El fiscal Juan Daniel Benítez durante los tiros que provenían del bosque hacia la comitiva que intentó llegar al asentamiento Edison Mercado, de Yasy Cañy, desalojado hace tres días. Foto: Captura de pantalla
Atacaron a tiros a comitiva fiscal en un asentamiento de Yasy Cañy
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Una comitiva encabezada por el fiscal Juan Daniel Benítez fue atacada a tiros, al intentar ingresar al asentamiento Edison Mercado, del municipio de Yasy Cañy. Los tiros habrían provenido de un grupo de 40 personas, aproximadamente, que habrían quedado en la zona boscosa, después del desalojo del miércoles último.
Esto fue declarado por el comisario Calixto López, de la comisaría de Yasy Cañy, según la divulgación de GEN TV. Juan Alcaraz, corresponsal del medio indicó que la comitiva integrada por varios vehículos llegaba al sitio para llevar alimentos a las familias que habían sido desalojadas y se encontraban con necesidades.
El objetivo era también verificar que no hayan quedado personas en el asentamiento desalojado. Al estar cerca, por la Ruta PY03, se produjeron los disparos, según lo explicado por el comisario. Se solicitó la presencia de mayor contingente de policías para proceder al rescate de la comitiva.
“Fuimos recibidos con varios disparos y para no poner en peligro la integridad del personal policial y la nuestra, estamos viendo que determinación tomar; esto implica la belicosidad con la que se manejan estas personas, ustedes fueron testigos, se comportan de manera violenta cada vez que procuramos restituir el Estado de derecho”, dijo el fiscal Juan Daniel Benítez, en un vídeo.
De acuerdo con ese material, que circuló rápidamente en redes, se lo vio al fiscal Juan Daniel Benítez, tratando de guarecerse en medio de yuyales mientras se escucharon los tiros.
Se trata de vídeo que un comunicador, que también se encontraba en el sitio con la comitiva, realizó al fiscal. La comitiva pudo salir finalmente del lugar, tras la llegada de varios grupos de agentes especiales de operación, según se informó preliminarmente.
El titular del Indert Francisco Ruíz Díaz destacó que gracias a oportuna intervención del grupo mediador se logró destrabar un conflicto por la tenencia de la tierra que estuvo a puerta de un enfrentamiento social. Foto; Gentileza
Indert destaca mediación que destrabó conflicto por tierras en Caazapá
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El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz, destacó que gracias a la oportuna intervención de un grupo mediador extra institucional, logró destrabar un conflicto por la tenencia de la tierra, que afectaba al asentamiento de unas 500 familias de la comunidad de Santa Teresa del Manduará. Esto está ubicado en el distrito de Abaí, departamento de Caazapá, cuyas tierras, que no están tituladas, habían sido redireccionadas en parte para un grupo de “sin tierras” agremiados en el Movimiento Campesino Paraguayo.
En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que se estableció un grupo mediador encabezado por el sacerdote de origen africano, el Pa’i Pascual Kinoti, que fue el líder espiritual del proceso de titulación de Marina Cué, y los dirigentes campesinos de Marina Cué, Darío Acosta, Martina Paredes y Rolando Antúnez.
Este grupo mediador se sentó a escuchar los reclamos que hacía el Movimiento Campesino Paraguayo, que llevaba meses montando una carpa de resistencia frente al Indert acá en Asunción, reclamando por estas tierras.
Igualmente, llegó hasta la comunidad en Aba’i, para escuchar al presidente de la comisión y conocer a los pobladores de asentamiento Santa Teresa del Manduará, indagar sobre los antecedentes de cómo se formó esta comunidad en los años 1970 y quiénes son los actuales ocupantes.
Esta mesa mediadora está liderada por el sacerdote de origen africano, el Pa’i Pascual Kinoti, y otros tres líderes campesinos de Marina Cue. Foto: Gentileza
Igualmente, revisó los informes documentados que contaba el Indert y, conforme a esto, se elaboró un informe final, en el cual, en primer término, se constató que el asentamiento está ocupado por unas 500 familias, todos paraguayos nacidos en el país, descendientes de inmigrantes europeos y de América Latina, que llegaron al país en la década de 1970 y se dedicaron al obraje en aquel entonces.
Inicio del conflicto
Al respecto, Ruíz Díaz, precisó que esta comunidad “Santa Teresa del Manduará” está conformada por los descendientes de inmigrantes, pero todos ya paraguayos; están asentados en una propiedad de 2.000 hectáreas aproximadamente. Señaló que se constituye en la década de los 90.
Indicó que todo marchaba bien con esta población, hasta que se generó el conflicto en el año 2015, cuando el Indert estaba presidido por el entonces titular Justo Cárdenas.
“Lo que hizo fue introducir a unas 60 familias, que estaban ocupando otra propiedad privada en la zona cercana. Como solución, los introduce en esta comunidad, restando la cantidad de hectáreas a las familias que ya estaban asentadas en el lugar", comentó.
Explicó que esto generó un fuerte conflicto por la tenencia de la tierra, al punto que casi llega a un estallido social, como el caso de Marina Cue, que llevó a un enfrentamiento armado dejando incluso víctimas fatales.
Pero resaltó que, en este caso, gracias a la oportuna decisión de la actual administración del Indert, se evitó el enfrentamiento social; ya que se constató que, de las 500 familias que actualmente viven en el lugar, son paraguayos hijos y nietos de los pioneros extranjeros que llegaron en la década del 70.
Este grupo mediador se tomó el tiempo de conversar con los miembros del Movimiento Campesino Paraguayo, así como con los pobladores de la comunidad Santa Teresa del Manduará. Foto Gentileza
Ruíz Díaz mencionó de ese grupo de 60 familias, que el extitular del Indert Justo Cárdenas introdujo a la comunidad; solamente ya quedan unas 10 familias en el lugar y que el resto se retiró o negoció el lote urbano y vivienda que había recibido, al no cumplirse el compromiso que había hecho en su momento Cárdenas.
“El informe del grupo de mediación no fue el informe institucional, no fue el informe de los campesinos, fue el informe de estas 4 personas de Marina Cue, liderado por el padre Kinoti; resalta que el 100% de la ocupación, era correcta. Son familias paraguayas, descendientes de los migrantes que vinieron en la década de los 70. Y estaban ocupando pacíficamente los lotes desde hacía décadas. Y lo que querían era la titulación de sus tierras", precisó Ruíz Díaz.
Denunciaron a un septuagenario por derrumbar la casita de una madre de 17 años
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Ciudad del Este. Agencia regional
Personal de la Comisaría 4ª del barrio Pablo Rojas reportó un hecho de daño material intencional en el asentamiento San Marcos del Km 5,5, al ser derrumbada una casa pequeña donde vivía una joven madre, menor de edad, de 17 años, con su hija de un año.
Ocurrió en la mañana de este jueves a las 7:00 cuando una casa de material cocido de 5 x 4, con techo de zinc fue echada. Los supuestos autores habrían sido su exsuegro, un hombre de 70 años y una persona contratada por el septuagenario para realizar el derrumbe de la vivienda.
La denuncia fue presentada por el tío de la víctima, quien dijo que su sobrina quedó sin nada y contó que el exsuegro aprovechó la ausencia de la joven, quien se encontraba en su trabajo, para ir a destruir la pequeña casa. No solo la casa fue derribada, también fueron destruidos los pocos mobiliarios que estaban dentro, incluso la cunita de su hija.
La adolescente mamá vivía en la casa en concubinato con otro joven, pero este falleció hace cuatro meses y ella permaneció en el lugar, pero su exsuegro quería que ella abandonara el sitio, según relató a la fiscal Carolina Rosa Gadea.
Consultada la agente sobre la posible motivación del hombre para querer que la joven mamá dejara la casa para luego derrumbarla, dijo que la víctima solo remarcó que su suegro la venía amenazando para que dejara la pequeña vivienda del asentamiento. Al quedarse sin casa, la joven fue a vivir con su tía, indicó la fiscala.
Diputada presenta proyecto de ley para regularizar asentamiento en Roque Alonso
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La diputada Johana Vega presentó un proyecto de expropiación de un inmueble en el que viven 52 familias en Mariano Roque Alonso (MRA). Dijo que en el asentamiento funciona un comedor comunitario infantil.
A través de esta iniciativa legislativa se pretende declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación una porción del inmueble identificado como Finca N° 5.493, Padrón N° 3.989, ubicado en el Barrio San Blas de MRA, donde se encuentra el asentamiento 24 de Marzo.
La legisladora colorada menciona que se busca regularizar la situación habitacional de estas familias de escasos recursos que ocupan el terreno de manera pacífica y continua, y que a lo largo del tiempo han introducido mejoras en el lugar, consolidando un proceso de arraigo social.
En el asentamiento funciona además un comedor comunitario infantil, dato que la diputada destacó como evidencia de la organización vecinal existente.
La exposición de motivos fundamenta la propuesta en el artículo 100 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a una vivienda digna y obliga al Estado a promover planes habitacionales para sectores de bajos ingresos.
“El derecho a la vivienda no debe interpretarse como el mero hecho de contar con un techo, sino como el derecho a vivir con seguridad, paz y dignidad", sostuvo la legisladora en el documento presentado ante sus pares.
Yasy Cañy: padres cerraron ruta pidiendo la reapertura de una escuela
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Numerosos padres de familia se manifestaron en Yasy Cañy porque una escuela fue cerrada por la supervisión. Cerraron la ruta exigiendo que se reabra la institución, ubicada en la Colonia Mandy’arä Tercera Línea de este distrito, que contaba con almuerzo escolar y entrega de kits.
La medida se realizó en la rotonda de la ciudad, distante a 25 kilómetros aproximadamente de Curuguaty, departamento de Canindeyú, informó Juan Alcaraz, periodista de SdG Noticias, quien brindó detalles del conflicto para el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
“Reclamaron el cierre de la Escuela Básica n.° 6.932 “San Juan”, institución que cuenta con seis rubros, tres docentes, pero ninguno asiste a la institución según las denuncias. Algunos cumplen funciones administrativas en la supervisión y otros han derivado sus rubros a escuelas más céntricas”, precisó Alcaraz.
La escuela cerrada supuestamente de manera arbitaria. Foto: Gentileza
La supervisión alega que la escuela no contaba con suficiente cantidad de alumnos. Sin embargo, la institución educativa ha recibido kits escolares y provisiones para almuerzo escolar.
La supervisora, licenciada María Alicia Almada, se acercó hasta el lugar y llegaron a una tregua con la promesa de que este viernes, la institución sería reabierta. “Quieren la reapertura, y yo, sí o sí me tengo que comunicar con mis superiores. Informé y vamos a tratar de dar solución lo antes posible”, manifestó la supervisora.
Las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias, aparentemente no estaban al tanto de la decisión tomada por la supervisión. “Queremos que el ministro de Educación nos garantice el acceso a la educación porque tenemos varias criaturas que quedaron sin escuela y no tenemos transporte para enviarles a otro lado”, manifestó Teodocio Viera, poblador de la zona.