La viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Andrea Picaso, se refirió acerca de la entrada en vigencia de la ley 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil. La funcionaria aclaró que la nueva norma respeta los derechos adquiridos por parte de los servidores públicos a lo largo de los años.

“Esta ley respeta los derechos adquiridos, ninguna ley puede ser retroactiva. Es una nueva norma y siempre hay una natural resistencia a los cambios frente a algo nuevo. El respeto a los derechos adquiridos del servidor público es el principio sobre el cual se construyó esta nueva norma. Acá no se habla de situaciones que serán desvinculados o que se dará una desvinculación masiva o total, no es el caso", dijo.

En una entrevista con el programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, Picaso mencionó que "el punto de partida de esta ley reconoce la autonomía de las instituciones, las mismas podrán reglamentarla. No es que el Ministerio de Economía tendrá que homologar un reglamento de un municipio“.

La nueva normativa entró en vigencia este 16 de julio último y tiene como finalidad promover una administración pública más eficiente, profesional y orientada al mérito. Con esta normativa se deroga la ley n.º 1.626/2000, de la Función Pública.

“Esta ley alcanza a todas las instituciones públicas, esto es un cambio significativo, es un nuevo diseño de la normativa porque la anterior, la 1.626/2000 durante más de 20 años sufrió numerosas acciones de inconstitucionalidad, lo que quiere decir que no era aplicada en muchas instituciones públicas”, mencionó.

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Picaso sostuvo que “otro elemento importante a destacar es la carrera civil, ya que Paraguay no contaba con esto. No había criterios sobre como sería la trayectoria laboral de un servidor público, para ir a lo largo del tiempo teniendo su mejora salarial, como se dan los ascensos. Esta Ley define los criterios para que nuestro país tenga por fin una carrera, para que el servidor sepa cómo será su carrera laboral“.

Señaló que mediante la norma la única fuente para el ingreso a la función pública será exclusivamente a través de concursos. “Esto no quiere decir que personas que ingresaron anteriormente a la función pública bajo otras leyes sean desvinculadas. Queremos transmitir a los servidores públicos tranquilidad”, puntualizó.

Añadió que el fin de la ley tiene que ver con mejorar la provisión de bienes y servicios públicos a través de instituciones eficiente. “El objetivo de esta ley es generar los incentivos adecuados, la profesionalización del servicio civil, que tengamos instituciones más eficientes y que las evaluaciones del desempeño se apliquen mejor para finalmente entregar mejores bienes y servicios públicos a la gente. Tenemos una ciudadanía cada vez más demandante que exige legitimidad", indicó la viceministra.

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Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informaron que la Ley 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil entrará en vigencia desde este miércoles 16 de julio, según lo que establece su artículo 146. La institución está realizando unas cuantas consideraciones respecto a la autoridad de aplicación, carreras especiales y lineamientos de implementación.

Mediante un comunicado, emitido este lunes, se menciona que la cartera estatal será la autoridad de aplicación en materia de función pública y del servicio civil para el ámbito del Poder Ejecutivo, con el objetivo de garantizar claridad y seguridad jurídica en el proceso de implementación de la ley.

Se detalla que la normativa abarca a todas las instituciones públicas y establece como autoridad de aplicación a aquellas que poseen autonomía de conforme a la Constitución Nacional, como son el Poder Legislativo, el Poder Judicial, universidades nacionales y municipalidades, entre otras.

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Señala que cada autoridad de aplicación deberá reglamentar la ley en su respectivo ámbito de competencia. Así también, reconoce la vigencia de las carreras especiales como ser la judicial, la diplomática y consular, la docencia en todos sus niveles, policías, militares, la carrera de blanco y otras, que se regirán por sus propias normas.

Añade que para las instituciones que integran el ámbito del Poder Ejecutivo, la reglamentación está siendo elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas a través del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional.

La entrada de vigencia de esta ley no tiene efecto retroactivo sobre los procesos de ingresos a la función pública realizados bajo las normativas de la ley 200/1970 o la ley 1626/2000. Agrega que la reglamentación establecerá los lineamientos para procesos de concursos públicos, ingresos y promociones de funcionarios públicos, régimen del empleado público (contratos), traslados temporales (comisionamientos), y definitivos.

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Tras tomar conocimiento sobre la próxima vigencia de la ley, una gran cantidad de funcionarios de la Municipalidad de Asunción se movilizaron este lunes frente a la sede del Poder Judicial como medida de rechazo. Los manifestantes reclaman que se declare inconstitucional esta legislación que modificará contratos colectivos de trabajo del personal municipal.

La reciente promulgación de la “Ley de la función pública y de la carrera del servicio civil” constituye un momento trascendente en la historia de la administración pública. Este marco legal, largamente esperado y debatido, marca un antes y un después al consolidar un sistema más eficiente, transparente y orientado a satisfacer las necesidades de la ciudadanía, que es en definitiva a lo que apunta el espíritu de esta normativa.

El contexto que rodea esta nueva legislación no es menor. Históricamente, la administración pública en nuestro país afrontó críticas por su clientelismo, por cuotas políticas y por la falta de profesionalismo. Este nuevo instrumento legal busca revertir esos viejos vicios y sentar las bases para un Estado moderno y eficiente, capaz de enfrentar los retos actuales.

Entre los aspectos más destacables de esta ley se encuentra su cobertura general, que incluye a todas las instituciones públicas sin vulnerar la autonomía constitucional de los distintos órganos del Estado. Este equilibrio entre inclusividad y respeto institucional es un punto a favor que subraya la madurez con la que se ha encarado su elaboración.

Uno de los pilares fundamentales de la normativa es la promoción de la meritocracia. La introducción de concursos y evaluaciones para el ingreso y permanencia en la función pública es una de las medidas más audaces y necesarias para profesionalizar el servicio civil, un aspecto largamente anhelado por los paraguayos que siempre han reclamado que la base para el ingreso a las entidades estatales sea la justa apreciación de las aptitudes de una persona. En un país donde el nepotismo ha sido una constante, esta disposición busca garantizar que los más capacitados sean quienes ocupen los puestos públicos, priorizando la eficiencia sobre intereses particulares.

En paralelo, el reconocimiento y fortalecimiento de las carreras especiales como la docencia, la medicina y la enfermería reflejan un compromiso con sectores esenciales para el desarrollo del país. Estas áreas, que a menudo fueron relegadas, ahora contarán con una mayor protección y oportunidades de crecimiento profesional, lo que sin duda redundará en una mejora de los servicios que brindan.

Asimismo, otro aspecto resaltante que la ley promulgada por el Ejecutivo introduce es el sistema de protección legal para los contratados que hayan ingresado mediante concursos de mérito, asegurando su estabilidad laboral. Este paso no solo dignifica a estos trabajadores, sino que también contribuye a consolidar un servicio público eficiente y comprometido.

En cuanto a la línea de liderazgos dentro de la estructura estatal, otro aspecto del que se ocupa la ley, es un punto clave pues crea un régimen de directivos públicos, con estándares de calidad que apuntan a garantizar una dirección eficaz en las instituciones estatales. Este enfoque no solo eleva la vara en cuanto a las competencias requeridas para ocupar cargos directivos, sino que también fomenta una cultura de excelencia en la gestión pública.

La aprobación de esta ley ha sido reconocida por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la calificadora Standard & Poor’s, que destacaron su carácter participativo y su potencial para fortalecer la institucionalidad en Paraguay. Este respaldo no solo refuerza su legitimidad, sino que también coloca al país en el radar como un ejemplo de transformación positiva en la región.

Sin embargo, el desafío real radica en la implementación de la normativa. Es crucial que las disposiciones de esta ley no queden como una mera declaración de intenciones, sino que se traduzcan en cambios tangibles y sostenibles. Esto requerirá voluntad política, recursos adecuados y un monitoreo constante para evitar que las viejas prácticas resurjan bajo nuevas formas. La administración del presidente Santiago Peña ha dado muestras que está en el camino correcto para que esta ley no sea letra muerta y que su ejecución e implementación se enfoque en servir a la gente. De hecho, fue su gobierno el que ha dado el paso fundamental de debatirlo durante meses, hacer los cambios necesarios en base a consensos y aprobarlo en el Congreso.

Es por todo lo expuesto más arriba que la nueva “Ley de la función pública y de la carrera del servicio civil” es un paso firme hacia el futuro. Al apostar por la meritocracia, la profesionalización y el fortalecimiento institucional, Paraguay envía un mensaje claro de compromiso con la ciudadanía y con su propio desarrollo. Es tarea de todos, Gobierno y sociedad, procurar que este avance legal se consolide y se traduzca en un Estado más justo, eficiente y al servicio de todos los paraguayos.

“Esta nueva normativa pretende ser el factor que promueva una mejor prestación de la función pública”, dijo el procurador general de la República, Marco Aurelio González, tras promulgarse la “Ley de la función pública y la carrera del servicio civil”. Rechazó que la misma haya sido aprobada a las “apuradas” por el Legislativo y el Ejecutivo tal como argumentan algunos sectores opositores y medios de comunicación afines.

“Cae por su propio peso. El propio Fondo Monetario Internacional, la calificadora de riesgo Standard & Poor’s que evalúo positivamente al Paraguay han reconocido el carácter participativo y deliberativo que ha tenido esta ley desde su génesis”, sentenció.

Agregó, además, que “el presidente de la República con su equipo de transición había recomendado analizar las bases para la reforma de la ley de la función pública para la creación de un servicio civil. Ya en ese entonces, empezó las primeras reuniones, luego la viceministra de Capital Humano con todo el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas se reunieron con más de 50 sindicatos, se realizaron audiencias públicas, reuniones en comisiones”.

“La mejor prestación se dará al exigirse el ingreso, el mantenimiento y el ascenso y promoción solo y únicamente a partir del concurso. El funcionario público sabrá que se premiará su meritocracia, pondrá mejor empeño. Al designarse las personas solo por sus méritos, necesariamente tendrán que implicar una mejor prestación de servicios”, mencionó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

González indicó que las instituciones del Estado cuando empiecen a tener eficacia plena de la normativa podrán desarrollar políticas a largo plazo. “Los funcionarios públicos sabrán en qué se equivocaron, qué aspectos hay que potenciar, no cometerán los mismos errores. Los funcionarios serán permanentes, no porque cambie el gobernante tendrá que cambiar el plantel de directivos públicos como normalmente ocurre. A partir de ahora solo habrán 4 cargos de confianza, jefe de gabinete, secretario general, director jurídico y director de administración y finanzas”, detalló.