si no se apuesta a una fuerte inversión tecnológica y de infraestructura física, esto va a ir mucho más en el tiempo”, sostuvo.
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UIP recuerda que el salario mínimo es referencia y su análisis debe ser criterioso
Desde hace meses, el Consejo Nacional de Salario Mínimo (Conasam) mantiene reuniones con representantes del sector empresarial, trabajadores y gobierno para evaluar y eventualmente modificar las herramientas que se utilizan para reajustar el salario mínimo.
Al respecto, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, recordó que el concepto de “salario mínimo” es una referencia, un piso, y que la evaluación de su reajuste debe hacerse con estadísticas en mano, de acuerdo a su comportamiento.
“Nuestra macroeconomía estable y bien ponderada por muchos, se basa en la información y en toda esa estructura y seriedad que se ha ganado el Banco Central del Paraguay (BCP) a través de su independencia y política monetaria. Acá no hay que buscar argumentos que no coincidan con la realidad”, aseveró a la 780 AM.
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Enrique Duarte resaltó que, si hubiera necesidad, todos los actores industriales deben sentarse y buscar una salida, pero que se debe evitar que el impacto final recaiga lo menos posible en el empleo formal y la economía paraguaya “que ya bastante sufre por su mediterraneidad”.
En ese marco, también mencionó que la economía se mide con indicadores reales. Dijo que la UIP celebra buenos niveles de empleabilidad y que la no empleabilidad laboral está hoy en torno al 3 %, destacando que este valor es quizás de los menores en toda Latinoamérica.
Finalmente, enfatizó que la economía y la sociedad paraguaya cambiaron radicalmente en los últimos 30 años; por lo tanto, las mediciones también.
“Si comparamos con el inicio de los años 90, la familia tradicional paraguaya se conformaba con 6 personas y solo una trabajaba. Hoy, esa familia se constituye con 3.2 personas en promedio. Entonces, hay muchos factores que se deben mirar y definir qué está bien y qué está mal. Tenemos que hacer un análisis con la seriedad que esta situación demanda”, sintetizó.
Inflación
La inflación interanual a mayo de 2026 es de 2,4 %, según el último reporte del BCP, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por ende, el aumento del salario mínimo debería ser G. 69.577, elevando el piso a G. 2.968.625. Hoy es de G. 2.899.048.
La propuesta de reajuste debe ser elaborada por el Conasam y remitida al Poder Ejecutivo, antes de que finalice junio, ya que debe entrar en vigencia desde el 1 de julio de 2026.
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La IA se encarece y las empresas ajustan su uso, tras boom inicial
La inteligencia artificial (IA) se encarece cada vez más, y las empresas empiezan a replantearse su entusiasmo por esta tecnología disruptiva. Tras la irrupción del ChatGPT, las empresas del sector adoptaron una estrategia habitual en Silicon Valley: cobrar precios muy bajos para enganchar a los clientes. Kevin Simback, de la incubadora de start-ups Delphi Labs, lo llama la era de la “inteligencia subvencionada”, una etapa en que los inversionistas asumían básicamente el costo para que las empresas pudieran ofrecer IA a precios reducidos.
“Pero eso está cambiando”, advirtió Simback. Ha comenzado una era en la que las grandes empresas de IA necesitan realmente ser rentables. De hecho, compañías líderes como OpenAI y Anthropic buscan salir a bolsa a finales de este año. Los precios están subiendo en todos los segmentos, y uno de los grandes motivos son los agentes de IA.
A diferencia de un chatbot que solo responde preguntas, los agentes realizan tareas específicas: reservan citas, escriben código o gestionan archivos. Y son caros de ejecutar, porque una única tarea puede activar a decenas de agentes que trabajan a la vez, y cada uno suma costos. Esos cargos se miden en “tokens”, la unidad básica que usan las empresas de IA para facturar a los clientes. Una sola tarea impulsada por agentes puede consumir decenas de veces más tokens que un simple mensaje de chat.
Mientras tanto, los chips informáticos y los centros de datos necesarios para respaldar toda esta IA no dan abasto con la demanda, lo que provoca escasez de capacidad de cómputo y añade aún más incertidumbre a un sector incipiente. “El costo de uso de la IA para la programación ha aumentado de forma exponencial”, señaló Mark Barton, de la consultora tecnológica Omniux.
Ante este nuevo paradigma, algunos cuestionan el despliegue a mansalva de la IA.
“En algunos casos, se está viendo que el coste de los tokens supera el coste del empleado en uno o dos meses, simplemente porque la usan demasiado”, señaló Jack Gold, analista de J.Gold Associates.
Un gasto más inteligente
Incluso Meta —que a principios de este año animaba a los empleados a usar tantos tokens como fuera posible como medida de productividad— ha revisado su postura.
“Nadie debería usar herramientas de IA solo por el hecho de usarlas”, escribió el director de tecnología, Andrew Bosworth, en un memorando al personal citado por The Wall Street Journal.
El director de operaciones de Uber fue más allá esta semana y dijo que todo este gasto en IA no muestra ningún aumento apreciable de productividad.
Para recortar costos, algunas empresas optan por modelos de IA gratuitos y de código abierto que cualquiera puede descargar. No son tan potentes como el ChatGPt de OpenAI o el Claude de Anthropic, pero son suficientes para muchas tareas.
Otras eligen modelos más pequeños y especializados (los SLM, Small Language Models), diseñados para sectores concretos como el inmobiliario o las finanzas, en lugar de los grandes modelos de propósito general (los LLM, Large Language Models), base del ChatGPT, Claude o Gemini.
La diferencia de precio puede ser abismal.
“El gran modelo monolítico cuesta 15 dólares por millón de tokens, pero uno puede reducirlo a unos cinco centavos si usa el modelo más pequeño”, explicó Adrian Balfour, de la consultora Enverso.
Todo apunta a que la IA tenderá a convertirse en un insumo básico, donde el modelo específico pesará menos que su costo y su adecuación a cada uso. Pero no conviene descartar todavía a los modelos de última generación de los grandes actores. “Los usuarios más avanzados” siempre estarán dispuestos a pagar por lo mejor, aseguró John Belton, de Gabelli Funds. “La tarta es cada vez más grande”, agregó.
Fuente: AFP.
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Dionisio Amarilla denuncia millonario cobro para internas del PLRA trasladados a movimientos
El senador liberal Dionisio Amarilla denunció públicamente una supuesta exigencia económica relacionada con la organización de las internas partidarias, señalando directamente a autoridades vinculadas al proceso electoral. En su denuncia señala que supuestamente el titular saliente del PLRA, Hugo Fleitas, estaría pretendiendo que los movimientos internos asuman un gasto promedio de G. 6.000.000 por cada institución educativa utilizada como local de votación.
El legislador presentó el memorándum remitido por la coordinadora de local y delegado electoral del TSJE, dirigido al Comité Liberal y representantes apoderados de los diferentes movimientos del PLRA, en el cual se presenta el Presupuesto de los gastos previstos para la jornada de las elecciones internas partidarias previstas para el 7 de junio próximo,
El líder político del movimiento Diálogo Azul, Lista 100, cuestionó que bajo el concepto de limpieza de colegios, provisión de prolongadores eléctricos, alquiler de mesas, sillas y toldos, además de materiales como papel, bolígrafos, papeles higiénicos entre otros elementos, se estaría requiriendo una suma que totaliza G. 7.217.000, según detalla el documento.
Ante este requerimiento, Amarilla cuestionó además, que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) no contemple ciertos elementos logísticos básicos dentro de la provisión de las máquinas de votación. “Si el TSJE pone las máquinas, mínimamente debe incluir los prolongadores. Además, si se trata de una elección prevista por ley, constituye una carga pública para las instituciones donde el TEI dispuso la realización de los comicios”, expresó.
El senador Amarilla también pidió una aclaración urgente a los ministros del TSJE sobre los montos que, según denunció, estarían siendo solicitados por funcionarios electorales asignados como coordinadores. “Estamos hablando de aproximadamente G. 1.500 millones que se estarían pidiendo en total”, afirmó.
Finalmente, Amarilla sostuvo que estos supuestos gastos incluso superan el apoyo económico que muchos movimientos brindan a sus candidatos distritales.
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