Este lunes, aproximadamente las 15:00, ocurrió un hecho de homicidio en la Colonia Cerro Cora’i de Pedro Juan Caballero, donde personas a bordo de una camioneta, atentaron contra la vida de un hombre de 61 años, en una estación de servicio en el área limítrofe entre Paraguay y Brasil.
Según las primeras informaciones recibidas por el equipo policial encargado de la zona, la víctima fue reconocida como Antonio Gómez, conocido por los vecinos como Toñito, dueño de la estación de servicio donde ocurrió el hecho.
En cuanto Antonio llegó al predio, los criminales aparecieron del lado brasilero, a bordo de una camioneta Toyota Fourtuner color negro, luego ingresaron a la estación de servicio, desde el vehículo, dispararon hacia la víctima, dejándola tirada en el suelo luego de que tratara de huir hacia el interior de su local.
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En cuanto el hombre quedó tendido, según testigos 3 a 4 personas bajaron del vehículo, para poder asegurarse que el mismo quedara sin signos de vida, luego volvieron a abordar la camioneta y partieron hacia el lado brasilero. Los disparos fueron efectuados con un arma de fuego de calibre 9 milímetros, información la cual se conoce gracias a vainas servidas en el suelo de la estación.
En cuanto a la cantidad de impactos recibidos, las autoridades aguardan los resultados dados por el departamento de criminalística quienes ya ingresaron a realizar los análisis correspondientes.
Los datos están sujetos a variaciones debido a lo reciente del caso, el cual ya se encuentra en investigación, como la cantidad de sicarios, los cuales se determinarán con las cámaras de circuito cerrado del local. Los familiares afirman no tener enemigos, y no cuentan con problema alguno por ende pasaría al campo del investigador.
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Nano Galaverna pide investigar y llegar a los responsables del atentado en Ypané
El senador Juan Carlos “Nano” Galaverna instó a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva y llegar a los responsables del atentado contra del candidato a la intendencia de Ypané por el Partido Colorado, Gerardo Fariña. El legislador lamentó que este tipo de hechos se registre a días de las elecciones municipales.
“La verdad es muy preocupante, estuve desde tempranas horas recibiendo la noticia del atentado que sufrió nuestro candidato en la ciudad de Ypané. Exigimos a las autoridades la investigación del caso y que se llegue a los responsables de este lamentable hecho. Sinceramente es muy preocupante este hecho y Dios quiera que se pueda llegar a los responsables de este atentado”, expresó a los medios de prensa en el Senado.
Galavera indicó que en la ciudad de Ypané se está dando un ambiente muy hostil, atendiendo a que se trata de un municipio de feudo liberal, encabezado por el clan Ortiz. La intendencia estuvo a cargo de Horacio Ortiz Albrecht desde 2010, quien, tras dejar el cargo, impulsó la postulación de su hermano, el concejal Jacobo Ortiz, para la intendencia.
“Se está viviendo un ambiente muy polarizado en la ciudad de Ypané, el clan Ortiz está hace 16 años manejando la Municipalidad de Ypané y ahora tenemos chances reales que el Partido Colorado recupere la administración municipal. Estamos trabajando para eso, ojalá que nuestro candidato siga trabajando como lo está haciendo desde hace tiempo y podamos plasmar el 4 de octubre una gran victoria en la ciudad”, apuntó el legislador.
No obstante, sostuvo que no quiere caer en la irresponsabilidad de apuntar a los posibles autores, por que exige que este atentado sea investigado. Así también refirió que está al tanto de las amenazas que el candidato colorado en la zona recibió de manera constante.
“Estuve también enterado de esa situación, que él hace tiempo venía recibiendo amenazas telefónicas y a través de las redes sociales, y le envío mi solidaridad, mi fuerza y mi respaldo, y ojalá que el pueblo ypanense le de la oportunidad a este correligionario para que pueda ser intendente de la ciudad”, puntualizó el senador Galaverna.
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Justicia argentina acusa a siete iraníes y un libanés por atentado a mutual judía Amia
La justicia argentina acusó formalmente este lunes a siete iraníes y un libanés por su presunta participación en el atentado contra la mutua judía AMIA en 1994 en Buenos Aires, otro paso hacia un posible juicio en ausencia.
El 18 de julio de 1994, un coche bomba destruyó la AMIA y dejó 85 muertos y 300 heridos. En 2025 la justicia habilitó la posibilidad de someter a los responsables a un “juicio en ausencia”.
“La decisión de cometer el atentado fue adoptada en agosto de 1993 por parte de las máximas instancias del régimen iraní y encomendada a Hezbolá”, escribió el juez de la causa, Daniel Rafecas, en un comunicado.
Los procesados son siete personas que ocupan altos cargos en el Estado iraní al momento del ataque y un agente del movimiento chiita libanés Hezbolá.
Entre ellos figura Ahmad Vahidi, jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, entonces comandante de la Fuerza Quds.
Otros procesados son el entonces ministro de Inteligencia iraní, Alí Fallahijan; el excanciller Alí Velayati y el exembajador iraní en Argentina Hadi Soleimanpour.
El magistrado también les impuso embargos por 500 millones de dólares a cada uno.
La decisión acerca de la causa a un eventual juicio oral.
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La defensa, sin embargo, aún puede apelar la acusación y deberán cumplir otros pasos procesales antes de que la causa pueda ser elevada a juicio. “Falta todo un trámite”, detalló Rafecas a la AFP.
El juez apartó de la causa a otros dos acusados por falta de pruebas.
El presidente argentino, Javier Milei, celebró la decisión en redes sociales: “¡La moral como política de Estado!”, escribió al citar una publicación del ministro de Justicia informando la decisión judicial.
El mandatario es un férreo aliado del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que señala a Irán como responsable del atentado. Además, Milei catalogó a Irán como enemigo de Argentina y fue durante su gestión que se aprobó la ley que habilita el juicio en ausencia.
La ley “permitió avanzar en el proceso penal más allá de que los acusados estén prófugos, asegurando su derecho a contar con un defensor y manteniendo todas las demás garantías del debido proceso”, sostuvo el Rafecas en su comunicado.
Los perpetradores cargaron con explosivos una camioneta que hicieron explotar contra el edificio de la organización judía.
Rafecas calificó el atentado como “un crimen de lesa humanidad, así como también en la figura de genocidio en los términos del derecho internacional”.
Dos años antes otro atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires provocó 22 muertes. Rafecas señaló en su fallo que existe una posible conexión entre ambos ataques.
- Fuente: AFP
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A Ultranza Py: Fiscalía expone en juicio más de 2.000 chats entre Marset y Tío Rico
Durante el juicio por la causa A Ultranza PY, el Ministerio Público presentó más de 2.000 mensajes de chat encriptados que son atribuidos al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán alias “Tío Rico”, entre ellos se reveló un mensaje en el que conversan sobre un presunto homicidio y la forma de “hacer desaparecer un cuerpo”.
La semana pasado, el fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, dio a conocer el contenido de los mensajes encriptados dentro una herramienta denominada Sky ECC, una plataforma comúnmente utilizada dentro del crimen organizado.
La presentación se dio en el marco de la producción de pruebas, que se está presentando contra alias Tío Rico y 17 acusados en el proceso que se desarrolla ante el Tribunal de Sentencia Especializada en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción.
Los investigadores mencionaron que las conversaciones entre Marset y Tío Ríco se produjeron entre el 2019 y el 2020. Entre los intercambios figura, en particular, la del 14 de setiembre del 2020, en la que el narcotraficante uruguayo le consulta a Tío Rico sobre “cómo hacer desaparecer un cuerpo que tengo”, y luego mencionan que hay mensajes que hablan de “cal y ácido”.
Movimiento de la droga
En otros mensajes de los criminales se muestra cómo coordinaban el traslado de grandes cantidades de drogas. En las conversaciones se puede observar la forma que organizaban los envíos ilícitos entre Bolivia, Paraguay, Uruguay y Europa.
La Fiscalía también señaló que en las transcripciones incluyen algunas menciones sobre una presunta participación de autoridades de la Policía Nacional y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay que estarían vinculados en la estructura criminal que es investigada. Aunque indicaron que esas conversaciones se mostrarán en otra ocasión.
El Tribunal de Sentencia Especializada está presidido por María Luz Martínez e integrado por los jueces Dina Marchuk y Federico Rojas, quienes están a cargo del juicio oral por narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal en el caso A Ultranza Py, en que también está involucrado el uruguayo Sebastián Marset, hoy preso y en proceso penal federal en los Estados Unidos.
Marset desafió a DEA
Por otra parte, la Fiscalía estadounidense dio a conocer documentos que contienen mensajes intercambiados por el narcotraficante Marset, quien en tono desafiante dialogó con un agente de la DEA (por sus siglas en inglés de Administración de Control de Drogas) casi un año antes de ser capturado en Bolivia.
En esos mensajes, el uruguayo no solo rechazó entregarse, sino que además amenazó al funcionario norteamericano. De acuerdo a esos mensajes, incluso Marset se jactó de estar fuera del alcance de las autoridades de Estados Unidos.
Según la información de la fiscalía norteamericana, el contacto comenzó el 26 de marzo de 2025, cuando el agente especial Michael Greisen le escribió por WhatsApp para advertirle que las autoridades estadounidenses continuarían buscándolo y ofrecerle una salida negociada.
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En el escrito que consta en el expediente se lee que el agente de la DEA le mencionó: “Estados Unidos cuenta con un brazo de la justicia de largo alcance, vastos recursos y paciencia. Mantendremos la presión hasta capturarlo”.
Mientras que la inmediata respuesta de Marset fue: “No me van a capturar nunca”; “la justicia no existe” y “yo soy mucho más inteligente que toda la DEA junta”; luego que el agente de la DEA insistiera en que buscaba una solución para evitar consecuencias mayores para su entorno familiar.
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Policía Federal rescató a paraguayos en supuesta situación irregular en una granja de Brasil
En el marco de un operativo conjunto entre la Policía Federal y el Ministerio de Trabajo de Brasil, se pudo lograr el rescate de varios paraguayos que estaban en una granja situada en Puerto Murtinho, estado de Mato Grosso do Sul. Las autoridades de dicho país sospechan que los compatriotas trabajaban en situación irregular en una granja perteneciente al candidato a diputado federal Aparecido Carlos Bernardo.
De acuerdo con el informe oficial, un total de 23 trabajadores en situación irregular fueron localizados en una propiedad perteneciente al candidato a diputado. Según la publicación del medio G1, los compatriotas no se encontraban registrados como trabajadores de manera formal, además de sufrir una retención de sus salarios y verse impedidos de abandonar las instalaciones.
La Policía Federal recibió una denuncia contra dicho establecimiento por supuestamente reclutar trabajadores extranjeros y mantenerlos en la propiedad en una situación de vulnerabilidad. Durante el allanamiento, los intervinientes también incautaron 14 armas de fuego, incluyendo fusiles de grueso calibre, además de municiones. Dichas armas no estaban registradas y a algunas les habían borrado los números de serie.
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En declaraciones a G1, Bernardo negó las denuncias en su contra, afirmando que sus empleados no se encuentran registrados formalmente por decisión personal. Asimismo, señaló que les brinda todas las comodidades, distribuyendo sus tareas en turnos y proveyéndoles aire acondicionado.
El político y empresario -quien es propietario de la Universidad Interamericana y fue CEO de la Universidad Central de Pedro Juan Caballero- sostuvo que la operación llevada a cabo en su granja es resultado de una “persecución política”, negando la existencia de trabajos forzosos o situaciones fuera de lo habitual. Asimismo, el político estaría ligado a otras actividades presuntamente ilícitas que están bajo investigación del Brasil y de Paraguay.
Igualmente, la sede actual de la Universidad Interamericana pertenece a la firma Ypyta y se encuentra en pleno litigio judicial en Asunción.
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