• AFP

El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, denunció fraude electoral tras la primera ronda de las elecciones presidenciales, pero una de las pruebas que aportó es una lectura errada de datos de actas oficiales, según un análisis del equipo de verificación de la AFP.

Desde el domingo y a lo largo de la semana Petro ha puesto en duda los resultados que dieron como ganador al abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, con una leve ventaja sobre el candidato de la izquierda, el senador Iván Cepeda.

La sorpresiva victoria del candidato opositor tensó la campaña de cara al balotaje del 21 de junio en el que ambos aspirantes se medirán para definir al sucesor del primer presidente izquierdista en la historia del país.

El martes, Petro usó un video que se hizo viral que compara de manera errónea actas de votación en consulados en Estados Unidos, donde se habilitó la votación desde el lunes 25 hasta el domingo 31 de mayo, y los sufragios se contabilizaron cada día por separado.

“Presento las bases comprobadas del posible fraude”, dijo en X junto a la secuencia donde se demostraría que el candidato derechista tuvo una votación inflada en varias mesas de los consulados. Sin embargo, la AFP pudo verificar que lo que Petro ofrece como prueba es una confusión.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

La Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la Niñez y Adolescencia, de la regional de Ciudad del Este espera que se realice la pericia solicitada a Asunción, sobre los cinco equipos de DVR (Digital Vídeo Recorder) y una tablet, incautados en ocasión de la intervención de un colegio privado de la capital de Alto Paraná.

Las cámaras están instaladas en los sanitarios de los varones y de las mujeres, confirmó la fiscal de la citada unidad, Vivian Coronel. El hecho fue denunciado por padres de la institución educativa y la agente encabezó una comitiva que fue hasta el colegio a verificar el hecho denunciado.

“Encontramos cámaras en los sanitarios, pero con la pericia sabremos sus alcances y qué áreas podían ser tomadas en las grabaciones”, refirió la fiscal Vivian Coronel.

Explicó que la inspección técnica dará el resultado con la información más precisa sobre los enfoques de las cámaras, para poder avanzar con más diligencias en la investigación.

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Informó que también solicitó la participación de agentes de la Unidad Ciberdelitos de la Policía Nacional y también la Fiscalía de Delitos Informáticos.

La intervención fiscal en la institución educativa ya fue el jueves 28 de mayo. La representante del Ministerio Público lamentó que se haya divulgado al respecto porque eso dificulta la investigación. En la ocasión, acompañaron la revisión de los sanitarios tanto la directora como el docente responsable del control de los DVR, según la agente fiscal.

Consultada sobre la postura de los directivos del colegio, dijo que la directora justificó las cámaras en el sanitario por la seguridad ante eventuales hechos que podrían estar ocurriendo en el sitio y que tuvo el apoyo de los padres.

“Cámaras en sanitarios son inadmisibles”, sostuvo la fiscal Vivian Coronel, quien explicó que la seguridad es un argumento importante, pero deben buscarse otros mecanismos de prevención y protección, sin violar la privacidad de los menores de edad.

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El ministro de Desarrollo Social (MDS), Tadeo Rojas, expresó nuevamente su preocupación por un grupo de adultos mayores que presuntamente fueron abandonados frente a la institución por el dirigente social de Canindeyú, Elías Cabral, a quien acusó de adoctrinarlos con el fin de que presionen por reclamos que no contempla la ley 7322/2024 de pensión universal.

“Es muy preocupante para nosotros porque vemos que se encuentran expuestos a situaciones peligrosas, están apostados ahí hace dos meses o más. Esta es una cuestión que no se puede interpretar, creo que están con una actitud totalmente distorsionada y manipulada por una persona que les tiene y trata como soldados, les adoctrina y fanatiza con sus ideas que colisionan tremendamente con la ley”, comentó el titular del MDS, este miércoles, en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Entre los reclamos se encuentra el pago inmediato de la pensión para las personas de 65 años de edad así como el aumento de la pensión al 100 % del salario mínimo. “Ellos están entorpeciendo la normal circulación de las personas, cierran el acceso a la institución que recibe un promedio de 2.000 personas semanalmente que van a hacer trámites de diferentes índoles, ya que manejamos entre 6 a 7 programas sociales. Exigen cosas que deben ser establecidas mediante una modificación de la ley y también se debe contar con con disponibilidad financiera”, sostuvo.

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Rojas acotó: “Ellos se vuelven incluso agresivos, tienen actitudes de rebeldía contra otras personas. Ahora el caso está en instancias judiciales esperando que se pueda dar alguna solución porque consideramos que la presencia de los mismos al frente del ministerio representa un riesgo enorme”.

La situación de vulnerabilidad que enfrentan los adultos mayores ya fue expuesta por el ministro a finales del mes de abril, sin embargo, el grupo de adultos mayores conformado entre 25 a 30 personas se resiste a abandonar las veredas de la cartera.

“Uno de ellos incluso llegó a descompensarse y hoy está en una situación crítica en el Hospital de Clínicas, ellos no permiten que se le asista, aunque desde el Ministerio de Salud Pública se mantienen atentos para cuidarles en caso de que sea necesario. Ya hemos recurrido a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) en estos días de frío para ofrecele asistencia, pero se niegan, ya hemos recurrido a la Defensoría del Pueblo para buscar una mediación e instalar una mesa de trabajo, pero también rechazaron”, recordó.

Con relación a Cabral, el alto funcionario de Estado expuso que “todo esto es encabezado por este señor, es una persona que se jacta de ser un militar frustrado, anda con una boina verde olivo y una campera con bandera paraguaya, les trata a estos adultos como soldados, les miente, se burla de ellos”.

Detalló que Cabral cuenta con el respaldo de otros dirigentes sociales como Rodrigo Piatti y Manuel Ferreira “quienes siempre andan recorriendo la zona del ministerio, reclamando cosas sin fundamentos. Estas personas se encuentran imputadas y entiendo que el próximo lunes 8 de junio será su audiencia de imposición de medidas. Como ministerio estamos proveyendo todas las documentaciones, los materiales audiovisuales y las denuncias de maltratos y agresiones hacia los funcionarios del ministerio y esperamos que se pueda demostrar que todo lo que hacen estas tres personas es irracional e innamisible”.

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La citada entidad bancaria transfirió la suma de USD 718.570 a la cuenta judicial abierta en la causa penal contra Miguel Zaldívar.

El juez de Delitos Económicos, Hum­berto Otazú, tiene vía libre para embargar los bienes del banco Atlas en el marco del proceso penal por presunto lavado de dinero que enfrenta Miguel Ángel Zaldívar, presidente de la entidad bancaria, tras la denuncia realizada por la Confederación Sudameri­cana de Fútbol (Conmebol).

Otazú ordenó el pasado 29 de mayo que el banco Atlas transfiera la suma de USD 718.570 a la cuenta judicial habilitada para el proceso penal en el Banco Nacional de Fomento (BNF). La enti­dad bancaria ya informó al juzgado que hizo efectiva la transferencia del dinero. Con este paso, el magis­trado puede proceder al embargo del dinero deposi­tado, monto que pasará a ser administrado por la Secre­taría Nacional de Adminis­tración de Bienes Incauta­dos y Comisados (Senabico).

El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, se refirió al embargo preventivo sobre los fondos del banco Atlas. “La Fiscalía pidió el embargo de determinados mon­tos sobre el patrimonio del banco Atlas a los efectos de asegurar el comiso especial o la privación de beneficios en materia de lavado de activos. La acusación fiscal atribuye concretamente que el banco Atlas obtuvo beneficios ilí­citos a través de estas ope­raciones, y el Código Penal obliga a privar de esos bene­ficios ilícitos”, afirmó Lovera en una entrevista para el pro­grama “Dos en la ciudad” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Además de Zaldívar, han sido acusados en este pro­ceso: Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García, José Miguel Ángel Páez Corvalán, entre otros.

La Conmebol busca recupe­rar al menos USD 15 millo­nes que el fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz des­vió de la institución hacia la entidad financiera, pro­piedad de la familia Zucco­lillo. Según el acta de impu­tación, Leoz realizó en 2013 depósitos en dólares y gua­raníes, además de firmar contratos de fideicomisos por USD 5,1 millones más G. 16.000 millones, y otros contratos por USD 2 millo­nes y G. 22.000 millones.

El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Con­mebol), se refirió a la decisión del juez en Delitos Económicos, Humberto Otazú, de ordenar un embargo preventivo por USD 718.570 sobre los fondos del banco Atlas en el marco de la causa judicial por presunto lavado de dinero que salpica a su presidente Miguel Ángel “Miki” Zaldívar.

“La Fiscalía pidió el embargo de determinados montos sobre lo que es el patrimonio del banco Atlas a los efectos de asegurar el comicio especial o privación de beneficios en materia de lavado de acti­vos a partir de la acusación de la Fiscalía que atribuyó concretamente que el banco Atlas tuvo beneficios ilícitos a través de estas opera­ciones y el Código Penal obliga a privar de esos beneficios ilícitos”, afirmó Lovera en una nota emitida por “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documen­tos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.

“Esto es un indicador más de que estamos ante un caso de sospecha concreta de lavado de activos y que se están aplicando las herra­mientas que prevé la legislación a los efectos de que no solamente discutir en un juicio la sanción penal a las personas físicas”, explicó Lovera.

El abogado agregó que “actualmente el caso se encuentra en la Sala Penal a partir de una recusación que promovió una de las defensas, cuando esta sea resuelta el tribunal de apelación podrá proseguir con la resolución de los recursos que están pendientes y una vez que eso ocurra en primera instancia avanzar en la audiencia preliminar”.